La Corte de Apelaciones de Arica acogió esta semana un recurso de amparo presentado por la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes en contra de la Intendencia Regional de Arica y Parinacota, que
decretó la expulsión del país de José de Jesús Báez Castillo, ciudadano dominicano de 39 años que ingresó a territorio nacional por un paso no habilitado, en noviembre de 2014.
En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada acogió la acción constitucional presentada por la defensa de Báez Castillo y
dejó sin efecto la resolución exenta que dispuso su expulsión.
El fallo establece que, sin perjuicio de lo resuelto, Báez Castillo
deberá regularizar su situación migratoria de acuerdo a la legislación vigente.
“(…) para que fuese procedente la medida de expulsión de autos, se hacía necesario haber observado respecto del recurrente el principio del debido proceso, el que no se satisface en la resolución cuestionada que
únicamente se sustenta en una afirmación que no ha sido sometida a conocimiento y resolución del órgano correspondiente, lo que determina que la misma carezca de soporte fáctico y jurídico correspondiente, especialmente considerando que el titular de la acción se desistió de la misma con las consecuencias legales correspondientes”, sostiene el fallo.
La sentencia agrega que “por las razones explicitadas, la
resolución impugnada es ilegal y resulta, además, arbitraria de modo que con su pronunciamiento se ha conculcado la libertad personal del amparado”.
Buscando un mejor futuro
José relató al
diario Las Últimas Noticias, que hace dos años salió de Santo Domingo a Chile en
busca de “un mejor futuro”, ya que en su país “las oportunidades económicas y laborales no eran las mejores”.
No obstante, en ese periodo se vio “envuelto en una
red de tráfico de personas”, razón por la cual su manera de entrar a Chile fue “irregular”.
Cuando esto fue descubierto por la intendencia, la entidad realizó la
denuncia a la Fiscalía, pero luego desistió de ésta.
Sin embargo, de todos modos decretó la expulsión de José el 18 de noviembre del 2014, a lo que el tribunal de alzada acusó la falta de un juez penal competente que acreditara el delito.
Independiente de este decreto, Báez ha trabajado en nuestro país durante dos años con contrato legalizado ante notario, manteniendo un
buen comportamiento en el plano laboral. Por esta razón, y como tampoco cuenta con antecedentes penales en República Dominicana, el tribunal
anuló el decreto de deportación.
Conocido el fallo de la Corte de Arica, la intendencia ahora puede apelar a la Suprema.
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