El SII no estaría cumpliendo con su rol, dejándose llevar por presiones para evitar profundizar en investigaciones que pudieran involucrar de alguna manera, a la actual Presidenta.
Agosto de 2015. Ese día, Fernando Barraza, ingeniero civil industrial, asumió como nuevo director del Servicio de Impuestos Internos, dejando su cargo como gerente de procesos, operaciones y tecnología de Corfo y reemplazó en el cargo en el SII a Michel Jorrat. Sin embargo, desde su llegada a la entidad pública, las críticas al organismo por su actuación en el Caso SQM se han dejado escuchar y apuntan, por ejemplo, a la lentitud en las indagatorias, la falta de presentación de querellas e, incluso, el haber, eventualmente, cedido a presiones para que, de surgir avances, estos se retrasen.
Barraza, entre 1999 y 2009, se desempeñó como subdirector de Informática del SII, lo que hace suponer, que conoce supuestamente el funcionamiento interno de la entidad, pero más allá de eso, fuentes del propio servicio, advierten a EL MURO que el nuevo director actúa en forma lenta e inadecuada y como una suerte de emperador romano, al punto que así algunos lo llaman, sin que, por supuesto, el apodo sea vox populi.
Sobre este último punto, con un ejemplo concreto, las fuentes consultadas, grafican el comportamiento del director del SII: “Si levanta un dedo hacia arriba es señal de que el organismo no presentará querellas contra los políticos involucrados en el caso SQM, pero si su dedo se inclina hacia abajo, entonces, hay querella y a los leones, hasta la muerte”.
Cuando Fernando Barraza asumió el nuevo cargo en el Servicio de Impuestos Internos, el ex director del organismo, Javier Etcheberrydijo en los medios de comunicación: “tiene un desafío tremendamente difícil por delante y está sometido a mucha presión por lo deteriorado que está el SII". El problema es que, de acuerdo a las fuentes entrevistadas por este diario electrónico, el nuevo timonel del Servicio de Impuestos Internos no ha logrado revertir el deterioro del que habló Etcheberry, en su momento, y no ha dado muestras concretas de que la entidad tiene el interés o, al menos, la motivación de aclarar si algunos contribuyentes, ligados a la política, han cometido delitos tributarios.
Uno de los silencios que dejaría en evidencia la falta de un rol activo por parte del Servicio de Impuestos Internos es el no haber iniciado, hasta ahora, una fiscalización de carácter rutinaria a las empresas del ex administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, quien, recordemos, consiguió millonarios contratos con el Estado, a través de dos empresas que creó: Comercial A y R, cuyo nombre de fantasía es Socoar, y Greentec, las que acumulan pagos por $417 millones durante 2013 y 2015, por medio de 39 órdenes de compra en servicios vinculados, principalmente, a la entrega de prestaciones de salud pública.
Cabe consignar que Riquelme, si bien, ya no es socio de ambas compañías, éstas quedaron en manos, nada menos, que de personas que forman parte de su círculo directo, como es el caso de su esposa. Por ejemplo, su cónyuge, Ada Álvarez tendría el 65% de las acciones y el 35% restante estaría a nombre de David Arévalo, ex jefe de adquisiciones de la Presidencia, en el primer Gobierno de Michelle Bachelet.
Respecto de Greentec, una vez que Bachelet asumió el cargo, Cristián Riquelme hizo esfuerzos por traspasar la empresa a Ada Álvarez, lo que, no consiguió y, finalmente, la entidad quedó en poder de Julio Campos, con un 67% de las acciones y Rocío Manzanares mantuvo un 33%.
La revelación de la existencia de estas empresas y los altos montos involucrados, considerando que Cristián Riquelme, es el ex administrador de La Moneda, llevó a la Contraloría General de la República a ordenar un sumario a la Dirección Administrativa de la Presidencia, con la finalidad de investigar, precisamente, los contratos que se firmaron con el Fisco.
De acuerdo a las fuentes entrevistadas por EL MURO, se hace necesario fiscalizar a las empresas de Cristián Riquelme, lo que, hasta ahora, no se ha hecho efectivo. “No lo hacen, porque tienen miedo, ya que Riquelme está muy ligado a la Presidenta, Michelle Bachelet y, eventualmente, una investigación podría llegar a ella. Estamos hablando de un funcionario que no estaba en la calle, sino en el palacio de Gobierno. Hay que aclarar qué es lo que hacían, efectivamente, estas empresas y no es menor, el hecho de que, el ahora ex administrador de La Moneda, participara en la campaña de la Mandataria”. Quizás, qué sorpresas se podrían encontrar en las contabilidades de las empresas del clan Riquelme.
Las mismas fuentes agregan: “si la Contraloría tomó cartas en el asunto, entonces, debiera iniciarse un proceso de fiscalización rutinaria para establecer si se cometieron o no delitos tributarios y no se puede descartar que, en estas empresas, existan irregularidades tributarias”.
Falta de cumplimiento a oficio interno
En junio de 2015, el Director (s) del Servicio de Impuestos Internos, Juan Alberto Rojas, para enfrentar los cuestionamientos de la ciudadanía decidió elaborar un instructivo para ejercer la acción penal ante delitos tributarios –el llamado Oficio N° 10-, documento destinado a un objetivo concreto: definir el procedimiento, los criterios y las instancias que deben decidir, en la práctica, sila entidad inicia o no una acción penal en los casos de delitos tributarios. Sin embargo, han transcurrido ocho meses y no se ha dictado la resolución que crea el comité de Subdirectores que permitiría la aplicación de este instructivo del SII.
Usted se preguntará, si no se ha dictado la resolución ¿qué es lo que, en la práctica, ocurre? “La idea del Director (s) en junio del 2015, era que las decisiones no fueran arbitrarias o producto del mero capricho, la idea no era diluir la responsabilidad del Director, sino todo lo contrario, que la decisión fuera fundada con parámetros objetivos. No se ha dictado por desidia, porque no les interesa y en el Servicio de Impuestos Internos están preocupados de seguir haciendo lo que les da la gana y evitar que el proceso sea transparente, que se conozcan cuáles son los parámetros y criterios de las querellas. No pueden los fundamentos de cada querella estar ocultos en las oficinas de Teatinos N° 120, en el despacho del director del SII, Fernando Barraza, ya que, eso, es lo más autoritario y anti-democrático que pueda existir”, afirman fuentes consultadas.
Al parecer Barraza, será recordado por ser el Director del SII que, en su gestión, se pierda el ejercicio exclusivo de la acción penal, por no actuar con prontitud.
Fuentes consultadas advierten de manera categórica que “para cuidar el ejercicio de la acción penal, el Servicio de Impuestos Internos debiera transparentar los parámetros de las querellas que presentan. De no ser así, de forma categórica perderá el ejercicio exclusivo, ya que se está viendo que sus decisiones son totalmente arbitrarias”. Además, agrega que “el Director actual del SII, debe actuar con mayor prontitud, no puede ser tan pasivo en los temas país”
Al interior de la Nueva Mayoría, una fuente que sigue de cerca la actuación del Servicio de Impuestos Internos en el Caso SQM afirma: “aquí, lo que tenemos claro es que el SII no está cumpliendo su rol, se está dejando llevar por presiones para evitar que los funcionarios que son o fueron parte del círculo cercano de la Presidenta, Michelle Bachelet, con sus actuaciones, pudieran afectarla. La idea que hay detrás, es evitar que la Mandataria se vea expuesto a otro conflicto, como ha ocurrido con el Caso Caval, donde es unchiste que no haya una querella contra otros involucrados”.
El Director de Impuestos Internos, al parecer seguirá la misma suerte de sus antecesores, sino toma a tiempo las medidas, ya que su cuenta de errores está sobregirada en tan corto tiempo al haber desvinculado de manera, totalmente, errónea a un funcionario de carrera como lo era el ex Subdirector Jurídico Cristian Vargas. A esto se suma, la famosa Circular N° 80 que establecía el impuesto al hueso, la falta de un Departamento de Comunicaciones y la falta de decisiones.
http://www.elmuro.cl/fernando-barra...-la-moneda-para/elmuro/2016-02-25/135842.html
Agosto de 2015. Ese día, Fernando Barraza, ingeniero civil industrial, asumió como nuevo director del Servicio de Impuestos Internos, dejando su cargo como gerente de procesos, operaciones y tecnología de Corfo y reemplazó en el cargo en el SII a Michel Jorrat. Sin embargo, desde su llegada a la entidad pública, las críticas al organismo por su actuación en el Caso SQM se han dejado escuchar y apuntan, por ejemplo, a la lentitud en las indagatorias, la falta de presentación de querellas e, incluso, el haber, eventualmente, cedido a presiones para que, de surgir avances, estos se retrasen.
Barraza, entre 1999 y 2009, se desempeñó como subdirector de Informática del SII, lo que hace suponer, que conoce supuestamente el funcionamiento interno de la entidad, pero más allá de eso, fuentes del propio servicio, advierten a EL MURO que el nuevo director actúa en forma lenta e inadecuada y como una suerte de emperador romano, al punto que así algunos lo llaman, sin que, por supuesto, el apodo sea vox populi.
Sobre este último punto, con un ejemplo concreto, las fuentes consultadas, grafican el comportamiento del director del SII: “Si levanta un dedo hacia arriba es señal de que el organismo no presentará querellas contra los políticos involucrados en el caso SQM, pero si su dedo se inclina hacia abajo, entonces, hay querella y a los leones, hasta la muerte”.
Cuando Fernando Barraza asumió el nuevo cargo en el Servicio de Impuestos Internos, el ex director del organismo, Javier Etcheberrydijo en los medios de comunicación: “tiene un desafío tremendamente difícil por delante y está sometido a mucha presión por lo deteriorado que está el SII". El problema es que, de acuerdo a las fuentes entrevistadas por este diario electrónico, el nuevo timonel del Servicio de Impuestos Internos no ha logrado revertir el deterioro del que habló Etcheberry, en su momento, y no ha dado muestras concretas de que la entidad tiene el interés o, al menos, la motivación de aclarar si algunos contribuyentes, ligados a la política, han cometido delitos tributarios.
Uno de los silencios que dejaría en evidencia la falta de un rol activo por parte del Servicio de Impuestos Internos es el no haber iniciado, hasta ahora, una fiscalización de carácter rutinaria a las empresas del ex administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, quien, recordemos, consiguió millonarios contratos con el Estado, a través de dos empresas que creó: Comercial A y R, cuyo nombre de fantasía es Socoar, y Greentec, las que acumulan pagos por $417 millones durante 2013 y 2015, por medio de 39 órdenes de compra en servicios vinculados, principalmente, a la entrega de prestaciones de salud pública.
Cabe consignar que Riquelme, si bien, ya no es socio de ambas compañías, éstas quedaron en manos, nada menos, que de personas que forman parte de su círculo directo, como es el caso de su esposa. Por ejemplo, su cónyuge, Ada Álvarez tendría el 65% de las acciones y el 35% restante estaría a nombre de David Arévalo, ex jefe de adquisiciones de la Presidencia, en el primer Gobierno de Michelle Bachelet.
Respecto de Greentec, una vez que Bachelet asumió el cargo, Cristián Riquelme hizo esfuerzos por traspasar la empresa a Ada Álvarez, lo que, no consiguió y, finalmente, la entidad quedó en poder de Julio Campos, con un 67% de las acciones y Rocío Manzanares mantuvo un 33%.
La revelación de la existencia de estas empresas y los altos montos involucrados, considerando que Cristián Riquelme, es el ex administrador de La Moneda, llevó a la Contraloría General de la República a ordenar un sumario a la Dirección Administrativa de la Presidencia, con la finalidad de investigar, precisamente, los contratos que se firmaron con el Fisco.
De acuerdo a las fuentes entrevistadas por EL MURO, se hace necesario fiscalizar a las empresas de Cristián Riquelme, lo que, hasta ahora, no se ha hecho efectivo. “No lo hacen, porque tienen miedo, ya que Riquelme está muy ligado a la Presidenta, Michelle Bachelet y, eventualmente, una investigación podría llegar a ella. Estamos hablando de un funcionario que no estaba en la calle, sino en el palacio de Gobierno. Hay que aclarar qué es lo que hacían, efectivamente, estas empresas y no es menor, el hecho de que, el ahora ex administrador de La Moneda, participara en la campaña de la Mandataria”. Quizás, qué sorpresas se podrían encontrar en las contabilidades de las empresas del clan Riquelme.
Las mismas fuentes agregan: “si la Contraloría tomó cartas en el asunto, entonces, debiera iniciarse un proceso de fiscalización rutinaria para establecer si se cometieron o no delitos tributarios y no se puede descartar que, en estas empresas, existan irregularidades tributarias”.
Falta de cumplimiento a oficio interno
En junio de 2015, el Director (s) del Servicio de Impuestos Internos, Juan Alberto Rojas, para enfrentar los cuestionamientos de la ciudadanía decidió elaborar un instructivo para ejercer la acción penal ante delitos tributarios –el llamado Oficio N° 10-, documento destinado a un objetivo concreto: definir el procedimiento, los criterios y las instancias que deben decidir, en la práctica, sila entidad inicia o no una acción penal en los casos de delitos tributarios. Sin embargo, han transcurrido ocho meses y no se ha dictado la resolución que crea el comité de Subdirectores que permitiría la aplicación de este instructivo del SII.
Usted se preguntará, si no se ha dictado la resolución ¿qué es lo que, en la práctica, ocurre? “La idea del Director (s) en junio del 2015, era que las decisiones no fueran arbitrarias o producto del mero capricho, la idea no era diluir la responsabilidad del Director, sino todo lo contrario, que la decisión fuera fundada con parámetros objetivos. No se ha dictado por desidia, porque no les interesa y en el Servicio de Impuestos Internos están preocupados de seguir haciendo lo que les da la gana y evitar que el proceso sea transparente, que se conozcan cuáles son los parámetros y criterios de las querellas. No pueden los fundamentos de cada querella estar ocultos en las oficinas de Teatinos N° 120, en el despacho del director del SII, Fernando Barraza, ya que, eso, es lo más autoritario y anti-democrático que pueda existir”, afirman fuentes consultadas.
Al parecer Barraza, será recordado por ser el Director del SII que, en su gestión, se pierda el ejercicio exclusivo de la acción penal, por no actuar con prontitud.
Fuentes consultadas advierten de manera categórica que “para cuidar el ejercicio de la acción penal, el Servicio de Impuestos Internos debiera transparentar los parámetros de las querellas que presentan. De no ser así, de forma categórica perderá el ejercicio exclusivo, ya que se está viendo que sus decisiones son totalmente arbitrarias”. Además, agrega que “el Director actual del SII, debe actuar con mayor prontitud, no puede ser tan pasivo en los temas país”
Al interior de la Nueva Mayoría, una fuente que sigue de cerca la actuación del Servicio de Impuestos Internos en el Caso SQM afirma: “aquí, lo que tenemos claro es que el SII no está cumpliendo su rol, se está dejando llevar por presiones para evitar que los funcionarios que son o fueron parte del círculo cercano de la Presidenta, Michelle Bachelet, con sus actuaciones, pudieran afectarla. La idea que hay detrás, es evitar que la Mandataria se vea expuesto a otro conflicto, como ha ocurrido con el Caso Caval, donde es unchiste que no haya una querella contra otros involucrados”.
El Director de Impuestos Internos, al parecer seguirá la misma suerte de sus antecesores, sino toma a tiempo las medidas, ya que su cuenta de errores está sobregirada en tan corto tiempo al haber desvinculado de manera, totalmente, errónea a un funcionario de carrera como lo era el ex Subdirector Jurídico Cristian Vargas. A esto se suma, la famosa Circular N° 80 que establecía el impuesto al hueso, la falta de un Departamento de Comunicaciones y la falta de decisiones.
http://www.elmuro.cl/fernando-barra...-la-moneda-para/elmuro/2016-02-25/135842.html