Como una demostración de falta de voluntad para abordar los problemas estructurales en materia de aguas, considera el Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida las indicaciones del gobierno al proyecto de ley que reforma el Código de Aguas.
- Así lo dieron a conocer las organizaciones en una declaración en la que señalan que les "parece vergonzoso que frente a una demanda elevada desde los territorios, el gobierno haya cedido a las presiones corporativas de gremios empresariales como la Sociedad Nacional de Agricultura, el Consejo Minero o la Confederación de la Producción y el Comercio."
El texto completo del comunicado del Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida es el siguiente:
Como Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida, instancia que reúne a más de 80 organizaciones y comunidades de distintas regiones, damos a conocer a la ciudadanía y a las autoridades nuestra posición frente a la Indicación Sustitutiva al Proyecto de ley que reforma el Código de Aguas, presentada por el gobierno el 8 de octubre de 2014:
- Sobre la declaración de las aguas como bienes nacionales de uso público
El gobierno NO se pronuncia sobre la reforma constitucional en materia de aguas (artículo 19 numero 24). Insistimos en que las aguas deben ser declaradas constitucionalmente como bienes nacionales de uso público. En este sentido, nos parece irrisorio volver a declarar las aguas como bienes nacionales de uso público, en circunstancias de que el Código de Aguas de 1981 en su artículo 5 ya las declaraba en esta condición y su aplicación ha sido letra muerta.
- Sobre el cambio de derecho perpetuo a derecho con extensión temporal limitada a un máximo de 30 años
NO se tocarán los derechos ya otorgados hasta ahora, que tienen a gran parte del país sufriendo las consecuencias de la mercantilización de las aguas. Esta propuesta sólo se refiere a los nuevos derechos de aguas, que corresponden a tan sólo el 20% ya que más de un 80% de las “aguas disponibles” se encuentran otorgadas y sobre otorgadas sin criterio de realidad, comprometiendo severamente nuestras posibilidades de vida y la de nuestros territorios.
- Sobre las prelaciones de uso de derechos de aguas
Si bien se establecen el consumo humano y el saneamiento como usos prioritarios, NO se considera el resguardo de los ecosistemas ni de las economías locales, ante el acaparamiento, el robo, la especulación, contaminación y el agotamiento de las aguas por actividades extractivas.
NO se limitan las “aguas del minero”, lo que quiere decir que la minería seguirá siendo dueña de las aguas alumbradas sin informar a la DGA. NO se establece el aseguramiento de caudales ecológicos mínimos en las cuencas y se aseguran en cambio modificaciones como el traslado de derechos de aguas residuales desde las desembocaduras lo que solo busca posibilitar proyectos nefastos como Aqua Atacama.
- Sobre el fortalecimiento de las atribuciones de la Dirección General de Aguas
NO se replantea el carácter regulatorio de la Dirección General de Aguas ni la dispersión institucional en materia hídrica. Las facultades que se le otorgan a la DGA (reducir temporalmente el ejercicio de derechos, instalación de sistemas de medición de caudales, y un sistema de transmisión de información) NO solucionan el problema de fondo, que es la mercantilización y la administración privada de aguas (Organizaciones de Usuarios de Aguas). Además NO se avanza en la gestión comunitaria. Es decir, pretenden que los conflictos por el agua se sigan solucionando entre privados, favoreciendo las condiciones de brutal asimetría actualmente existentes.
- Ante la no disponibilidad del recurso solo las APR podrán constituir derechos excepcionales
Si bien es fundamental asegurar la provisión de agua potable rural en condiciones de no disponibilidad, NO se considera la provisión de derechos para pequeños agricultores, ni comunidades indígenas, quienes año a año han visto perder sus cultivos de subsistencia. Además, NO se prohíbe la entrega de derechos provisionales en acuíferos sobre otorgados, y se habilita el trasvasije de agua de una cuenca a otra, y el cambio de puntos de captación en zonas declaradas de prohibición, cuestiones impresentables que solo agravarían la situación actual.
- Sobre la restricción de otorgar derechos al interior de Parques Nacionales y Reservas de Regiones Vírgenes
NO se plantea la prohibición de otorgar derechos a otros tipos de áreas, como las Reservas Nacionales, los Santuarios de la Naturaleza, Monumentos Naturales, los sitios Ramsar donde se encuentran gran parte de los salares, o los lugares sagrados -y por lo tanto elementales- para las cosmovisiones indígenas.
Ante todo lo anterior, el Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida declara lo siguiente:
1. Nos parece vergonzoso que frente a una demanda elevada desde los territorios, el gobierno haya cedido a las presiones corporativas de gremios empresariales como la Sociedad Nacional de Agricultura, el Consejo Minero o la Confederación de la Producción y el Comercio. Esto demuestra que no existe voluntad del gobierno para abordar los problemas estructurales en materia de aguas: la mercantilización y administración privada de este bien común.
2. El carácter sustitutivo de esta indicación del gobierno supone que todo lo que se discutió en la comisión de recursos hídricos de la cámara, deberá volver a ser debatido, aún cuando es evidente que la situación es nuestros territorios es insostenible, y seguir esperando supone hipotecar nuestra calidad de vida, forzar nuestro desplazamiento y acabar con nuestras culturas y modos de subsistencia.
3. Exigimos que el gobierno deje de confundir y engañar a la opinión pública: este proyecto en nada homologa nuestra situación a la de los países de la OCDE, viste de avances cuestiones ya existentes como los sistemas de medidas (Art. 68 del código de aguas) o las restricciones en sitios protegidos; perpetúa el lucro con las aguas, mantiene los instrumentos privatizadores (artículo 19 número 24 de la Constitución y código de aguas de 1981), y elude establecer mecanismos eficientes para devolver el agua a la tierra, a las comunidades y a los ecosistemas.
4. La inversión extractivista proyectada es incompatible con la urgente protección de los ecosistemas altoandinos, incluidos glaciares, ambiente periglaciar, bofedales y lagunas, todas cuestiones que deben ser objeto de ley y de discusión pública.
5. Finalmente, exigimos una profunda reestructuración institucional, que termine con las irregularidades en el otorgamiento (y sobreotorgamiento) de derechos, multas y patentes, y que promueva y reconozca experiencias de administración comunitaria de las aguas, para el beneficio colectivo y la protección de los ecosistemas locales.
La vida está del lado de quienes la defienden, con esa fuerza seguiremos despertando, seguiremos aprendiendo nuestros derechos, seguiremos denunciando los abusos, hasta que el agua que somos vuelva a correr libre al servicio de la vida.
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