metamorfotron
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Un verdadero “remezón” político causó la presentación de una querella criminal en contra de quienes resulten responsables del presunto delito de tráfico de influencias, en el marco del traspaso de recursos por parte del Consejo Regional para la compra de un terreno perteneciente a parientes de los diputados, Juan Morano y Gabriel Boric.
La polémica propiedad formaba parte de un grupo de cuatro terrenos privados, que fueron presentados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para la construcción de viviendas sociales.
Pese a que la aprobación se efectuó hace casi cuatro meses (13 de julio), luego de que los consejeros estuvieran desde marzo estudiando si había algún problema legal para sancionar favorablemente la iniciativa, recién ayer el abogado Mario Zumalzú, quien también actúa como querellante en el “Caso Caval”, llegó hasta Punta Arenas para patrocinar la querella presentada por la abogada, Paola González, como “ciudadana común y corriente”.
Aparte de cuestionarse que el terreno sea de propiedad de familiares de los diputados magallánicos, se señala que éste se encontraría sobreavaluado. Lo anterior, porque la compra fue realizada por un monto superior a los 1.140 millones de pesos, siendo que según el patrocinante del recurso legal, el avalúo que le entregó el Servicio de Impuestos Internos es sólo de 3 millones 700 mil pesos.
En la oportunidad, el terreno fue aprobado por seis votos a favor (de los consejeros Roberto Sahr, Miguel Sierpe, Antonio Ríspoli, Alejandro Kusanovic, Francisco Ros y Tolentino Soto) y cinco abstenciones (Patricia Vargas, Antonieta Oyarzo, Ramón Lobos, Rodolfo Moncada y Marcelino Aguayo).
Abiertos a la fiscalización
Los parlamentarios magallánicos declinaron referirse mayormente al tema, señalando que es la justicia quien debe actuar.
“No voy a opinar, dejemos que los tribunales hagan su trabajo. Si alguien cree que esto le puede dar algún dividendo, allá él. (…) Me parece que es un tema que se está mal usando, así de simple, pero hay que esperar”, afirmó el diputado (DC), Juan Morano Cornejo.
Por su parte, el representante de Izquierda Autónoma, Gabriel Boric Font, a través de su cuenta de Facebook señaló: “Hoy presentaron una querella acusándome de un supuesto tráfico de influencia y especulación inmobiliaria por un terreno que mi padre con otras dos personas compraron un año antes que yo naciera (el ’85) y que hoy el Serviu les ha ofrecido comprarles. Los parlamentarios y funcionarios públicos debemos estar disponibles para el más severo escrutinio público y yo por cierto lo estoy. Bienvenida sea la transparencia y la fiscalización”.
Riguroso estudio
Por su parte, los consejeros regionales consultados respecto al tema también se manifestaron tranquilos, señalando que ellos estudiaron toda la reglamentación durante varias semanas, y atribuyendo la querella a una motivación política.
“El Consejo tiene una forma de trabajar y operar en la cual, hasta acá, se respetaron cada uno de los procesos. Nosotros hemos reclamado mucho por tener algunas competencias y atribuciones que nos hubieran permitido, en este caso, un mejor resolver, como por ejemplo, la facultad de contar con otros profesionales. En este caso nos hubiera servido una tasación externa, distinta a la que hacen otros organismos”, afirmó el presidente del Consejo Regional, Ramón Lobos.
Por otro lado, la autoridad hizo énfasis en que se consultó en reiteradas ocasiones al Serviu hasta estar convencidos de que lo que se les estaba presentando, resultaba ser la mejor oferta que la unidad técnica tenía disponible. “Además, hay que tener claro que nosotros lo que hacemos es votar la proposición que hace el intendente y sobre eso nosotros estuvimos trabajando hasta que se subsanaron una serie de dificultades que tenían que ver con la inscripción de la propiedad en el Conservador de Bienes Raíces, lo significaba el alzamiento de una prenda y un usufructo que tenía el terreno”, indicó Lobos.
El consejero regional, Alejandro Kusanovic, en tanto, señaló que él en forma personal mandó a tasar el terreno. “Contraté un tasador del terreno para que me diga qué valor tenía y valía mucho más de lo que se estaba comprando. Por lo tanto, era un buen negocio y permitía construir casas inmediatamente para la gente que tenía una tremenda necesidad”, explicó.
Motivación política
En su mayoría, los consejeros consultados atribuyeron la presentación del recurso legal a una motivación política. “¿Por qué esto salta después de tanto tiempo? Porque ha estado dando vueltas en el imaginario colectivo donde algunos personeros ligados a la política vieron que aquí había una situación que, a su juicio, aparecía como dolosa. Pero esa fue una de las consideraciones que nosotros como consejeros también tuvimos, por eso hicimos todas las consultas legales al respecto”, explicó Lobos.
Por su parte, el presidente de la comisión de Régimen Interior, Miguel Sierpe, señaló que cualquiera puede hacer la presentación que corresponda y tiene el derecho a hacerlo. “Desconozco cuál es el origen, pero tiene que haber alguien que está detrás de esto, porque si traen un abogado de Santiago para hacerlo. Yo lo que puedo decir, es que este fue un tema que el Consejo Regional trabajó durante mucho tiempo y todos los respaldos técnicos y legales que nosotros requerimos para tomar una decisión al respecto se cumplieron. Sabíamos que esto iba a generar ruido, pero me parece una situación más de carácter política”, afirmó.
El consejero Kusanovic, en tanto, señaló que: “El abogado Arcos trata de inventar un tema donde no lo hay y acá, si hubiera algo, yo mismo lo habría denunciado. El señor Gabriel Boric no es de mi sector ni estoy de acuerdo con sus ideas, pero tampoco hay que caer en temas políticos de mal gusto y de mala clase, que es de lo que la gente está aburrida”.
El consejero, Antonio Ríspoli, dijo que a su parecer, se trataría de una manera de perjudicar al diputado, Gabriel Boric. “Yo pienso que es todo consecuencia de unas declaraciones que se gestaron hace algunos días entre el concejal de Punta Arenas, Juan José Arcos, con el señor Boric, que se anduvieron diciendo algunas cosas por la compra y todo eso. Entonces, capaz que pueda hacer referencia a eso”, explicó.
Finalmente, el representante de Tierra del Fuego, Francisco Ros, señaló que: “es un hecho político, pero yo creo que está bien. Creo que hay que estar tranquilos, cuando las cosas se hacen debidamente, y es legítimo que la gente tenga sus dudas o que quiera explorar a través de una querella o una investigación judicial”.
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