Terrorismo, mapuches y derechos humanos
Desde la perspectiva del empleo peyorativo del adjetivo terrorista, es mala fe acusar a activistas mapuches bajo una ley antiterrorista. Tanto más que esta ley fue gestada bajo un régimen dictatorial carente de legitimidad. Es una hipocresía postular ante el mundo que en Chile reina la paz, es decir que no operan grupos terroristas, y a la vez encausar a compatriotas bajo ese cargo.
Por Raúl Sohr
Publicado el 28 May 2006
Es atroz que un caníbal devore a un misionero. Pero, ¿qué cabe decir de un misionero de devora a un caníbal? Los terroristas encarnan a los caníbales dispuestos a fagocitar a otros humanos sin escrúpulos. El Estado, en tanto, representa a los misioneros que, se supone, buscan imponer un orden basado en la legitimidad. Esto que parece bastante elemental no es el caso en nuestros días. Así se desprende del informe anual de Amnistía Internacional presentado esta semana a lo largo del mundo. Allí se lee: “Los gobiernos siguieron fomentando el discurso que los derechos humanos eran un obstáculo, más que un prerrequisito esencial, para la seguridad humana”.
Los latinoamericanos tienen experiencia para intervenir en este debate. A fin de cuentas, la región vivió las llamadas “guerras sucias”. Amparadas en este eufemismo, las dictaduras militares hicieron tabla rasa del respeto a los más elementales derechos ciudadanos. Las cicatrices de innumerables secuestros, torturas masivas y persecuciones inclementes no terminan de curar. Con la perspectiva del tiempo es evidente que mucha de la crueldad fue gratuita. Es decir, no jugó un papel decisivo en el desenlace de los conflictos. Ciertamente, ése fue el caso en toda Sudamérica. Por el contrario, gravó a las sociedades con una herencia de amargura y dolor. Y los uniformados, que perpetraron los horrores, mancharon el honor de sus armas por generaciones.
Ahora, como en el tiempo de las “guerras sucias”, surge un nuevo léxico para encubrir las atrocidades. Las “entregas extraordinarias” es sinónimo de secuestro de personas que son llevadas secretamente a otros países para ser torturadas. En materia de tormentos ya se sabe que ello no sólo se consigue a través del dolor físico. Poner un perro a gruñir a centímetros del rostro no puede ser más que una forma de tortura. La privación sensorial, en centros de detención secretos donde los guardias llevan la cara tapada, nunca dirigen la palabra al detenido e imparten las instrucciones con gestos, donde en forma permanente se escucha un ruido blanco (un zumbido), la luz de fuerte potencia está encendida las 24 horas, constituye una forma de tortura, como ya se estableció cuando los británicos aplicaron estas técnicas en Irlanda del Norte. ¿Qué duda puede haber que una persona sometida a este trato, por períodos prolongados, desarrollará disfunciones sicológicas?
La figura de “combatiente extranjero” es empleada para crear un limbo legal en que no se aplica ni la justicia ordinaria ni la Convención de Ginebra. Según Amnesty, “miles de hombres sospechosos de terrorismo permanecen recluidos en centros de detención administrados por Estados Unidos en todo el mundo, sin perspectivas de que se formulasen cargos contra ellos”. El informe señala que al finalizar 2005, unas 14 mil personas permanecían detenidas, sin visos de ser juzgadas con las debidas garantías. No se sabe cuántos de ellos son inocentes y cuántos pertenecen a lo que la CIA denomina “lista de alto valor de blancos”.
El terrorismo, en rigor, es un método clandestino de combate. Con la concepción que el fuego se combate con fuego, la CIA emplea esta metodología. Lo hace cuando opera en forma secreta y secuestra a sospechosos de terrorismo. Pero, en el lenguaje cotidiano, el terrorismo se ha convertido en un adjetivo para designar una lucha artera y enemiga de la seguridad de la ciudadanía. En muchos casos, sin embargo, la población aplaude las operaciones terroristas de movimientos resistentes a ocupaciones foráneas, como ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial o con movimientos de liberación nacional.
Desde la perspectiva del empleo peyorativo del adjetivo terrorista, es mala fe acusar a activistas mapuches bajo una ley antiterrorista. Tanto más que esta ley fue gestada bajo un régimen dictatorial carente de legitimidad. Es una hipocresía postular ante el mundo que en Chile reina la paz, es decir que no operan grupos terroristas, y a la vez encausar a compatriotas bajo ese cargo. La violencia social ejercida por un estudiante encapuchado que lanza una molotov es un delito, pero no constituye un acto terrorista. Como tampoco lo es la quema de bienes por parte de activistas mapuches. Sus organizaciones y liderazgos son públicos. Pueden encontrarse en varias páginas web de sus agrupaciones. Si un agente del Estado ejerce fuerza desmedida con el fin de amedrentar se le acusará de abuso de poder o de violar derechos humanos. Pero aunque haya aterrorizado a las víctimas no cabe juzgarlo como un terrorista, puesto que no utilizó este método, de la misma forma que no lo hicieron los mapuches que este viernes han depuesto su agónica huelga de hambre. El adecuado uso del lenguaje es clave en estas materias, pues condiciona las percepciones o, como dicen algunos, crea realidades.