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El Gobierno realizó este jueves un nuevo operativo de expulsión de inmigrantes, en un procedimiento desarrollado por la Policía de Investigaciones (PDI) y por el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.
Desde la Subsecretaría del Interior, se comunicó que las personas expulsadas son 72, de nacionalidad argentina y colombiana, a causa de procesos judiciales y administrativos.
Al ser consultado por críticas del Servicio Jesuita Migrante por este procedimiento y otras expulsiones masivas, Galli dijo desconocer los cuestionamientos por este procedimiento en particular, pero defendió su desarrollo.
Galli sostuvo que no hay expulsiones masivas, sino que tanto las judiciales como las administrativas se realizan personalmente, y que luego son ejecutadas en un mismo avión.
“Respecto de los expulsados administrativos, hay expedientes individuales respecto a cada uno de ellos, algunos de ellos no pudieron regularizar su situación migratoria como consecuencia de que tenían antecedentes penales en su país y otros fueron expulsados como consecuencia de su ingreso clandestino”, indicó Galli.
Por último, la autoridad sostuvo que los expulsados a través de la vía administrativa son notificados con semanas de antelación, y que ninguno presentó algún recurso para evitar el procedimiento.
Gobierno realiza expulsión de 72 extranjeros: principalmente colombianos y argentinos
El Gobierno realizó este jueves un nuevo operativo de expulsión de inmigrantes, en un procedimiento desarrollado por la Policía de...
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Detallan las causas penales que tenían los extranjeros que hoy fueron expulsados de Chile
El Gobierno detalló que durante esta mañana se materializó la expulsión de 72 ciudadanos extranjeros, 45 de ellos por vía judicial y 27 por vía administrativa. En ambos casos los migrantes contaban con antecedentes penales en Chile y su país de origen.
El vuelo salió del Aeropuerto Internacional de Santiago con destino a las ciudades de Buenos Aires y Bogotá, tratándose del tercer operativo que se realiza a través de la línea área SKY, en el marco del convenio entre Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la empresa para realizar este tipo de operaciones.
El avión trasladó al grupo de ciudadanos argentinos y colombianos a sus países de origen, acompañados por escoltas de la PDI.
Desde el Ministerio del Interior explicaron que la gran mayoría de ellos se encontraban cumpliendo condenas en cárceles del país por delitos como secuestro, tráfico de drogas y robo con violencia e intimidación (expulsiones judiciales).
Los restantes, fueron expulsados de forma administrativa por haber ingresado clandestinamente al país y algunos por tener adicionalmente antecedentes en su país de origen tales como fabricación y tráfico de armas y actos sexuales con menores de 14 años.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, afirmó que “en nuestra legislación migratoria para quienes no cumplen con ella deben ser expulsados, por esto los extranjeros que tienen antecedentes penales en su país de origen no pueden regularizarse en el nuestro, quedándose a vivir precariamente en la clandestinidad”.
En la misma línea, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Álvaro Bellolio, añadió que “nosotros seguimos con el compromiso de que aquellos extranjeros que no han cumplido con la Ley, que tienen antecedentes penales o han cometido delitos, serán expulsados respetando siempre los DD.HH y las normativas vigentes”.
“A diferencia de los trescientos mil extranjeros que ya hicieron su trámite o los setenta mil de ellos que ya se les está tramitando su visa y están con permiso de trabajo. Aquellos que se queden en Chile son quienes vienen a aportar a desarrollarse en nuestro país”, finalizó Bellolio.
En los dos vuelos de expulsiones anteriores, 25 de abril y 6 de junio, abandonaron el país 108 personas de nacionalidad venezolana, 34 por vía administrativa y 74 por vía judicial. A la fecha, sumando los vuelos comerciales, FACh y las expulsiones en buses, han sido materializadas 321.
Entre quienes fueron expulsados hoy del país se encuentran
1.- 4 sujetos de nacionalidad colombiana, condenados por el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago a 729 días de presidio menor en su grado medio por el delito de secuestro y a 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo por el delito de porte ilegal de arma de fuego.
2.- Un sujeto de nacionalidad colombiana, condenado por el Primer Juzgado de Garantía de Santiago a 4 años de presidio menor en su grado máximo por el delito de tráfico de drogas tras ingresar al país al interior de una encomienda postal y a través del Aeropuerto de Santiago, la droga MDMA éxtasis, proveniente de Ámsterdam, Holanda.
3.-Dos sujetos, ambos colombianos, condenados por el Primer Juzgado de Garantía de Santiago a 5 años de presidio menor en su grado máximo por el delito de tráfico ilícito de drogas. La Policía de Investigaciones logró determinar que formaban parte de una organización que se dedicaba a enviar cocaína en polvo y líquida a Australia y otros países.
4.-Un sujeto de nacionalidad colombiana, condenado por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago a 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo por el delito de robo en lugar habitado, tras ingresar a una casa para robar diversas especies.
5.- Un hombre, de nacionalidad argentina, condenado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo por el delito de porte ilegal de arma de fuego; a la pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo por el delito lesiones menos graves a carabineros en servicio y a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo por el delito de receptación de especies.
6.- un sujeto, de nacionalidad argentina, condenado por el segundo juzgado de garantía de Santiago a 5 años de presidio menor en su grado máximo por el delito de robo con violencia e intimidación, tras sustraer 13 millones de pesos a una persona que salía de un banco con ese dinero.
Expulsados administrativos
1.- Un sujeto, de nacionalidad colombiana, con antecedentes penales en su país de origen por actos sexuales con menor de 14 años, el cual ingresó clandestinamente a nuestro país y fue notificado de su expulsión el 18 de febrero del presente año.
2.- Un sujeto, de nacionalidad colombiana, con antecedentes penales en su país de origen por fabricación y tráfico de armas, el cual ingresó clandestinamente a nuestro país y fue notificado de su expulsión el 4 de septiembre del año 2020.
Detallan las causas penales que tenían los extranjeros que hoy fueron expulsados de Chile
El Gobierno detalló que durante esta mañana se materializó la expulsión de 72 ciudadanos extranjeros, 45 de ellos por vía...
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Mientras tanto, la Corte Suprema:
Suprema revoca decretos de expulsión de 8 migrantes que ingresaron de manera ilegal al país
Ocho ciudadanos extranjeros en situación de migración irregular, residentes en La Araucanía y que estaban con orden de expulsión del país podrán permanecer en Chile.
Lo anterior, luego que la justicia revocara los decretos emanados de la Intendencia, tras la presentación de acciones legales por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
El director de la sede Araucanía del INDH, Federico Aguirre, precisó que las ocho acciones constitucionales de amparo fueron ingresadas en favor de igual número de ciudadanos venezolanos, haitianos y colombianos en situación de migración irregular que tenían decretos de expulsión emanados de la Intendencia, siendo todos revocados.
En ellos, estaba incluido uno de reciente decisión en el que la Corte Suprema relevó la reunificación familiar de una mujer de nacionalidad venezolana, por cuanto tiene familia en Chile y por considerar que se adoptó en un proceso administrativo insuficiente, carente de proporcionalidad y razonabilidad.
“El último fallo dictado por la Corte Suprema viene a confirmar una jurisprudencia reiterada, en orden de que se debe respetar el principio de reunificación familiar”, apuntó.
Además, Aguirre precisó que se ha resuelto en favor de los amparados por razones humanitarias en el contexto de la pandemia mundial, por cuanto expulsar a una persona del país la expondría al riesgo de contagio con covid-19, sumado a que se vulneraría su derecho a réplica y defensa.
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