Estos días el debate en torno a la vida privada ha cobrado nuevos bríos, tras la decisión del Consejo para la Transparencia de que un ministro de estado debía dar acceso al contenido de su correo electrónico de cuatro días. Pero la vida privada no es sólo un derecho que protege a políticos y funcionarios públicos, farándula y celebridades. Todos tenemos derecho a la vida privada. Y, sin embargo, la Policía de Investigaciones parece no saberlo, a juzgar por sus persistentes violaciones a tal derecho.
El 2004, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inconstitucional el procesamiento de información personal efectuado por la Policía de Investigaciones. En la ocasión, un funcionario policial había hecho uso de información errada y antiquísima contenida en las bases de datos policiales para denostar públicamente al apoderado de un establecimiento educacional, por supuestas ordenes de aprehensión pendientes en su contra. La Policía de Investigaciones infringía el derecho a la vida privada al procesar información personal ilegalmente.
El 2008, la Policía de Investigaciones insistió en obtener la individualización de un usuario de la pagina web Huelga.cl, amedrentando al administrador del sitio para que éste revelase la información, a pesar de no existir orden judicial que respaldase la solicitud. Tras la reclamación ante el tribunal respectivo, la policía desistió de su solicitud. El caso puso en evidencia el proceder ilegal de la Policía de Investigaciones al recolectar pruebas con infracción a la vida privada de las personas y sin orden judicial.
El 2010, nuevamente la Policía de Investigaciones intentó obtener información de los usuarios de un sitio web, esta vez el sitio afectado era LoserPower. Tras la reclamación ante las mismas autoridades policiales, éstas parecen haber desistido. La Policía de Investigaciones persiste en infringir el derecho a la vida privada al acceder ilegalmente a la información retenida por los prestadores de servicio de Internet.
El 2012, CIPER Chile denunció el uso por la Policía de Investigaciones de un potente scanner capaz de hacer radiografía de vehículos y pasajeros en tránsito. El scanner era usado a pesar de la prohibición impuesta por la autoridad sanitaria para su empleo con personas. Una vez más, la Policía de Investigaciones infringía, junto al derecho a la salud de los afectados, su derecho a la vida privada al exponerlos a prácticas invasivas de su persona sin autorización ni consentimiento de los afectados.
La continua violación del derecho a la vida privada por la Policía de Investigaciones le ha merecido reconocimientos internacionales también. Así, el Reporte sobre Derechos Humanos 2009, preparado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, incluye una mención honrosa por monitorear el funcionamiento de Internet, bajo el pretexto de investigar ciertos delitos.
Frente a esta continua violación al derecho a la vida privada por parte de la Policía de Investigaciones, ONG Derechos Digitales solicitó a las autoridades policiales acceso a las políticas que han sido definidas por la institución para identificar usuarios de Internet supuestamente envueltos en actividades delictivas, uno de los aspectos en que la policía ha demostrado presentar más problemas. Sin embargo, para nuestra sorpresa, la Policía de Investigaciones no tiene instructivos ni manual de procedimientos, porque ellos se limitan a “cumplir con la ley”. Lo paradojal es que todas estas denuncias ponen de manifiesto precisamente lo contrario: la Policía de Investigaciones no cumple con la ley y viola sistemáticamente el derecho a la vida privada de las personas.
El resguardo del orden público es una meta de la actividad policial que ciertamente todos compartimos. Sin embargo, la actividad policial debe conducirse con apego a la ley. Violar la privacidad de las personas, sin ajustarse a las exigencias legales, pone a los funcionarios policiales no en el rol de garantes, sino que en el banquillo de los acusados. Para ONG Derechos Digitales es necesario que tanto la ciudadanía como la policía tomen conciencia de los derechos y obligaciones que les competen, así como que las autoridades adopten las medidas necesarias para corregir las violaciones ya cometidas y prevenir otras nuevas.
