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Hij@'e Puta
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La pasada semana, el ministro de Obras Públicas de Chile, Juan Andrés Fontaine, anunció que el Gobierno prepara una indicación sustitutiva en el proyecto de ley que regula el Código de Aguas para entregar los derechos del agua a empresas privadas de manera definitiva. Las reacciones no han tardado en llegar en los sectores opositores. El excandidato presidencial y senador del Partido Radical de Chile (PR) Alejandro Guilier ha calificado la propuesta de “retroceso” porque “castiga a las comunidades locales permitiendo el abuso de empresarios sin escrúpulos”. Por su parte, Guido Girardi, del Partido Por la Democracia (PPD), ha insistido en que “el agua es un derecho y como tal debe ser de todos”. Chile es el único país del mundo con el servicio de aguas en manos privadas. El proceso se inició con los Gobiernos de Eduardo Frei (1994-2000) y Ricardo Lagos (2000-2006) y continuó con el primer mandato de Sebastián Piñera (2010-2014), cuando el Estado se quedó sólo con el 5 % de las acciones de empresas como Aguas Andinas, Esval, Essal y Essbio. Las organizaciones sociales y algunas ONG ya han anunciado movilizaciones para mostrar su descontento con esta modificación del Código de Aguas, que empezará a debatirse en el Legislativo el próximo mes de marzo.
¿Nacionalizar el agua en tiempo de privatización? Legisladores y expertos abordan la interrogante
A partir de las indicaciones que propondrá el Gobierno a la reforma al Código de Aguas, se reabre el debate sobre la nacionalización del recurso. Campañas afines por parte de parlamentarios ya se escuchan. Además, algunos legisladores ya anticipan el rechazo legislativo a la propuesta de la administración central.
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126 serían las indicaciones que presentaría el Gobierno durante esta semana al Congreso para que, eventualmente, a contar de marzo, se comience a discutir la modificación al proyecto de reforma al Código de Aguas impulsado por la anterior administración.
Este martes, los ministros de Obras Públicas y de Agricultura continuaron su defensa a la acción sustitutiva, recalcando aspectos como el que los derechos indefinidos del agua permitiría asegurar un buen uso.
El titular de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, insistió en que la idea atacará la especulación financiera que se hace con los derechos de aprovechamiento y que reconocerá el recurso como un derecho humano.
Sin embargo, estas aclaraciones no son convincentes para parlamentarios de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Alta y ONGs.
Para el senador PPD, Guido Girardi, la propuesta oficial, si bien significa un retroceso en el trámite legislativo de la reforma, también da pie para avanzar en una campaña tendiente a nacionalizar el agua.
“Nosotros vamos a iniciar una campaña nacional para oponernos a esto, yo creo que, al revés, en vez de favorecer la privatización del agua para unos pocos, queremos que el agua se le devuelva a todos los chilenos y chilenas. Que todos los ciudadanos tengan derecho a perpetuidad, que se restituya, tal como ocurre en todos los países del mundo”, afirmó.
En tanto, desde la Fundación Terram, rechazaron las palabras del ministro Fontaine y recalcaron, igualmente, que el agua debe ser un derecho para todas las personas, “no una mercancía que es privilegio de contadas empresas”.
El abogado de la ONG, Christian Paredes -especialista en el tema- precisó que es prioridad fortalecer el rol regulador del Estado frente a la distribución equitativa del vital elemento. Tomando en cuenta que hoy existen sectores de la población que no tienen acceso al recurso y que para tener acceso deben ser abastecidos a través de camiones aljibes.
“Se sigue ahondando en la mirada economista en desmedro del problema estructural, como es el aseguramiento del agua para la población y la provisión de servicios ecosistémicos. Este es un punto que, hasta ahora, ni el ministro ni el Gobierno en general han relevado como un tema importante. Las más de 100 indicaciones que se presentarían no hacen más que trabar artificiosamente la tramitación de este proyecto, en desmedro de no resolver los puntos estructurales y que, en definitiva, debiesen ir en beneficio del bien común”, argumentó.
Para la abogada y encargada de proyectos de la ONG FIMA, Gabriela Burdiles, más que nacionalizar el agua, se debe defender el elemento como un bien nacional de uso público.
Precisó que el Estado debe tener más facultades como garante, especialmente para aquellas personas y ecosistemas donde el acceso al recurso se reduce.
“Más que la nacionalización, hay que defender el agua. Hoy día, en el Código Civil y la Constitución, se establece como un bien nacional de uso público, su dominio y su uso es de todos los chilenos. Lo que ocurre es que el Código de Aguas ha desarrollado un sistema de derechos de aprovechamiento, que también la Constitución del 80 lo establece como una especie de propiedad, son derechos que se otorgan para usar. Pero se deben establecer ciertos límites, donde el Estado tenga un rol de garante de un bien que es dominio de toda la nación, y eso es lo que no está ocurriendo hoy día. Hay que hacer cumplir la ley”, subrayó.
Sobre la eventual discusión de las indicaciones, ya algunos parlamentarios han adelantado su rechazo a la idea de Gobierno.
El senador y excandidato presidencial , Alejandro Guillier, precisó que la propuesta no modifica el problema de fondo: “no cambia el Código de Aguas actual, que vulnera el derecho humano al agua y castiga a las comunidades locales permitiendo el abuso de empresarios sin escrúpulos”.
Una posición similar sostuvo el senador socialista, Alfonso De Urresti, quien aseveró que el Ejecutivo no entiende que los derechos de agua, al ser indefinidos, protege el negocio de los especuladores, tomando en cuenta también la situación de escasez del recurso en casi todo el país.
¿Nacionalizar el agua en tiempo de privatización? Legisladores y expertos abordan la interrogante
A partir de las indicaciones que propondrá el Gobierno a la reforma al Código de Aguas, se reabre el debate sobre la nacionalización del recurso. Campañas afines por parte de parlamentarios ya se escuchan. Además, algunos legisladores ya anticipan el rechazo legislativo a la propuesta de la administración central.
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126 serían las indicaciones que presentaría el Gobierno durante esta semana al Congreso para que, eventualmente, a contar de marzo, se comience a discutir la modificación al proyecto de reforma al Código de Aguas impulsado por la anterior administración.
Este martes, los ministros de Obras Públicas y de Agricultura continuaron su defensa a la acción sustitutiva, recalcando aspectos como el que los derechos indefinidos del agua permitiría asegurar un buen uso.
El titular de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, insistió en que la idea atacará la especulación financiera que se hace con los derechos de aprovechamiento y que reconocerá el recurso como un derecho humano.
Sin embargo, estas aclaraciones no son convincentes para parlamentarios de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara Alta y ONGs.
Para el senador PPD, Guido Girardi, la propuesta oficial, si bien significa un retroceso en el trámite legislativo de la reforma, también da pie para avanzar en una campaña tendiente a nacionalizar el agua.
“Nosotros vamos a iniciar una campaña nacional para oponernos a esto, yo creo que, al revés, en vez de favorecer la privatización del agua para unos pocos, queremos que el agua se le devuelva a todos los chilenos y chilenas. Que todos los ciudadanos tengan derecho a perpetuidad, que se restituya, tal como ocurre en todos los países del mundo”, afirmó.
En tanto, desde la Fundación Terram, rechazaron las palabras del ministro Fontaine y recalcaron, igualmente, que el agua debe ser un derecho para todas las personas, “no una mercancía que es privilegio de contadas empresas”.
El abogado de la ONG, Christian Paredes -especialista en el tema- precisó que es prioridad fortalecer el rol regulador del Estado frente a la distribución equitativa del vital elemento. Tomando en cuenta que hoy existen sectores de la población que no tienen acceso al recurso y que para tener acceso deben ser abastecidos a través de camiones aljibes.
“Se sigue ahondando en la mirada economista en desmedro del problema estructural, como es el aseguramiento del agua para la población y la provisión de servicios ecosistémicos. Este es un punto que, hasta ahora, ni el ministro ni el Gobierno en general han relevado como un tema importante. Las más de 100 indicaciones que se presentarían no hacen más que trabar artificiosamente la tramitación de este proyecto, en desmedro de no resolver los puntos estructurales y que, en definitiva, debiesen ir en beneficio del bien común”, argumentó.
Para la abogada y encargada de proyectos de la ONG FIMA, Gabriela Burdiles, más que nacionalizar el agua, se debe defender el elemento como un bien nacional de uso público.
Precisó que el Estado debe tener más facultades como garante, especialmente para aquellas personas y ecosistemas donde el acceso al recurso se reduce.
“Más que la nacionalización, hay que defender el agua. Hoy día, en el Código Civil y la Constitución, se establece como un bien nacional de uso público, su dominio y su uso es de todos los chilenos. Lo que ocurre es que el Código de Aguas ha desarrollado un sistema de derechos de aprovechamiento, que también la Constitución del 80 lo establece como una especie de propiedad, son derechos que se otorgan para usar. Pero se deben establecer ciertos límites, donde el Estado tenga un rol de garante de un bien que es dominio de toda la nación, y eso es lo que no está ocurriendo hoy día. Hay que hacer cumplir la ley”, subrayó.
Sobre la eventual discusión de las indicaciones, ya algunos parlamentarios han adelantado su rechazo a la idea de Gobierno.
El senador y excandidato presidencial , Alejandro Guillier, precisó que la propuesta no modifica el problema de fondo: “no cambia el Código de Aguas actual, que vulnera el derecho humano al agua y castiga a las comunidades locales permitiendo el abuso de empresarios sin escrúpulos”.
Una posición similar sostuvo el senador socialista, Alfonso De Urresti, quien aseveró que el Ejecutivo no entiende que los derechos de agua, al ser indefinidos, protege el negocio de los especuladores, tomando en cuenta también la situación de escasez del recurso en casi todo el país.
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