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Come Mierda
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El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pretende restaurar el 31 de marzo como día festivo en los cuarteles militares para conmemorar el golpe de Estado que en 1964 dio inicio a una dictadura de más de 20 años, lo que ha suscitado una fuerte reacción de instituciones y sociedad civil.
"A partir de este año, Brasil conmemorará el aniversario del 31 de marzo de 1964", anunció el martes vía Twitter la diputada oficialista Joice Hasselmann. "Retomamos la verdadera narrativa de nuestra Historia. Orgullo brasileño", celebró.

Bolsonaro, ex militar, no ha ocultado en ningún momento su nostalgia por la época del régimen castrense, tanto así que ha apostado por reforzar la presencia de la institución armada en la política brasileña incluyendo a varios uniformados en su Gobierno.

Uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, difundió recientemente por redes sociales el trailer de un documental que legitima la dictadura militar que gobernó el país sudamericano entre 1964 y 1985. "Cuenta verdades nunca contadas, y mucho menos por los profesores de Historia", dijo en Twitter.

Esta medida, que según Hasselmann ya está en el orden del día de las Fuerzas Armadas y cada comandante decidirá cómo se llevan a cabo los festejos, ha suscitado un enérgico rechazo.
"Festejar la dictadura es festejar un régimen inconstitucional responsable de graves crímenes y violaciones de los Derechos Humanos", ha dicho la Fiscalía Federal para los Derechos del Ciudadano (PFDC), en un duro comunicado en el que advierte sobre posibles consecuencias legales para el Gobierno.

En su opinión, "esta iniciativa suena como apología de la práctica de atrocidades masivas y, por tanto, merece repudio social y político, sin perjuicio de las repercusiones jurídicas". "Utilizar la estructura pública para defender y celebrar crímenes internacionales (...) puede constituir un acto de indecencia administrativa", indicó.

Por su parte, el Defensor Público de la Unión (DPU) inició una acción civil contra el Estado en la que pide una medida cautelar para impedir que las Fuerzas Armadas conmemoren el golpe de Estado basándose en "el principio de moralidad administrativa, en el debido proceso legislativo y en el respeto al Estado Democrático de Derecho".
En la misma línea, el Ministerio Público Federal (MPF) ha enviado o se dispone a enviar notificaciones a al menos 18 unidades militares de todo Brasil en la que les advierte sobre la realización de actos conmemorativos el próximo 31 de marzo, avisando a los comandantes de que podrían incurrir en un "acto de indecencia administrativa", según informa 'O Globo'.
Desde la sociedad civil, la Asociación de Abogado Brasileños expresó su preocupación por el "camino oscuro" que el Gobierno de Bolsonaro se dispone a recorrer si finalmente festeja el 55º aniversario del golpe de Estado.

"Bolsonaro ha criticado con acierto a los gobiernos de Cuba y Venezuela por violar los derechos fundamentales de sus pueblos pero al mismo tiempo celebra una dictadura militar que provocó un sufrimiento inenarrable en decenas de miles de brasileños. Es difícil imaginar un ejemplo más claro de doble estándar", dijo a su vez el director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco.

https://www.emol.com/noticias/Inter...-Estado-en-Brasil-genera-ola-de-criticas.html


Puta que salieron llorones los zurdos :entucara:
 
Puro show para el perraje este canuto sin bolas.

Mientras tanto en la politica real:

Congreso desafía a Bolsonaro y veta puntos de su reforma a las pensiones
Fernando Fuentes[/paste:font]
MIE 27 MAR 2019 | 02:30 AM
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BOLSONARO DURANTE LA ENTREGA DE LA REFORMA DE PENSIONES A LOS MILITARES AL PRESIDENTE DE LA CÁMARA, RODRIGO


La no comparecencia del ministro de Economía, Paulo Guedes, ayer a una comisión parlamentaria dejó en evidencia la tensa relación del gobierno y el Legislativo por este proyecto.

La reforma del sistema de pensiones, la promesa estrella de la campaña de Jair Bolsonaro, vive días complejos en Brasil. En medio de la polémica abierta por el cruce de declaraciones entre el mandatario y el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia por este tema, los líderes de 13 partidos del llamado “Centrão” (de corte conservador) si bien manifestaron su apoyo a la reforma, resaltaron ayer que pretenden retirar dos puntos del proyecto. Todo esto en medio de una jornada en que el ministro de Economía, Paulo Guedes, canceló su comparecencia ante una comisión parlamentaria que debatirá la reforma, lo que agrió un poco más la tensa relación entre el Ejecutivo y el Congreso.

La ausencia de Guedes -quien admitió el lunes que hay “problemas de comunicación” en la articulación política de cara a la reforma- causó un nada disimulado malestar en la Cámara de Diputados. Aún así, Maia (DEM) intentó minimizar la ausencia del ministro y declaró que este “pudo haber pensado” que no encontraría apoyo en la Comisión de Constitución y Justicia, que es el primer obstáculo que deberá superar en el Parlamento la reforma.


“Vamos a respetar su decisión y conversar con los partidos para definir otra fecha”, a fin de que pueda comparecer ante la comisión. Finalmente, la oposición habría llegado a acuerdo con el gobierno para que Guedes se presente la próxima semana.

n así, la oposición, y sobre todo la de izquierda, criticó en forma dura la decisión de Guedes de no presentarse ante la comisión, quien fue acusado de “no respetar” al Congreso. “Con miedo de los argumentos que pondrían su reforma en jaque”, el ministro “le falta el respeto al Congreso y a la población”, dijo el diputado Valmir Assunção, del Partido de los Trabajadores (PT).

Para Marcelo de Moraes, columnista del sitio político BR18 del diario O Estado de S. Paulo, la ausencia de Guedes a la comisión demostró la “falta de articulación política del gobierno”. A su juicio, esto “causó frustración en el mercado y reforzó la imagen de que el gobierno sigue encallado para desbloquear la reforma”.

En el documento divulgado, los líderes de los 13 partidos del “Centrão”, cuyas bancadas suman 291 de los 513 diputados, dijeron que presionarán para eliminar cambios al sistema de jubilación de trabajadores rurales y prestaciones a ancianos y discapacitados del proyecto de ley de reforma que el gobierno presentó al Congreso. Los partidos justificaron que “cualquier reforma previsional debe tener como principios mayores la protección a los más pobres y más vulnerables” y, por eso, decidieron retirar esos puntos del texto.

En declaraciones a EFE, el analista de Guide Investimentos, Victor Beyrut, dijo que el mercado todavía confía en que el Ejecutivo conseguirá sacar adelante la reforma de aquí a finales de año, pero cree que enfrentará “muchos problemas” en el camino hasta la aprobación definitiva del proyecto que establece una edad mínima para acceder a la jubilación de 62 años para las mujeres y de 65 años para los hombres.
 
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