En noviembre del año pasado Carmen Raffernau Gómez de 72 años fue notificada por el Juzgado de Policía Local de Viña del Mar para demoler una rampa ubicada en el frontis de su casa (calle Nueve con pasaje Maravillar) en Santa Inés, debido a una denuncia hecha por una vecina en la Dirección de Obras municipal.
Construida para facilitar el traslado de la vecina, que padece enfermedad de Pott o tuberculosis vertebral, además de artrosis y diabetes, entre otras patologías oftalmológicas; Carmen Raffernau no pidió permiso para hacer la rampa, error que con el paso de los meses y falsas promesas, le provocó una orden de reclusión nocturna por 15 días.
"Estoy tranquila, pero con rabia contenida", explica Carmen, quien acompañada por su hija Pabla Villacura confesó lo que debió vivir el viernes pasado, cuando efectivos de carabineros llegó a buscarla a su hogar para hacer cumplir la orden de reclusión nocturna.
"Sentí golpear y eran carabineros que venían a buscar a mi mamá. Los tuve que hacer pasar porque ella no puede salir de la casa fácilmente y los carabineros al verla en silla de ruedas no podían convencerse que la orden era para una persona con movilidad reducida", sostiene Pabla, la hija de Carmen que vive con ella, pero trabaja todo el día para mantener a su hijo.
La orden de detención se gestó producto de una multa impaga por no demoler la rampa edificada con mucho esfuerzo por el hijo de Carmen. "Todo se hizo para mejorar mi calidad de vida y poder desenvolverme de forma independiente, para poder ir a comprar y salir al hospital, pero esto ha traído puros problemas...", se lamenta la mujer, quien comenta que desde noviembre a la fecha han tenido contacto con el municipio y le han ofrecido ayuda, sin embargo ella ha seguido sufriendo las consecuencias de la rampa.
"La alcaldesa dice que emitió un decreto donde se paraliza la demolición, pero era labor de 'Grupos Prioritarios' entregar la documentación en el Juzgado de Policía Local para evitar mi detención, lo que finalmente no ocurrió", explica la adulta mayor, quien cansada de tanta alza y baja de azúcar por el estrés del problema, decidió demandar a la municipalidad por daños y perjuicios.
"Yo no voy a pagar la multa, pues no solucionará nada. Sólo desarmar la rampa evitaría el problema judicial, pero no lo haré porque eso implicaría quedarme encerrada en la casa", sostiene Carmen, quien hoy tiene un día crucial, pues de no solucionar su situación efectivos policiales la irán a buscar a su casa para que durante 15 días duerma en un retén policial, todo por hacer una rampa para personas con movilidad reducida.
