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Caso ProCultura: el tsunami judicial que se le viene al oficialismo

Ya mierda me alegro, por fin Justicia Momentanea, y a la CTM de la Valentina Chabrillard Almizry, de la Municipalidad de Rengo que le hizo sumario a su jefa, corre y escondete hija de puta que cayo tu Totem, tipica weona de mierda que piensa que tiene contactos y los medios apellidos para hacer lo que quiere, ojala te hagan devolver la plata de Fonasa, RECHUCHA DE TU MADRE SINVERGUENZA CULIA, ANDA A MARCHAR AL 8M, PORQUE HASTA LAS MUJERES TE VAN A MEAR, PERRA CULIA CORRUPTA, y donde estan ahora estas mierdas de compañeras que la defendian con un reportaje y decian: ESTA EN SU HORARIO DE COLACION, pa eso son buenas, les gusta las reglas para ellas, el resto pico, pero cuando hay leyes en contra de las weonas por LICENCIAS TRUCHAS, se ponen a llorar y recien se dan cuenta como expusieron a los hijos, ahhhhhhhhh pero NO SE ACUERDA como culiaba en la playa en Punta Cana, y mensajeando a la mañana siguiente con los pies en la arena con caña para extender su licencia.
 



El 7° Juzgado de Garantía de Santiago autorizó este viernes detener al cofundador de ProCultura por su rol en el convenio para prevenir suicidios Quédate, firmado con el gobierno regional metropolitano. Eso derivó en el traspaso de $1.683.788.000 a la fundación de Larraín, sin licitación. Alberto Larraín fue formalizado y trasladado al anexo penitenciario Capitán Yáber, a la espera de las medidas cautelares, mientras que la fiscalía apuntó a Orrego señalando “se habría puesto de acuerdo con los imputados” para beneficiar a la fundación con un convenio millonario sin que esta “tuviera la experiencia, idoneidad y competencias”

 
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ProCultura: los descargos de Larraín para evitar la cárcel y cómo la Fiscalía trazó su vínculo con Orrego en el fraude

Los abogados del psiquiatra, Cristián y Vicente Arias, apuntaron que la prisión preventiva sería del todo desproporcionada. Argumentaron con que la imputación del Ministerio Público sería difusa y a que su representado ha colaborado durante todo el proceso.

Este martes se desarrolló la cuarta jornada de formalización del caso ProCultura, destinada, principalmente, a los descargos de las defensas de los imputados.

Y fueron casi dos horas por las que se extendió el alegato de defensa de Alberto Larraín -uno de los principales protagonistas de esta arista del caso Convenios-, a cargo de la dupla de abogados Cristian y Vicente Arias.

Frente al juez Patricio Alvarez, Cristián Arias comenzó la defensa del psiquiatra imputado por el desfalco de más de 1.600 millones del Gore Metropolitano. El abogado cuestionó la investigación que está realizando el Ministerio Público y pidió al juez que se rechace la prisión preventiva para su representado. En este sentido, afirmó que existe una “imputación tan difusa que hace bastante evidente que a la base no es claro que se haya cometido un delito penal”.

Arias descartó la existencia de un posible fraude al Fisco y, sobre los más de $1.600 millones que Fiscalía afirma que se defraudaron en el contrato entre ProCultura y el Gore Metropolitano, aseguró que “lo que es claro es que el dinero no está en el bolsillo de Alberto Larraín”.

Asimismo, argumentó que ProCultura no es Democracia Viva, pues la organización de su representado “tiene 15 años de trayectoria con decenas de proyectos con instituciones privadas y públicas que fueron adjudicados sin ningún inconveniente (...). Es completamente falso que ProCultura, y sobre todo Alberto Larraín, no tuviera la experiencia para tratar temas de salud mental”.

Por otro lado, el abogado Vicente Arias destacó la colaboración que Larraín ha prestado ante la investigación de casi dos años del Ministerio Público: “Desde el primer momento ha colaborado en varias oportunidades y de varias formas diferentes”. Asimismo, el abogado mencionó que su representado “desde el 2023 no sale del país, precisamente por la investigación que se está llevando a cabo”.

Para cerrar su alegato, el defensor aseguró que mantener a su representado privado de libertad sería “desproporcionado”, pues Larraín “no es un peligro real para la sociedad” y trabaja actualmente con pacientes por su oficio de psiquiatra. Debido a esto, Arias mencionó que el arresto domiciliario total “es suficiente medida”.

El esquema del fraude
Aunque aún el juez Patricio Álvarez no ha zanjado todas las cautelares que deberán cumplir los primeros imputados formalizados en este caso, desde el Ministerio Público han insistido en que, producto de la gravedad de los delitos que se persiguen, debieran quedar en prisión preventiva.

Como recalcó el fiscal Cristian Aguilar durante las audiencias previas, los imputados Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno, actuaron concertados junto al gobernador Claudio Orrego para que ProCultura se adjudicara el convenio que les permitió recibir $1.683.788.000 y así defraudar al Fisco.

Para probar aquello, el persecutor detalló los vínculos previos que existían entre los coimputados y la relación de cercanía que mantenían. Pero, además, hay antecedentes que probarían que el proceso de adjudicación de los fondos estuvo viciado. Según sostuvo Aguilar en las jornadas previas, “la fundación operaba constantemente con una estrategia coordinada e impulsada desde las más altas esferas del Gore Metropolitano para asignar proyectos financiados con fondos públicos“.

Citó, en esa línea, un audio de una conversación entre Gómez y Larraín de febrero de 2022, donde la actriz de profesión sostenía: “Alberto, hablé con la Evelyn, y… te mando un audio porque sé que vas manejando, espero que sea un poco más fácil. Y lo que vamos a hacer es que vamos a armar el perfil del Programa de Intergeneracionalidad igual como los otros perfiles de Cuidado y de Salud Mental y ella los va a licitar, entonces nosotros hacemos el diseño y ella después hace todo el proceso para licitarlo. Así que voy a hablar con Pablo y con la Consu cuando vuelva, para ver cómo traspasamos lo que tenemos a este diseño que ellos exigen. Y en el fondo ellos lo presentan como una iniciativa del Gore y lo licitan para que nosotros nos ganemos la licitación y así todo es más transparente".

Asimismo, el fiscal expuso parte de la declaración de Marcial Marín, jefe del Departamento de Planificación Social y Estudios del Gore y quien trabajaba bajo la jefatura de Magdaleno. "La indicación me fue entregada directamente por mi jefatura, Evelyn Magdaleno. Ella me instruyó trabajar con la Fundación Procultura para el diseño de un Término de Referencia, y me solicitó gestionar un servicio especializado con ellos. Mi jefatura me indicó específicamente trabajar con Teresa Abusleme de Procultura, a quién además identificó como su amiga. Ella me entregó el contacto, indicándome que procediera a gestionarlo para concretar el servicio especializado”, manifestó el profesional.

Junto con ello, Marín también declaró: “Si hubiese dependido exclusivamente de nosotros, probablemente no habríamos utilizado la glosa presupuestaria 7.1 como mecanismo. Sin embargo, la determinación de utilizar esta herramienta fue una instrucción que bajó directamente desde nuestra jefatura y fue parte de una estrategia general impulsada por la administración del Gobierno Regional”.

Así, y producto de una serie de otros antecedentes recabados durante la indagación, en el Ministerio Público llegaron a la conclusión de que “los recursos públicos asignados en virtud del proyecto de ‘Quédate’ fueron transferidos sin un proceso previo de selección ni verificación de la experiencia acreditada o de la idoneidad técnica de la Fundación. En otras palabras, se procedió a una asignación discrecional, por tanto, arbitraria, carente de parámetros objetivos de evaluación y sin observar los principios de transparencia, probidad y eficiencia que rigen la contratación pública".

Para la Fiscalía, todo fue parte de un "acuerdo conjunto entre los miembros de la Fundación y los del Gobierno Regional Metropolitano, siendo este proceso dirigido por el gobernador Claudio Orrego, quien supervisaba las decisiones sobre los proyectos, actuando previamente concertados con los restantes imputadas e imputados".
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ProCultura: los descargos de Larraín para evitar la cárcel y cómo la Fiscalía trazó su vínculo con Orrego en el fraude

Los abogados del psiquiatra, Cristián y Vicente Arias, apuntaron que la prisión preventiva sería del todo desproporcionada. Argumentaron con que la imputación del Ministerio Público sería difusa y a que su representado ha colaborado durante todo el proceso.

Este martes se desarrolló la cuarta jornada de formalización del caso ProCultura, destinada, principalmente, a los descargos de las defensas de los imputados.

Y fueron casi dos horas por las que se extendió el alegato de defensa de Alberto Larraín -uno de los principales protagonistas de esta arista del caso Convenios-, a cargo de la dupla de abogados Cristian y Vicente Arias.

Frente al juez Patricio Alvarez, Cristián Arias comenzó la defensa del psiquiatra imputado por el desfalco de más de 1.600 millones del Gore Metropolitano. El abogado cuestionó la investigación que está realizando el Ministerio Público y pidió al juez que se rechace la prisión preventiva para su representado. En este sentido, afirmó que existe una “imputación tan difusa que hace bastante evidente que a la base no es claro que se haya cometido un delito penal”.

Arias descartó la existencia de un posible fraude al Fisco y, sobre los más de $1.600 millones que Fiscalía afirma que se defraudaron en el contrato entre ProCultura y el Gore Metropolitano, aseguró que “lo que es claro es que el dinero no está en el bolsillo de Alberto Larraín”.

Asimismo, argumentó que ProCultura no es Democracia Viva, pues la organización de su representado “tiene 15 años de trayectoria con decenas de proyectos con instituciones privadas y públicas que fueron adjudicados sin ningún inconveniente (...). Es completamente falso que ProCultura, y sobre todo Alberto Larraín, no tuviera la experiencia para tratar temas de salud mental”.

Por otro lado, el abogado Vicente Arias destacó la colaboración que Larraín ha prestado ante la investigación de casi dos años del Ministerio Público: “Desde el primer momento ha colaborado en varias oportunidades y de varias formas diferentes”. Asimismo, el abogado mencionó que su representado “desde el 2023 no sale del país, precisamente por la investigación que se está llevando a cabo”.

Para cerrar su alegato, el defensor aseguró que mantener a su representado privado de libertad sería “desproporcionado”, pues Larraín “no es un peligro real para la sociedad” y trabaja actualmente con pacientes por su oficio de psiquiatra. Debido a esto, Arias mencionó que el arresto domiciliario total “es suficiente medida”.

El esquema del fraude
Aunque aún el juez Patricio Álvarez no ha zanjado todas las cautelares que deberán cumplir los primeros imputados formalizados en este caso, desde el Ministerio Público han insistido en que, producto de la gravedad de los delitos que se persiguen, debieran quedar en prisión preventiva.

Como recalcó el fiscal Cristian Aguilar durante las audiencias previas, los imputados Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno, actuaron concertados junto al gobernador Claudio Orrego para que ProCultura se adjudicara el convenio que les permitió recibir $1.683.788.000 y así defraudar al Fisco.

Para probar aquello, el persecutor detalló los vínculos previos que existían entre los coimputados y la relación de cercanía que mantenían. Pero, además, hay antecedentes que probarían que el proceso de adjudicación de los fondos estuvo viciado. Según sostuvo Aguilar en las jornadas previas, “la fundación operaba constantemente con una estrategia coordinada e impulsada desde las más altas esferas del Gore Metropolitano para asignar proyectos financiados con fondos públicos“.

Citó, en esa línea, un audio de una conversación entre Gómez y Larraín de febrero de 2022, donde la actriz de profesión sostenía: “Alberto, hablé con la Evelyn, y… te mando un audio porque sé que vas manejando, espero que sea un poco más fácil. Y lo que vamos a hacer es que vamos a armar el perfil del Programa de Intergeneracionalidad igual como los otros perfiles de Cuidado y de Salud Mental y ella los va a licitar, entonces nosotros hacemos el diseño y ella después hace todo el proceso para licitarlo. Así que voy a hablar con Pablo y con la Consu cuando vuelva, para ver cómo traspasamos lo que tenemos a este diseño que ellos exigen. Y en el fondo ellos lo presentan como una iniciativa del Gore y lo licitan para que nosotros nos ganemos la licitación y así todo es más transparente".

Asimismo, el fiscal expuso parte de la declaración de Marcial Marín, jefe del Departamento de Planificación Social y Estudios del Gore y quien trabajaba bajo la jefatura de Magdaleno. "La indicación me fue entregada directamente por mi jefatura, Evelyn Magdaleno. Ella me instruyó trabajar con la Fundación Procultura para el diseño de un Término de Referencia, y me solicitó gestionar un servicio especializado con ellos. Mi jefatura me indicó específicamente trabajar con Teresa Abusleme de Procultura, a quién además identificó como su amiga. Ella me entregó el contacto, indicándome que procediera a gestionarlo para concretar el servicio especializado”, manifestó el profesional.

Junto con ello, Marín también declaró: “Si hubiese dependido exclusivamente de nosotros, probablemente no habríamos utilizado la glosa presupuestaria 7.1 como mecanismo. Sin embargo, la determinación de utilizar esta herramienta fue una instrucción que bajó directamente desde nuestra jefatura y fue parte de una estrategia general impulsada por la administración del Gobierno Regional”.

Así, y producto de una serie de otros antecedentes recabados durante la indagación, en el Ministerio Público llegaron a la conclusión de que “los recursos públicos asignados en virtud del proyecto de ‘Quédate’ fueron transferidos sin un proceso previo de selección ni verificación de la experiencia acreditada o de la idoneidad técnica de la Fundación. En otras palabras, se procedió a una asignación discrecional, por tanto, arbitraria, carente de parámetros objetivos de evaluación y sin observar los principios de transparencia, probidad y eficiencia que rigen la contratación pública".

Para la Fiscalía, todo fue parte de un "acuerdo conjunto entre los miembros de la Fundación y los del Gobierno Regional Metropolitano, siendo este proceso dirigido por el gobernador Claudio Orrego, quien supervisaba las decisiones sobre los proyectos, actuando previamente concertados con los restantes imputadas e imputados".
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Oye la media trama de la wea, esto mismo pasa en licitaciones de otras índole. Basta con que la CGR haga bien su pega y se van a encontrar con un millón de weas truchas.

Una vergüenza estos ladrones de cuello y corbata, todos concertados para agarrar una tajada de la torta y/o pagar favores políticos, esa grasa estatal no se paga sola.
 


Que en Chile no se hablara de corrupcion en el pasado.

Es porque antes no se realizaba el periodismo de manera libre. Si no que acordes a cada linea editorial y si no lo hacias existia el temor de ser despedido.
 
algo que se desprende de las memorias de carrera y de maria graham en los origenes de chile es que los larrain estan por fuera de la politica.
carrera les decia "los sarracenos" (nunca enrendi el por que), pero indirectamente daba a entender que tenian acuerdos con el rey de españa que conservaron luego de la independencia. una especie de fuero.

luego maria graham (una britanica) visita a un larrain y parece estar fuera de los problemas de los primeros años de independencia, cuando Ohiggins estaba paranoico, contando monedas para hacer andar el estado. pero los larrain vivian en mundo aparte totalmente ajenos e intocables

han pasado dos siglos y ese apellido sigue volando mas alla de los miserias de cualquier color politico
 

Esos 2 millones de dolares destinados a salvarles la vida o mejorar la calidad de vida de muchas personas que sufren enfermedades mentales complejas y estos carajo pasándose la plata de un lado para otro como si fuera la plata de un asado y para mas cagarla ni siquiera tienen los escrúpulos de rendir cuentas como corresponde.

Y si siguen la ruta de esa plata se van a encontrar con lo mismo que ya venimos viendo: contratación de grasa estatal, pago de oficinas lujosas, pago de personal que no aporta en nada al asunto, viajes excéntricos, ropa de lujo, cenas de lujo, etc...

El chiste se cuenta solo
 
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