Como una ley “racista” y que subraya el control y la seguridad, calificaron diversas organizaciones de la sociedad civil al actual proyecto de
Ley de Migraciones, en el marco del segundo encuentro de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, que se realizó en Antofagasta, agrupando a 37 organizaciones de todo el país.
En la ocasión se levantaron propuestas que contemplan la creación de una institucionalidad capaz de gestionar intersectorialmente el fenómeno, cuyo enfoque de Derechos Humanos no sea sólo declarativo.
La muerte de Joane Florvil y la expulsión de Lina García desde el taxi en que se dirigía al servicio de salud, dando a luz en plena calle, la muerte del bebé Andrés Joaneus de nueve meses, y la instalación en la vía pública de propaganda electoral racista y xenófoba por parte del candidato a Senador Fulvio Rossi, entre otros casos, fueron repudiados en la instancia.
En la jornada participaron representantes de 37 organizaciones de todo el país y de diferentes sectores de la organización civil como organizaciones migrantes, promigrantes, ongs, sindicatos, movimientos de pobladores e instituciones académicas. Los asistentes analizaron y presentaron sus propuestas respecto al proyecto de Ley de Migraciones, hoy en discusión, enfatizando que dicha normativa no sólo afecta a la población migrante, sino que al conjunto de la sociedad,
y cuyo articulado, como plantearon, no contribuye concretamente a la construcción de una sociedad empática, pacífica y multicultural.
En la oportunidad además, los asistentes dieron cuenta de
que el contenido de la ley promueve a priori la percepción de la persona migrante como peligrosa. De igual manera, fue calificada como una “ley sorda”,
porque no considera las visiones y propuestas de las organizaciones migrantes y de la sociedad civil.
Asimismo, se llegó a un consenso de que la iniciativa propuesta no es una Ley de Migraciones, sino que apenas una Ley de Extranjería, porque no considera al casi millón de chilenos que vive en el exterior ni la gestión de la migración en el país, además de ser considerada como “cortoplacista e ineficaz”,
y que margina la garantía de derechos humanos y fundamentales, planteados en los acuerdos internacionales que Chile ha suscrito.
Ante esto, relevaron la necesidad de crear una institucionalidad migratoria civil, no incluida en la ley, la que debe contemplar la participación de organizaciones sociales.
Sobre el registro de nacional de extranjeros incluido en la propuesta del Ejecutivo, las organizaciones abogan porque éste “debe ser considerado como un instrumento de gestión social y no de control, su conducción y dependencia debe expresar este criterio”.
Un problema regional
El estudio de la actual propuesta normativa se nutrió de la participación de la académica argentina, Angélica Altives, quien se refirió a la situación de su país en esta materia, específicamente al cambio que sufrió con el decreto presidencial de Necesidad de Urgencia (DNU) por parte del mandatario Mauricio Macri.
A esto se suma que a nivel regional los únicos países que no han cambiado sus normativas emanadas de los períodos dictatoriales son Chile y Paraguay.
La red
La Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes nació en marzo de 2017 y reúne a 37 organizaciones de la sociedad civil de todo el país.
Articular el trabajo común, además de potenciar las acciones locales de sus integrantes son algunos de sus objetivos, a los que se suman impulsar los principios de una sociedad intercultural, además de incidir y hacer escuchar la voz de las comunidades migrantes en la discusión por la actual Ley de Migraciones.
En el marco de la cita sostenida en Antofagasta, la Red fue parte del "Encuentro Nacional por una agenda intercultural en Chile", organizado por la Fundación Ciudadano Inteligente y la organización Uniendo Retazos, instancia en la que discutieron propuestas en temáticas como vivienda, salud, discriminación, violencia a la mujer migrante y pobreza y vulnerabilidad.
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