La muerte de Lissette (11) en las dependencias del Cread Galvarino del Sename, no sólo generó la salida de la directora del servicio, Marcela Labraña. También reabrió el debate sobre el accionar del Ejecutivo en la tramitación de los diferentes proyectos de ley que buscan cambiar la institucionalidad del organismo a cargo de la protección de los niños.
En particular, el proyecto de Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, que busca adaptar la normativa que protege los derechos universales de los menores de 18 años, según los convenios internacionales que Chile ha suscrito en la materia.
La iniciativa fue presentada en La Moneda por la Presidenta Michelle Bachelet, el 21 de septiembre pasado y que se discute en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados. De convertirse en ley, generará la base para una serie de modificaciones.
La más relevante es la separación del Sename en dos organismos: uno encargado de velar por los derechos de los menores vulnerados, como era el caso de Lissette, y el otro referente a los infractores de la Ley Penal Adolescente. Los proyectos que generan ese cambio aún no se han enviado al Congreso.
Sobre la iniciativa ingresada en 2015, sólo este año, desde el 6 hasta el 27 de enero, la urgencia del proyecto fue modificada cuatro veces.
El último cambio, según explicaron en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) fue por el receso parlamentario de febrero. A partir de esa fecha el proyecto pasó de tener suma urgencia a quedar sin ningún tipo especial de tramitación porque no había otra iniciativa en discusión, según indican en la secretaría de Estado.
La cartera liderada por el ministro Nicolás Eyzaguirre tenía presupuestado reponer la urgencia, pero ahora en calidad de simple, el miércoles 20 de abril, nueve días después del fallecimiento de Lissette, pero según señalaron, esta decisión se aplazó debido “a la suspensión de sesiones por el duelo nacional” en honor al ex Presidente Patricio Aylwin.
Según indicaron fuentes de gobierno y oposición, la decisión de quitarle la urgencia en enero se produjo porque la prioridad estaba puesta en las iniciativas sobre probidad, agenda corta y la reforma laboral, entre otros temas.
Alejandra Riveros, del departamento de asuntos públicos de la Aldea S.O.S. (organismo que presta colaboración al Sename) dijo que estos cambios “fueron dos razones cruzadas: el Ejecutivo dijo que le habían puesto suma urgencia para que no se cayera de los proyectos que quería priorizar. Pero la sociedad civil se opuso, debido a que la iniciativa generó más de 300 indicaciones cuando ingresó al Congreso”.
En esa línea, la diputada UDI y miembro de la Comisión de Familia, Claudia Nogueira, manifestó que “el gobierno le quitó suma urgencia a esta iniciativa por la presión social y parlamentaria, dado que tenía múltiples correcciones de fondo y de forma”. Esto, a raíz de las más de 500 indicaciones que fueron presentadas durante enero, agregó Nogueira.
Al respecto, el diputado e integrante de esta comisión, Ramón Farías (PPD), dijo que durante las jornadas de tramitación las sesiones se prolongaron desde las seis a las diez de la noche, y puntualizó que “como teníamos que votar otras iniciativas no había tiempo para tramitar el proyecto en una jornada doble”, según establece la urgencia suma.
Por su parte la diputada RN, Marcela Sabat, sostuvo que el mensaje no ha podido avanzar “porque el gobierno no ha tenido la capacidad de someter a discusión propuestas que cuenten con consenso porque en el proyecto existen muchas diferencias ideológicas”.
Falta de presupuesto
A las críticas por la forma de tramitación, se suma el aspecto presupuestario que, según expertos, no habría sido considerado a la hora de generar la propuesta. Desde la Fundación San Carlos de Maipo indicaron que hay una serie de aspectos que no están cubiertos. Marcelo Sánchez, el gerente general de la entidad, sostuvo que
“este proyecto de ley no tiene un marco presupuestario (...) ni siquiera está establecido un mecanismo sobre el cual se va a ir priorizando, por ejemplo, la glosa presupuestaria en materia de ir reduciendo estas vulneraciones de derecho tan serias”.
Sus dichos fueron complementados por Aldea S.O.S., al establecer que
“la primera observación que se le hace al proyecto cuando uno lo revisa es que no tiene presupuesto asignado y cualquier cambio estructural requiere presupuesto. No avanza mucho en cómo va a rediseñar la institucionalidad de infancia”, sostuvo Alejandra Riveros.
El Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, es sólo un proyecto que serviría como base de otras propuestas hechas por la actual administración. A ella se suma la Subsecretaría de la Niñez, a cargo de Desarrollo Social, y la Defensoría de los Derechos de la Niñez, dependiente de la misma cartera. Estos se encuentran en tramitación en el Congreso. A ellos, se suma la reforma a la instituciones colaboradoras del servicio (Ley 20.032) y los cambios a los Tribunales de Familia, estas últimas iniciativas aún no han sido presentadas por el Consejo Nacional de la Infancias. La Tercera intentó contactar a la directora del organismo para conocer los plazos de envío, pero indicaron que no se referirán al tema. El Ministerio de Justicia también fue contactado, pero declinaron entregar una versión.
Cumpleaños de Lissette
Ayer fue una jornada especial para la familia de Lissette. Esto debido a que era su cumpleaños número 12. Para conmemorarlo, su madre, Juana Poblete, y sus hijos, acudieron hasta el cementerio de Lampa. Allí, recordaron a la menor en una ceremonia donde sólo acudió la familia.
En paralelo se celebró en todo el mundo el Día Internacional de la Lucha Contra el Maltrato Infantil, fecha que en Chile fue celebrada por la distintas reparticiones del Sename, a través de una campaña. En tanto, el nuevo director del servicio, Hugo Herrera, asumió su cargo.