Lucro: Corte Ordenó Prisión De Ex Rectores Y Ex Presidente De La Cna

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó este viernes las prisiones preventivas de Luis Eugenio Díaz, ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), y de los ex rectores de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga Salinas, y de la Universidad Pedro de Valdivia, Ángel Maulén Ríos.

Los tres se encontraban bajo las medidas cautelares de firma semanal en una comisaría y arraigo nacional, después de ser detenidos y formalizados el fin de semana pasado por cohecho y lavado de activos. En esa oportunidad, el 8° Juzgado de Garantía rechazó las prisiones preventivas.

Sin embargo, este viernes la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de la Fiscalía Oriente para revertir la decisión del 8° Juzgado y otorgar las prisiones preventivas de los tres imputados que deberán entregarse a la justicia en las próximas horas.
Según la acusación de la fiscalía, el ex presidente de la CNA mantuvo contactos con los otros dos imputados durante los procesos de acreditación de sus respectivos planteles, con el fin de recibir pagos y obtener favores para sus familiares y conocidos.

En tanto, de acuerdo a la fiscalía, el ex rector de la Universidad del Mar realizó un contrato con la empresa del ex presidente de la CNA poco tiempo después de que el plantel obtuvo la acreditación. Zúñiga debía pagarle $60 millones a Díaz, pero sólo alcanzó a entregarle $45.000.000.

Por su parte, según la fiscalía, el ex rector de la Universidad Pedro de Valdivia realizó pagos por $50 millones a Díaz en 2011 por una supuesta asesoría. Un primer pago fue a nombre de la universidad y el segundo a través del preuniversitario del mismo nombre.

En su resolución, la Corte dijo que "las conductas que se investigan en este proceso, y por las cuales han sido formalizados los imputados, afectan la credibilidad misma en el sistema de acreditación de las instituciones que aspiran a la formación de los alumnos de la educación superior, lo que consecuencialmente, provoca un grave daño a la institucionalidad vigente en esta materia, de modo que el carácter de los delitos, la forma y circunstancias en que ellos fueron cometidos y la pena asignada a los mismos, llevan a concluir que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad".