Contraloría detectó una serie de irregularidades en Gendarmería y el Registro Civil, abriendo un flanco para el ministro Jaime Gajardo (PC), ya que se trata de dos organismos dependientes de la cartera de Justicia. El secretario ya había enfrentado críticas por el control de las cárceles por la decapitación de un interno en un penal.
Las irregularidades detectadas por Contraloría en Gendarmería y el Registro Civil apuntaron a la falta de control de dos organismos dependientes del Ministerio de Justicia, abriendo un flanco para el ministro Jaime Gajardo (PC).
Qué dice el informe sobre Gendarmería. La auditoría reservada a Gendarmería —adelantada por el sitio Interferencia— mostró una serie de fallas en los controles internos de la institución.
- Sumarios atrasados. “(Los) sumarios iniciados por Gendarmería de Chile tienen una antigüedad superior a seis años, ya que varios provienen del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018”, consignó el documento.
- Ingresos de elementos prohibidos. Los penales de Colina 1, Linares, Talca y la ex Penitenciaría, carecen de elementos para detectar si los funcionarios ingresan drogas o elementos prohibidos, detalló el sitio.
- En junio de 2024 se encontraron en el penal Colina 2 cinco municiones 9 milímetros, mientras que en la ex Penitenciaría se descubrió un módem para conectarse a Internet.
- En el caso de las visitas de abogados no hay cámaras de vigilancia ni gendarmes presentes para “evitar que se produzca algún intercambio de especies no permitidas”, salvo en la ex Penitenciaria.
- Allanamientos. También se identificaron 564 allanamientos que siguen abiertos, en parte de los cuales se omitieron las especies incautadas.
- Falta de control a abogados. La institución “no mantiene controles que le permitan identificar posibles inconsistencias en los ingresos de los abogados y habilitados en los recintos penitenciarios”.
- Por ejemplo, se identificaron 479 cuyo título no estaba registrado en el sitio del Poder Judicial.
- A esto se sumaron nueve que “ingresaron en un mismo día a diversos centros penitenciarios a nivel nacional, los cuales entre sí se encuentran distantes geográficamente”.
- Enrolamientos fuera de norma. Pese a que cada interno puede enrolar a 10 personas para que lo visiten, la auditoría detectó a 740 que tenían 15 o más.
- El machi Celestino Córdova tenía 1.241. Córdova fue condenado en 2014 a 18 años de cárcel por el incendio con homicidio del matrimonio de agricultores Werner Luchsinger y Vivian Mackay.
- El líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Héctor Llaitul tenía 531 enrolados.
- Llaitul fue condenado en mayo de 2024 a 23 años de cárcel, por cuatro delitos: 15 años como infractor de la ley de Seguridad del Estado, cinco años como autor de hurto de madera y tres años como autor de atentado contra la autoridad. Por el delito de usurpación violenta fue sentenciado a pagar una multa.
- En el caso de los internos de pueblos originarios Gendarmería realiza excepciones debido al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), consignó El Mercurio.
- La unidad anticorrupción de la fiscalía nacional está revisando los antecedentes.
Contraloría detectó una serie de irregularidades en Gendarmería y el Registro Civil, abriendo un flanco para el ministro Gajardo (del PC).
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La acusación apunta a que el jefe de unidad de la Subsecretaría de Educación Superior le habría entregado recursos públicos a la mujer involucrada en el hecho mediante contratos con el Estado.
El jefe de unidad de la SES habría intercedido para adjudicar proyectos, como la construcción de Centros de Formación Técnica (CFT) estatales, a Recabarren y a su esposa Verónica Aravena, a quien también conocía.
El sumario administrativo da cuenta de mensajes que envió Cabezas a Recabarren para que postulara a proyectos de construcción de CFT por 400 millones de pesos en Aysén, y por $100 millones en Santiago, aunque esto nunca se concretó.
Sin embargo, este caso se reveló no sólo por la arista judicial, sino que por un motivo amoroso. Recabarren acusa que su amigo lo traicionó y que actualmente tiene una relación con Verónica Aravena, quien fue su esposa desde el 2008 hasta 2022.
La acusación apunta a que el jefe de unidad de la Subsecretaría de Educación Superior le habría entregado recursos públicos a la mujer involucrada en el hecho mediante contratos con el Estado.
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. El otro día hablaban del caso de una guagua recién nacida y su primer carnet: en la parte donde se puede colocar la profesión, aparecía escrito INGENIERO CIVIL. 
Basta.
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