de la jara
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Las multas por incumplimiento de la normativa llegan hasta los $2,9 millones. Desde enero la ley exige a las empresas de 100 o más colaboradores que el 1% de la plantilla sean personas en situación de discapacidad. Sin embargo, las fiscalizaciones y sanciones durante este año serán solo para grandes firmas.
Según las últimas cifras entregadas por la Dirección del Trabajo, a un año de la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión ya son 11.400 los contratos celebrados a personas en situación de discapacidad en 2.216 empresas, representando un cumplimiento cercano al 90% de la norma. Si bien este número refleja un avance en la materia, también deja entrever que todavía queda camino por recorrer, no solo en cuanto al porcentaje de organizaciones que acata la legislación, sino que también en relación al conocimiento que existe sobre cómo debe ser implementada y cuáles son las multas en que se incurre de lo contrario.
Ante este escenario, la consultora de recursos humanos Randstad realizó un sondeo que demostró el desconocimiento de los ejecutivos respecto a la exigencia legal que obliga a las empresas de 100 o más trabajadores a que el 1% de su plantilla sea de personas en situación de discapacidad. El 34% de los gerentes aún no sabe cómo calcular el porcentaje -el cual considera más variables que solo el total de empleados-, pese a que arriesgan multas que alcanzan hasta los $2,9 millones (60 UTM).
El socio del estudio Uribe, Hübner & Cía., Enrique Uribe, explica que el "no cumplimiento de la ley implica sanciones administrativas de multas contempladas en el reglamento, que van desde las 2 a 40 UTM para empresas de 50 a 199 trabajadores, y de 3 a 60 UTM para firmas con 200 o más colaboradores".
Las pymes, no obstante, no contarán con fiscalización durante este año, y por ende se encontrarán exentas de multas, ya que tendrán doce meses para regularizar el 1% de su plantilla. La inspección solo corre, por lo tanto, para las grandes empresas.
La directora de Marketing & Comunicaciones de Randstad, Natalia Zúñiga, señala que "si bien la ley ha venido a acelerar un cambio, las organizaciones tienen una enorme responsabilidad en cómo generar y favorecer entornos inclusivos desde la atracción, selección, desarrollo y retención de trabajadores en situación de discapacidad".
El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, destaca que el norte de la ley "es que no sea tomada como una cuota obligatoria o un impuesto que se debe pagar, ya que es una oportunidad de cambiar la vida para siempre a personas que solo quieren aportar, y por ello, el gran objetivo es que los contratos ofrecidos den proyección y estabilidad a las personas con discapacidades".
Cerca de la mitad cumplirá con contratación directa
De acuerdo al sondeo, un 45% de los ejecutivos encuestados señala que su compañía cumplirá el 1% por medio de la contratación directa; 27% no sabe; 8% lo hará a través de la medida alternativa correspondiente a la donación en dinero a proyectos, programas o fundaciones que promueven la capacitación y/o la inclusión; 2% afirma que acatará la norma con la celebración de contratos con empresas de servicios que tengan contratadas personas en situación de discapacidad; mientras que 18% asegura que lo hará con un mix de todas las opciones.
Desde Fundación Descúbreme explican que estos resultados se alinean cada vez más hacia la contratación directa de estos trabajadores versus el cumplimiento mediante medidas alternativas. "Esto es coherente con el espíritu de la ley, que es incentivar la inclusión de las personas con discapacidad al mundo laboral, y no la aplicación de medidas alternativas como la donación y/o los contratos de prestación de servicios con empresas que ya tengan contratadas a personas con discapacidad", explica.
Pero, a juicio de Uribe, las medidas alternativas representan una flexibilidad favorable para las compañías: "La realidad país, las posibilidades sociales y de educación que las personas con discapacidad tienen, las condicionan. Bajo nuestra experiencia, las firmas buscan dar cumplimiento al 1% de contratación, sin embargo se encuentran con la realidad de falta de mano de obra capacitada para el cumplimiento, situación que responde a una deuda social inconclusa".
Pese a esto, Monckeberg asegura que "la gran mayoría de las empresas se ha puesto la camiseta con la inclusión y hecho grandes esfuerzos por cumplir con la norma, y, además, ofreciendo contratos estables de calidad donde el trabajador tiene la posibilidad de progresar".
SECTORES AVANZADOS Telecomunicaciones, retail, consumo masivo, minería y educación son las industrias que lideran en inclusión.
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=558678
Según las últimas cifras entregadas por la Dirección del Trabajo, a un año de la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión ya son 11.400 los contratos celebrados a personas en situación de discapacidad en 2.216 empresas, representando un cumplimiento cercano al 90% de la norma. Si bien este número refleja un avance en la materia, también deja entrever que todavía queda camino por recorrer, no solo en cuanto al porcentaje de organizaciones que acata la legislación, sino que también en relación al conocimiento que existe sobre cómo debe ser implementada y cuáles son las multas en que se incurre de lo contrario.
Ante este escenario, la consultora de recursos humanos Randstad realizó un sondeo que demostró el desconocimiento de los ejecutivos respecto a la exigencia legal que obliga a las empresas de 100 o más trabajadores a que el 1% de su plantilla sea de personas en situación de discapacidad. El 34% de los gerentes aún no sabe cómo calcular el porcentaje -el cual considera más variables que solo el total de empleados-, pese a que arriesgan multas que alcanzan hasta los $2,9 millones (60 UTM).
El socio del estudio Uribe, Hübner & Cía., Enrique Uribe, explica que el "no cumplimiento de la ley implica sanciones administrativas de multas contempladas en el reglamento, que van desde las 2 a 40 UTM para empresas de 50 a 199 trabajadores, y de 3 a 60 UTM para firmas con 200 o más colaboradores".
Las pymes, no obstante, no contarán con fiscalización durante este año, y por ende se encontrarán exentas de multas, ya que tendrán doce meses para regularizar el 1% de su plantilla. La inspección solo corre, por lo tanto, para las grandes empresas.
La directora de Marketing & Comunicaciones de Randstad, Natalia Zúñiga, señala que "si bien la ley ha venido a acelerar un cambio, las organizaciones tienen una enorme responsabilidad en cómo generar y favorecer entornos inclusivos desde la atracción, selección, desarrollo y retención de trabajadores en situación de discapacidad".
El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, destaca que el norte de la ley "es que no sea tomada como una cuota obligatoria o un impuesto que se debe pagar, ya que es una oportunidad de cambiar la vida para siempre a personas que solo quieren aportar, y por ello, el gran objetivo es que los contratos ofrecidos den proyección y estabilidad a las personas con discapacidades".
Cerca de la mitad cumplirá con contratación directa
De acuerdo al sondeo, un 45% de los ejecutivos encuestados señala que su compañía cumplirá el 1% por medio de la contratación directa; 27% no sabe; 8% lo hará a través de la medida alternativa correspondiente a la donación en dinero a proyectos, programas o fundaciones que promueven la capacitación y/o la inclusión; 2% afirma que acatará la norma con la celebración de contratos con empresas de servicios que tengan contratadas personas en situación de discapacidad; mientras que 18% asegura que lo hará con un mix de todas las opciones.
Desde Fundación Descúbreme explican que estos resultados se alinean cada vez más hacia la contratación directa de estos trabajadores versus el cumplimiento mediante medidas alternativas. "Esto es coherente con el espíritu de la ley, que es incentivar la inclusión de las personas con discapacidad al mundo laboral, y no la aplicación de medidas alternativas como la donación y/o los contratos de prestación de servicios con empresas que ya tengan contratadas a personas con discapacidad", explica.
Pero, a juicio de Uribe, las medidas alternativas representan una flexibilidad favorable para las compañías: "La realidad país, las posibilidades sociales y de educación que las personas con discapacidad tienen, las condicionan. Bajo nuestra experiencia, las firmas buscan dar cumplimiento al 1% de contratación, sin embargo se encuentran con la realidad de falta de mano de obra capacitada para el cumplimiento, situación que responde a una deuda social inconclusa".
Pese a esto, Monckeberg asegura que "la gran mayoría de las empresas se ha puesto la camiseta con la inclusión y hecho grandes esfuerzos por cumplir con la norma, y, además, ofreciendo contratos estables de calidad donde el trabajador tiene la posibilidad de progresar".
SECTORES AVANZADOS Telecomunicaciones, retail, consumo masivo, minería y educación son las industrias que lideran en inclusión.
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=558678
y le dije: qué hay de las fundaciones de ayuda a los niños con autismo o sindrome de down?
humor con enanos
