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Informe dice que drones y globos de vigilancia vulneran DD.HH.
Reporte anual sobre derechos humanos de la U. Diego Portales dice que municipios y otras entidades públicas deben abstenerse de implementar estas medidas.
Las ventajas que hoy entregan las tecnologías han ganado terreno en espacios como la seguridad y la lucha contra la delincuencia. Por ejemplo, con ese fin la Municipalidad de Las Condes implementó un sistema de cámaras aéreas de alta tecnología en drones para vigilar espacios públicos y Lo Barnechea hizo lo propio con un globo de televigilancia.
El beneficio es lograr mayor vigilancia para disminuir los delitos. Sin embargo, la medida ha sido cuestionada por ciudadanos y ONG, por atentar contra el derecho a la privacidad, postura que respaldan las conclusiones del decimoquinto Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2017, realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la U. Diego Portales (UDP).
El documento, que se conocerá hoy, da cuenta de los hechos ocurridos en la materia entre mediados de 2016 y mediados de 2017, y por primera vez incluye la discusión sobre privacidad y vigilancia en espacios públicos.
El informe dice que los municipios y otras entidades estatales debieran abstenerse de seguir implementando sus sistemas de vigilancia a través de cámaras situadas en globos y drones, “por ser actos ilegales y afectar desproporcionadamente la privacidad de las personas”.
Y si bien la privacidad, como los demás derechos, no es absoluta y puede estar sujeta a regulaciones que permitan actividades de intromisión estatal, el informe resalta que esas regulaciones son admisibles sólo en la medida en que se encuentren establecidas por ley, “y que estén justificadas en una sociedad democrática y se sometan a supervisión de un órgano independiente”.
El Estado de Chile, dice el documento, se encuentra al debe en esta materia: “Si bien es cierto que la prevención y persecución del delito son fines legítimos que el Estado puede trazarse, esos propósitos no se pueden conseguir a cualquier costo”.
Protección de derechos
“Los drones actúan para proteger los derechos humanos. Me refiero a los derechos humanos de los vecinos comunes y corrientes que se ven afectados por los microtraficantes y por personas que después de consumir alcohol se ponen agresivas con mujeres y niños y con todos los que están ocupando las plazas tranquilamente”, sostiene el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.
Los drones se dedican a grabar sólo en los espacios públicos y son de alguna manera “vigilantes desde el cielo”, señala Lavín. “Es una tecnología a la que sólo le deben temer los delincuentes o las personas que están en falta, porque el dron no se mete en las casas, y si alguien tiene dudas puede ver las imágenes”.
Para Domingo Lovera, académico de Derecho Constitucional de la UDP y autor del capítulo sobre vigilancia del informe, el problema con esas medidas es que es tal la cantidad de información que reúnen, “que básicamente pueden reconstruir los patrones de vida de las personas”. De esa forma, indica, quedan expuestas conductas lícitas y normales de los ciudadanos.
“La privacidad no tiene que ver con secretismo”, sostiene Lovera, y agrega que existe poca conciencia de la importancia del tema, “y se juega muy rápidamente con la idea de que para combatir el delito se puede echar mano a cualquier cosa”,
Pablo Viollier, analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, considera que “someter a los ciudadanos a un sistema masivo de vigilancia es el primer paso a un estado de vigilancia, sometiendo no sólo a los sospechosos, sino que todos los vecinos de la comuna sean vigilados”.
“Acá, además, hay un tema de desproporción. Los globos que se usan en condiciones militares acá se usan para combatir robos menores”, advierte Viollier.
Un espacio en el que Chile no cuenta con legislación, por eso es importante, dice el académico UDP, que exista un órgano de supervigilancia “que determine qué va a pasar con toda esa información que queda en poder del Estado”.
La ausencia de regulaciones específicas en materia de vigilancia y monitoreo en el país, recalca Lovera, no es sinónimo de autorización.
Reporte anual sobre derechos humanos de la U. Diego Portales dice que municipios y otras entidades públicas deben abstenerse de implementar estas medidas.
Las ventajas que hoy entregan las tecnologías han ganado terreno en espacios como la seguridad y la lucha contra la delincuencia. Por ejemplo, con ese fin la Municipalidad de Las Condes implementó un sistema de cámaras aéreas de alta tecnología en drones para vigilar espacios públicos y Lo Barnechea hizo lo propio con un globo de televigilancia.
El beneficio es lograr mayor vigilancia para disminuir los delitos. Sin embargo, la medida ha sido cuestionada por ciudadanos y ONG, por atentar contra el derecho a la privacidad, postura que respaldan las conclusiones del decimoquinto Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2017, realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la U. Diego Portales (UDP).
El documento, que se conocerá hoy, da cuenta de los hechos ocurridos en la materia entre mediados de 2016 y mediados de 2017, y por primera vez incluye la discusión sobre privacidad y vigilancia en espacios públicos.
El informe dice que los municipios y otras entidades estatales debieran abstenerse de seguir implementando sus sistemas de vigilancia a través de cámaras situadas en globos y drones, “por ser actos ilegales y afectar desproporcionadamente la privacidad de las personas”.
Y si bien la privacidad, como los demás derechos, no es absoluta y puede estar sujeta a regulaciones que permitan actividades de intromisión estatal, el informe resalta que esas regulaciones son admisibles sólo en la medida en que se encuentren establecidas por ley, “y que estén justificadas en una sociedad democrática y se sometan a supervisión de un órgano independiente”.
El Estado de Chile, dice el documento, se encuentra al debe en esta materia: “Si bien es cierto que la prevención y persecución del delito son fines legítimos que el Estado puede trazarse, esos propósitos no se pueden conseguir a cualquier costo”.
Protección de derechos
“Los drones actúan para proteger los derechos humanos. Me refiero a los derechos humanos de los vecinos comunes y corrientes que se ven afectados por los microtraficantes y por personas que después de consumir alcohol se ponen agresivas con mujeres y niños y con todos los que están ocupando las plazas tranquilamente”, sostiene el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.
Los drones se dedican a grabar sólo en los espacios públicos y son de alguna manera “vigilantes desde el cielo”, señala Lavín. “Es una tecnología a la que sólo le deben temer los delincuentes o las personas que están en falta, porque el dron no se mete en las casas, y si alguien tiene dudas puede ver las imágenes”.
Para Domingo Lovera, académico de Derecho Constitucional de la UDP y autor del capítulo sobre vigilancia del informe, el problema con esas medidas es que es tal la cantidad de información que reúnen, “que básicamente pueden reconstruir los patrones de vida de las personas”. De esa forma, indica, quedan expuestas conductas lícitas y normales de los ciudadanos.
“La privacidad no tiene que ver con secretismo”, sostiene Lovera, y agrega que existe poca conciencia de la importancia del tema, “y se juega muy rápidamente con la idea de que para combatir el delito se puede echar mano a cualquier cosa”,
Pablo Viollier, analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales, considera que “someter a los ciudadanos a un sistema masivo de vigilancia es el primer paso a un estado de vigilancia, sometiendo no sólo a los sospechosos, sino que todos los vecinos de la comuna sean vigilados”.
“Acá, además, hay un tema de desproporción. Los globos que se usan en condiciones militares acá se usan para combatir robos menores”, advierte Viollier.
Un espacio en el que Chile no cuenta con legislación, por eso es importante, dice el académico UDP, que exista un órgano de supervigilancia “que determine qué va a pasar con toda esa información que queda en poder del Estado”.
La ausencia de regulaciones específicas en materia de vigilancia y monitoreo en el país, recalca Lovera, no es sinónimo de autorización.
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