MEKETREF3
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La investigación al financiamiento ilegal de la política por parte de empresas debiera abrirse a otro sector: las pesqueras. Y ello porque al menos seis de los contribuyentes investigados por boletas emitidas a SQM, recibieron en paralelo dineros de tres entidades del rubro: Corpesca, Pesquera El Golfo y la Asociación de Industriales Pesqueros. Dos de los investigados son del entorno de Pablo Longueira, quien siendo ministro de Economía negoció la Ley de Pesca que favoreció a la industria. CIPER identificó además a otro asesor de la ex diputada Isasi que emitió boletas ficticias para Corpesca.
Después de poner bajo el microscopio las finanzas del Grupo Penta y de SQM, la investigación del Ministerio Público sobre fraude tributario y financiamiento ilegal de la política está a sólo un par de pasos de escanear las cuentas de otro influyente actor del mercado: las empresas pesqueras. La clave que puede orientar la indagatoria hacia el rubro de la pesca está en la nómina de contribuyentes que el Servicio de Impuestos Internos (SII) adjuntó a la denuncia que formuló contra SQM el jueves 2 de abril. En esa lista figuran personas que recibieron pagos de SQM por trabajos que no tienen respaldo en la contabilidad de la compañía y que pudieron canalizar ese dinero a campañas políticas.
De aquella nómina dos datos resaltaron ante los funcionarios del SII y los fiscales: entre esos nombres hay varios que, además de cobrar a SQM, también emitieron boletas para pesqueras; y algunos de estos contribuyentes están relacionados con el entorno de Pablo Longueira (UDI), el ex ministro de Economía que negoció la actual Ley de Pesca, norma que favoreció ampliamente los intereses de la industria (vea el reportaje de CIPER: “Así votaron los 107 diputados que definieron el articulado de la Ley de Pesca”).
De acuerdo al rastreo que hizo CIPER, al menos seis son los contribuyentes que aparecen en la nómina elaborada por el SII que recibieron dinero de SQM y que en paralelo emitieron boletas para tres entidades pesqueras: Pesquera El Golfo(empresa que ahora opera bajo el nombre de Blumar), Corpesca (que ya es investigada por supuestos sobornos pagados a la ex diputada Marta Isasi) yAsipes (Asociación de Industriales Pesqueros). Esta última es una agrupación gremial integrada por las compañíasAlimentos Marinos, Cannex, Alimentos Mar Profundo, Bahía Coronel, Biobío, Congelados Pacífico, Camanchaca, Foodcorp, Landes yBlumar Seafoods.
Las grandes empresas pesqueras han tenido un rol relevante en los aportes legales a campañas políticas que se realizan a través del Servicio Electoral (Servel). Estas donaciones vía Servel supuestamente son reservadas, pues la ley establece que los candidatos favorecidos no deben enterarse del aporte para que no sean presionados por sus financistas en caso de que ganen la elección y se conviertan en autoridades. Pero como lo ha probado la investigación judicial al Grupo Penta y SQM, al parecer los únicos que no se enteran de estas donaciones son los ciudadanos, ya que la reserva entre la empresa y el candidato ha sido vulnerada de manera habitual.
Una investigación publicada por CIPER en 2013 sobre los aportes legales reservados acordados por los directorios de las más grandes empresas del país (vea el reportaje “Los secretos de las empresas que financian la política (II): Mineras, banca, pesqueras y más”), detectó al menos a cuatro pesqueras que hicieron donaciones a candidatos por un monto global de $180 millones:Camanchaca, Camanchaca Pesca Sur, Corpesca y Blumar.
De las cuatro compañías mencionadas, dos aparecen ahora como receptoras de boletas de personas que son investigadas por haber cobrado honorarios a SQM sin respaldo: Corpesca, que pertenece al Grupo Angelini, y Blumar (en su calidad de heredera de Pesquera El Golfo), que es controlada por la familia Sarquis y el Grupo Yaconi-Santa Cruz.
EL GOLFO, ASIPES Y LONGUEIRA
La primera luz de alerta por la coincidencia de contribuyentes pagados por SQM que también recibieron dinero de pesqueras, se encendió en las oficinas de Impuestos Internos el pasado jueves 26 de marzo. Solange Andrea Hermosilla Chandía se presentó ese día ante los fiscalizadores tributarios. Había sido citada para que aclarara por qué había emitido en 2009 una boleta por $5 millones a SQM, pues en los libros de la empresa no había ni el más mínimo registro del servicio que ella supuestamente prestó a la minera. Junto con admitir que jamás trabajó para SQM, Solange Hermosilla agregó un par de datos explosivos: la boleta para SQM se la pidió Carmen Luz Valdivielso (“Titi”), una histórica y estrecha asesora de Pablo Longueira, quien además le encargó que hiciera otra boleta a nombre de Pesquera El Golfo.
De aquella nómina dos datos resaltaron ante los funcionarios del SII y los fiscales: entre esos nombres hay varios que, además de cobrar a SQM, también emitieron boletas para pesqueras; y algunos de estos contribuyentes están relacionados con el entorno de Pablo Longueira (UDI), el ex ministro de Economía que negoció la actual Ley de Pesca, norma que favoreció ampliamente los intereses de la industria (vea el reportaje de CIPER: “Así votaron los 107 diputados que definieron el articulado de la Ley de Pesca”).
Las grandes empresas pesqueras han tenido un rol relevante en los aportes legales a campañas políticas que se realizan a través del Servicio Electoral (Servel). Estas donaciones vía Servel supuestamente son reservadas, pues la ley establece que los candidatos favorecidos no deben enterarse del aporte para que no sean presionados por sus financistas en caso de que ganen la elección y se conviertan en autoridades. Pero como lo ha probado la investigación judicial al Grupo Penta y SQM, al parecer los únicos que no se enteran de estas donaciones son los ciudadanos, ya que la reserva entre la empresa y el candidato ha sido vulnerada de manera habitual.
Una investigación publicada por CIPER en 2013 sobre los aportes legales reservados acordados por los directorios de las más grandes empresas del país (vea el reportaje “Los secretos de las empresas que financian la política (II): Mineras, banca, pesqueras y más”), detectó al menos a cuatro pesqueras que hicieron donaciones a candidatos por un monto global de $180 millones:Camanchaca, Camanchaca Pesca Sur, Corpesca y Blumar.
De las cuatro compañías mencionadas, dos aparecen ahora como receptoras de boletas de personas que son investigadas por haber cobrado honorarios a SQM sin respaldo: Corpesca, que pertenece al Grupo Angelini, y Blumar (en su calidad de heredera de Pesquera El Golfo), que es controlada por la familia Sarquis y el Grupo Yaconi-Santa Cruz.
EL GOLFO, ASIPES Y LONGUEIRA
La primera luz de alerta por la coincidencia de contribuyentes pagados por SQM que también recibieron dinero de pesqueras, se encendió en las oficinas de Impuestos Internos el pasado jueves 26 de marzo. Solange Andrea Hermosilla Chandía se presentó ese día ante los fiscalizadores tributarios. Había sido citada para que aclarara por qué había emitido en 2009 una boleta por $5 millones a SQM, pues en los libros de la empresa no había ni el más mínimo registro del servicio que ella supuestamente prestó a la minera. Junto con admitir que jamás trabajó para SQM, Solange Hermosilla agregó un par de datos explosivos: la boleta para SQM se la pidió Carmen Luz Valdivielso (“Titi”), una histórica y estrecha asesora de Pablo Longueira, quien además le encargó que hiciera otra boleta a nombre de Pesquera El Golfo.
