En España denuncian un inusual delito de odio “post mortem”, luego de que los padres adoptivos de una chilena trans que se quitó la vida decidieran enterrarla utilizando el nombre que tenía antes de su transición o deadname y colocaran alrededor de su tumba fotografías correspondientes a la etapa en que era hombre.
La decisión familiar es investigada por la justicia española como un posible delito de odio y se investiga un procedimiento penal por parte de la Fiscalía de Delitos de Odio.
La chilena trans adoptada en España que se suicidó
Según el medio citado, la denuncia fue presentada por un abogado en representación de una organización de familias trans llamada Euforia, que sostiene que lo ocurrido a Daniela M.S. no corresponde únicamente a un conflicto familiar, sino a una vulneración de la dignidad y de la identidad de chilena, incluso después de su fallecimiento.
La joven nació en Santiago de Chile en el 2000 y a los dos años fue adoptada por una pareja española de Santander, a poco más de 300 kilómetros de la capital, Madrid. De acuerdo con la denuncia, durante su infancia tuvo importantes conflictos con su familia debido a su identidad y orientación.
Con solo 10 años, Daniela comenzó a expresar que podía sentirse parte de la comunidad LGTBIQ+, pero sus padres, miembros de un movimiento ultraconservador perteneciente al Camino Neocatecumenal, llamados “secta los kikos”, la llevaron a un centro psiquiátrico.
El documento legal afirma que la joven recibió tratamiento psicológico y farmacológico para modificar aspectos relacionados con su identidad y “recuperar los valores religiosos de su familia”.
“Víctima de falsas terapias de conversión, de torturas”
A pesar de los esfuerzos familiares, Daniela continuó luchando por lo que sus sentimientos le susurraban dentro de su mente y durante la adolescencia comenzó a identificarse como mujer trans.
Según sus cercanos, la respuesta de sus padres fue aún más severa y la internaron durante varios meses en un convento para que volviera a identificarse como hombre, o una persona cisheterosexual (cuya identidad de género coincide con el sexo que se le asignó al nacer).
En esta institución, el abogado denuncia que la chilena “fue víctima de falsas terapias de conversión, de torturas”. Si bien no especifica cuáles fueron los procedimientos a los que la sometieron, se trata de brutales métodos médicos, psiquiátricos y penitenciarios bajo el pretexto de “rehabilitar” o “curar”, instaurados y aplicados durante la dictadura franquista y parte de la Transición española.
Estas pseudoterapias se prohibieron en el país europeo en el 2023, y desde este 2026 se castigan con pena de cárcel.
La transición de Daniela
Antes de cumplir 16 años, Daniela sufrió una crisis que terminó con una hospitalización, momento en que fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad. Luego, en el 2017, a poco de cumplir la mayoría de edad, comenzó a recibir atención especializada para personas trans en el sistema de salud, incluyendo acompañamiento psicológico y tratamiento hormonal, dice el medio. La disforia de género se trata de manera pública en España progresivamente desde el 2012.
Al poco tiempo, los padres perdieron la tutela de su hija tras la intervención de servicios sociales, y cuando cumplió la mayoría de edad, viviendo en Madrid, tuvo su primer intento de suicidio debido a una situación de acoso en redes sociales.
Daniela logró recuperarse y comenzó a estudiar estética mientras trabajaba en un bar. Sin embargo, según sus amistades, cuando se hizo visible como mujer trans, fue despedida.
En abril de 2022, después de otro intento de suicidio, Daniela buscó nuevamente apoyo en sus padres, pero se lo negaron. Al día siguiente, la joven murió.
Delito de odio póstumo
Sus padres, como herederos legales, gestionaron su sepultura, donde utilizaron su antiguo nombre masculino y fotografías anteriores a su transición.
Ante esto, una de sus mejores amigas buscó entre las pertenencias la copia de la documentación que acreditaba su cambio registral y decidió iniciar acciones para defender su memoria.
Primero realizaron una denuncia administrativa por posibles vulneraciones de la legislación autonómica de protección de las personas trans que no prosperó, por lo que acudieron a los tribunales por las vías civil y penal.
La Fiscalía de Delitos de Odio consideró que existían elementos suficientes para investigar si la conducta de los padres pudo tener una intención de humillar a Daniela por su identidad de género, dice El País. Por otro lado, el abogado sostiene que la dignidad de una persona no desaparece con su muerte y que el caso podría ser un precedente para determinar cómo deben ser respetadas las personas trans después de fallecer.
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