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El Marquez del Foraze
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Hoy fue ingresado a la Cámara de Diputados el proyecto de ley sobre la política migratoria que crea nuevas visas. Diputada (RN) Paulina Núñez criticó que al mensaje presidencial no se le otorgara suma urgencia.
A sólo dos días de que la Presidenta Michelle Bachelet firmara el nuevo proyecto de migraciones en el Salón Montt-Varas de La Moneda, hoy la iniciativa fue ingresada al Congreso.
En el documento se establece la creación de seis nuevos tipos de permisos para los extranjeros, como el de “visitante”, que permitirá realizar actividades remuneradas por un plazo máximo de dos años. Además, se limitó la de turista, dado que no permite trabajar y, sólo en casos calificados, podrá ser cambiada por otra categoría. Otra de las medidas que se propusieron es que las empresas podrán tener en su planilla de trabajadores hasta un 25% de inmigrantes, lo que aumenta el límite de 15% que hay en la norma actual.
El gobierno fue criticado por organizaciones y parlamentarios por la demora en su presentación. Además, el director de Extranjería y Migraciones, Rodrigo Sandoval, presentó su renuncia a raíz de sus diferencias en la elaboración de la iniciativa. Otra de las críticas vino desde Chile Vamos, dado que interpelarán el 5 de septiembre al ministro del Interior, Mario Fernández, por el retraso en la elaboración del texto.
El mensaje presidencial que fue presentado al Congreso tiene un informe financiero del Ministerio de Hacienda, donde se expone el gasto anual que tiene el Ejecutivo en materia de migración. Según el documento, en 2017 dicho monto se elevó a US$ 207 millones ($ 134 mil millones), cálculo sacado con el valor del dólar a $ 645, 86. Los temas en que invierte son la educación y salud.
Según Hacienda, con la nueva la ley se aumentará el gasto fiscal en $ 192 millones, porque se creará el Registro Nacional de Extranjeros y por las atribuciones nueva que tendrá la PDI.
Mediante una tabla se explica que el primer año se gastarán $ 432 millones; cifra que disminuirá a $ 251 millones durante el segundo año; quedando en $ 192 millones. “Considerando lo anterior, el gasto total estimado, asociado con los inmigrantes, ascendería en régimen a $134.236 millones. Se debe considerar que no es posible determinar los efectos totales sobre el gasto fiscal que se podrían generar con el proyecto de ley, en particular en los beneficios sociales que otorga el Estado, por eventuales regularizaciones de la situación migratoria de inmigrantes y/o por un incremento de la inmigración hacia Chile”, se alerta en el documento.
Reacciones
Poco antes de que se conociera el ingreso del documento al Congreso, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, manifestó que “esperamos que la discusión en el Parlamento sea adecuada y no haya aprovechamientos inadecuados del drama que viven muchos inmigrantes en el país”. Añadió que “esperamos que la discusión se haga en este gobierno y que se apruebe” durante lo que queda de mandato.
La diputada Paulina Núñez (RN), quien estará a cargo de la interpelación a Fernández, dijo que a pesar de la necesidad de que la norma regulatoria sea aprobada en el corto plazo “el proyecto no fue ingresado con urgencia o suma urgencia”.
Fue crítica, además, respecto del informe financiero, el cual calificó de “impresentable”. “Me parece tremendo que digan que no son capaces de determinar los efectos totales sobre el gasto fiscal que se podrían generar”. Agregó que “esto es como legislar a ciegas o hacerlo para cumplir”.
Sobre el monto de gasto fiscal en tema de migración, Rodolfo Noriega, secretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, indicó que “habría que ver bien si se gasta racionalmente. Y creo que siempre el aporte de los extranjeros es mucho mayor del tema de los gastos que podría implicar un servicio o cómo gasta hoy los recursos el Estado”.
El ex Presidente Sebastián Piñera también se refirió al contenido de la iniciativa legislativa del gobierno. “No queremos que entren a Chile bandas de crimen organizado, de contrabando. Eso era lo esencial de nuestro proyecto de migración y creo que el gobierno con su proyecto no está recogiendo en plenitud estos principios”.
Sobre ese punto, el subsecretario Aleuy indicó que “la idea de que hay inmigrantes que delinquen en Chile no tiene ninguna relación con las estadísticas. El porcentaje de detenidos extranjeros por delitos es menor que la chilena”. Complementando con que en el país “no tenemos una cantidad de migrantes que no podamos administrar"
A sólo dos días de que la Presidenta Michelle Bachelet firmara el nuevo proyecto de migraciones en el Salón Montt-Varas de La Moneda, hoy la iniciativa fue ingresada al Congreso.
En el documento se establece la creación de seis nuevos tipos de permisos para los extranjeros, como el de “visitante”, que permitirá realizar actividades remuneradas por un plazo máximo de dos años. Además, se limitó la de turista, dado que no permite trabajar y, sólo en casos calificados, podrá ser cambiada por otra categoría. Otra de las medidas que se propusieron es que las empresas podrán tener en su planilla de trabajadores hasta un 25% de inmigrantes, lo que aumenta el límite de 15% que hay en la norma actual.
El gobierno fue criticado por organizaciones y parlamentarios por la demora en su presentación. Además, el director de Extranjería y Migraciones, Rodrigo Sandoval, presentó su renuncia a raíz de sus diferencias en la elaboración de la iniciativa. Otra de las críticas vino desde Chile Vamos, dado que interpelarán el 5 de septiembre al ministro del Interior, Mario Fernández, por el retraso en la elaboración del texto.
El mensaje presidencial que fue presentado al Congreso tiene un informe financiero del Ministerio de Hacienda, donde se expone el gasto anual que tiene el Ejecutivo en materia de migración. Según el documento, en 2017 dicho monto se elevó a US$ 207 millones ($ 134 mil millones), cálculo sacado con el valor del dólar a $ 645, 86. Los temas en que invierte son la educación y salud.
Según Hacienda, con la nueva la ley se aumentará el gasto fiscal en $ 192 millones, porque se creará el Registro Nacional de Extranjeros y por las atribuciones nueva que tendrá la PDI.
Mediante una tabla se explica que el primer año se gastarán $ 432 millones; cifra que disminuirá a $ 251 millones durante el segundo año; quedando en $ 192 millones. “Considerando lo anterior, el gasto total estimado, asociado con los inmigrantes, ascendería en régimen a $134.236 millones. Se debe considerar que no es posible determinar los efectos totales sobre el gasto fiscal que se podrían generar con el proyecto de ley, en particular en los beneficios sociales que otorga el Estado, por eventuales regularizaciones de la situación migratoria de inmigrantes y/o por un incremento de la inmigración hacia Chile”, se alerta en el documento.
Reacciones
Poco antes de que se conociera el ingreso del documento al Congreso, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, manifestó que “esperamos que la discusión en el Parlamento sea adecuada y no haya aprovechamientos inadecuados del drama que viven muchos inmigrantes en el país”. Añadió que “esperamos que la discusión se haga en este gobierno y que se apruebe” durante lo que queda de mandato.
La diputada Paulina Núñez (RN), quien estará a cargo de la interpelación a Fernández, dijo que a pesar de la necesidad de que la norma regulatoria sea aprobada en el corto plazo “el proyecto no fue ingresado con urgencia o suma urgencia”.
Fue crítica, además, respecto del informe financiero, el cual calificó de “impresentable”. “Me parece tremendo que digan que no son capaces de determinar los efectos totales sobre el gasto fiscal que se podrían generar”. Agregó que “esto es como legislar a ciegas o hacerlo para cumplir”.
Sobre el monto de gasto fiscal en tema de migración, Rodolfo Noriega, secretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, indicó que “habría que ver bien si se gasta racionalmente. Y creo que siempre el aporte de los extranjeros es mucho mayor del tema de los gastos que podría implicar un servicio o cómo gasta hoy los recursos el Estado”.
El ex Presidente Sebastián Piñera también se refirió al contenido de la iniciativa legislativa del gobierno. “No queremos que entren a Chile bandas de crimen organizado, de contrabando. Eso era lo esencial de nuestro proyecto de migración y creo que el gobierno con su proyecto no está recogiendo en plenitud estos principios”.
Sobre ese punto, el subsecretario Aleuy indicó que “la idea de que hay inmigrantes que delinquen en Chile no tiene ninguna relación con las estadísticas. El porcentaje de detenidos extranjeros por delitos es menor que la chilena”. Complementando con que en el país “no tenemos una cantidad de migrantes que no podamos administrar"
que bueno que les haya cortado la raja a ese par de csm 