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El fin del oasis chileno

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2006/02/11
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En 2015, el ministro de Energía de Chile, el socialista Máximo Pacheco, se reunió en Nueva York con George Soros.
Amigos desde hacía varias décadas, George Soros estaba ayudando a Pacheco a conseguir inversores, y Pacheco le rindió homenaje como el hombre que había ayudado no solo a él, sino también a su padre, antiguo ministro y diplomático de la Democracia cristiana. Pacheco —que se dirigió a Soros varias veces como Querido George— señaló cómo el magnate había tenido un papel fundamental en el plebiscito chileno del 5 de octubre de 1988. Pacheco afirmó también que Soros había sido esencial en lograr un respaldo internacional para el socialista Ricardo Lagos en el curso de las elecciones del año 2000. Sin duda, se trataba de un dato notable, pero, ni de lejos, ponía de manifiesto todas las injerencias de Soros en el país hispanoamericano.


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Así, en 2017, las DCLeaks dejaron de manifiesto que Giorgio Jackson, uno de los dirigentes del Frente Amplio, había recibido dinero de Soros cuando dirigía Revolución Democrática, un partido político nacido de las movilizaciones estudiantiles en Chile y que se ha integrado dentro del Frente Amplio. Giorgio Jackson ha reconocido que recibió una cantidad de 12 millones de pesos, pero la cifra real habría sido cercana a los 50 millones de pesos.

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Según el citado documento, los cerca de 50 millones de pesos entregados por Soros habrían sido proporcionados en tres etapas. La primera etapa, del 1 de agosto de 2012 al 1 de agosto de 2013, se habría caracterizado por financiar una estrategia de activismo entre los estudiantes por un monto de 24.990 dólares. La segunda etapa del 1 de noviembre de 2013 al 1 de abril de 2014 habría financiado de nuevo el activismo en el sector estudiantil buscando el establecimiento de un nuevo sistema educativo por un monto de 24.990 dólares. Finalmente, la tercera etapa del 1 de noviembre de 2014 al 1 de diciembre de 2015, también por un monto de 24.900 dólares, habría insistido la reforma de la educación chilena y la consolidación de la RED». La suma de las donaciones es de US$74.790, que es equivalente a $49.266.416 de pesos e implicó la financiación del activismo de izquierdas entre los estudiantes. A decir verdad, esa financiación ha implicado una intervención directa de Soros en ámbitos estudiantes chilenos desde 2012 a 2015. No todo se redujo a la financiación. Así, en febrero de 2014, en armonía con esta línea de acción, Giorgio Jackson fue entrevistado por una de las publicaciones de la Open Society de Soros en relación con educación y el movimiento estudiantil.

Si, por un lado, Soros estaba claramente implicado con las izquierdas; por otro, el papa Francisco, el segundo gran icono de la agenda globalista, tampoco sentía simpatía alguna por la derecha chilena. En enero de 2018, el papa Francisco visitó Chile. La visita papal fue un escandaloso fracaso relacionado con el caso Karadima de abusos sexuales del clero católico romano.

De hecho, el viaje llegó a ser calificado como la peor visita del papa.En octubre de 2018, el presidente Piñera visitó al papa Francisco. Distintas fuentes apuntan a que el pontífice no ocultó su desagrado hacia el presidente chileno igual que había sucedido anteriormente con el presidente argentino Macri.


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En octubre de 2019, Soros anunció en el curso de una entrevista difundida, entre otros medios, por France Press que la ola estaba volviendo a moverse en favor de ‘’globalistas’’ como él y que ese proceso resultaría innegable en 2020.

Las afirmaciones de Soros tuvieron lugar después de que Chile no apoyara el Pacto Migratorio Mundial de la ONU, una decisión tomada por el presidente Sebastián Piñera que contradecía de manera frontal la política de puertas abiertas ante la inmigración impulsada en distintos foros por George Soros.


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Desde ese momento, uno de los objetivos de la agenda globalista fue un cambio constitucional que allanara el camino a sus objetivos. En el caso de Chile, se trataría de vaciar de competencias al ejecutivo en relación con los tratados internacionales entregándoselas al legislativo donde le resultaría más fácil contar con la complicidad de políticos sometidos a sus directrices.

De manera bien significativa, el partido Revolución Democrática presentó a finales de 2018 un proyecto de ley a tal efecto, que fue apoyado por diferentes legisladores de distintos partidos incluido alguno de Renovación nacional, uno de los partidos que forman parte de la coalición electoral que apoya al actual presidente Piñera. El proyecto incluía la reforma en ese sentido del artículo 54 de la Constitución.

En medio de esta tensión entre la acción del presidente Piñera y los objetivos de la agenda globalista en materia de inmigración, el 18 del mes de octubre de 2019, tuvo lugar la subida de las tarifas del metro en Chile. La cuestión había sido estudiada previamente por expertos y, en términos objetivos, debe señalarse que era moderada. Sin embargo, a pesar de esa circunstancia, de manera inmediata se produjo un estallido de violencia protagonizado, fundamentalmente, por estudiantes que no solo destruyó, primero, estaciones de metro, sino que se tradujo inmediatamente en disturbios e incluso muertes.


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En respuesta a la situación, el gobierno decretó el estado de emergencia y el toque de queda con restricción de movilización y reunión en determinadas horas. A la vez que intentaba restablecer el orden, el ejecutivo fue anunciando medidas para intentar calmar la situación que también se repitió en distintas regiones. Abrumado incluso por la explosión violenta en la que tenían un papel más que sobresaliente jóvenes estudiantes, el presidente Piñera pidió disculpas e incluso abrió el camino hacia una reforma constitucional. Eso era precisamente lo que pretendía un grupo de diputados desde hacía un año y lo que allanaría el camino a los planes globalistas de George Soros.

Al mismo tiempo, en el curso de los disturbios, se procedió a atacar y quemar iglesias, mayoritariamente evangélicas; a realizar exhibiciones gays como las de manifestantes que se introducían un dildo por el ano al lado de carteles anticristianos o a llevar la violencia a la universidad.


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De manera altamente reveladora, el administrador apostólico de Santiago de Chile,Celestino Aós, afirmó públicamente que ‘’es indudable que hay que cambiar la Constitución’’y llamó a abrir las iglesias para usarlas en los cabildos ciudadanos. En otras palabras, la Iglesia católico-romana se sumaba a las metas de una subversión que pretendía acabar con el orden constitucional y abrir el camino a la rendición frente a la agenda globalista.
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Al cabo de unos días de desórdenes, la revuelta en Chile contabilizaba más de 4 mil detenidos; 1.600 civiles heridos; mil funcionarios de las fuerzas del orden heridos; varios muertos y un costo aproximado por daños a infraestructura pública solo en la región Metropolitana de 12.600 millones de pesos (unos 16 millones de dólares). Todo mientras no existía el menor indicio de que la nación fuera a recuperar el sosiego en las próximas jornadas

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En términos objetivos, nada justifica la situación de violencia desatada que comenzó a sufrir Chile a finales de 2019. De hecho, al estallar la subversión, en el marco de Hispanoamérica, Chile contaba con el mayor PIB per cápita, con la mayor movilidad social, con la mejor educación, con los menores niveles de pobreza y con el tercer mejor índice de desarrollo humano de la región. Incluso en términos de desigualdad, la situación de Chile era de las mejores. Medida por el coeciente de Gini, la desigualdad en Chile era del 0,45 frente a una media hispanoamericana del 0,47. A decir verdad, de los 18 países de la región, Chile, ocupaba el puesto 11 en el ranking de desigualdad. Si ese índice se descompone por edades, la desigualdad es todavía menor en todas las generaciones nacidas con posterioridad a 1970. Finalmente, el porcentaje de ciudadanos cuyos ingresos son inferiores al 50% del salario medio era también el más bajo de toda Hispanoamérica, el 14,1% frente al 18,8% para el conjunto de la región. Con estos datos, no puede sorprender que cualquier analista, a finales de 2019,pensara que Chile merecía el calificativo de oasis en medio de la situación de inestabilidad que sufre Hispanoamérica.

De hecho, después de décadas, las categorías macro-económicas y sociales de Chile solo empezaron a declinar durante el gobierno de la socialista Michelle Bachelet de 2014 a 2018, año en que llegó al poder Sebastián Piñera.


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El proceso había sido, sin embargo, normal. Las iniciativas legislativas de la socialista Bachelet en materia tributaria y laboral habían implicado un descenso del crecimiento al 1,7%, y los chilenos habían votado una alternativa situada en el centro-derecha. Las medidas tomadas por Piñera para contrarrestar esa situación tuvieron resultados óptimos e inmediatos. De hecho, Chile cerró 2018 con un incremento del PIB del 4% frente al 1,5% registrado en 2017, el más elevado de los últimos seis años. Debe reconocerse que no existían razones para pensar en un estallido social. Y de repente, todo explotó, todo quedó en cuestión, todo apuntó a un agudizamiento de la situación social y política. ¿Cómo pudo suceder todo ese proceso?

Aquellos que todavía no se han enterado de que la Guerra Fría concluyó hace nada menos que treinta años intentaron encajar una realidad totalmente diferente en aquellos parámetros. Se trató de un craso error. El mundo ya no se divide en el bloque occidental y el bloque democrático. El mundo actual es un mundo que cambia y cada vez más se divide entre globalistas y patriotas, y mientras que los segundos están despertando solo poco a poco, los primeros no dejan de utilizar todos los medios para avanzar en el triunfo de su agenda, una agenda que pasa por vaciar de contenido a los estados sometiéndolos a los designios de una élite internacional, por impulsar la ideología de género como forma de acabar con la institución familiar y por acabar con cualquier oposición que el cristianismo pueda plantear a esa nueva escala de valores.

Los ejemplos en la zona habían sido muy claros en las semanas antes. En Perú, el presidente había dado un golpe de estado para evitar que el poder legislativo nombrara un tribunal constitucional que pudiera bloquear la agenda globalista y para impulsar un nuevo constitucional en cuya designación entraran ONGs como las sometidas a George Soros. En Ecuador, el malestar social estalló por una causa tan discutible como en Chile, pero, reveladoramente, después de que el legislativo impidiera la legalización del aborto. En Chile, la explosión se produjo después de que el papa Francisco, uno de los impulsores a mayor escala de la agenda globalista, manifestara su malestar ante la elección de Piñera y, sobre todo, después de que el presidente chileno se negara a sumarse al pacto de migraciones de la ONU que tan calurosamente ha sido defendido por George Soros y el papa Francisco. Como en tantas ocasiones y de manera que cuesta creer que sea casual, la chispa saltó en ambientes que habían sido trabajados desde hace años por las ayudas económicas de Soros, en este caso, dirigidas al sector estudiantil.

El propio presidente Piñera aceptó la tesis de una nueva Constitución y, al cabo de unos días, los partidos políticos concluyeron un pacto al respecto.¿Significa ese paso que Chile se librará de los problemas provocados por la subversión? Es dudoso. De hecho, de manera bien significativa y según una reciente encuesta —realizada por Chilecracia— la idea de una nueva Constitución ocupa el lugar 99 entre las preocupaciones de los chilenos.

A decir verdad, los chilenos están muchísimo más preocupados por temas como el empleo, la sanidad, la educación, la inseguridad ciudadana y la inmigración. Pero es que la nueva constitución chilena no responde a la voluntad popular ni a un impulso democrático. De hecho, existen indicios sobrados de que la base para la nueva Constitución no derivará de los chilenos, sino de directrices extranjeras.

En ese sentido, ha de recordarse que el programa de la socialista Bachelet al que el gobierno de Piñera ya señaló que se acercaría se basó en el trabajo de los cabildos llevado a cabo durante el propio mandato de Bachelet. Esos cabildos carecían totalmente de legitimidad democrática porque en ellos participó una parte exigua de los chilenos y, por añadidura, ni siquiera sus propuestas fueron las recogidas finalmente. De hecho, el proceso de incluir aspectos concretos en la nueva Constitución de Chile fue realizado por la ONU. En la actualidad, existe una encargada de supervisar Chile desde la ONU que es Silvia Rucks.Esta fiscalización de la ONU es tan clara que los ministerios de Chile están sometidos a la fiscalización de cerca de una veintena de agencias de la ONU.

Así, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible —PNUD— entregó las claves para la nueva Constitución. De esta manera, el comité de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU solicitó a Chile que garantizara los derechos económicos, sociales y culturales en la nueva Constitución enfatizando que hay profundos niveles de desigualdad en Chile. La manera en que todo se concretó encajaba de manera total en la agenda globalista. El discurso político se centró en la lucha contra la desigualdad, una bandera impulsada por la agenda globalista y la izquierda, así como en las leyes de género. Silvia Rucks ha insistido en ir en esa línea ya o de lo contrario se tardarán doscientos años en llegar a la equidad.


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En una entrevista, señaló incluso que los temas más urgentes son la aprobación de leyes de violencia de género, una ley de cuotas en el ámbito privado y la revisión de todos los currículos para incorporar la igualdad y la inclusión. A lo anterior se uniría el impulso del aborto de manera generalizada, ya que en la nueva Constitución desaparecerá la protección del ser humano por nacer.

En contra de los que han insistido en ver la mano de Cuba y Venezuela — dos naciones que han sido incapaces de mantener en el poder al boliviano Evo Morales— tras la crisis chilena, la realidad es que existen abundantes indicios para armar que lo que está sufriendo la nación hispanoamericana, en otra época, próspera y tranquila, es, sustancialmente, un golpe de estado que pretende convertir a Chile en un simple protectorado de los programas globalistas.

Lamentablemente, todo parece indicar que de la nueva Constitución chilena no brotarán ni la libertad ni la prosperidad ni la igualdad salvo que por tal igualdad se entienda la igualdad en la miseria. Lo que surgirá, previsiblemente, será una nación esclava sometida a las directrices de la agenda globalista en cuestiones como el aborto, la ideología de género, la educación o el matrimonio homosexual. Para remate, su economía pasará a ser una economía sin libertad y sometida a burócratas que no traerán jamás la riqueza como no lo han hecho en ninguna parte del mundo. Guste o no, Chile corre un serio riesgo de convertirse en un protectorado al servicio de una agenda globalista. Hoy a la fecha se aprueba en el congreso la ley de la eutanasia punto de la agenda globalista basado en la eugenesia.

Fuentes:


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Última edición:
En 2015, el ministro de Energía de Chile, el socialista Máximo Pacheco, se reunió en Nueva York con George Soros.
Amigos desde hacía varias décadas, George Soros estaba ayudando a Pacheco a conseguir inversores, y Pacheco le rindió homenaje como el hombre que había ayudado no solo a él, sino también a su padre, antiguo ministro y diplomático de la Democracia cristiana. Pacheco —que se dirigió a Soros varias veces como Querido George— señaló cómo el magnate había tenido un papel fundamental en el plebiscito chileno del 5 de octubre de 1988. Pacheco afirmó también que Soros había sido esencial en lograr un respaldo internacional para el socialista Ricardo Lagos en el curso de las elecciones del año 2000. Sin duda, se trataba de un dato notable, pero, ni de lejos, ponía de manifiesto todas las injerencias de Soros en el país hispanoamericano.


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Así, en 2017, las DCLeaks dejaron de manifiesto que Giorgio Jackson, uno de los dirigentes del Frente Amplio, había recibido dinero de Soros cuando dirigía Revolución Democrática, un partido político nacido de las movilizaciones estudiantiles en Chile y que se ha integrado dentro del Frente Amplio. Giorgio Jackson ha reconocido que recibió una cantidad de 12 millones de pesos, pero la cifra real habría sido cercana a los 50 millones de pesos.

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Según el citado documento, los cerca de 50 millones de pesos entregados por Soros habrían sido proporcionados en tres etapas. La primera etapa, del 1 de agosto de 2012 al 1 de agosto de 2013, se habría caracterizado por financiar una estrategia de activismo entre los estudiantes por un monto de 24.990 dólares. La segunda etapa del 1 de noviembre de 2013 al 1 de abril de 2014 habría financiado de nuevo el activismo en el sector estudiantil buscando el establecimiento de un nuevo sistema educativo por un monto de 24.990 dólares. Finalmente, la tercera etapa del 1 de noviembre de 2014 al 1 de diciembre de 2015, también por un monto de 24.900 dólares, habría insistido la reforma de la educación chilena y la consolidación de la RED». La suma de las donaciones es de US$74.790, que es equivalente a $49.266.416 de pesos e implicó la financiación del activismo de izquierdas entre los estudiantes. A decir verdad, esa financiación ha implicado una intervención directa de Soros en ámbitos estudiantes chilenos desde 2012 a 2015. No todo se redujo a la financiación. Así, en febrero de 2014, en armonía con esta línea de acción, Giorgio Jackson fue entrevistado por una de las publicaciones de la Open Society de Soros en relación con educación y el movimiento estudiantil.

Si, por un lado, Soros estaba claramente implicado con las izquierdas; por otro, el papa Francisco, el segundo gran icono de la agenda globalista, tampoco sentía simpatía alguna por la derecha chilena. En enero de 2018, el papa Francisco visitó Chile. La visita papal fue un escandaloso fracaso relacionado con el caso Karadima de abusos sexuales del clero católico romano.

De hecho, el viaje llegó a ser calificado como la peor visita del papa.En octubre de 2018, el presidente Piñera visitó al papa Francisco. Distintas fuentes apuntan a que el pontífice no ocultó su desagrado hacia el presidente chileno igual que había sucedido anteriormente con el presidente argentino Macri.


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En octubre de 2019, Soros anunció en el curso de una entrevista difundida, entre otros medios, por France Press que la ola estaba volviendo a moverse en favor de ‘’globalistas’’ como él y que ese proceso resultaría innegable en 2020.

Las afirmaciones de Soros tuvieron lugar después de que Chile no apoyara el Pacto Migratorio Mundial de la ONU, una decisión tomada por el presidente Sebastián Piñera que contradecía de manera frontal la política de puertas abiertas ante la inmigración impulsada en distintos foros por George Soros.


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Desde ese momento, uno de los objetivos de la agenda globalista fue un cambio constitucional que allanara el camino a sus objetivos. En el caso de Chile, se trataría de vaciar de competencias al ejecutivo en relación con los tratados internacionales entregándoselas al legislativo donde le resultaría más fácil contar con la complicidad de políticos sometidos a sus directrices.

De manera bien significativa, el partido Revolución Democrática presentó a finales de 2018 un proyecto de ley a tal efecto, que fue apoyado por diferentes legisladores de distintos partidos incluido alguno de Renovación nacional, uno de los partidos que forman parte de la coalición electoral que apoya al actual presidente Piñera. El proyecto incluía la reforma en ese sentido del artículo 54 de la Constitución.

En medio de esta tensión entre la acción del presidente Piñera y los objetivos de la agenda globalista en materia de inmigración, el 18 del mes de octubre de 2019, tuvo lugar la subida de las tarifas del metro en Chile. La cuestión había sido estudiada previamente por expertos y, en términos objetivos, debe señalarse que era moderada. Sin embargo, a pesar de esa circunstancia, de manera inmediata se produjo un estallido de violencia protagonizado, fundamentalmente, por estudiantes que no solo destruyó, primero, estaciones de metro, sino que se tradujo inmediatamente en disturbios e incluso muertes.


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En respuesta a la situación, el gobierno decretó el estado de emergencia y el toque de queda con restricción de movilización y reunión en determinadas horas. A la vez que intentaba restablecer el orden, el ejecutivo fue anunciando medidas para intentar calmar la situación que también se repitió en distintas regiones. Abrumado incluso por la explosión violenta en la que tenían un papel más que sobresaliente jóvenes estudiantes, el presidente Piñera pidió disculpas e incluso abrió el camino hacia una reforma constitucional. Eso era precisamente lo que pretendía un grupo de diputados desde hacía un año y lo que allanaría el camino a los planes globalistas de George Soros.

Al mismo tiempo, en el curso de los disturbios, se procedió a atacar y quemar iglesias, mayoritariamente evangélicas; a realizar exhibiciones gays como las de manifestantes que se introducían un dildo por el ano al lado de carteles anticristianos o a llevar la violencia a la universidad.


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De manera altamente reveladora, el administrador apostólico de Santiago de Chile,Celestino Aós, afirmó públicamente que ‘’es indudable que hay que cambiar la Constitución’’y llamó a abrir las iglesias para usarlas en los cabildos ciudadanos. En otras palabras, la Iglesia católico-romana se sumaba a las metas de una subversión que pretendía acabar con el orden constitucional y abrir el camino a la rendición frente a la agenda globalista.
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Al cabo de unos días de desórdenes, la revuelta en Chile contabilizaba más de 4 mil detenidos; 1.600 civiles heridos; mil funcionarios de las fuerzas del orden heridos; varios muertos y un costo aproximado por daños a infraestructura pública solo en la región Metropolitana de 12.600 millones de pesos (unos 16 millones de dólares). Todo mientras no existía el menor indicio de que la nación fuera a recuperar el sosiego en las próximas jornadas

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En términos objetivos, nada justifica la situación de violencia desatada que comenzó a sufrir Chile a finales de 2019. De hecho, al estallar la subversión, en el marco de Hispanoamérica, Chile contaba con el mayor PIB per cápita, con la mayor movilidad social, con la mejor educación, con los menores niveles de pobreza y con el tercer mejor índice de desarrollo humano de la región. Incluso en términos de desigualdad, la situación de Chile era de las mejores. Medida por el coeciente de Gini, la desigualdad en Chile era del 0,45 frente a una media hispanoamericana del 0,47. A decir verdad, de los 18 países de la región, Chile, ocupaba el puesto 11 en el ranking de desigualdad. Si ese índice se descompone por edades, la desigualdad es todavía menor en todas las generaciones nacidas con posterioridad a 1970. Finalmente, el porcentaje de ciudadanos cuyos ingresos son inferiores al 50% del salario medio era también el más bajo de toda Hispanoamérica, el 14,1% frente al 18,8% para el conjunto de la región. Con estos datos, no puede sorprender que cualquier analista, a finales de 2019,pensara que Chile merecía el calificativo de oasis en medio de la situación de inestabilidad que sufre Hispanoamérica.

De hecho, después de décadas, las categorías macro-económicas y sociales de Chile solo empezaron a declinar durante el gobierno de la socialista Michelle Bachelet de 2014 a 2018, año en que llegó al poder Sebastián Piñera.


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El proceso había sido, sin embargo, normal. Las iniciativas legislativas de la socialista Bachelet en materia tributaria y laboral habían implicado un descenso del crecimiento al 1,7%, y los chilenos habían votado una alternativa situada en el centro-derecha. Las medidas tomadas por Piñera para contrarrestar esa situación tuvieron resultados óptimos e inmediatos. De hecho, Chile cerró 2018 con un incremento del PIB del 4% frente al 1,5% registrado en 2017, el más elevado de los últimos seis años. Debe reconocerse que no existían razones para pensar en un estallido social. Y de repente, todo explotó, todo quedó en cuestión, todo apuntó a un agudizamiento de la situación social y política. ¿Cómo pudo suceder todo ese proceso?

Aquellos que todavía no se han enterado de que la Guerra Fría concluyó hace nada menos que treinta años intentaron encajar una realidad totalmente diferente en aquellos parámetros. Se trató de un craso error. El mundo ya no se divide en el bloque occidental y el bloque democrático. El mundo actual es un mundo que cambia y cada vez más se divide entre globalistas y patriotas, y mientras que los segundos están despertando solo poco a poco, los primeros no dejan de utilizar todos los medios para avanzar en el triunfo de su agenda, una agenda que pasa por vaciar de contenido a los estados sometiéndolos a los designios de una élite internacional, por impulsar la ideología de género como forma de acabar con la institución familiar y por acabar con cualquier oposición que el cristianismo pueda plantear a esa nueva escala de valores.

Los ejemplos en la zona habían sido muy claros en las semanas antes. En Perú, el presidente había dado un golpe de estado para evitar que el poder legislativo nombrara un tribunal constitucional que pudiera bloquear la agenda globalista y para impulsar un nuevo constitucional en cuya designación entraran ONGs como las sometidas a George Soros. En Ecuador, el malestar social estalló por una causa tan discutible como en Chile, pero, reveladoramente, después de que el legislativo impidiera la legalización del aborto. En Chile, la explosión se produjo después de que el papa Francisco, uno de los impulsores a mayor escala de la agenda globalista, manifestara su malestar ante la elección de Piñera y, sobre todo, después de que el presidente chileno se negara a sumarse al pacto de migraciones de la ONU que tan calurosamente ha sido defendido por George Soros y el papa Francisco. Como en tantas ocasiones y de manera que cuesta creer que sea casual, la chispa saltó en ambientes que habían sido trabajados desde hace años por las ayudas económicas de Soros, en este caso, dirigidas al sector estudiantil.

El propio presidente Piñera aceptó la tesis de una nueva Constitución y, al cabo de unos días, los partidos políticos concluyeron un pacto al respecto.¿Significa ese paso que Chile se librará de los problemas provocados por la subversión? Es dudoso. De hecho, de manera bien significativa y según una reciente encuesta —realizada por Chilecracia— la idea de una nueva Constitución ocupa el lugar 99 entre las preocupaciones de los chilenos.

A decir verdad, los chilenos están muchísimo más preocupados por temas como el empleo, la sanidad, la educación, la inseguridad ciudadana y la inmigración. Pero es que la nueva constitución chilena no responde a la voluntad popular ni a un impulso democrático. De hecho, existen indicios sobrados de que la base para la nueva Constitución no derivará de los chilenos, sino de directrices extranjeras.

En ese sentido, ha de recordarse que el programa de la socialista Bachelet al que el gobierno de Piñera ya señaló que se acercaría se basó en el trabajo de los cabildos llevado a cabo durante el propio mandato de Bachelet. Esos cabildos carecían totalmente de legitimidad democrática porque en ellos participó una parte exigua de los chilenos y, por añadidura, ni siquiera sus propuestas fueron las recogidas finalmente. De hecho, el proceso de incluir aspectos concretos en la nueva Constitución de Chile fue realizado por la ONU. En la actualidad, existe una encargada de supervisar Chile desde la ONU que es Silvia Rucks.Esta fiscalización de la ONU es tan clara que los ministerios de Chile están sometidos a la fiscalización de cerca de una veintena de agencias de la ONU.

Así, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible —PNUD— entregó las claves para la nueva Constitución. De esta manera, el comité de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU solicitó a Chile que garantizara los derechos económicos, sociales y culturales en la nueva Constitución enfatizando que hay profundos niveles de desigualdad en Chile. La manera en que todo se concretó encajaba de manera total en la agenda globalista. El discurso político se centró en la lucha contra la desigualdad, una bandera impulsada por la agenda globalista y la izquierda, así como en las leyes de género. Silvia Rucks ha insistido en ir en esa línea ya o de lo contrario se tardarán doscientos años en llegar a la equidad.


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En una entrevista, señaló incluso que los temas más urgentes son la aprobación de leyes de violencia de género, una ley de cuotas en el ámbito privado y la revisión de todos los currículos para incorporar la igualdad y la inclusión. A lo anterior se uniría el impulso del aborto de manera generalizada, ya que en la nueva Constitución desaparecerá la protección del ser humano por nacer.

En contra de los que han insistido en ver la mano de Cuba y Venezuela — dos naciones que han sido incapaces de mantener en el poder al boliviano Evo Morales— tras la crisis chilena, la realidad es que existen abundantes indicios para armar que lo que está sufriendo la nación hispanoamericana, en otra época, próspera y tranquila, es, sustancialmente, un golpe de estado que pretende convertir a Chile en un simple protectorado de los programas globalistas.

Lamentablemente, todo parece indicar que de la nueva Constitución chilena no brotarán ni la libertad ni la prosperidad ni la igualdad salvo que por tal igualdad se entienda la igualdad en la miseria. Lo que surgirá, previsiblemente, será una nación esclava sometida a las directrices de la agenda globalista en cuestiones como el aborto, la ideología de género, la educación o el matrimonio homosexual. Para remate, su economía pasará a ser una economía sin libertad y sometida a burócratas que no traerán jamás la riqueza como no lo han hecho en ninguna parte del mundo. Guste o no, Chile corre un serio riesgo de convertirse en un protectorado al servicio de una agenda globalista. Hoy a la fecha se aprueba en el congreso la ley de la eutanasia punto de la agenda globalista basado en la eugenesia.

Fuentes:


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ahora entiendo porque este hueon es un facho retrasado.... sus temas lo delatan :hands:
 
La plata salió del Banco Vaticano, hay que seguir el rastro de la plata para dar con el diablo, dice el dicho.
 
La intervención de la ONU en las elecciones será brutal, incluso la misma CIA podria sabotear las elecciones para favorecer a la ONU.
 
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