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El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, blande la espada que le regaló el director ejecutivo de la empresa petrolera rusa Rosneft PJSC, en Caracas. CARLOS BECERRA BLOOMBERG
Las decisiones tomadas en Venezuela desde hace más de una década por quienes asaltaron el poder y lo han usado para convertirla en cementerio de empresas y en una enorme morgue ya no asombra a los venezolanos y probablemente tampoco a la comunidad internacional, que mira hacia otro lado cuando debería alzar la voz porque esta designación facilita aún más la llegada de drogas ilegales a sus países al no tener ningún control en Venezuela. El nombramiento de Néstor Reverol Torres como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, un narcotraficante prófugo de la justicia norteamericana, a quien una corte de Brooklyn lo acusa de participar en una trama de distribución de cocaína en los Estados Unidos, ratifica que convirtieron al país en refugio de terroristas, guerrilleros y narcotraficantes.
Su nombramiento es una afrenta al pueblo venezolano. Un gobierno legítimo y democrático habría actuado de otra manera ¿Por qué poner a un narcotraficante al frente de uno de los ministerios más importantes del gabinete ejecutivo, independientemente de que un gran número de jueces, ex ministros, diputados y otros funcionarios del régimen estén respaldados por abultados prontuarios delictivos? Nicolás Maduro quiere cuidar sus espaldas y la de un nutrido grupo de su servidumbre por aquello de que al enemigo hay que tenerlo cerca, no vaya a ser que la “conciencia” lo lleve a acariciar la posibilidad de un arreglo con alguna agencia internacional que combate el delito de la droga.
No es lo mismo que funcionarios por iniciativa propia dejen pasar a través de puntos de control, de puertos y aeropuertos drogas ilegales para beneficiarse de manera personal a que, desde las altas esferas del gobierno, se emita la orden de permitir su tránsito por el territorio nacional como si fuera un producto de primera necesidad y propiedad del gobierno, sobre el que no se debe ejercer ningún control por parte de los organismos de seguridad del Estado.
Venezuela se enmarca en la definición de lo que constituye un narcoestado. El narcotráfico es hoy en Venezuela un actor peligroso que el régimen ha asumido como negocio en el que han incursionado individuos que han formado parte del régimen a cambio de dinero, impunidad y protección.
El narcoestado en el que han convertido a Venezuela dejó sin soporte legal al venezolano de a pie. Solo hay protección para la “mafia empresarial” que transformó al país en un corredor por el que se transporta la droga que produce y distribuye el país vecino, Colombia. Para que el tránsito se realice de manera segura es necesario que el que esté al mando del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz sea un narcotraficante que conoce muy bien el negocio.
https://www.elnuevoherald.com/opinion-es/cartas/article94695587.html
no nos veamos la suerte entre gitanos