sennenring
Vac@
- Registrado
- 2015/01/15
- Mensajes
- 1.904
Las gestiones de la compra por parte del Estado de nuevas dependencias para el Ministerio de Desarrollo Social, por más de $ 13 mil millones, se encuentran en entredicho, luego que una demanda cuestionara la polémica adquisición que visó el gobierno tras seis días de evaluación en la Dirección de Presupuestos.
Un proyecto secretamente ambicionado en el Ministerio de Desarrollo Social hoy causa dolores de cabeza en el gobierno. Encontrar un lugar en que se centralizaran las oficinas de la cartera -hoy separadas entre el gabinete ministerial que dirige Marcos Barraza (PC), asentado en La Moneda, y el resto de las dependencias desperdigadas en distintos lugares en el centro- comenzó a ser una demanda insistente para mejorar la coordinación de la gestión ministerial.
El propósito recayó en el subsecretario de Servicios Sociales, Juan Eduardo Faúndez (PPD), quien a nueve meses de asumir su gestión -en marzo de 2014- consolidó la idea al firmar la adquisición de gran parte de un edificio ubicado en calle Catedral 1575 por un monto de $ 13 mil millones.
La compra, gestionada a través de BancoEstado en la forma de un leasing a 30 años, fue oficializada en enero de este año en la Notaría Pablo González Caamaño.
Así, en siete pisos, ubicados a escasas cuadras de La Moneda, se comenzaría a concretar a principios delpróximo año el traslado de las distintas reparticiones del Ministerio de Desarrollo Social, que incluyen al Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), entre otros.
El proyecto avanzó sin contratiempos hasta el pasado 25 de mayo, cuando la empresa corredora Jaime Sarrá Propiedades Limitada -intermediaria de la compra- presentó una demanda en contra del Estado ante el 12º Juzgado Civil por un monto cercano a los $ 500 millones, por concepto de supuestas comisiones impagas más impuestos asociados.
En el documento de 16 páginas -al que tuvo acceso Reportajes- se señalan los pormenores de la adquisición y el rol que en ella desempeñaron tanto el subsecretario Faúndez como sus asesores más cercanos.
Traslado en suspenso
En concreto, la corredora Jaime Sarrá Propiedades Limitada acusa que las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social desconocieron sus gestiones de intermediario en la compra del inmueble.
Ello, pese a que en la acción judicial se detallan las diligencias y contactos realizados por la empresa y que incluyen al subsecretario Faúndez y a algunos de sus colaboradores.
Según se señala en la demanda, fue el 24 de septiembre del año 2014 cuando se iniciaron las tratativas de la compra al comunicarse Raúl Romero -funcionario del ministerio- con la empresa explicitando el interés de la cartera por buscar una propiedad en el centro de Santiago que tuviese al menos entre seis mil y siete mil metros cuadrados.
Si bien la corredora puso sobre la mesa varias alternativas, finalmente la subsecretaría manifestó su interés por adquirir gran parte del Edificio Santa Ana, ubicado en calle Catedral Nº 1575.
El interés en la propiedad por parte del ministerio, así como el futuro pago de comisiones a Jaime Sarrá Propiedades Limitada, quedó estipulado en varios correos electrónicos firmados por Romero y que están en poder de la empresa.
Según se lee en la demanda, así comenzó una “relación fluida entre Sarrá Propiedades y su cliente, el MDS, con una serie de mails, llamados telefónicos y visitas, a efectos de poder dar cumplimiento al encargo del cliente. Siendo así, ya en septiembre del año 2014, el señor subsecretario de Desarrollo Social de la época, Juan Eduardo Faúndez, pide visitar el edificio que era del agrado del cliente, para lo cual, con fecha 1 de octubre de 2014, se genera Orden de Visita Nº 1712, donde se señala sin error posible que la empresa que realiza la visita es el Ministerio de Desarrollo Social”.
“Con fecha 2 de octubre de 2014, el señor subsecretario don Juan Eduardo Faúndez Molina, en compañía de varios asesores del ministerio, además de don Oscar Fernando Torres Guevara (jefe de Administración y Finanzas del ministerio) y Raúl Romero, visitaron el edificio”, se agrega en el mismo texto.
Por esa época la relación entre el subsecretario y la entonces ministra Fernanda Villegas no pasaba por un buen momento.
Fuentes de La Moneda afirmaron que era reconocida la distancia que existía entre ambos, lo que en el caso de este proyecto, en particular, se acentuaba porque la secretaria de Estado prefería que su oficina permaneciera en La Moneda.
Pese a ello, Villegas firmó el 5 de diciembre de 2014 la solicitud formal ante la Dirección de Presupuestos del gobierno para que Hacienda visara la compra. La autorización de esa cartera llegó seis días después, el 11 de diciembre, lo que dio luz verde a la adquisición por parte del gobierno un mes más tarde.
Nexo desconocido
Una vez que se concretó el negocio, la otra contraparte de la corredora -la empresa Sociedad Inmobiliaria Santa Ana SpA, filial de Ingevec, propietaria del edificio vendido al ministerio- pagó sin mayor trámite la comisión por la intermediación acordada por los servicios de la empresa demandante.
Sin embargo, en la subsecretaría comenzaron -según acusa la inmobiliaria Jaime Sarrá Propiedades Limitada- a dilatar el pago comprometido.
“Faltaba entonces solamente que el cliente comprador, este es el Ministerio de Desarrollo Social, pagara su comisión. Para ello, el ministerio envía correo electrónico con fecha 23 de febrero 2015, solicitando una carta de cobro, para tramitar la solicitud de cobranza, cosa que se hace”, se lee en la demanda.
“No obstante lo anterior, comenzó un proceso de dilatación, hasta ese momento inexplicable, en el cual ya no era posible ubicar a don Raúl Romero Muñoz en forma expedita como había sido hasta ese momento, ya no estaban disponibles otros funcionarios como don Oscar Torres, quienes habían sido actores del negocio hasta ese momento”, se agrega.
La inmobiliaria emitió, entonces, una factura electrónica Nº 1548 a la Subsecretaría de Servicios Sociales por la suma total de $ 239.663.356 más IVA, correspondientes a la comisión del 1,5% más IVA, por el corretaje por la venta de la propiedad ya individualizada.
Sin embargo, el pasado 17 de marzo la subsecretaría devolvió la factura desconociendo las gestiones de la empresa de corretaje, debido a que la compra en cuestión se realizó a través de un leasing con BancoEstado, por lo que, de acuerdo a las explicaciones de las autoridades del ministerio, no corresponde el pago de las comisiones. La querella fue materializada dos meses después.
Al cierre de esta edición, desde la subsecretaría señalaron que la demanda se encuentra en manos del Consejo de Defensa del Estado, que la adquisición del edificio se encuentra en regla y que existen argumentos jurídicos por los que no procede el pago de las comisiones reclamadas por Jaime Sarrá Propiedades, ya que no existe -según aseguran- un contrato por los servicios.
Más allá de la suerte que corra la acción judicial, la polémica abre un flanco al subsecretario Faúndez, uno de los personeros más cercanos al ex ministro Rodrigo Peñailillo dentro de la llamada G-90 del PPD, y uno de los principales impulsores de la adquisición de las nuevas oficinas del MDS.
Para la autoridad, sin embargo, algunas de las partes involucradas en la compra del edificio no son totalmente desconocidos. El representante de la inmobiliaria a la que el Fisco compró el edificio en el que se asentará en un futuro la cartera, tiene vínculos en común con Faúndez.
En el primer gobierno de Michelle Bachelet, Faúndez se desempeñó como directivo del Injuv el año 2006 y jefe superior de la institución el año 2009.
Ahí, el hoy subsecretario coincidió con Yasha Zelzter Faba, quien también fue directivo entre noviembre de 2003 y mayo de 2006 del organismo juvenil. Aunque coincidieron sólo un par de meses en la institución, ambos son militantes del PPD y en ese partido les reconocen cercanía.
Yasha Zelzter Faba es hermano de Jorge Zeltzer Faba, el representante de la inmobiliaria que cerró el millonario trato con el Estado.
fuente:http://diario.latercera.com/2015/07/...a-moneda.shtml
ancoEstado realizó colocación de bonos bancarios en el mercado local por US$ 86 millones
aumentar el tamaño del estado
