En EEUU, retirados -por falta de espacio- de la sala especial destinada a albergarlos en el Archivo Nacional del gobierno, en las afueras de Washington D.C. En Santiago, arrumbados desordenadamente en una sala cualquiera de la Biblioteca Nacional luego de ser donados para su acceso público -junto a cuatro computadores- por la Embajada norteamericana en Santiago.
Estos dos hechos son simbólicos del triste destino de los 24 mil documentos desclasificados entre 1999 y el año 2000 por el gobierno de EEUU sobre la intervención de sus agencias en la política chilena, hecho que llevó a que la ministra de Relaciones Exteriores, Soledad Alvear, dijera que no se podía obviar el hecho de que eran la prueba de una clara e inaceptable intervención en los asuntos internos de Chile.
De seguro influyeron también en que el canciller de la conservadora administración Bush, el ex militar Colin Powell, no tuviera empacho en comentar en febrero de 2003 que la actuación de su país en Chile había sido una vergüenza, dicho por supuesto como diplomático que es.
Sin embargo, muy poco, por no decir nada, ha sucedido en Chile con los documentos que fueran desclasificados luego del arresto de Pinochet en Londres y que certifican la historia secreta de una descarada intromisión que, por lo menos, una parte de los estadounidenses hace ya mucho tiempo asumió. Porque fue en 1975, hace ya 28 años, cuando una comisión del Senado, tras revisar los mismos documentos ahora públicos -y muchos más- y entrevistar a unas 800 personas, dio a conocer el informe "Acciones Encubiertas en Chile 1963-1973", conocido como el Informe Church y un detallado recuento de la complicidad norteamericana en el frustrado secuestro y asesinato de Schneider.
Estos informes, en que los estadounidenses reconocieron haber actuado en contra de sus propios ideales democráticos, llevaron a que se impusieran estrictos controles sobre las agencias de inteligencia.
La publicación de la traducción de estos informes en Chile en 1991 pasó prácticamente desapercibida, pero no así la desclasificación de 1999-2000 que suscitó reacciones de todo el ámbito político, incluido por supuesto el Gobierno.
"La responsabilidad del Gobierno de Chile es hacer un análisis global de la información y a partir de él tomar decisiones respecto del curso a seguir", indicó la canciller Alvear en una declaración emitida el 14 de noviembre del 2000, al dia siguiente de la entrega del último lote de documentos.
Nadie parece saber, y a pocos parece importarle, qué sucedió con el compromiso público adquirido en su momento de hacer un análisis global de la información, exigir mayores explicaciones a los norteamericanos y derivar los documentos que correspondan a los Tribunales de Justicia. Por otra parte algunas autoridades se niegan a dar facilidades para que el público y los académicos revisen, estudien y ordenen los documentos. Y, lo que es aún más grave, por lo menos en un caso judicial, el gobierno ni siquiera estaría respondiendo de una manera adecuada a los requerimientos de los tribunales para utilizar los documentos desclasificados.
¿UNA NUEVA CONSPIRACION?
En noviembre de 1999 la revista Patrimonio Cultural de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos anunciaba que la embajada de EEUU había gentilmente donado 48 volúmenes de documentos desclasificados y cuatro computadoras para consulta, y que el material quedaría "bajo el resguardo de la sala de Referencias Críticas de la Biblioteca Nacional".
Al comentar las limitaciones de la documentación, en cuanto a las múltiples tachaduras y lo incompleto de la información, el historiador Gabriel Salazar de la Universidad Arcis señalaba a la revista: "...La misma conspiración del golpe yo creo que ahora se traduce en la conspiración del editar a medias estas cosas, para producir efectos calculados".
Hoy los documentos debieran estar, como se prometió y como lo haría cualquier biblioteca seria, ordenados en un lugar adecuado, custodiados por personal calificado y disponibles a todo el público.
"Me encontré con que los documentos desclasificados, si bien dependen de referencias críticas, estaban en otro lugar y estaban completamente desordenados y botados. Algunos no están abiertos, las copias de seguridad no están... la biblioteca se comprometió a ordenarlos, debía haber fotocopiadora y libre acceso, nada se cumplió", declaró a El Periodista Paulina Orrego historiadora, recientemente titulada en la Universidad Católica, quién hace dos años está trabajando con los documentos.
Según Orrego, a principios del año pasado a una periodista de la revista Qué Pasa que intentó ver el estado en que estaban los documentos, simplemente se le negó el acceso.
Pero éste no sería el único problema. Javiera Errázuriz, otra joven historiadora, junto a Paulina Orrego y Francisca Carreño, pidieron a las autoridades de la Biblioteca el patrocinio para un proyecto que buscaba ordenar los documentos. "La biblioteca no nos pescó ni en bajada... ofrecimos hasta buscar el financiamiento", recuerda Javiera.
El equipo de jóvenes historiadoras se encontró con múltiples excusas para no recibir el patrocinio, a pesar de tener conversaciones avanzadas para el eventual financiamiento.
"Nos cerraron la puerta en la cara yo creo por un tema político, porque todo el mundo sabe que EEUU dio plata para la campaña de Frei y para la derecha y para El Mercurio... pero ahí pareciera que también hay documentos que involucran a la actual Concertación... de partida hay un problema político y a la biblioteca le cargó que vinieran tres niñitas a hacerles un trabajo que ellos debieran haber hecho", dice Javiera.
LA ILUSION VIRTUAL
Entre las excusas que habrían dado las autoridades de la Biblioteca Nacional para no aceptar apoyar el proyecto es que los documentos estarían disponibles en el sitio
www.foia.state.gov del Departamento de Estado Norteamericano.
Algunos podrán concluir que por estar allí, por obra y gracia de esta herramienta mágica de la modernidad, estarían accesibles para que cualquier chileno o internauta del mundo los pudiese examinar, estudiar y extraer sus propias conclusiones. Pero esto, en los hechos, está muy lejos de la verdad. Comenzando claro, por el pequeño detalle de que los documentos están en inglés. Por otro lado, además, están los costos de tener que estar conectado en línea y las incomodidades prácticas, y hasta físicas, de leer los documentos de a uno en la pantalla.
No es el caso argentino, adonde, al anunciarse la desclasificación de documentos norteamericanos sobre esa nación, Oscar Fappiano, secretario de Derechos Humanos, dijo a La Nación que "toda la información será digitalizada y... cualquiera que lleve al ministerio de Justicia un CD podrá llevársela para consultarla".
Pero tanto, o quizás más grave, que el problema del idioma y de no estar disponibles al público en papel o en CD, es el hecho de que no existe clasificación alguna, ni cronológica, ni temática, ni onomástica de los documentos. En estas condiciones es prácticamente imposible analizar el mamotreto de papeles de manera seria y ordenada, examinando por ejemplo los diversos memorandum escritos sobre algún evento en particular y contra examinándolos con otros escritos sobre el tema, o viendo las distintas visiones que en cierta fecha, o de ciertos hechos, tuvieron las diversas agencias.
Según algunos, este desorden sería premeditado.
La política de EEUU consistiría en sacar un número abismante de documentos "que aplasten a los analistas", opina Armando Uribe, abogado, diplomático y escritor, sin duda uno de los chilenos que más sabe -y de primera fuente- sobre la intervención del país del norte. Como ministro Consejero del ministerio de RREE a fines de la década del 60 y alto funcionario de la Embajada de Chile en Washintong durante la administración de Eduardo Frei Montalva, Uribe fue testigo de primera mano y analizó en detallados documentos tanto para el gobierno de Frei como para el de Allende, la política de EEUU hacia Chile.
El poeta detectó durante el gobierno de la UP la enorme intromisión de ese país y las consecuencias que podría tener sobre Chile. A pesar de haberle expresado su preocupación al mismísimo Salvador Allende, altas figuras políticas de la época desecharon su análisis. El propio Orlando Letelier, semanas antes de su asesinato en Washington, al encontrarse con Uribe en Europa, le confesó la veracidad de sus análisis sobre el nivel de intervención de EEUU. "Usted tenía razón", le dijo.
Hoy Uribe, quien tiene la ventaja de dominar perfectamente el inglés, además del francés, revisa cuidadosamente la versión en inglés (bastante más amplia que la versión en español) del libro "The Pinochet File" de Peter Kornbluh, de la ONG Archivo de Seguridad Nacional en Washington D.C, la persona más conocida por su aporte a la desclasificación de documentos sobre Chile, aunque la verdad es que múltiples organizaciones e individuos (entre ellos el Centro para Estudios de Seguridad Nacional de EEUU, el español Joan Garcés y parientes de víctimas entre ellos Joyce Horman y Fabiola Letelier) han laborado por muchos años en este afán.
La intervención fue "mucho más intensa que lo que pensaba", explica Uribe con el lúcido y apasionado enojo que lo caracteriza. "Me lleva a concluir que si no hubiera habido intervención.... si uno la extrae, no hubiera habido golpe de Estado... la intervención norteamericana fue causa necesaria para el golpe" señala Uribe.
"Esto para mí no es político ni ideológico, sino nacional... ¡Si llegara a saberse!...ahora se abrazan y se besan...es una vergüenza sin nombre", agrega el ex diplomático.
LAS NO RESPUESTAS DE LA CANCILLERIA
El 15 de noviembre de 2000, dos días después de la última desclasificación, 38 senadores de la República, entre ellos Fernández, Canessa, Martínez, Stange, Cordero, Ríos y Vega despacharon el oficio 17.072. En él, a propósito de los documentos desclasificados, piden al gobierno que mande "una nota diplomática en forma" al gobierno de EEUU ,"por este atropello a nuestra independencia, al haberse inmiscuido indebida e ilegítimamente, y sin causa, en nuestros asuntos internos, propios de nuestra autodeterminación y ciudadanía".
Los Senadores de gobierno y oposición pidieron además que se solicitara formalmente a EEUU "una declaración pública respecto de si, en la actualidad, la CIA continúa operando de alguna forma en nuestro territorio o donde Chile tiene presencia dentro del ámbito jurídico internacional".
El 5 diciembre, la Cancillería informó que había remitido un oficio al Senado informándole sobre una nota verbal que había mandado el 27 de septiembre, con anterioridad a la petición de los legisladores: "..Los hechos aludidos en dicho informe (Hinchey), como asimismo los elementos derivados del proceso de desclasificación de documentos de distintas agencias de la Administración de los Estados Unidos aluden a momentos dolorosos de nuestra historia, frente a los cuales nuestro pueblo no puede ni quiere permanecer indiferente y requeriría una explicación. Pese a que ellos podrían arrojar nuevos antecedentes que pueden ser de utilidad a los Tribunales de Justicia para su esclarecimiento, al Gobierno de Chile no le corresponde hacerse eco de prácticas que considera inaceptables", decía la misiva diplomática. "Es por ello que, junto con expresar nuestro malestar y rechazo por este tipo de hechos, nuestro Gobierno hace un llamado al Gobierno de EEUU para que acciones de esta naturaleza no vuelvan jamás a repetirse en Chile", agregaba la brevísima nota (5 párrafos) N° 17.205 despachada por la Cancillería.
Por otra parte se dio a conocer la respuesta, también breve, de EEUU, fechada el 21 de noviembre: "...La revisión crítica por parte de EEUU de sus políticas y acciones en Chile comenzó con las audiencias del comité del senador Church en el año 1975 y el informe ulterior titulado `Acciones Encubiertas en Chile'. El Proyecto de Desclasificación de Documentos sobre Chile de los últimos dos años y el Informe de la Enmienda Hinshey dado a conocer anteriormente este año han adelantado el proceso de revisión crítica -un proceso que a través del tiempo ha conducido a un cambio considerable en las políticas y acciones del gobierno de los Estados Unidos para apoyar plenamente la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho en Chile", señalaba en parte la misiva norteamericana.
Si bien de la respuesta se deduce que la revisión crítica no habría necesariamente concluido y que se produjeron cambios considerables, el documento no parece admitir ni dar mayores explicaciones sobre la profundidad ni las consecuencias de su intervención: "...las acciones aprobadas por el gobierno de EEUU en este período agravaron la polarización política y afectaron la larga tradición chilena por las elecciones democráticas, el orden constitucional y el imperio de la ley", expresa la respuesta, que añade, en aparente contradicción con lo anterior, que cada persona juzgará: "Otro objetivo de este proyecto es poner a disposición del público documentos originales para que cada persona pueda juzgar en qué medida las acciones aprobadas por el gobierno de EEUU pudieron socavar la causa de los derechos humanos y la democracia en Chile".
Pero aparte de no haber habido hasta hoy una respuesta al oficio de los senadores y a lo que estos pedían frente al gobierno de EEUU, tampoco parece haber existido un serio intento de cumplir con lo que anunciara la Cancillería el 14 de noviembre de 2000, luego de conocer la última serie de los documentos desclasificados: "Los documentos, en inglés, están siendo revisados por un equipo de la Cancillería, el que preparará a las autoridades de gobierno un informe respecto a su contenido en el más breve plazo posible.", prometía el anuncio hecho por la Cancillería al día siguiente de haberse entregado los últimos documentos, agregando que "..La responsabilidad del Gobierno de Chile es hacer un análisis global de la información y a partir de él tomar decisiones respecto del curso a seguir, en particular derivar los documentos que correspondan a los Tribunales de Justicia...".
El Periodista intentó durante más de dos semanas, a través de una docena de llamadas a distintos departamentos de la Cancillería, incluidos Prensa, Derechos Humanos, Departamento Jurídico y Jefatura de Gabinete, saber qué ha sucedido con la revisión de los documentos, sin haber obtenido hasta ahora respuesta.
"Tengo entendido que se emitió un documento", dijo una de las fuentes del Ministerio; "no fue materia de este departamento", adujo otra; "fue un equipo de varios departamentos", explicó uno que luego y que el suyo "no había estado involucrado", "llámeme mañana" o "le devolveremos la llamada", repitieron otros.
Más allá de los resultados que podría haber tenido la revisión para las autoridades y el análisis global prometido y las decisiones que se tomarían, hay información que apuntan a que no sólo no se estarían derivando documentos a los Tribunales, sino que por lo menos en un caso, la petición expresa de abogados y de la Justicia para entregar documentos ha sido inexplicablemente lenta y lindante con la negligencia.
Es el caso de los documentos que se han requerido para la querella por la muerte del periodista norteamericano Charles Horman.
El 7 de diciembre de 2000, los abogados Sergio Corvalán y Fabiola Letelier, en representación de Joyce Horman, viuda del periodista asesinado en Santiago en septiembre de 1973, interpusieron una querella criminal por secuestro seguida de desaparecimiento, torturas y homicidio calificado y por delitos e infracciones al derecho internacional. El pasado 10 de diciembre fue procesada la primera persona en el caso que sigue abierto, el ex agente de seguridad chileno Rafael Gonzalez, personaje que es citado en múltiples documentos desclasificados. De hecho la desclasificación de los documentos norteamericanos fue planteada en la querella interpuesta por Horman como "nuevas evidencias para la apertura de la investigación", pidiéndose como una de las diligencias que las autoridades del ministerio de RREE pusieran a disposición del tribunal 212 documentos desclasificados.
Pero hoy, a tres años del pedido, éstos aún no han sido remitidos en su totalidad. "Han cumplido con algunos. Lentamente, demasiado lentamente, debieran haberlo hecho hace rato... allí hay negligencia... hay falta de colaboración", aduce Corvalán.
"Existe una entrega oficial de la documentación al gobierno de Chile. Nos interesa, por lo tanto, que el gobierno se involucre y que de esos documentos que ellos recibieron entreguen algunos y que digan qué carácter le dan, si le dan el carácter de una fotocopia o lo que es un documento oficial que el gobierno de EEUU le entrega al gobierno de Chile y en ese carácter se lo entregan al juez y es distinto porque tiene un carácter probatorio", agrega el abogado.
"Lo primero es que se desclasificó la documentación, segundo se la entregan, se la regalan al gobierno de Chile y éste no le da ninguna importancia, esa es la verdad de las cosas...El gobierno tiene la política, oficialmente, de los derechos humanos, pero en temas de tribunales, nada. Por ejemplo no se han hecho parte (en el caso Horman), cosa que le prometieron a Joyce que iban a hacer".
Según Corvalán, otros jueces también han estado utilizando la documentación. "Aparte del caso Horman hay dos o tres jueces que sé que a partir de esa documentación han estado confirmando, ratificando, abriendo nuevas pistas que son importantes".
Quizás el gobierno ya concluyó que los documentos no servían de mucho y decidió "borrón y cuenta nueva", embriagados con el TLC y olvidando lo que Lagos dijera para el caso de las violaciones a los derechos humanos, esas sabias palabras de que "No hay mañana sin ayer".
1. La comisión Salinas
Según un despacho en inglés de la agencia Reuters, fechado en Santiago el 5 de enero de 2001 y que no se sabe que haya sido reproducido por los medios chilenos, Alejandro Salinas, entonces director de Derechos Humanos de la Cancillería habría estado a la cabeza de un equipo de alrededor de 15 personas que revisaron los documentos para buscar evidencias sobre casos de violaciones de los DDHH.
Según el despacho, el funcionario habría dicho que los documentos no constituían nada nuevo y se mostraba escéptico de su importancia para la Justicia, dudando que algunos de los escritos fueran aceptados por las Cortes por no revelarse las fuentes y porque otros serían meramente opiniones.
"La CIA podrá decir muchas cosas, pero esto no significa que sean ciertas", dijo Salinas según Reuters.
¿Es la opinión de Salinas la opinión oficial de la Cancillería? ¿Es que en un mes y medio revisaron los últimos 16 mil documentos desclasificados? ¿Fueron éstas las conclusiones oficiales de la revisión de la Cancillería? ¿Y cuál fue el análisis global y las decisiones respecto al curso a seguir que anunció la Canciller? ¿Borrón y cuenta nueva?
Por esas casualidades de la vida la copia del despacho de prensa en que se alude a la revisión de la cual el Ministerio se rehusa a dar mayores antecedentes fue conseguida por El Periodista hace algún tiempo en las oficinas de Washington del congresista Maurice Hinchey, que gatilló el informe sobre la CIA en Chile de septiembre de 2000.
Los norteamericanos admiten que desde 1975 están llevando a cabo una revisión crítica de su accionar en Chile. ¿Cuándo llegará el momento en que lo hagamos seriamente los chilenos?
Quizás lo sea muy pronto. En estos días diputados de diversas bancadas, encabezados por el socialista Alejandro Navarro, están afinando los detalles sobre un proyecto de Acuerdo para pedir que se constituya una Comisión Investigadora que revise seriamente los más de 24 mil documentos desclasificados que acumulan polvo en las archivos centrales de Chile y de Estados Unidos y que permanecen perdidos en una nebulosa caótica del ciberespacio.
2. ESPIANDO AL AMIGO INSULZA
"Siento orgullo de ser amigo de José Miguel Insulza", declaró a la prensa recientemente William Brownfield, el representante de la administración Bush en Chile.
Aunque el personero ha dicho que su país aún no tiene decidido a quién va a apoyar para la secretaría general de la OEA, en la prensa norteamericana se ha señalado claramente que la preferencia de Estados Unidos sería otra.
¿Qué podría estar haciendo, tras bambalinas, el gobierno norteamericano para asegurar la elección de su candidato a secretario general de la OEA, instancia política regional clave para los intereses de EEUU en América Latina?
Porque no sería primera vez que actuan subrepticiamente en actividades del ahora vice-presidente chileno o que usen métodos clandestinos con la diplomacia chilena.
¿Sabrá el señor Insulza que según un documento del FBI recientemente desclasificado, cuando él -como representante de la Resistencia Chilena Anti-Fascista- estaba programado, a las 11.00 horas del sábado 8 de febrero del 75, para ser el orador principal de la Segunda Conferencia Nacional de Solidaridad con Chile realizada en la localidad de River Forest cercana a Chicago, el FBI se había infiltrado en la reunión y que 28 páginas con las principales conclusiones y los detallados planes de la solidaridad terminaron en manos del gobierno norteamericano y, lo más probable, también en la de los agentes de Pinochet?
Esto último no lo menciona el documento, pero sí lo reconoce el FBI en otra actividad que por esos años organizó el movimiento de solidaridad con Chile en Estados Unidos, cuando la agencia dice haber estado coordinado con el Consulado Chileno en San Francisco para vigilar y controlar las manifestaciones de protesta por la visita de la Esmeralda a ese puerto de California.
Por estos días, a casi 30 años de estos hechos ¿habrán agentes o informantes infiltrados en las reuniones del ministerio de RREE donde se discute la candidatura de Insulza o estarán sólo escuchando las conversaciones telefónicas del vice-presidente y de los funcionarios chilenos en las oficinas de la OEA en Washington?
renovacion nacional, soy patriota y por lo mismo se las wueas que digo, como als que dije anteriormente....
