El 17 de junio fue presentada una querella en el cuarto juzgado de garantía de Santiago en contra del abogado e influencer, Ariel Wolfenson. En ella, Jaroslav Sokol, miembro de la policía de República Checa, lo acusa de apropiación indebida.
La historia comenzó en abril de 2025. Según la acción judicial, Sokol, ciudadano checo, contrató a Wolfenson -que comúnmente muestra en RRSS autos de lujo y asegura tener uno de los yates más grandes de Pucón- para asesorarlo en la compra de un terreno en la Región de Aysén. Para ello pagó US$ 2.900 en honorarios y US$ 2.680 para gastos administrativos. Al poco tiempo, depositó US$ 25.600 para adquirir el inmueble.
La transacción dio un vuelco el 21 de mayo de este año. El abogado de la Universidad Diego Portales, socio principal del estudio de su mismo apellido, informó que, tras revisar los antecedentes, no era viable adquirir el terreno por problemas en la subdivisión, gravámenes ambientales y un mandato notarial insuficiente. Anunció, además, la devolución inmediata del dinero transferido. Sin embargo, relata la querella, pasaron los días, las semanas, y el checo nunca volvió a ver sus US$ 31.180.