Gobierno revisa aportes a la ONU: Cuánto gastamos en organismos y misiones de paz

Más de US$ 56 millones ha desembolsado Chile este 2018 en entidades internacionales.



Después de trece años de participar en la misión de la ONU en Haití, más de 12 mil militares chilenos dejaron ese país en abril de 2017. Sin embargo, Chile mantiene allí a tres oficiales policiales, dos PDI y un carabinero, en una misión de apoyo a la justicia (Minujusth) para la cual aportó este año casi 130 mil dólares a su financiamiento.

Ese gasto forma parte de los más de 56 millones de dólares que nuestro país ha desembolsado este 2018 en pagos a organismos multilaterales, que se desglosan en un total de 206 cuotas, según un informe oficial que la cancillería hizo llegar el mes pasado a la Cámara de Diputados. La cifra equivale a 38 mil millones de pesos y, a modo de comparación, el Sename aumentó en $31 mil millones su presupuesto para el año venidero (que en total es de $355 mil millones).

Casi un quinto de los pagos a la ONU es el aporte de US$ 9,6 millones al presupuesto regular de la entidad, y otros US$ 14,5 millones para una docena de operaciones de paz al amparo de la ONU, siete de ellas en África.

La polémica provocada por la decisión del gobierno del Presidente Sebastián Piñera de no suscribir el pacto migratorio de la ONU, además de no adherir al acuerdo medioambiental de Escazú en septiembre, motivó acusaciones de la oposición de que se estaba abandonando el multilateralismo y el carácter de Estado de nuestra política exterior.

En ese marco, citando un documento interno de la cancillería, El Mercurio informó que se están reevaluando los pactos, acuerdos y negociaciones de nuestro país en organismos multilaterales, lo que incluye las contribuciones al presupuesto regular de Naciones Unidas y de sus operaciones de mantenimiento de la paz.

“Chile legítimamente puede evaluar sus aportes y rol en los organismos internacionales, sin que eso signifique renunciar a sus principios de política exterior. El compromiso con el multilateralismo se hace en base a las capacidades y realidades de cada estado, que debe examinar los efectos de cada compromiso internacional que suscribe, sea vinculante o no”, señala Jorge Sahd, director del Centro de Estudios Internacionales de la UC.

Sahd explica que es la asamblea general de la ONU la que resuelve la suma total para financiar los gastos del presupuesto ordinario, los tribunales internacionales y las operaciones de paz, a partir de las recomendaciones que hace la Comisión de Cuotas. China, Japón, Alemania y Francia aportan alrededor de la mitad del presupuesto de la organización y América Latina alrededor del 8%.

El excanciller Heraldo Muñoz, que fue embajador en la ONU entre 2003 y 2010, precisa que los aportes a las misiones de paz no son voluntarios y que dependen de criterios estándares para todos los países. “Si un país quiere postular como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para influir tiene que pagar sus contribuciones a las operaciones de paz. El monto depende de un coeficiente: Chile tiene una cuota que representa el 0,1197 del presupuesto global, junto a países pequeños como Antigua y Barbuda, Lituania y Croacia. El aporte varía si aumenta o se reduce el PIB. Por cierto muy debajo de lo que nos correspondería”, señala Muñoz.

Sin embargo, Sahd recalca que la crisis de credibilidad que sacude a las instituciones en los países también alcanza a los organismos internacionales. “El ‘cheque en blanco' a los organismos internacionales se está acabando, porque hay un cuestionamiento creciente a su rol en el orden mundial, no sólo de la ONU, sino también organismos como la OMC, que está perdiendo relevancia en la solución de conflictos comerciales internacionales”, puntualiza.

Hoy desempeñan roles destacados en la ONU chilenos como Michelle Bachelet en la OACDH; Claudio Grossman en la Comisión de Derecho Internacional; Eduardo Vío en la Corte Interamericana de DD.HH.; Antonia Urrejola en la Comisión Interamericana de DD.HH.; Gonzalo Yáñez en la Comisión de Límites de la Plataforma Continental; Soledad Cisternas como enviada especial sobre discapacidad; y Patricia Arias en el Subcomité para la Prevención de la Tortura.

http://impresa.lasegunda.com/2018/12/27/A/D43H94N0/all

Informe de Cancillería revela revisión del Gobierno a convenios internacionales de Chile

En medio de la controversia por el acuerdo de migraciones en Marruecos. En el ministerio, los distintos departamentos están encargados de observar las diferentes negociaciones que se llevan a cabo a nivel de foros internacionales. Ya se advierten dificultades en la convalidación de títulos de educación superior y los aportes a las misiones de paz.

"El multilateralismo no puede significar la obligación de tener que suscribir todos y cada uno de los acuerdos, pactos o declaraciones de estos organismos multilaterales. Es de la esencia del multilateralismo ejercer y respetar el derecho de suscribir o no suscribir, libremente, sus acuerdos".

La declaración del Presidente Sebastián Piñera, realizada el viernes en La Moneda para explicar las razones del rechazo al Pacto de Migración de las Naciones Unidas, tiene una historia que se remonta a la conformación del programa de gobierno del mandatario, antes de la elección.

Lo cierto es que en la discusión sobre las bases del programa de política exterior hubo un acuerdo entre los asesores del en ese entonces candidato en un tema: de ser electo, la segunda administración de Sebastián Piñera no seguiría necesariamente la línea impuesta en la relación con los organismos multilaterales.

Así, se expresó, la firma de convenios y apoyo a resoluciones estarían supeditados a los intereses del país, y no al revés.

En la actual administración se ha evaluado negativamente el criterio adoptado durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, respecto de la firma de algunos acuerdos con organismos internacionales, como Naciones Unidas, que, según la evaluación de La Moneda y la Cancillería, giraron hacia la izquierda.

Algo que se ve con claridad en las argumentaciones que se hicieron para justificar el rechazo al pacto migratorio. "Equilibrio" es una palabra que se repitió esta semana en las minutas que circularon en La Moneda. Era, de acuerdo con el Gobierno, la característica clave que faltaba en los acuerdos de Marrakech: equilibrio entre los deseos de la ONU y las necesidades de cada país.

Así lo dijo también el Presidente en su declaración, al expresar que pacto "limita el derecho soberano de cada Estado".

No es la única razón. En el Gobierno también consideran que en este tipo de pactos existe un riesgo de que sean jurídicamente vinculantes.

"El pacto puede tener efectos políticos y jurídicos. Estos instrumentos, conocidos como softlaw , son permanentemente utilizados por instancias internacionales, e incluso por tribunales internacionales, para exigir su cumplimiento o pretender derivar de ellos obligaciones jurídicas de parte de los estados", dijo el Presidente quien, de todas formas, añadió que su gobierno cree "firmemente" en el multilateralismo y anunció que la Cumbre COP-25, sobre Cambio Climático, se realizará en nuestro país en enero de 2020.

Este análisis, de hecho, también se había hecho en Cancillería, donde se consideraba que el hecho de que el pacto cite varios tratados puede usarse para expandir los efectos legales de estos mismos.

Educación superior

Esta política no está solo expresándose en el acuerdo de Marruecos. De hecho, actualmente Cancillería está haciendo un levantamiento y revisión de todos los pactos, acuerdos, consultas o negociaciones que se están haciendo en el marco de organismos multilaterales, lo que no equivale a que estos sean rechazados.

De todas formas, hay algunos en los que la evaluación, en conformidad con los procesos internos del país, no es del todo positiva.

"El Mercurio" tuvo acceso a un informe de Cancillería, en el que se analizan los diferentes procesos multilaterales en los que está involucrado el país y las direcciones del ministerio a cargo de ellos.

Al respecto, según se desprende en el informe de Relaciones Exteriores, un punto no del todo fácil es el Convenio Mundial de Convalidación de Títulos de la Educación Superior.

Se trata de un pacto impulsado por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura), que busca crear una estructura que sirva de marco al reconocimiento de títulos en la educación superior en todo el mundo.

"El Convenio futuro no solo facilitará el desplazamiento de estudiantes, docentes e investigadores entre las regiones, sino que hará frente a sus necesidades en el contexto actual de mundialización, así como a las nuevas tendencias de la Enseñanza Superior", explica la Unesco.

Este es un convenio que se está negociando desde 2016 y que se debe presentar ante la Asamblea General de Unesco en noviembre de 2019.

La primera reunión interministerial para revisar la propuesta se realizó entre el 5 y el 7 de diciembre, en París. Chile participó, pero no hubo representantes del Ministerio de Educación y solo asistieron representantes de la misión ante la Unesco. Esta depende de la embajada en Francia.

Entre las propuestas que se han realizado hasta ahora habría varias incompatibilidades con el sistema de acreditación de la educación superior actualmente vigente en la legislación nacional.

Medio ambiente

También se ha analizado el Pacto Global para el Medioambiente (PGM). El acuerdo, según se explica en la ONU, busca proporcionar "un marco general para el derecho ambiental internacional".

Si bien Chile apoya la propuesta, en Cancillería hay varias observaciones. La mayoría están marcadas por la complejidad de las negociaciones y los posibles efectos políticos a nivel mundial que tienen el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París y la oposición de Rusia a varios puntos.

Específicamente, preocupa que lo dificultoso del proceso pueda generar que, para llegar a acuerdos, se baje el estándar de los compromisos en los que ya se ha avanzado, los cuales, en opinión del Gobierno, buscan cumplir objetivos muy importantes.

Para evitar esto se pretenderá impulsar que en el pacto se ponga énfasis en conceptos como el "principio de no regresión", definición jurídica que expresa que las normativas no debieran ser revisadas si esto implicase retroceder respecto de los niveles de protección vigentes.

Cancillería evalúa que Chile tiene una base constitucional sólida para esta negociación, aunque la eventual suscripción del instrumento dará mayor peso jurídico a algunos conceptos que actualmente no están en el ordenamiento legal de Chile.

En este contexto, la intención del ministerio y el Gobierno es que el país mantenga su apoyo al pacto, pero que muestre una posición flexible, como país puente, en temas que preocupan al G77 -Grupo de Países en Vías de Desarrollo- y otros que generen consenso.

La primera sesión para tratar este tema se llevará a cabo en enero del próximo año, en Francia, y luego habrá una segunda, en Kenia, en marzo.

Subida en las contribuciones

También están en revisión las negociaciones que se llevan a cabo en el marco de la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre contribuciones al Presupuesto Regular y al Presupuesto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz.

En estos diálogos se está abordando, específicamente, la escala de cuotas con las que se definirá el esquema de aportes que los distintos países deben hacer para el presupuesto de la ONU y la mantención de las diferentes misiones que la organización tiene en el mundo.

Sin embargo, las conversaciones podrían estar tomando un rumbo que, en Cancillería, consideran que no conviene a los intereses del país.

En específico, Estados Unidos, la Unión Europea y otros grandes países están presionando para modificar la fórmula de cálculo que se usa para los aportes. ¿El objetivo? Rebajar la suma que tradicionalmente dan.

Esto es algo a lo que Chile, en conjunto con el G77 y China, se está oponiendo, con el objetivo de mantener la fórmula actual y que se respete el principio de capacidad de pago de los estados. Esto implica que se deben considerar las necesidades y realidades de cada país para definir las contribuciones.

El problema con la petición de las potencias es que podría acarrear un aumento de los pagos de los países más pequeños, y otros ajustes regulares, que afectarían directamente a naciones como Chile, Argentina, Brasil, Colombia y México.

Por esto, el argumento nacional es que cualquier modificación de la fórmula sería romper el acuerdo al que, en este punto, se llegó en el 2000. Un acuerdo que, según Relaciones Exteriores, también beneficia a países como Estados Unidos, pues les pone un techo máximo de aportes.

Otros casos

En el documento de Cancillería enumera varios otros convenios o negociaciones en revisión, la mayoría de los cuales estaría en consonancia con los objetivos del país.

Ejemplos son el Marco de cooperación para el desarrollo entre Chile y el Sistema de Naciones Unidas, que establece las estrategias de cooperación de las agencias y programas de la ONU con presencia en Chile; la Consulta regional de América Latina y el Caribe para la Comisión del Estatus de la Mujer; la revisión nacional voluntaria ante el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas; las negociaciones y conversaciones multilaterales para lograr medidas en conjunto en torno al tema de la ciberseguridad y las drogas; las reuniones del Consejo de Derechos Humanos, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y el Foro sobre empresas y Derechos Humanos, entre otras.

En Relaciones Exteriores tienen observaciones respecto de las negociaciones que se llevan a cabo en el marco de la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre contribuciones al Presupuesto Regular y al Presupuesto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz.

El Convenio Mundial de Convalidación de Títulos de la Educación Superior ha sido analizado en Cancillería. Entre las propuestas que se han realizado hasta ahora habría varias incompatibilidades con el sistema de acreditación de la educación superior actualmente vigente en la legislación nacional.

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=530423

si ya un estado extractivista de su población es nefasto, esta cascada piramidal jeunesse es peor aún

Lo más increíble de todo es que este montón de zurdos que nadie eligió, forman macro estructuras supra-gubernamentales que dictan lo que tienen que hacer o no los países adherentes. Gracias a esta mierda nos llenamos de toda la peor lacra caribeña, que ningún país del Caribe quiere... ¿Por qué? Porque los conocen.

La ONU está con su brazo de DDHH pendiente de Brasil y se pasa por el culo la dictadura de Venezuela.
La ONU es pro aborto y todas las banderas de mierda que enarbola el neo-marxismo.
La ONU propuso que Lula postulara a la presidencia desde la cárcel.
Y la ONU no es zurda.