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El Informe Anual sobre los Derechos Humanos en Chile 2014 reveló un panorama "bastante desolador" especialmente por lo que se refiere al derecho a la huelga, condiciones carcelarias y entrega de tierras a mapuche, informó este lunes el editor del informe, Tomás Vial.
La duodécima edición de la publicación anual, conocida esta jornada, revisa el estado de los derechos humanos en el país, de acuerdo a los estándares internacionales, y hace recomendaciones al respecto.
Uno de los temas destacados de los doce capítulos analiza la situación del derecho de huelga, ámbito en el que, según el informe,"falta una protección adecuada, tanto desde el punto de vista de la legislación laboral como de la jurisprudencia de tribunales".
"En Chile un trabajador no puede ejercer huelga porque se generan despidos masivos", aseguró la coautora del capítulo, Karla Varas.
Ante esta constatación, el informe recomienda una reforma del Código de Trabajo que anule el reemplazo de los trabajadores en caso de huelga y la introducción de este derecho en la Constitución, donde aún no consta como derecho del trabajador.
"Cárceles no pueden ser supervisadas"
Otro de los capítulos, el de las condiciones carcelarias, aborda la situación de los derechos humanos en el sistema penitenciario chileno durante los últimos cinco años y señala que "aún se está lejos de alcanzar condiciones satisfactorias".
"Chile es uno de los pocos países en donde las cárceles no pueden ser supervisadas por ningún ente externo, por los que las personas encarceladas están en un absoluto desamparo", denunció la abogada Olga Espinoza, encargada del capítulo que analiza el sistema penitenciario.
En él también detalla los resultados de la primera encuesta de percepción de calidad de vida de los penitenciarios realizada a más de 2.000 internos de todo el país en la que se da cuenta de las condiciones desfavorables en las que viven.
Así, la encuesta revela que un 38,7 por ciento de los presos declara haber sufrido algún mal trato físico en las prisiones por parte de funcionarios y un 21,1 por ciento por parte de otros internos.
Demanda territorial
Otra de las piedras angulares del informe, recurrente a lo largo de los años, corresponde al análisis de los territorios Indígenas y Políticas Públicas de entrega de tierra en Chile.
En él se pone de relieve la "arbitrariedad de las políticas de entrega de tierras que muchas veces ha estado sujeta a casos de corrupción y falta de transparencia",recalcó Vial, responsable de la publicación.
"Se trata de una política que ha estado desarrollada por medios mercantiles, lo que ha producido un incremento altísimo de los precios de las propiedades y ha disminuido las posibilidades de que las comunidades indígenas obtengan esas tierras", manifestó Vial.
Según los autores del capítulo, "en Chile aún existe una visión totalitaria sobre la propiedad del suelo y el Estado cree que por haber anexado unos territorios indígenas se siente como el propietario del suelo".
Al respecto, el informe recomienda "entrar en diálogo con las comunidades y considerar la utilización de nuevos mecanismos, como la expropiación por causa de interés público, con el fin de garantizar la efectividad de la acción estatal para la restitución de las tierras de ocupación ancestral de los pueblos".
La vulnerabilidad de la infancia, las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1990), los derechos de migrantes y la homoparentalidad, son otros temas que el estudio también ha analizado y que podrán ser consultados a partir de este martes en la página web de la Universidad Diego Portales.
Fuente
La duodécima edición de la publicación anual, conocida esta jornada, revisa el estado de los derechos humanos en el país, de acuerdo a los estándares internacionales, y hace recomendaciones al respecto.
Uno de los temas destacados de los doce capítulos analiza la situación del derecho de huelga, ámbito en el que, según el informe,"falta una protección adecuada, tanto desde el punto de vista de la legislación laboral como de la jurisprudencia de tribunales".
"En Chile un trabajador no puede ejercer huelga porque se generan despidos masivos", aseguró la coautora del capítulo, Karla Varas.
Ante esta constatación, el informe recomienda una reforma del Código de Trabajo que anule el reemplazo de los trabajadores en caso de huelga y la introducción de este derecho en la Constitución, donde aún no consta como derecho del trabajador.
"Cárceles no pueden ser supervisadas"
Otro de los capítulos, el de las condiciones carcelarias, aborda la situación de los derechos humanos en el sistema penitenciario chileno durante los últimos cinco años y señala que "aún se está lejos de alcanzar condiciones satisfactorias".
"Chile es uno de los pocos países en donde las cárceles no pueden ser supervisadas por ningún ente externo, por los que las personas encarceladas están en un absoluto desamparo", denunció la abogada Olga Espinoza, encargada del capítulo que analiza el sistema penitenciario.
En él también detalla los resultados de la primera encuesta de percepción de calidad de vida de los penitenciarios realizada a más de 2.000 internos de todo el país en la que se da cuenta de las condiciones desfavorables en las que viven.
Así, la encuesta revela que un 38,7 por ciento de los presos declara haber sufrido algún mal trato físico en las prisiones por parte de funcionarios y un 21,1 por ciento por parte de otros internos.
Demanda territorial
Otra de las piedras angulares del informe, recurrente a lo largo de los años, corresponde al análisis de los territorios Indígenas y Políticas Públicas de entrega de tierra en Chile.
En él se pone de relieve la "arbitrariedad de las políticas de entrega de tierras que muchas veces ha estado sujeta a casos de corrupción y falta de transparencia",recalcó Vial, responsable de la publicación.
"Se trata de una política que ha estado desarrollada por medios mercantiles, lo que ha producido un incremento altísimo de los precios de las propiedades y ha disminuido las posibilidades de que las comunidades indígenas obtengan esas tierras", manifestó Vial.
Según los autores del capítulo, "en Chile aún existe una visión totalitaria sobre la propiedad del suelo y el Estado cree que por haber anexado unos territorios indígenas se siente como el propietario del suelo".
Al respecto, el informe recomienda "entrar en diálogo con las comunidades y considerar la utilización de nuevos mecanismos, como la expropiación por causa de interés público, con el fin de garantizar la efectividad de la acción estatal para la restitución de las tierras de ocupación ancestral de los pueblos".
La vulnerabilidad de la infancia, las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1990), los derechos de migrantes y la homoparentalidad, son otros temas que el estudio también ha analizado y que podrán ser consultados a partir de este martes en la página web de la Universidad Diego Portales.
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