El Gobierno español ha aprobado este viernes el conocido como “impuesto al sol”, el decreto que regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica en España.
Según el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, se trata de un “nuevo impulso a las renovables”.
Sin embargo, este argumento contrasta con la opinión de ecologistas, asociaciones de energías renovables y los partidos de la oposición, que denuncian que con estas medidas, el Gobierno “pone trabas al desarrollo del autoconsumo en España” para proteger los “intereses” de las grandes eléctricas.
Con este nuevo decreto, todos los ciudadanos que opten por el autoconsumo, como las placas solares, y se enganchen a la red eléctrica, deben contribuir “a pagar los costes del sistema”.
“El autoconsumidor contribuye como cualquier otro consumidor”, ha indicado el ministro.
El autoconsumo con placas independientes de la red eléctrica no es viable en prácticamente la totalidad de los casos, porque este sistema, al depender del sol, necesita del respaldo de la red para poder abastecerse cuando las placas no generan electricidad.
Esta medida tomada por los conservadores del Partido Popular (PP) ha sido muy polémica desde su anuncio.
Toda la oposición, además de organizaciones, sindicatos y asociaciones, firmaron el pasado mes de junio un manifiesto en el que se pedían la “retirada de la propuesta del Gobierno de real decreto” sobre el autoconsumo.
En el manifiesto consideraban que la norma que ha aprobado este viernes el Gobierno impone “peajes injustos” y trabas administrativas.
Todas las organizaciones firmantes se comprometían a “contribuir a derogarlo y a crear con la máxima urgencia una normativa realmente favorable al desarrollo del autoconsumo”.
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