delajara
Ganadora Mejor Tema Año 2019
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Los US$ 4.900 destinados al año por estudiante en gratuidad contrastan, por ejemplo, con los US$ 1.800 dedicados a la Subvención Escolar Preferencial.
Un 3,9% de todo el gasto fiscal que realizó el país el año pasado fue para la educación superior. Así lo concluye un informe de la Contraloría sobre el financiamiento fiscal en esa materia, que cifró en $2.242.770 millones la inversión (US$ 3.102 millones, considerando el último valor que tuvo la moneda estadounidense, $723), de la cual la mayor parte (38%) fue para financiar la gratuidad.Aunque rectores han expresado varias veces la necesidad de mayores recursos, el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, lo ve complejo.“Chile es de los países, si es que no el país, que más invierten en educación superior como porcentaje de su Producto Interno Bruto. Eso da cuenta de una bienvenida preocupación, pero también de que estamos llegando al límite y probablemente no hay mucho más espacio para incrementar el financiamiento”, afirmó ayer en un seminario organizado por la U. de Chile y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES).El presupuesto de este año —que uso un dólar a $665— para la gratuidad fue de US$ 1.700 millones, equivalente a unos US$ 4.900 por estudiante. La subvención a alumno prioritario (SEP), en tanto, tiene un valor de US$ 1.800 dólares al año.
¿Suficiente o demasiado?
La magnitud de las cifras y el contraste con lo que destina el Estado a otras materias —tanto educacionales como de otra índole— genera debate entre los expertos. El rector de la U. Adolfo Ibáñez, Harald Beyer, cree que se ha perdido la perspectiva de cuánto se gasta en esto.“Si uno recuerda los informes del Banco Mundial y la OCDE en 2009, había una cierta mirada de futuro. Eso se perdió completamente y ahora tenemos una suerte de política universitaria de lobby, orientada a conseguir un par de recursos adicionales y no pensar el sistema de financiamiento general”, asegura.
El exministro de Educación, quien también fue parte del seminario, afirma que es momento de ponerle freno al avance de la política. “Sería un muy buen acuerdo decir ‘el 60% más vulnerable permanecerá con gratuidad'. Los que no somos partidarios de la gratuidad acordaremos eso, y los que son partidarios de la gratuidad universal tendrán que ceder también, para un consenso que impida que esta ley sea como la espada de Damocles”, sugiere.A su juicio, es “poco presentable que se gaste del orden de US$ 4.900 dólares al año en un estudiante que hoy es de bajos ingresos, pero que tiene un enorme potencial de mejorar su calidad de vida en el futuro, y apenas US$ 122 anuales en una madre vulnerable cuyo futuro y el de sus hijos es poco halagüeño”.El director del Centro de Justicia Educacional de la UC, Andrés Bernasconi, señala que aún no es posible afirmar si el gasto en gratuidad ha “tenido sentido como inversión social”. Para comprobarlo, explica, “tendrías que notar un aumento de la capacidad del sistema de incluir a estudiantes previamente excluidos, de manera que no sea simplemente el reemplazo de un financiamiento privado”.Otro riesgo, advierte, está en el número de alumnos que, al tener cobertura solo durante la duración formal de sus estudios, no terminen sus carreras: “Puede terminar siendo una mala inversión si el estudiante no termina”.
A juicio del vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional de la U. de Chile, Daniel Hojman, el nivel de gasto que el país está teniendo, en comparación a otros, “se justifica”. Pero acota: “Tenemos una carga tributaria relativamente baja en comparación a otros países OCDE (…). Tenemos que ir pensando en el tiempo cómo va creciendo, para hacerse cargo de otras necesidades”.Carlos Williamson, rector de la U. San Sebastián, afirma que “la gratuidad tiene un aspecto muy bonito porque está financiando a estudiantes y eso alivia a las familias. Pero convengamos una cosa: se está comiendo US$ 1.700 millones, que cinco años atrás no estaban disponibles. Las posibilidades de financiamiento público a futuro, para ciencia, tecnología o innovación, no tienen por dónde”.El académico estuvo entre el público que asistió ayer al seminario y antes de la actividad se le vio conversando con Vargas, quien asumió el cargo que La Moneda había considerado inicialmente para el rector, aunque luego este fue descartado por sus dichos en torno al Museo de la Memoria. “Mi conversación fue simplemente decirle y ofrecerle toda mi disposición a colaborar”, contó luego Williamson.
Inversión en universitarios más que duplicó la hecha en técnicos
Según el informe de la Contraloría, en 2018 el Estado gastó un promedio de $2.375.673 por cada universitario. Sin contar a las universidades estatales creadas recientemente y a la U. del Mar, que cerró, los planteles que mayor financiamiento fiscal per cápita recibieron fueron la U. de Chile ($4,8 millones) y la U. de Talca ($4,6 millones).En contraste, el año pasado se invirtieron en promedio $888.796 por cada alumno de un IP o CFT. Gonzalo Tomarelli, rector de Iplacex y consejero de Vertebral, afirma que considerando el volumen de jóvenes que opta por estas carreras, “no tiene sentido que los recursos se distribuyan de forma tan desproporcionada”.Sugiere que el financiamiento aumente, ya sea a través de fondos concursables a los que las instituciones técnicas puedan postular, o ampliando becas y créditos, “por ejemplo, a los alumnos en modalidades a distancia para quienes hoy estas ayudas no están disponibles”. El directivo destaca, además, el rol de movilidad social e inclusión que tienen este tipo de planteles.
https://digital.elmercurio.com/2019/08/28/C/AO3LBTLE#zoom=page-width
Un 3,9% de todo el gasto fiscal que realizó el país el año pasado fue para la educación superior. Así lo concluye un informe de la Contraloría sobre el financiamiento fiscal en esa materia, que cifró en $2.242.770 millones la inversión (US$ 3.102 millones, considerando el último valor que tuvo la moneda estadounidense, $723), de la cual la mayor parte (38%) fue para financiar la gratuidad.Aunque rectores han expresado varias veces la necesidad de mayores recursos, el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, lo ve complejo.“Chile es de los países, si es que no el país, que más invierten en educación superior como porcentaje de su Producto Interno Bruto. Eso da cuenta de una bienvenida preocupación, pero también de que estamos llegando al límite y probablemente no hay mucho más espacio para incrementar el financiamiento”, afirmó ayer en un seminario organizado por la U. de Chile y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES).El presupuesto de este año —que uso un dólar a $665— para la gratuidad fue de US$ 1.700 millones, equivalente a unos US$ 4.900 por estudiante. La subvención a alumno prioritario (SEP), en tanto, tiene un valor de US$ 1.800 dólares al año.
¿Suficiente o demasiado?
La magnitud de las cifras y el contraste con lo que destina el Estado a otras materias —tanto educacionales como de otra índole— genera debate entre los expertos. El rector de la U. Adolfo Ibáñez, Harald Beyer, cree que se ha perdido la perspectiva de cuánto se gasta en esto.“Si uno recuerda los informes del Banco Mundial y la OCDE en 2009, había una cierta mirada de futuro. Eso se perdió completamente y ahora tenemos una suerte de política universitaria de lobby, orientada a conseguir un par de recursos adicionales y no pensar el sistema de financiamiento general”, asegura.
El exministro de Educación, quien también fue parte del seminario, afirma que es momento de ponerle freno al avance de la política. “Sería un muy buen acuerdo decir ‘el 60% más vulnerable permanecerá con gratuidad'. Los que no somos partidarios de la gratuidad acordaremos eso, y los que son partidarios de la gratuidad universal tendrán que ceder también, para un consenso que impida que esta ley sea como la espada de Damocles”, sugiere.A su juicio, es “poco presentable que se gaste del orden de US$ 4.900 dólares al año en un estudiante que hoy es de bajos ingresos, pero que tiene un enorme potencial de mejorar su calidad de vida en el futuro, y apenas US$ 122 anuales en una madre vulnerable cuyo futuro y el de sus hijos es poco halagüeño”.El director del Centro de Justicia Educacional de la UC, Andrés Bernasconi, señala que aún no es posible afirmar si el gasto en gratuidad ha “tenido sentido como inversión social”. Para comprobarlo, explica, “tendrías que notar un aumento de la capacidad del sistema de incluir a estudiantes previamente excluidos, de manera que no sea simplemente el reemplazo de un financiamiento privado”.Otro riesgo, advierte, está en el número de alumnos que, al tener cobertura solo durante la duración formal de sus estudios, no terminen sus carreras: “Puede terminar siendo una mala inversión si el estudiante no termina”.
A juicio del vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional de la U. de Chile, Daniel Hojman, el nivel de gasto que el país está teniendo, en comparación a otros, “se justifica”. Pero acota: “Tenemos una carga tributaria relativamente baja en comparación a otros países OCDE (…). Tenemos que ir pensando en el tiempo cómo va creciendo, para hacerse cargo de otras necesidades”.Carlos Williamson, rector de la U. San Sebastián, afirma que “la gratuidad tiene un aspecto muy bonito porque está financiando a estudiantes y eso alivia a las familias. Pero convengamos una cosa: se está comiendo US$ 1.700 millones, que cinco años atrás no estaban disponibles. Las posibilidades de financiamiento público a futuro, para ciencia, tecnología o innovación, no tienen por dónde”.El académico estuvo entre el público que asistió ayer al seminario y antes de la actividad se le vio conversando con Vargas, quien asumió el cargo que La Moneda había considerado inicialmente para el rector, aunque luego este fue descartado por sus dichos en torno al Museo de la Memoria. “Mi conversación fue simplemente decirle y ofrecerle toda mi disposición a colaborar”, contó luego Williamson.
Inversión en universitarios más que duplicó la hecha en técnicos
Según el informe de la Contraloría, en 2018 el Estado gastó un promedio de $2.375.673 por cada universitario. Sin contar a las universidades estatales creadas recientemente y a la U. del Mar, que cerró, los planteles que mayor financiamiento fiscal per cápita recibieron fueron la U. de Chile ($4,8 millones) y la U. de Talca ($4,6 millones).En contraste, el año pasado se invirtieron en promedio $888.796 por cada alumno de un IP o CFT. Gonzalo Tomarelli, rector de Iplacex y consejero de Vertebral, afirma que considerando el volumen de jóvenes que opta por estas carreras, “no tiene sentido que los recursos se distribuyan de forma tan desproporcionada”.Sugiere que el financiamiento aumente, ya sea a través de fondos concursables a los que las instituciones técnicas puedan postular, o ampliando becas y créditos, “por ejemplo, a los alumnos en modalidades a distancia para quienes hoy estas ayudas no están disponibles”. El directivo destaca, además, el rol de movilidad social e inclusión que tienen este tipo de planteles.
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