Nuevo reglamento de concesiones marítimas limitaría oposición ciudadana

El nuevo reglamento, que se encuentra en consulta pública, establece que el solicitante debe publicar un extracto en un diario de circulación regional y quienes se opongan tendrán 30 días para hacer públicas sus descargas. Además, deberán acudir con antecedentes que sustenten su reclamo, haciendo más difícil la tramitación.

Con el objetivo de enriquecer las políticas públicas, el ministro de Defensa, Jorge Burgos, presentó a principios de diciembre la primera consulta ciudadana sobre el nuevo Reglamento Concesiones Marítimas que busca, entre otras cosas, incentivar la inversión en el borde costero.

El proceso que termina el 30 de enero, ha levantado reacciones respecto de la regulación del trámite de oposición a las concesiones que, según el nuevo documento ,se limitaría a 30 días desde que se hace pública la solicitud. Mientras que en la norma vigente un tercero se puede oponer en cualquier parte del proceso, con la nueva reglamentación se acotan los tiempos y se deben presentar antecedentes para argumentar las razones de la negativa de otorgamiento.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), cree que este proyecto facilita la instalación de nuevas infraestructuras ligadas sobre todo a puertos de minería y termoelectricidad que pueden ser incompatibles con otros usos que podrían tener los territorios afectados, tanto entre actividades económicas como con los modos de vida de los habitantes.


Lucio Cuenca, director de OLCA.

“Hay muchos intereses, y muchos usos que pueden tener las zonas costeras y que pueden haber altos niveles de incompatibilidad y, por lo tanto, de conflicto. Creo que lo que está planteando el Gobierno hoy en día, por un lado transparenta un poco el procedimiento, pero restringe la participación”, dijo Cuenca.

Transparencia que se traduce, según el nuevo reglamento, en la obligación de publicar un extracto de la solicitud de concesión marítima en un diario de circulación regional o local, pero que se ve opacada ante el nuevo límite de tiempo establecido para ejercer oposición. Además la medida no considera otros medios de comunicación, y no toma en cuenta que muchas de las comunidades no cuentan con los recursos económicos para mantener un monitoreo constante de publicaciones que aparezcan en un determinado medio de comunicación.

Además, Cuenca advierte que buena parte del borde costero del país está habitado por comunidades indígenas y desde la octava región hacia sur rige la Ley Lafquenche, que debiera tenerse en consideración para esta reglamentación, como también respetar la consulta indígena de acuerdo a los estándares del convenio 169.

Para el sociólogo Manuel Baquedano, presidente del Instituto de Ecología Política, el mecanismo de aviso propuesto por el gobierno resulta bastante “vago” ya que la publicidad podría ser mucho más efectiva para informar a la ciudadanía sobre la aparición de una solicitud. El ecologista cree que además de incluir otros medios de comunicación como la radio, se debe imitar el proceso de concesiones eléctricas, donde la municipalidad cumple el rol de difundir a las organizaciones de base.


Manuel Baquedano

“El que va a pedir la concesión no tiene ningún interés de que se sepa, para que se termine esa etapa y por lo tanto la ciudadanía quedaría indefensa. En ese contexto un diario me suena sumamente vago. Más bien debe ser un conjunto de medios que va primero a avisarle a la municipalidad para que esta la difunda en la junta de vecinos y los lugares que pueden ser afectados por la concesión, segundo, en las radios locales. En estas zonas extremas las radios juegan un rol muy importante. Yo creo que en esta parte el proyecto tiene que ser mejorado”.

Baquedano acusa que el borde costero, al igual que otras áreas del país, no tiene planificación estratégica en relación a sus recursos y el Gobierno ha sido incapaz de evaluar su gestión considerando el conjunto de elementos que existen en el territorio. Además indicó que las concesiones también se han prestado para abusos, llegado incluso a intentar efectuarse en zonas protegidas.

La consulta ciudadana para conocer este proyecto se mantendrá abierta hasta el 30 de enero de 2015 en el sitio web de la página del Ministerio de Defensa al que se puede acceder a través de este link. La respuesta a este sondeo se sabrá luego de 30 días hábiles, tiempo en que el Ministerio debe elaborar un informe con análisis de las observaciones y darlo a conocer mediante la misma plataforma web.

El caso de Mehuin
La planta de celulosa Valdivia, propiedad de Celco, tiene un conflicto que data de hace más de 16 años con la comunidad de Mehuin por la instalación de un ducto para botar sus desechos al mar. La comunidad, principalmente pescadores, ha utilizado tanto la movilización social como la institucionalidad vigente para poder paralizar la concesión y proteger su territorio donde ya existen acuerdos para la pesca artesanal.

La nueva reglamentación podría afectar a esta comunidad, que hasta ahora se ha defendido de las pretensiones de Celulosa Arauca de descargar los desperdicios industriales al mar.


Eliab Viguera

Eliab Vigera, presidente del Comité de Defensa del Mar de Mehuin recuerda que la planta de procesamiento de la celulosa blanqueda de la empresa Celulosa Arauco, se encuentra a unos 30 kilómetros de los habitantes de su localidad, hasta donde llegaría el ducto con residuos industriales líquidos: Los mismos que causaron el desastre de los cisnes de cuello negro en el Santuario del Río Cruces.

“Hemos recurrido a todo, como a la ley Lafquenche que nos da la preferencia que se tramite este sector para otros fines. Indudablemente esta modificación del reglamento de concesiones marítimas afecta directamente a las pretensiones de administración del borde costero de las comunidades indígenas de todo el país” y agregó que “la administración de los espacios costeros por medio de la ley indígena demoran más de un mes, en realidad casi todo un año”.

A vista del dirigente existe una desproporción descabellada entre la facilidad para otorgar concesiones que generarán infraestructura y las de desarrollo sustentable.


fuentehttp://radio.uchile.cl/2015/01/08/nuevo-reglamento-de-concesiones-maritimas-limitaria-oposicion-ciudadana

pico en el ojo..
siguen haciendo mierda el mar. pero los intereses económicos esta sobre las salud y necesidades del pueblo.

como le explican a la viejas come pan que votan por estas weas solo porque les dan 20 lucas cada 3 meses...leanten la raja y voten por weas que valgan la pena.

la alegria nunca llegara

Sector Pesquero de Aysén rechaza proyecto de ley que fomenta la ilegalidad


Principales actores de la región rechazaron proyecto de ley que busca autorizar formalmente a la pesca ilegal de la flota de reineta de la Octava Región.

Representantes de la empresa Friosur y organizaciones de pesca artesanal de la Región de Aysén se reunieron este sábado 20 de noviembre en Coyhaique con el presidente del Consejo Regional de Aysén, Miguel Ángel Calisto y el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Coyhaique y vicepresidente de la Multigremial Aysén, Roberto Brautigam, para discutir el impacto que tendría para la región el ingreso de una flota de pesca artesanal proveniente de la Octava Región, a través de este proyecto de ley impulsado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Los asistentes concordaron que el proyecto de la subsecretaría responde a intereses de otras regiones en vez de dar solución a los pescadores locales. Actualmente ellos tienen autorización para capturar reineta pero no cuentan con las embarcaciones apropiadas para ello.

“La propuesta impulsada por la autoridad solo busca que las lanchas de la Octava Región sigan depredando nuestros recursos, pero ahora de forma legal, porque durante todos estos años y a pesar que solo podían pescar reineta en la X región, igual pescan ilegalmente aquí en Aysén, y no solo reineta, sino que también merluza y congrio”, indicaron desde las organizaciones.

En el proyecto se busca autorizar a la flota de la Región del Biobío a operar en aguas de Los Lagos, Aysén y Magallanes, donde actualmente está disponible la reineta. El conflicto nace por el término del acuerdo que autoriza hasta fines de este año a lanchas del Biobío extraer este recurso en la Región de Los Lagos. Sin embargo, se han realizado numerosas denuncias de pesca ilegal en las aguas de Aysén y Magallanes de flota que no cuenta con autorización, sin sanciones a la fecha.

Con respecto a la reunión, el presidente del Consejo Regional, Miguel Ángel Calisto, indicó que existe una opinión mayoritaria y coincidente en los gremios de pescadores artesanales y federación de industriales, por lo que insiste que la unidad regional debe notarse. “Nuevamente como ocurre en varias temáticas, la mirada centralista busca imponerse favoreciendo a otras regiones, mermando el desarrollo de Aysén. No podemos seguir siendo el patio trasero de las regiones del norte y es obligación de todos quienes representamos a la comunidad cuidar nuestros recursos naturales para el desarrollo productivo sustentable de Aysén”.

Por su parte, el dirigente de la pesca artesanal y consejero zonal de Pesca por la Región de Aysén, Renato Flores, hizo un llamado a toda la región, “pues independiente que sean pescadores o no, es importante que se sumen fuerzas para resolver este problema con una mirada regional. Tuvimos una fuerte reducción de cuotas y todos asumimos el costo para salvar las pesquerías, pero si no se controla la pesca ilegal, vamos a perder todos”.

Sobre su participación en el encuentro, el vicepresidente de la Corporación Multigremial de Aysén, Roberto Brautigam, sostuvo que le interesaba conocer el origen de la problemática que afecta al sector pesquero artesanal e industrial de Aysén. “Esperamos que este conflicto no escale ni genere impactos en otros sectores productivos de la región”, sostuvo Brautigam.

En este sentido, el gerente general de Friosur, Eduardo Bruce sostuvo que “es necesario asegurar una operación sustentable hacia el futuro que proteja no solo a la reineta, sino a todas las especies de la Pesquerías Demersales del Sur Austral (PDA), como congrio o merluza austral”.

Esta semana la problemática del sector pesquero de Aysén será analizada en reuniones en la Comisión de Fomento Productivo del CORE, este miércoles 25 de noviembre en Puerto Aysén, y en el plenario del Consejo Regional este viernes 27 de noviembre en Coyhaique.

http://www.rln.cl/noticias/local/99...aza-proyecto-de-ley-que-fomenta-la-ilegalidad

Modificación legal podría permitir a industriales comprar a futuro las cuotas de los pescadores artesanales



Las ventas a futuro son contratos estandarizados en que las partes se comprometen a comprar o vender en el futuro un determinado bien (producto agrícola, pesquero, mineral, activo financiero o moneda), definiendo en el presente la cantidad, precio y fecha de vencimiento de la operación. La legalización de venta de peces a futuro es parte de las amplias formulas que la actual Ley de Pesca que privatizó los peces, podría permitir.


Puerto Aysén, Chile, 24 de noviembre del 2015 (Ecocéanos News)– El 21 de julio del 2015 se realizó una reunión entre dirigentes de la pesca artesanal de la región de Los Lagos y de Aysén para tratar temas clavez que son parte de las posibilidades especulativas de la Ley Longueira que privatizó el patrimonio pesquero nacional. En el encuentro en que estuvieron Misael Ruiz, presidente del Consejo de la Pesca Artesanal de Aysén (Corfapa), y Rodrigo Azócar, empresario y operador del ex dirigente social y actual diputado Iván Fuentes. El tema de fondo de la reunión fue comenzar a negociar una modificación legal en el contexto de la actual revisión a la cuestionada Ley Longueira, que permita a las empresas industriales la compra a futuro de las cuotas que le corresponden a los pescadores artesanales. La idea es que los pescadores de la Décima Región acepten esta modificación de la Ley, a cambio de que puedan ingresar a pescar a las aguas de la región de Aysén para capturar el recurso reineta.

Colusión para negociar la plena transabilidad de las cuotas pesqueras artesanales
En ese contexto, Misael Ruiz y Rodrigo Azócar, en alianza con la gobernadora de Aysén, Paz Fotzick, y el presidente del Consejo Regional de Aysén, el periodista Miguel Angel Calisto, trabajan para esta modificación de la legislación pesquera, lo que les permita establecer inicialmente un Régimen Nacional de Extracción (RAE) para la pesquería de reineta y posteriormente para todos los recursos hidrobiológicos, entre los cuales se incluirían las valiosas pesquerías de erizo y loco.

En la actualidad existe en Aysén un RAE para la pesquería de merluza, la cual divide la cuota anual entre todos los pescadores artesanales de la región. Para viabilizar el trámite legislativo, cuentan con el vínculo laboral existente entre el actual presidente del Core de Aysén, el periodista Calisto, y el actual presidente del senado, Patricio Walker, a través de una serie de asesorías comunicacionales, así como el control del senador demócrata cristiano por Aysén sobre el diputado Iván Fuentes, el cual fue elegido con el apoyo político del clan Walker, quienes controlan la vida política y realizan activas iniciativas de negocios a nivel regional.

El emprendedor, consultor y operador político Azócar ha planteado establecer un sistema de licencias transables de pesca artesanal a todo evento, de manera que las cuotas acumuladas de los pescadores artesanales puedan ser compradas. Esta idea fue preliminarmente expuesta el 17 de julio pasado en un seminario ad hoc organizado por la gobernadora de Aysén. En ese momento, los dirigentes de la pesca artesanal se mostraron críticos de la audaz movida de Azócar.

En la actualidad, los pescadores artesanales reciben sus cuotas a partir del RAE, sistema a través del cual se distribuye la fracción artesanal de la cuota global de captura de cada pesquería en una determinada región, ya sea por área, tamaño de las embarcaciones, caleta, organización de pescadores artesanales o individualmente.

Sin embargo, la cuota designada a cada pescador artesanal resulta ser tan pequeña, que no es atractiva de capturar, por lo que deciden venderla a las empresas pesqueras industriales. Con ello los armadores artesanales terminan saliendo progresivamente del sistema pesquero. Y por supuesto no salen más a pescar.

Quienes determinan el precio de la venta de las cuotas artesanales son las empresas industriales, con lo cual se determina un ejemplo perfecto de comportamiento económico de monopolio. Es decir, un mercado donde existe un solo comprador o demandante, por lo cual los pescadores de pequeña escala deben adaptarse a las condiciones impuestas (precio, cantidades, presentación, etc.), por parte de las empresas que se benefician del creciente y alto nivel de concentración económica existente.

Pesquería de reineta en Aysén: Un conflicto que se avecina
Mientras tanto, el 7 de noviembre pasado, la Pesquera FrioSur, propiedad de la familia Del Río, uno de los principales financistas de la democracia cristiana, celebraron sus 30 años de vida extractiva en la región de Aysén. El evento político-social contó con la presencia del intendente regional Jorge Calderón, la gobernadora Foitzick, el senador Antonio Horvarth, el diputado David Sandoval, el alcalde de puerto Aysén, Oscar Catalán y los representantes del Consejo Regiobnal, junto al fundador y presidente de FríoSur, José Luis Del Rio Goudie.

Según indicó Eduardo Bruce, gerente general de Pesquera Friosur, esta compañía “es la única empresa pesquera que queda en la región. No ha sido un camino fácil pero estamos luchando para mantenernos activos. Enfrentamos amenazas constantes como por ejemplo la pesca ilegal de la flota de la octava región que extrae reineta en la zona sur austral, y que ahora la autoridad plantea legalizar a través de un proyecto de ley, lo que afectaría tanto a la pesca industrial como artesanal de la región.”

Con respecto al futuro, Bruce señaló que “durante los últimos tres años hemos enfrentado una reducción de casi el 50% de las cuotas de nuestros principales recursos como merluza austral, merluza de cola y congrio dorado y por lo tanto hemos buscado una diversificación a través de otros pescados de calidad como la reineta, que hoy concentra el 40% de la actividad productiva.”
fuente

quieren reventar más todavía el mar...

no tienen alma estos hijos de puta, deberian morir wn, en mala.

su ambicion no tiene limites. van a vender el mar a futuro, el mar de dimenciones paralelas

A poner el reclamo los que se opongan.

ambigüedad de las nuevas modificaciones de la ley de pesca

La propuesta de modificación de la Ley de Pesca recientemente aprobada por la Comisión de Pesca del Senado refleja de manera preocupante, tanto en los objetivos como en la forma, el grado de desconocimiento que se tiene acerca del sector pesquero nacional, donde pareciera ser que las consignas pueden más que la objetividad y la historia pesquera nacional.

Preocupa escuchar que la licitación de los derechos de pesca es la solución de los problemas del sector, sabiendo que la pesca licitada existe en Chile hace muchos años y sus efectos han sido opuestos a los buscados: ha generado profundo daño a las especies y ha producido concentración en la operación sobre los recursos pesqueros licitados.

Cuesta creer que nuestros legisladores no sepan que el principio fundamental de la sobreexplotación es el aumento del “esfuerzo pesquero”; es decir, la capacidad de bodega flotante que, en resumen, es el número de embarcaciones. Al respecto hay que recordar que Chile, para evitar el sobreesfuerzo, tiene cerrado los Registros Pesqueros. Sin embargo, el proyecto de ley presentado se fundamenta en el “ingreso de nuevos actores”; es decir, más barcos que aumentarán el esfuerzo y que, por cierto, aumentarán el riesgo de sobreexplotación y de pesca ilegal.

Por otro lado, la mayoría de las especies que se han licitado en Chile se encuentran en deplorable situación, como el orange roughy y el bacalao de profundidad. Esto demuestra que, en primer lugar, la licitación de los derechos de pesca va en una dirección contraria a la sustentabilidad por cuanto invita a entrar a operar a más embarcaciones, y en segundo lugar, deteriora el estado de los recursos licitados.

Sorprende que las senadoras Goic y Muñoz patrocinen una medida como esta, teniendo un claro ejemplo en la oposición expresada por las organizaciones de pescadores, tanto artesanales como industriales, de sus respectivas regiones. También sorprende que, en el caso de la senadora Muñoz, patrocine un proyecto de eliminación de las redes de arrastre cuando la principal organización empresarial y laboral de su región ha manifestado públicamente rechazo a esta medida que atenta contra los más de 3 mil empleos que dependen de esta actividad en Coquimbo, una de las zonas más afectadas por el último tsunami. Sin duda se trata de proyectos populistas, que en nada contribuyen a la protección de los empleos ni de los recursos. En el mundo no existe hoy ningún fundamento técnico ni científico que justifique eliminar este arte de pesca.

Solo para poner en contexto la falta de conocimiento de algunos parlamentarios es preciso señalar que, en el caso de la reineta -no existiendo ningún tipo de información, estudio, informe o lo que se quiera- la senadora Muñoz declaró hace algunos días en la Comisión de Pesca que este recurso es “altamente migratorio”. Si ningún científico, ni centro de estudios de renombre mundial lo ha podido determinar, tampoco el IFOP o la propia Subpesca, ¿cómo es posible que la parlamentaria diga tamaña barbaridad? ¿En qué gasta los recursos destinados a asesorías?

Ninguno de sus cercanos de la propia Comisión fue capaz de aseverar o desmentir esta situación, lo que demuestra que el Parlamento chileno lamentablemente poco o nada sabe de temas pesqueros.

http://www.diarioaysen.cl/sitio/2015/12/05/la-licitacion-concentra-los-derechos-de-pesca/

Cada vez que cavilo todas y cada una de las frases que expelió esta repuganante berta, pienso que lo tenemos bien merecido. Mi regocijo ahora es escuchar las quejas y arrepentimientos justamente de este marginal sector.

"Con setentamil pesos tengo que comer todo el año, todo el mes"
"Por eso voté por la bashelé, porque la bashelé es de los pobre"

Spoiler: Distiguida dama ABC1

Trabajadores de la industria pesquera de Bío Bío preocupados por licitación

Perjudicados se sienten los trabajadores de la industria pesquera de la región del Bío Bío por la licitación del 15% de la cuota de pesca este año.

La reciente subasta pública del 15% de la cuota industrial de pesca de este año, que en el caso de la sardina común equivalió a 9 mil toneladas, es rechazada por los dirigentes laborales de la flota industrial pesquera de la zona, quienes sentenciaron que con ello se produce un cambio en el rubro que perjudica directamente a los trabajadores.

Erick Riffo, presidente del Sindicato de Motoristas, señaló que las licitaciones afectan considerablemente a los trabajadores de la industria, creando inestabilidad laboral, además de un desmedro económico.

Riffo agregó que muchas de las pymes que participaron de la subasta no tienen embarcaciones y lo más probable es que vendan o arrienden los permisos.

Al respecto, la directora zonal de Subpesca, Lilian Troncoso, dijo que es normal que aquellos que no cuenten con embarcaciones puedan asociarse y hacer una especie de convenio.

Explicó que el 15% de la cuota de pesca que se licitó corresponde al excedente industrial, pero añadió que esto no debería afectar a los trabajadores con el “Bono por captura” porque las empresas también participaron de la subasta, quedando con mayor cuota de pesca que la inicial.

La autoridad de Subpesca agregó que no se descartan otro tipo de licitaciones para así determinar los porcentajes para ambos sectores en la captura de productos marinos. Proceso que será continuo con la aplicación de la Ley de Pesca.

http://www.biobiochile.cl/2016/01/0...a-de-bio-bio-preocupados-por-licitacion.shtml

Una fuerte crisis laboral, económica, social y sicológica viven los pescadores artesanales debido a las diversas leyes que han permitido la depredación de los recursos biológicos marinos de nuestras costas por parte de grandes empresas pesqueras. Esta situación se agrava a partir del año 2000, cuando se dictan las leyes N°s18.892, 19. 713, 19.079 19.080 que son las de pesca y acuicultura, marcos legales que hicieron que los trabajadores del sector pesquero artesanal e industrial se vieran fuertemente afectados.



Esta ley olvidó que las pequeñas embarcaciones constituyen los pilares de la pesca artesanal, pues son los aportantes del pescado fresco a los mercados populares y restaurantes que difunden la gastronomía nacional.



Entonces, la invasión de las primeras cinco millas marinas por embarcaciones industriales permite que una zona natural de reproducción masiva de especies para consumo humano directo y que está reservada para pescas sencillas y selectivas como la artesanal, se destruya sin que hasta ahora se pueda hacer algo para evitarlo.


Además no hay un registro pesquero artesanal e industrial que lleve a un ordenamiento pesquero que realmente se haga cumplir. También se debería continuar mediante pescas de investigación, realizadas por las naves artesanales y no por naves industriales de gran tonelaje, hasta que se cuente con un marco normativo adecuado y en consenso con la pesca artesanal evitando fraudes que restrinjan aún más esta labor pesquera.



En ese sentido, documentos prueban la existencia de una serie de permisos fraudulentos de pesca que podrían comprometer el patrimonio marítimo de los chilenos si se comprueba, en definitiva, su falsa adjudicación por parte de grandes empresas pesqueras que, al amparo de esta ley, estarían aprovechando vacíos legales y malas fiscalizaciones para actuar impunemente.



Uno de estos casos habría comenzado el año 1998, cuando se entregó a la empresa Iquique Guanaye S.A. (hoy Orizon S A) la adjudicación de permisos de pesca para las naves Colomba III, Colomba IV y Malleco. Con el paso del tiempo se comprobó que las dos primeras naves nunca existieron. A pesar de lo anterior, sus permisos o autorizaciones de pesca continúan vigentes hasta el día de hoy a pesar de que los mismos permisos establecen que quedarían sin efecto de no estar operativas dichas naves desde el 8 de diciembre de 1998.



En agosto de 2013, la Subsecretaría de Pesca a través de un oficio enviado al 17° Juzgado Civil de Santiago, entregó un listado de todos los armadores industriales pesqueros que tienen licencias transables de pesca a naves de diferentes armadores. En esta lista, en que está incluida la Empresa Pesquera Orizon S.A., se advierte un grupo de licencias que solo están nombradas con una serie de números y letras (claves alfanuméricas) de los cuales se desconoce si estas naves existen o solo son de papel.



En enero del año 2015 el subdirector de la Dirección General del Territorio Marítimo extendió un documento ordinario N° 12600/19 para la juez del 17º juzgado civil de Santiago en el cual se le informaba que“revisado el Registro de naves mayores de esta Dirección General, no existe inscripción de las naves mayores Colomba III y Colomba IV.”



Además, en la resolución N° 2090, de la misma repartición marítima, queda constancia que la nave MALLECO tiene cinco permisos de pesca y los permisos de naves “COLOMBA III” y “ COLOMBA IV” no han sido dejados sin efectos hasta el día de hoy. Sin embargo, están siendo utilizados por la empresa ORIZON S.A.



Actualmente esta causa está siendo vista por la Corte Suprema, quien deberá dirimir la situación.



Cabe señalar que cada permiso de pesca otorgado por la subsecretaría de pesca del Ministerio de Economía tiene un valor aproximado de US$ 4.5 millones.



Esta situación podría ser la punta de una madeja que se comenzaría a soltar en los próximos meses, si se comprueba la existencia de otros permisos de pesca falsos entregados de manera ilegal por el Estado a empresas privadas.



Actualmente, el 70% de las pesquerías chilenas están sobre explotadas y el otorgamiento de estos permisos falsos impediría que existan cuotas de pesca sustentables, no permitiendo que las especies se recuperen e impidiendo que la industria no sea destructiva con el medio ambiente acuícola.



Estos permisos fraudulentos, estarían hablando de una regulación insuficiente que agudizaría aún más la actual sobreexplotación de la biomasa marina.



Manuel Rojas, abogado que lleva la causa civil, expresa que “una consecuencia de esta situación sería la gran cesantía de los trabajadores del sector pesquero artesanal e industrial, donde la promesa del apoyo de la reconversión social, según ley de pesca 19.713 con un fondo aproximado 155 millones de dólares al año (2000-2012) o Ley Corta, no se materializó, dejando el sustento de miles de familias de pescadores a la deriva y al naufragio económico, llevando a muchos de ellos a un estado de shock sicológico”.



“Al mismo tiempo de que los chilenos son dueños, en teoría, de un extenso litoral, no pueden gozar ni degustar de sus productos porque estos son depredados por la gran industria pesquera para enriquecerse aún más, autorizados por leyes de pesca redactadas por ellos mismos y aprobadas por sus servidores congresales pagados por el empresariado pesquero”, y aparentemente fiscalizadas por órganos del Estado, añade Rojas.



Finalmente, el abogado Rojas expresa que “son miles las personas que dependen directa e indirectamente de la pesca en Chile, ya que es el motor del desarrollo de muchas de las zonas costeras del país y esta situación como otras, pone en riesgo la recuperación de la pesca y el empleo de uno de los sectores económicos más importantes del país, convirtiéndose en una bomba de tiempo que debería ser desactivada por las autoridades competentes, antes de que sea demasiado tarde y nuevamente el estado se vea involucrado en otro escándalo de corrupción vergonzoso para nuestro país”

http://www.elclarin.cl/web/opinion/...ometerian-el-patrimonio-pesquero-chileno.html