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Cristián Riquelme recibió la medida de censura y otros tres inculpados por contratos irregulares fueron absueltos. Dictamen de Contraloría, emitido en septiembre, objetó la decisión y ordenó remitir los antecedentes a Piñera.
El 8 de marzo de 2018, a solo tres días del cambio de mando, el Ministerio del Interior, entonces liderado por el ministro Mario Fernández, firmó de manera reservada los decretos 397 y 398. Lo que a simple vista parecía uno más de los trámites administrativos previos a dejar La Moneda, posteriormente se transformó en objeto de cuestionamiento por parte de la Contraloría General de la República, según consta en un documento al cual accedió La Tercera.
¿El motivo? Los decretos firmados en las últimas horas del gobierno de Michelle Bachelet rebajaban las sanciones decretadas por el ente contralor en contra del exadministrador de La Moneda Cristián Riquelme Urra, y absolvía a otros tres funcionarios vinculados a contrataciones directas de proveedores, sin tener una adecuada fundamentación.
La indagatoria administrativa contra Riquelme, exencargado de las finanzas de la campaña de Bachelet de 2013 y parte del extinto G-90 que encabezó el exministro Rodrigo Peñailillo, comenzó en febrero de 2016.
Un reportaje de Ciper reveló que dos sociedades formadas por el exadministrador de La Moneda recibieron pagos por más de $ 417 millones entre 2013 y 2015. Tras abandonar las empresas, una pasó a manos de su esposa (Comercial A y R), mientras que la segunda, Greentec, se traspasó a su exsocio.
El proceso de la Contraloría, entre otros aspectos, cuestionó los contratos que la Dirección Administrativa de la Presidencia adjudicó por trato directo “a la empresa Gestión y Producción Limitada, cuyo representante legal se desempeñó en la citada Dirección Administrativa”, detalla la indagatoria. La polémica que originó el caso en Palacio terminó con la renuncia de Riquelme el 22 de febrero del 2016, para evitar una nueva crisis en el gobierno.
Luego de analizar los antecedentes y tomar declaraciones a los implicados, el 6 de septiembre de 2017 la Contraloría propuso al gobierno imponer sanciones como la aplicación de multas del 15% de su sueldo para Germán Yovane Monetta, jefe del Departamento Jurídico (aún en el cargo, según Gobierno Transparente). También planteó sancionar con el 20% de su remuneración a Natalie Vilches Jara, exjefa de Abastecimiento de Palacio, e igual medida contra Óscar Sandoval Navarrete, quien reemplazó a Riquelme tras su renuncia. Para Cristián Riquelme, el contralor Jorge Bermúdez propuso suspenderlo del cargo por 30 días con goce del 50% del sueldo. El exadministrador de Palacio ganaba un sueldo bruto de $ 7.765.741.
Fue entonces que el saliente gobierno decidió absolver a los tres funcionarios indagados y, en el caso de Riquelme, rebajar su sanción a censura, la medida disciplinaria más baja para una falta administrativa.
La resolución volvió a Contraloría para su toma de razón, instancia en que el organismo alertó que esta “no se aviene con los antecedentes del proceso sumarial”.
Dictamen de Contraloría
En las tres páginas del dictamen fechado el 11 de septiembre de 2018, el contralor Bermúdez asegura que el proceso que instruyó realizó “todas las diligencias tendientes a establecer la veracidad y existencia de las infracciones”. Del mismo modo, enfatiza que la propuesta de sanciones se sustentaron en las “omisiones en la fundamentación de las causales de contratación directa, (que) no pudieron ser desvirtuadas durante el curso de la investigación”.
Así, el contralor Bermúdez aseguró en su dictamen que “no existen antecedentes objetivos que acrediten que los proveedores que fueron contratados hayan sido los únicos que cumplían, en cada caso, con los requisitos de discreción y confianza que garantizaran la seguridad de la Presidencia de la República. Asimismo, es importante destacar el carácter público de los recursos involucrados en cada uno de los actos administrativos cuestionados, sobre los cuales se configuran las infracciones administrativas señaladas en cada uno de los cargos”.
Tras revisar la rebaja de sanciones que buscaba realizar el gobierno de Bachelet, el contralor aseguró que la nueva medida “no guarda concordancia con las infracciones comprobadas durante el proceso disciplinario”. Por esta razón, la Contraloría ordenó enviar una copia del dictamen directamente al Presidente Sebastián Piñera y al director administrativo de la Presidencia, a fin de que “realicen una nueva ponderación de la documentación contenida en la carpeta investigativa y disponga la aplicación de sanciones que sean proporcionales a las contravenciones en que incurrieron los inculpados”.
Consultado por La Tercera Cristián Riquelme, respondió que “me parece bien que salga el dictamen, pero no hablo con periodistas”.
Exfuncionario
Nicolás Enteiche, profesor de Derecho Administrativo de la UDD, explicó el alcance de un dictamen cuando un funcionario público renuncia a su cargo: “Si se ordena la instrucción de un sumario y luego el involucrado cesa en sus funciones, el procedimiento tiene que proseguir hasta su término, debiendo anotarse la decisión que resulte del sumario en su hoja de vida”. Agregó que “en materia de infracción a la Ley de Probidad (N° 20.880), específicamente en cuanto a la infracción del deber de efectuar o actualizar la declaración de intereses y patrimonio, se admite la aplicación de sanciones dentro de los cuatro años siguientes al incumplimiento, independiente del hecho de que el funcionario haya cesado en sus funciones”.
https://www.latercera.com/politica/...ujo-sancion-exadministrador-la-moneda/366275/
El 8 de marzo de 2018, a solo tres días del cambio de mando, el Ministerio del Interior, entonces liderado por el ministro Mario Fernández, firmó de manera reservada los decretos 397 y 398. Lo que a simple vista parecía uno más de los trámites administrativos previos a dejar La Moneda, posteriormente se transformó en objeto de cuestionamiento por parte de la Contraloría General de la República, según consta en un documento al cual accedió La Tercera.
¿El motivo? Los decretos firmados en las últimas horas del gobierno de Michelle Bachelet rebajaban las sanciones decretadas por el ente contralor en contra del exadministrador de La Moneda Cristián Riquelme Urra, y absolvía a otros tres funcionarios vinculados a contrataciones directas de proveedores, sin tener una adecuada fundamentación.
La indagatoria administrativa contra Riquelme, exencargado de las finanzas de la campaña de Bachelet de 2013 y parte del extinto G-90 que encabezó el exministro Rodrigo Peñailillo, comenzó en febrero de 2016.
Un reportaje de Ciper reveló que dos sociedades formadas por el exadministrador de La Moneda recibieron pagos por más de $ 417 millones entre 2013 y 2015. Tras abandonar las empresas, una pasó a manos de su esposa (Comercial A y R), mientras que la segunda, Greentec, se traspasó a su exsocio.
El proceso de la Contraloría, entre otros aspectos, cuestionó los contratos que la Dirección Administrativa de la Presidencia adjudicó por trato directo “a la empresa Gestión y Producción Limitada, cuyo representante legal se desempeñó en la citada Dirección Administrativa”, detalla la indagatoria. La polémica que originó el caso en Palacio terminó con la renuncia de Riquelme el 22 de febrero del 2016, para evitar una nueva crisis en el gobierno.
Luego de analizar los antecedentes y tomar declaraciones a los implicados, el 6 de septiembre de 2017 la Contraloría propuso al gobierno imponer sanciones como la aplicación de multas del 15% de su sueldo para Germán Yovane Monetta, jefe del Departamento Jurídico (aún en el cargo, según Gobierno Transparente). También planteó sancionar con el 20% de su remuneración a Natalie Vilches Jara, exjefa de Abastecimiento de Palacio, e igual medida contra Óscar Sandoval Navarrete, quien reemplazó a Riquelme tras su renuncia. Para Cristián Riquelme, el contralor Jorge Bermúdez propuso suspenderlo del cargo por 30 días con goce del 50% del sueldo. El exadministrador de Palacio ganaba un sueldo bruto de $ 7.765.741.
Fue entonces que el saliente gobierno decidió absolver a los tres funcionarios indagados y, en el caso de Riquelme, rebajar su sanción a censura, la medida disciplinaria más baja para una falta administrativa.
La resolución volvió a Contraloría para su toma de razón, instancia en que el organismo alertó que esta “no se aviene con los antecedentes del proceso sumarial”.
Dictamen de Contraloría
En las tres páginas del dictamen fechado el 11 de septiembre de 2018, el contralor Bermúdez asegura que el proceso que instruyó realizó “todas las diligencias tendientes a establecer la veracidad y existencia de las infracciones”. Del mismo modo, enfatiza que la propuesta de sanciones se sustentaron en las “omisiones en la fundamentación de las causales de contratación directa, (que) no pudieron ser desvirtuadas durante el curso de la investigación”.
Así, el contralor Bermúdez aseguró en su dictamen que “no existen antecedentes objetivos que acrediten que los proveedores que fueron contratados hayan sido los únicos que cumplían, en cada caso, con los requisitos de discreción y confianza que garantizaran la seguridad de la Presidencia de la República. Asimismo, es importante destacar el carácter público de los recursos involucrados en cada uno de los actos administrativos cuestionados, sobre los cuales se configuran las infracciones administrativas señaladas en cada uno de los cargos”.
Tras revisar la rebaja de sanciones que buscaba realizar el gobierno de Bachelet, el contralor aseguró que la nueva medida “no guarda concordancia con las infracciones comprobadas durante el proceso disciplinario”. Por esta razón, la Contraloría ordenó enviar una copia del dictamen directamente al Presidente Sebastián Piñera y al director administrativo de la Presidencia, a fin de que “realicen una nueva ponderación de la documentación contenida en la carpeta investigativa y disponga la aplicación de sanciones que sean proporcionales a las contravenciones en que incurrieron los inculpados”.
Consultado por La Tercera Cristián Riquelme, respondió que “me parece bien que salga el dictamen, pero no hablo con periodistas”.
Exfuncionario
Nicolás Enteiche, profesor de Derecho Administrativo de la UDD, explicó el alcance de un dictamen cuando un funcionario público renuncia a su cargo: “Si se ordena la instrucción de un sumario y luego el involucrado cesa en sus funciones, el procedimiento tiene que proseguir hasta su término, debiendo anotarse la decisión que resulte del sumario en su hoja de vida”. Agregó que “en materia de infracción a la Ley de Probidad (N° 20.880), específicamente en cuanto a la infracción del deber de efectuar o actualizar la declaración de intereses y patrimonio, se admite la aplicación de sanciones dentro de los cuatro años siguientes al incumplimiento, independiente del hecho de que el funcionario haya cesado en sus funciones”.
https://www.latercera.com/politica/...ujo-sancion-exadministrador-la-moneda/366275/
