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Los atrasos de Contraloría: Trámites pueden pasar hasta dos años esperando respuesta
El contralor Jorge Bermúdez asegura que dan respuesta en menos de 15 días, pero no es tan así.
11 Meses suma el más antiguo control de legalidad pendiente, la creación del Parque Nacional Kawésqar.
actos administrativos estaban pendientes de toma de razón a diciembre de 2018, 35 de ellos excedían los plazos.
Una de las cifras que el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, más destaca para retratar el éxito de su gestión son los tiempos de respuesta promedio, que según la última cuenta pública fueron de 11,9 días hábiles, aún más rápido de lo que la Ley obliga: “15 días contados desde la fecha de recepción”, prorrogables hasta por otros 15 “si existiesen motivos graves y calificados”.
Sin embargo, después de que Bermúdez se demorara sólo 80 minutos en tramitar el decreto de destitución del general director de Carabineros Hermes Soto, en los diarios y las redes sociales comenzaron a publicarse reclamos ciudadanos asegurando que la Contraloría se tomaba plazos más allá de lo que corresponde.
Algunos de ellos: “Jubilé en una universidad el 30 de abril de 2016 y hasta hoy la Contraloría está tomando razón para pagarme el bono de incentivo al retiro”, planteó Francisco Silva. A fines de diciembre, por Linkedin, el abogado Carlos Rivera Hernández relató que el 5 de diciembre la Corte de Apelaciones declaró válido su nombramiento como jefe jurídico del Instituto Nacional de la Juventud, pero que aún la Contraloría “no ha dado cumplimiento al fallo que ordena reintegrarme en el cargo”.
El tema también es de conversación en el servicio público, de la actual y de la anterior administración.
“La Segunda” llamó a varias personas que trabajan en la implementación de políticas públicas. Algunas dijeron no tener ningún problema y otras, al contrario, dijeron haber visto dificultado su trabajo por los plazos que se toma la Contraloría en temas muy sencillos de resolver. Ejemplificaron con entregas de fondos en el marco de programas Corfo y con planes de retiro de profesores, entre otros.
“Lo más raro es que cada vez que íbamos a ceremonias donde exponía el contralor Bermúdez, él siempre hablaba de promedios de tramitación menores a 15 días, y todos nos mirábamos como diciendo ‘conmigo no es así, ¿cómo llegan a esa cifra?'”, cuenta una ex autoridad de línea media que prefiere no dar su nombre por trabajar hoy en una función que también está fiscalizada por la Contraloría.
Varios consultados dijeron preferir no opinar debido a que la buena disposición de la Contraloría es fundamental para sus trabajos.
Hasta 11 meses
Hay materias resueltas fuera de plazo que son transversalmente consideradas complejas y otras claramente de fácil resolución. Entre las últimas estuvo, por ejemplo, la consulta hecha a la Contraloría por el Partido Radical Socialdemócrata para saber si debía rendir ante ella sus dineros. El ingreso fue el 19 de marzo de 2017. Pasó un año nueve meses para que la Contraloría, basándose en un dictamen de la misma institución que ya lo decía así, respondiera que no, que sólo tenía que hacerlo ante el Servel.
En las posiciones oficiales emanadas desde los departamentos de comunicaciones de los servicios no hay críticas: dicen que todos los plazos se cumplen y si no es así es porque el tema es muy complicado y “debe quedar perfecto”. La misma Contraloría explica este tipo de casos como “situaciones que merecen mucho estudio”
Revisando fechas de ingreso, “La Segunda” constató que a diciembre de 2018, de 250 actos administrativos pendientes de toma de razón, 35 excedían los plazos que da la ley. Se consultó por algunos de ellos a los servicios respectivos o personas que habían trabajado en el proyecto.La creación del Parque Nacional Kawésqar, en la Región de Magallanes, fue uno. Ingresó el 12 de febrero de 2018, hace 11 meses, siendo el más antiguo control de legalidad pendiente. Respecto a la extensión del proceso, el Ministerio de Bienes Nacionales dijo que se produce “debido a las complejidades que el parque presenta, entre las cuales una de las más relevantes es de índole cartográfica”.
Dos reglamentos a cargo del Ministerio de Justicia seguían en tiempos. Uno, el Plan Nacional de Derechos Humanos, ingresado por primera vez el 12 de enero de 2018 (durante el gobierno de Michelle Bachelet) y retirado luego por el ministerio el 19 de marzo de ese mismo año (ya con Sebastián Piñera como Presidente). Fue ingresado una segunda vez el 23 de marzo de ese año y retirado nuevamente por el ministerio el 28 de diciembre, es decir estuvo nueve meses en revisión desde su último reingreso.“Con el tiempo que se ha tomado la Contraloría, se ha perdido un año de los cuatro considerados para su implementación”; “por lo que sé, ese plan se ha transformado radicalmente”, dijeron dos personas que trabajaron en él.
El 22 de mayo, la misma cartera remitió a toma de razón el reglamento de la Ley 21.057, “sobre entrevistas video-grabadas y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales”. Fue retirado el mes pasado, con un listado de correcciones hechas por la Contraloría, se dijo desde Comunicaciones de esa Secretaría de Estado. En ellas, se apuntó, trabajaron juntos y por meses personal del ministerio y del organismo de Bermúdez, en “una mesa bilateral”, y las modificaciones se están incorporando para el reingreso en poco tiempo.
“No son extrañas las mesas de trabajo, pero hay una zona gris entre lo que es un control de legalidad puro y duro y lo que ya tiene que ver con el mérito de la política pública. Esta es una discusión muy antigua, que al final depende de los énfasis que vaya poniendo cada contralor”, dice el abogado Luis Cordero sobre la pertinencia de que se realicen esos trabajos en conjunto.
Lo primero es lo que la Contraloría está obligada a hacer por ley; lo segundo, la revisión de mérito, le está prohibido.En el Ministerio de Justicia descartaron entregar para este artículo las modificaciones solicitadas (señalaron que nunca son difundidas públicamente) y por eso no es posible saber hasta qué punto las conversaciones entraron en los méritos del reglamento.Figuran también pendientes de toma de razón los planes de descontaminación atmosférica de las provincias de Concepción y Curicó, y el de la ciudad de Coyhaique, ingresados en mayo y junio de 2018 por el Ministerio del Medio Ambiente.
En septiembre de 2018 ingresaron los estatutos de la Defensoría Nacional del Niño, y aún están pendientes. Desde esa institución se dijo que la ausencia de toma de razón implica no poder nombrar aún algunos cargos.
http://impresa.lasegunda.com/2019/01/09/A/623HFMC7/all#EH3HG5GQ
El contralor Jorge Bermúdez asegura que dan respuesta en menos de 15 días, pero no es tan así.
11 Meses suma el más antiguo control de legalidad pendiente, la creación del Parque Nacional Kawésqar.
actos administrativos estaban pendientes de toma de razón a diciembre de 2018, 35 de ellos excedían los plazos.
Una de las cifras que el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, más destaca para retratar el éxito de su gestión son los tiempos de respuesta promedio, que según la última cuenta pública fueron de 11,9 días hábiles, aún más rápido de lo que la Ley obliga: “15 días contados desde la fecha de recepción”, prorrogables hasta por otros 15 “si existiesen motivos graves y calificados”.
Sin embargo, después de que Bermúdez se demorara sólo 80 minutos en tramitar el decreto de destitución del general director de Carabineros Hermes Soto, en los diarios y las redes sociales comenzaron a publicarse reclamos ciudadanos asegurando que la Contraloría se tomaba plazos más allá de lo que corresponde.
Algunos de ellos: “Jubilé en una universidad el 30 de abril de 2016 y hasta hoy la Contraloría está tomando razón para pagarme el bono de incentivo al retiro”, planteó Francisco Silva. A fines de diciembre, por Linkedin, el abogado Carlos Rivera Hernández relató que el 5 de diciembre la Corte de Apelaciones declaró válido su nombramiento como jefe jurídico del Instituto Nacional de la Juventud, pero que aún la Contraloría “no ha dado cumplimiento al fallo que ordena reintegrarme en el cargo”.
El tema también es de conversación en el servicio público, de la actual y de la anterior administración.
“La Segunda” llamó a varias personas que trabajan en la implementación de políticas públicas. Algunas dijeron no tener ningún problema y otras, al contrario, dijeron haber visto dificultado su trabajo por los plazos que se toma la Contraloría en temas muy sencillos de resolver. Ejemplificaron con entregas de fondos en el marco de programas Corfo y con planes de retiro de profesores, entre otros.
“Lo más raro es que cada vez que íbamos a ceremonias donde exponía el contralor Bermúdez, él siempre hablaba de promedios de tramitación menores a 15 días, y todos nos mirábamos como diciendo ‘conmigo no es así, ¿cómo llegan a esa cifra?'”, cuenta una ex autoridad de línea media que prefiere no dar su nombre por trabajar hoy en una función que también está fiscalizada por la Contraloría.
Varios consultados dijeron preferir no opinar debido a que la buena disposición de la Contraloría es fundamental para sus trabajos.
Hasta 11 meses
Hay materias resueltas fuera de plazo que son transversalmente consideradas complejas y otras claramente de fácil resolución. Entre las últimas estuvo, por ejemplo, la consulta hecha a la Contraloría por el Partido Radical Socialdemócrata para saber si debía rendir ante ella sus dineros. El ingreso fue el 19 de marzo de 2017. Pasó un año nueve meses para que la Contraloría, basándose en un dictamen de la misma institución que ya lo decía así, respondiera que no, que sólo tenía que hacerlo ante el Servel.
En las posiciones oficiales emanadas desde los departamentos de comunicaciones de los servicios no hay críticas: dicen que todos los plazos se cumplen y si no es así es porque el tema es muy complicado y “debe quedar perfecto”. La misma Contraloría explica este tipo de casos como “situaciones que merecen mucho estudio”
Revisando fechas de ingreso, “La Segunda” constató que a diciembre de 2018, de 250 actos administrativos pendientes de toma de razón, 35 excedían los plazos que da la ley. Se consultó por algunos de ellos a los servicios respectivos o personas que habían trabajado en el proyecto.La creación del Parque Nacional Kawésqar, en la Región de Magallanes, fue uno. Ingresó el 12 de febrero de 2018, hace 11 meses, siendo el más antiguo control de legalidad pendiente. Respecto a la extensión del proceso, el Ministerio de Bienes Nacionales dijo que se produce “debido a las complejidades que el parque presenta, entre las cuales una de las más relevantes es de índole cartográfica”.
Dos reglamentos a cargo del Ministerio de Justicia seguían en tiempos. Uno, el Plan Nacional de Derechos Humanos, ingresado por primera vez el 12 de enero de 2018 (durante el gobierno de Michelle Bachelet) y retirado luego por el ministerio el 19 de marzo de ese mismo año (ya con Sebastián Piñera como Presidente). Fue ingresado una segunda vez el 23 de marzo de ese año y retirado nuevamente por el ministerio el 28 de diciembre, es decir estuvo nueve meses en revisión desde su último reingreso.“Con el tiempo que se ha tomado la Contraloría, se ha perdido un año de los cuatro considerados para su implementación”; “por lo que sé, ese plan se ha transformado radicalmente”, dijeron dos personas que trabajaron en él.
El 22 de mayo, la misma cartera remitió a toma de razón el reglamento de la Ley 21.057, “sobre entrevistas video-grabadas y otras medidas de resguardo a menores de edad víctimas de delitos sexuales”. Fue retirado el mes pasado, con un listado de correcciones hechas por la Contraloría, se dijo desde Comunicaciones de esa Secretaría de Estado. En ellas, se apuntó, trabajaron juntos y por meses personal del ministerio y del organismo de Bermúdez, en “una mesa bilateral”, y las modificaciones se están incorporando para el reingreso en poco tiempo.
“No son extrañas las mesas de trabajo, pero hay una zona gris entre lo que es un control de legalidad puro y duro y lo que ya tiene que ver con el mérito de la política pública. Esta es una discusión muy antigua, que al final depende de los énfasis que vaya poniendo cada contralor”, dice el abogado Luis Cordero sobre la pertinencia de que se realicen esos trabajos en conjunto.
Lo primero es lo que la Contraloría está obligada a hacer por ley; lo segundo, la revisión de mérito, le está prohibido.En el Ministerio de Justicia descartaron entregar para este artículo las modificaciones solicitadas (señalaron que nunca son difundidas públicamente) y por eso no es posible saber hasta qué punto las conversaciones entraron en los méritos del reglamento.Figuran también pendientes de toma de razón los planes de descontaminación atmosférica de las provincias de Concepción y Curicó, y el de la ciudad de Coyhaique, ingresados en mayo y junio de 2018 por el Ministerio del Medio Ambiente.
En septiembre de 2018 ingresaron los estatutos de la Defensoría Nacional del Niño, y aún están pendientes. Desde esa institución se dijo que la ausencia de toma de razón implica no poder nombrar aún algunos cargos.
http://impresa.lasegunda.com/2019/01/09/A/623HFMC7/all#EH3HG5GQ
