1. ¿Quieres apoyar a nuestro foro haciendo una donación ? Entra aquí

Cámara pedirá a Presidente Piñera responder por despidos en sector público

Tema en 'Politica & Debates' comenzado por de la jara, 20 de Junio de 2018.

  1. de la jara Bosta

    Fecha Ingreso:
    18 de Abril de 2018
    Mensajes:
    739
    El Aporte:
    230
    VaginaPilin:
    Hembra
    Foquimoney:
    $6.210
    CS acogió protección deducida contra Subsecretaría del Interior por poner término anticipado a "una contrata".
    [​IMG]
    El recurrente adujo que se vulneró el derecho de propiedad.

    a Corte Suprema acogió la acción de protección deducida por un trabajador a contrata contra la Subsecretaría del Interior, debido a que dispuso el término anticipado de su contrata arguyendo que sus servicios ya no son necesarios por la reorganización de las labores del personal y la existencia de supuestas contravenciones al principio de probidad administrativa.

    El recurrente adujo que se vulneró el derecho de propiedad, ya que tiene propiedad sobre el derecho de permanecer en el cargo mientras no exista causal legal de cesación y que esta se aplique conforme a un procedimiento legalmente tramitado, por lo cual se le privó del derecho de percibir válidamente su remuneración. También indicó que se infringió la igualdad ante la ley, pues existen otros funcionarios públicos a quienes se les reprocha las mismas supuestas contravenciones al principio de probidad administrativa que se le acusa haber cometido y que no han sido separados del servicio. Por último, alegó que se vulneró el debido proceso, puesto que el acto administrativo que funda la desvinculación le imputa hechos graves, como faltas a la probidad administrativa, sin que exista un sumario previo, otorgándosele todas las prerrogativas de un debido proceso administrativo.

    En su sentencia, el máximo Tribunal señaló que se invocó una reorganización que no ha sido demostrada, como tampoco lo ha sido que las funciones del actor hayan sido suprimidas. Asimismo, se invocó una auditoría efectuada el 8 de agosto del año 2016, es decir, un año y nueve meses antes de la resolución recurrida que pone término anticipado a la contrata del actor, la cual no se vio reflejada en sus calificaciones pretéritas ni en el inicio de un sumario administrativo. Por tanto, aun cuando fuere efectiva la imputación, lo cierto es que el ordenamiento jurídico administrativo contempla otras herramientas para llevar acabo las desvinculaciones en aquellos casos, como lo son el sumario y las calificaciones, las que de modo alguno se relacionan con la causal objetiva de que los servicios no sean necesarios. Lo anterior lleva a concluir que la nueva determinación administrativa importa, en esta parte, una desviación de poder, pues la determinación censurada no se basa en una causal de carácter objetivo fundada realmente en los términos del contrato, el que contiene la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”.

    El fallo concluyó que, determinada la ilegalidad y arbitrariedad de la resolución que dispuso el término anticipado de la contrata del recurrente, se debe entender que aquélla ha carecido de razonabilidad, contrariándose la finalidad que el legislador previó al establecer la facultad para poner término a la contrata en razón de las necesidades del servicio, de modo que el recurrente ha sido discriminado arbitrariamente, vulnerándose la igualdad ante la ley.

    Por lo anterior, la Corte Suprema revocó la sentencia apelada y acogió el recurso de protección, por lo que dejó sin efecto la resolución impugnada, debiendo procederse al pago de todas las remuneraciones devengadas desde su separación del servicio y hasta el término del período de su contrata.

    La decisión fue acordada con la prevención del Ministro Muñoz, quien en atención al hecho que el recurrente ha sido nombrado en el cargo a contrata por más de dos períodos, generándose a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculado con la administración, estuvo por ordenar la reincorporación indefinida, declarando que solamente se puede terminar su relación estatutaria por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita.

    La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Sandoval, quien fue del parecer de confirmar el fallo en alzada en virtud de sus propios fundamentos.



    http://www.diarioconstitucional.cl/...-por-poner-termino-anticipado-a-una-contrata/
     
    A CésarMan le gusta esto.
  2. de la jara Bosta

    Fecha Ingreso:
    18 de Abril de 2018
    Mensajes:
    739
    El Aporte:
    230
    VaginaPilin:
    Hembra
    Foquimoney:
    $6.210
    CS confirmó sentencia que acogió protección contra Secretaría General de Gobierno por término anticipado de contrata a una funcionaria.
    [​IMG]
    Se ordenó a la recurrida renovar su contrata anual, procediendo al inmediato reintegro de la funcionaria, con todos sus derechos laborales.

    En fallo unánime, la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Arica que acogió la acción de protección deducida en contra de la Secretaría General de Gobierno, por despedir a la recurrente mediante una carta aviso de término anticipado del contrato a honorarios a suma alzada, en virtud de la cual se invalida o deja sin efecto el contrato a honorarios a suma alzada entre la recurrida y la recurrente.

    Al respecto, el fallo de la Corte de Arica expresó en su oportunidad que, del acto administrativo que se impugna, se advierte que el Servicio, ha incurrido en una desviación de poder, al fundarse en una supuesta restructuración, no siendo necesarios los servicios de la recurrente, sin señalar con la precisión que se requiere de qué manera esta nueva reestructuración del servicio hace necesario que la actora deje de prestar sus servicios para la recurrida, después de más de once años de prestación de sus servicios a contrata.

    Asimismo, se estimó que el acto administrativo que se impugna carece de razonabilidad y fundamentación necesaria para producir efectos, vulnerando con ello el artículo 11 de la Ley N°19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos, teniendo además presente que por el tiempo que lleva prestando funciones en la calidad que indica, concurren a su respecto la legítima confianza de continuar en esas labores públicas.

    Por último, la sentencia sostuvo que, no obstante, lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 18.834 que dispone que “los empleados a contrata duraran, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirven expiraran en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos” sin que sea el caso discutir que la autoridad administrativa detenta tal prerrogativa, la misma debe realizarse a través de un acto fundado, que exprese los motivos fácticos que se tuvieron en cuenta para la adopción de la decisión, indicando los antecedentes de hecho y derecho en que se sustenta.

    http://www.diarioconstitucional.cl/...ino-anticipado-de-contrata-a-una-funcionaria/
     
  3. de la jara Bosta

    Fecha Ingreso:
    18 de Abril de 2018
    Mensajes:
    739
    El Aporte:
    230
    VaginaPilin:
    Hembra
    Foquimoney:
    $6.210
    Nuevamente impugnan ante el TC normas que permitirían aplicar procedimiento de tutela laboral a funcionarios públicos.
    [​IMG]
    El requirente estima que el precepto impugnado vulneraría los principios de supremacía constitucional y de juridicidad.
    Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, los artículos 1, inciso tercero, y 485, del Código del Trabajo.

    La primera disposición impugnada señala: “Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos”.

    Por su parte, el segundo precepto se refiere al ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral, así como también a los actos discriminatorios señalados en el artículo 2° del mismo Código, señalando también qué se entiende por vulneración de los derechos y garantías, además de la incompatibilidad del procedimiento de tutela laboral con el recurso de protección cuando se refiera a los mismos hechos.

    La gestión pendiente incide en autos sobre denuncia por tutela de derechos fundamentales durante la vigencia de la relación laboral en contra de la Inspección Provincial del Trabajo Cordillera, seguidos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto.

    El juez requirente estima que los preceptos impugnados vulnerarían los principios de supremacía constitucional y de juridicidad, pues entregan competencia a los tribunales del trabajo para conocer y fallar demandas de tutela de derechos fundamentales presentadas por funcionarios públicos en calidad de contrata.

    La Sala designada por el Presidente del TC tendrá que resolver si admite a trámite la impugnación, para luego pronunciarse sobre su admisibilidad. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo del requerimiento.

    http://www.diarioconstitucional.cl/...to-de-tutela-laboral-a-funcionarios-publicos/
     
  4. de la jara Bosta

    Fecha Ingreso:
    18 de Abril de 2018
    Mensajes:
    739
    El Aporte:
    230
    VaginaPilin:
    Hembra
    Foquimoney:
    $6.210
    CS confirma sentencia que acogió protección contra Servicio de Solidaridad e Inversión Social por no renovación de contrata de un funcionario

    [​IMG]


    La recurrente estimó vulnerados la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad.

    La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Iquique que acogió la acción de protección deducida por una funcionaria en contra del Servicio de Solidaridad e Inversión Social por no renovación de su contrata.

    La recurrente estimó vulnerados la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad, por cuanto ha sido juzgada por una comisión especial que la ha sancionado de facto con la desvinculación, infringiendo las normas del debido proceso, y además del derecho de propiedad incorporal sobre su calidad de funcionaria, estabilidad en el empleo y de las remuneraciones devengadas. Asimismo, señala que se ha vulnerado su derecho a defensa, ya que no ha podido contrarrestar las acusaciones formuladas en su contra. Alega que, en este caso, correspondía iniciar un procedimiento administrativo en el cual fuera oída y pudiera hacer valer sus argumentos, se rindiera prueba, se tomara una decisión y también existiera la posibilidad de recurrir de la decisión adoptada, lo que no ha ocurrido, motivo por el cual estima que ha sido juzgada por una comisión especial.

    Cabe recordar que, en su sentencia, la Corte de Iquique indicó en su oportunidad que las razones que justificarían la decisión impugnada están en el acto administrativo referido, y dadas porque la funcionaria presenta una deficiente gestión en la ejecución de su trabajo y carece de compromiso en el ejercicio de sus labores, lo que funda en correos electrónicos y cartas por esos motivos y que, en definitiva, motivan que su evaluación de desempeño sea lista 2. Al respecto, sabe señalas que en la resolución de no renovación de contrata, estas situaciones no se especifican, ni tampoco se establecen mediante una actuación administrativa disciplinaria o una investigación administrativa en este sentido.

    En consecuencia, señala el fallo, la decisión administrativa expedida en estas circunstancias, no cumple con la especificación de hechos que permitan su corroboración, lo que unido a la falta de actos administrativos disciplinarios respecto de los mismo hechos o conclusiones aportadas por una indagación administrativa al efecto, privaron a la decisión administrativa de un fundamento racional que justifique la no renovación de contrata de una funcionaria que prestó servicios ininterrumpidos por 10 años en esa condición, lo que lo torna en un acto que carece de una explicación racional que determine la existencia de conductas imputadas que son de responsabilidad funcionaria y que aquello impacta concretamente en el desarrollo objetivo de las funciones de la recurrente.

    Por su parte, la Corte Suprema confirmó la sentencia apelada.

    http://www.diarioconstitucional.cl/...-no-renovacion-de-contrata-de-un-funcionario/
     
  5. de la jara Bosta

    Fecha Ingreso:
    18 de Abril de 2018
    Mensajes:
    739
    El Aporte:
    230
    VaginaPilin:
    Hembra
    Foquimoney:
    $6.210
    Corte de Santiago acogió nulidad laboral contra sentencia que hizo lugar a demanda de nulidad del despido de funcionario a contrata.
    [​IMG]
    La demandante fue contratada, sobre la base de honorarios, por la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores, corporación de derecho privado, sin fines de lucro, que se financia con fondos municipales.

    En fallo unánime, la Corte de Santiago acogió el recurso de nulidad deducido por la Municipalidad de Conchalí, en contra de la sentencia del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago que acogió demanda de nulidad del despido de funcionario a contrata que se desempeñaba en funciones no habituales, vinculadas a la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores.

    En su sentencia, la Corte indicó que yerra el sentenciador al hace aplicable la sanción prevista en el artículo 162 del Código del Trabajo, toda vez que siendo indiscutible que la sentencia que reconoce la existencia de una relación laboral entre las partes es de naturaleza declarativa, la regla general en esta materia, es la procedencia de la sanción de la nulidad del despido, constatada la circunstancia fáctica de no encontrarse pagadas las cotizaciones previsionales a la época del término de la vinculación laboral.

    Sin perjuicio de lo anterior, en la especie la demandante fue contratada, sobre la base de honorarios, por la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores, corporación de derecho privado, sin fines de lucro, que se financia con fondos municipales, esto es públicos, cuyo personal se rige por el Estatuto contenido en la Ley 19.378. El artículo 4° de esta ley hace aplicable, a su vez, la Ley 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales en cuyo artículo 4 se faculta para contratar sobre la base de honorarios para el desempeño de funciones no habituales, norma en la cual se asilo la demandada para contratar a la actora.

    En consecuencia, en la especie, al igual que en los órganos de la administración del estado, concurre, en la especie, un elemento que permite diferenciar la aplicación de la referida institución, cual es que ellos fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido, y excluye, además, la idea de simulación o fraude por parte del empleador, que intenta ocultar por la vía de la contratación a honorarios, la existencia de una relación laboral, que justifica la gravosa punición del inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo. 2.

    La institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, en este caso, al igual que en el caso de los órganos del Estado, puesto que no cuentan, con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual a la demandada, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir y superar largamente las indemnizaciones propias del despido, de manera que no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado o como en este caso, de un órgano que se financia con fondos públicos, y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector, base sobre la cual, debe acogerse el recurso de nulidad.

    http://www.diarioconstitucional.cl/...ulidad-del-despido-de-funcionario-a-contrata/
     
  6. de la jara Bosta

    Fecha Ingreso:
    18 de Abril de 2018
    Mensajes:
    739
    El Aporte:
    230
    VaginaPilin:
    Hembra
    Foquimoney:
    $6.210
    Juzgado Laboral de Valdivia acoge tutela laboral contra Ministerio de Obras Públicas por funcionario que fue sujeto de discriminación por opinión política.
    [​IMG]
    El denunciante, fue desvinculado, en el mes de abril del año 2018, época que coincide con la época del cambio de Gobierno.

    El Juzgado de Letras Laboral de Valdivia acogió la demanda de tutela de derechos fundamentales deducida en contra del Ministerio de Obras Públicas por funcionario que fue sujeto de discriminación por opinión política con ocasión del despido.

    En su sentencia, el Tribunal laboral señalo que existen indicios suficientes de que el denunciante fue despedido por razones políticas, toda vez que tales hechos permiten tener por acreditado que el denunciante, es desvinculado, en el mes de abril del año 2018, época que coincide con la época del cambio de Gobierno, adelantándose el vencimiento de su contrata que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2018, a pesar de tener excelentes calificaciones en el desempeño de su cargo. Se acreditó además que el denunciante es militante de un partido de oposición. También se pudo tener por acreditado que la mayoría de los Directores Regionales nombrados en el Gobierno anterior, se mantuvieron en el servicio desempeñándose con profesionales, es decir, si bien se puso término a sus nombramientos de Directores Regionales, continuaron trabajando como profesionales, que es precisamente la situación que alega el demandante debió haber ocurrido con él y por la cual reclama que existió un trato discriminatorio. Por lo demás la demandada alega que el cargo del denunciante era un cargo de legítima confianza, sin embargo, no acredita dicha alegación, toda vez que no acompaña ningún documento administrativo oficial que así lo acredite, ni el testigo ofrecido nada indica al respecto.

    Luego, indica que, una vez establecidos que existen indicios suficientes de discriminación, correspondía a la demandada explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y su proporcionalidad. Sin embargo, la prueba rendida no permite explicar el fundamento de las medidas adoptadas y su proporcionalidad, por diversas razones: en primer lugar, porque existe una serie de inconsistencias y contradicciones que se desprenden de los hechos referidos en la contestación y de los hechos que se han podido establecer a través de la prueba que rindió. Así las cosas, el demandado invoca en reiterados acápites de su contestación, la improcedencia de la demanda por no existir un contrato de trabajo, ni relación laboral entre las partes, sino que una relación de Derecho Público, sin embargo tales alegaciones no pueden ser consideradas por cuanto el procedimiento de tutela es aplicable a los funcionarios públicos por no tener el Estatuto especial que los rige, un procedimiento que cautele la vulneración de derechos fundamentales y porque el denunciante jamás ha alegado existencia de una relación laboral regida por el Código del Trabajo.



    http://www.diarioconstitucional.cl/...ujeto-de-discriminacion-por-opinion-politica/

     
  7. de la jara Bosta

    Fecha Ingreso:
    18 de Abril de 2018
    Mensajes:
    739
    El Aporte:
    230
    VaginaPilin:
    Hembra
    Foquimoney:
    $6.210
    CS confirmó sentencia que acogió protección contra Dirección Nacional de Vialidad y Dirección General de Obras Públicas por término anticipado a contrata de funcionaria.
    [​IMG]
    La recurrente consideró vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley y a la propiedad.

    En fallo unánime, la Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió la acción de protección deducida en contra de Dirección Nacional de Vialidad y Dirección General de Obras Públicas, por poner término anticipado a la contrata de una funcionaria.

    La recurrente consideró vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley, ya que habría sido afectada por una serie de discriminaciones y diferencias arbitrarias al ponerse término a su contrata sin expresión concreta de causa alguna y al ser excluida arbitrariamente del proceso de reintegro; y su derecho de propiedad, por cuanto lo resuelto atentaría contra la estabilidad en el empleo.

    Cabe recordar que, en su sentencia, la Corte de Talca manifestó en su oportunidad que la resolución impugnada, que contiene la decisión que pone término anticipado al contrato de la recurrente, carece de la fundamentación relativa al motivo por el cual se la desvincula, esto es, lo referente a lo innecesario de sus servicios a la fecha de expedirse el decreto. En efecto, la Corte indica que los fundamentos de la resolución recurrida, en el considerando cuarto, razona en un sentido distinto, pues se refiere a la falta de justificación de la contratación de la actora al momento en que esta se produjo, sosteniendo que la Oficina de Partes e Informaciones consideraba a otros funcionarios que podían efectuar esa labor, argumentaciones que son absolutamente incongruentes entre sí, y además, contradictorias e incoherentes con los propios actos de la recurrida. Lo anterior puesto que fue la propia Dirección de Vialidad la que llamó a concurso para asistente técnico de la oficina de partes, y que contrata a la recurrente, indicando que esa repartición requiere contar con los servicios de ésta, quien cumplía con los requisitos de capacidad, experiencia e idoneidad. Además, el mismo organismo la nombró, en una fecha posterior, como jefa de la Oficina de Partes e Informaciones.

    En consecuencia, el fallo manifiesta que se trata de un acto administrativo carente de razón suficiente y falta de justificación, con lo que deviene en arbitrario.

    Por último, se destaca que lo reprochado es la disociación entre la decisión y los fundamentos, y la falta de coherencia con las actuaciones previas de la administración, siendo absolutamente contradictorio el que se haya llamado a concurso y seleccionado a la recurrente para ocupar el cargo a contrata en que fue designada y posteriormente se indique que aquella contratación no se justificaba.

    De esta forma, se concluyó que la resolución exenta es arbitraria y por tanto la acción de protección debía ser acogida.

    Por su parte, la Corte Suprema confirmó la sentencia apelada.



    http://www.diarioconstitucional.cl/...termino-anticipado-a-contrata-de-funcionaria/
     
  8. Jlox II "Travalenguero año 2018"

    Fecha Ingreso:
    2 de Marzo de 2017
    Mensajes:
    11.753
    El Aporte:
    26.335
    Foquimoney:
    $2.435.357
  9. de la jara Bosta

    Fecha Ingreso:
    18 de Abril de 2018
    Mensajes:
    739
    El Aporte:
    230
    VaginaPilin:
    Hembra
    Foquimoney:
    $6.210
    CS acogió protección contra Ministro de Bienes Nacionales por término anticipado de "contratas" de ocho funcionarios.
    [​IMG]
    La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Sandoval, quien fue del parecer de confirmar el fallo en alzada, en virtud de sus propios fundamentos.

    La Corte Suprema acogió la acción de protección deducida por ocho funcionarios a contrata contra el Ministro de Bienes Nacionales, debido a que se puso término anticipado a sus contratas por estimar que sus servicios ya no son necesarios para la administración.

    Los requirentes adujeron haberse infringido la igualdad ante la ley, pues se les otorgó un trato diferente en relación con otros empleados a contrata al terminar anticipadamente la prórroga de las mismas, sin un fundamento real, puesto que las razones aducidas no son reales, ya que el Ministerio no ha tenido reestructuraciones, no se ha dictado ningún acto administrativo que haga tal cosa y, por ende, no se ha llevado a la práctica ningún cambio real en la organización interna del Ministerio. Asimismo, consideran que se vulneró el derecho de propiedad, ya que han sido privados ilegalmente de sus remuneraciones.

    En su sentencia, el máximo Tribunal indicó que las resoluciones recurridas, si bien expresan fundamentos genéricos, no indican motivo alguno que explique acabadamente por qué tales necesidades de reducción de personal determinan que, precisamente, sean los actores –y no otros-, los funcionarios de quienes se deba prescindir, y tampoco señalan razones suficientes que permitan entender por qué las competencias de los recurrentes no se ajustan a las nuevas necesidades de la organización. Así, no resulta posible tener por acreditadas las motivaciones de los actos impugnados, puesto que escaso tiempo antes de que fueran dictados –cuando fueron renovadas por última vez las contratas a finales del año 2017- la misma repartición pública consideró que se trataba de funcionarios competentes y necesarios para la satisfacción de sus fines y objetivos –de lo contrario no los habría renovado-, a lo que cabe agregar que la recurrida no logró desvirtuar la afirmación del libelo en el sentido que, en todos los casos, se trata de funcionarios cumplidores de sus obligaciones y que habían sido bien calificados en los períodos previos.

    El fallo sostuvo que, en la especie, se ha incurrido en desviación de poder, por cuanto se desprende que los fundamentos expuestos en las resoluciones impugnadas, aparte de no expresar acabada y debidamente sus elementos fácticos y jurídicos, no guardan relación con la real situación, calificaciones y experiencia de los recurrentes en sus respectivas funciones, por lo que las referidas decisiones devienen en carentes de razonabilidad y, por ende, arbitrarias y contrarias a los artículos 11 y 41 del Estatuto Administrativo. Así, determinada la ilegalidad y arbitrariedad de las resoluciones impugnadas, que dispusieron el término de las contratas de los reclamantes, se debe entender que ellas han carecido de razonabilidad, contrariándose la finalidad que el legislador previó al establecer la facultad para poner término a las contratas en razón de las necesidades del servicio, por lo cual los actores han sido discriminados arbitrariamente, vulnerándose su derecho a la igualdad ante la ley.

    Por lo anterior, la Corte Suprema revocó la sentencia apelada y acogió el recurso de protección, por lo que dejó sin efecto la resolución impugnada, debiendo procederse al pago de todas las remuneraciones devengadas desde que la separación del servicio de dichos recurrentes hasta el día 31 de diciembre de 2018.

    La decisión fue acordada con el voto en contra de la Ministra Sandoval, quien fue del parecer de confirmar el fallo en alzada, en virtud de sus propios fundamentos.

    http://www.diarioconstitucional.cl/...anticipado-de-contratas-de-ocho-funcionarios/
     
  10. de la jara Bosta

    Fecha Ingreso:
    18 de Abril de 2018
    Mensajes:
    739
    El Aporte:
    230
    VaginaPilin:
    Hembra
    Foquimoney:
    $6.210
    CS revocó sentencia y acogió protección contra Dirección Nacional de Obras Hidráulicas por término anticipado de "la contrata" de funcionario.
    [​IMG]
    El recurrente consideró vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y su protección, y a la propiedad.
    En fallo unánime, la Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de Talca y acogió la acción de protección deducida en contra del Ministerio de Desarrollo Social por el término anticipado de la contrata de funcionario.

    El recurrente consideró vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y su protección, y a la propiedad su derecho a igualdad ante la ley y a la propiedad.

    En su sentencia, el máximo Tribunal indicó que el recurrente se desempeñó en la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región del Maule por veinte años, y como Jefe de la Unidad de Obras Fluviales desde el año 2014, siendo calificado en los últimos cinco años al menos en Lista 1 de Distinción. Por otra parte, señaló que se agregaron numerosos antecedentes que controvierten algunos de los reparos formulados en el acto de su desvinculación.

    Luego, manifiesta que tales antecedentes concuerdan con las alegaciones que el recurrente efectúa y, al mismo tiempo, desvirtúan las imputaciones que la recurrida formula en la resolución impugnada. Por lo demás, no parece razonable que la autoridad incoe una auditoría para determinar posibles errores procedimentales en el trabajo del actor y adopte la decisión de desvincularlo sin tener el resultado final de la misma.

    Así, la sentencia estima que la decisión recurrida deviene en carente de razonabilidad, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, toda vez que los fundamentos referidos en la decisión cuestionada no resultaron acreditados de forma alguna.

    Por tanto, la Corte concluye que, determinada la ilegalidad y arbitrariedad del acto que dispuso el término de su nombramiento a contrata, se debe entender que ésta ha carecido de razonabilidad, contrariándose la finalidad que el legislador previó al establecer la facultad para poner término a la contrata en razón de las necesidades del servicio, de modo que el recurrente ha sido discriminado arbitrariamente, vulnerándose su derecho a la igualdad ante la ley.

    En consecuencia, la Corte Suprema revocó la sentencia apelada, y en su lugar acogió la acción de protección deducida, dejando sin efecto la resolución impugnada y ordenando se proceda al pago de las remuneraciones a que el actor tenía derecho hasta el término de su nombramiento, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2018.

    http://www.diarioconstitucional.cl/...ino-anticipado-de-la-contrata-de-funcionario/
     

Comparte esta página

Cargando...