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Chile simplifica trámites para acelerar la inversión y el emprendimiento

de la jara

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El compromiso de Chile con la inversión extranjera directa (IED) es total. Una muestra es la agenda de simplificación regulatoria promovida por las autoridades, que busca derogar normas ya obsoletas aliviando la carga administrativa jurídica de chilenos e inversores foráneos.

Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sitúa a Chile como uno de los con mayores dificultades funcionarias para formalizar los procedimientos establecidos al momento de poner en marcha un proyecto de inversión, algo insólito si nos atenemos a la alto número de inversiones establecidas en el país en los últimos cuarenta años.

Hace ahora casi un año que el Ministerio de Economía chileno creó la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS); entre sus cometidos, asiste a los impulsores de iniciativas inversoras a lo largo de la formalización de los requerimientos exigidos en las diversas instancias, actuando a modo de coordinador entre los promotores y las oficinas evaluadoras.

La propia OCDE se encarga de recordar que, si Chile situara sus requisitos normativos a la altura de las naciones más desarrolladas, la IED crecería por encima del 40% -según sus estimaciones-, lo que significaría más puestos de trabajo y mejores retribuciones.

Inversión, emprendimiento y empleo
Actualmente hay registrados en GPS 253 emprendimientos en fase de tramitación, por un monto de 71.680 millones de dólares, que crearían más de 80.000 empleos de calidad.

A modo de ejemplo aquí van algunas situaciones. Minería: conocedores de la situación, hablan de más de 2.000 regulaciones susceptibles de ser empleadas en este ramo. Agregan la exigencia de 270 permisos sectoriales y 113 clases de obras, instalaciones y actividades que pueden identificarse en una mina. Estiman el tiempo destinado a las aprobaciones preceptivas en casi el doble de otros enclaves mineros como Canadá o Australia.

Sigamos. En el área de infraestructuras las aprobaciones según expertos en estas materias pueden alcanzar las 180. Sugieren perfeccionar las diligencias y disminuir el número de visados. Se sugiere centralizar algunos. Los hay ambientales hasta los demandados para usar una vía pública. Cumplir con todo puede llegar a los 4,5 años, lo cual impacta de lleno en el comienzo previsto con los costos que esto acarrea.

Inmobiliario. En el caso de las construcciones de viviendas los permisos pueden llegar a sumar 130. Los permisos de edificación están tomando períodos más largos a causa de cuestionamientos de los que ha sido objeto el propio sector, de ahí la cautela observada en el área pública. Para los permisos de edificación, otorgados por las direcciones de obras municipales (DOM), el tiempo real promedio es de 76 días, casi el doble que el rango de entre 15-30 legal. Proponen ir hacia la digitalización, tal como se hace en ciudades más avanzadas que otorgan las anuencias en forma electrónica.

Hoy los proyectos de inversión no se demoran menos de 5 años en tramitarse muchas veces requieren más de 1.700 tramites
Otra anomalía mencionada es el aumento de los plazos de las diligencias a cumplir en contraposición con lo establecido en el reglamento correspondiente. Esto es constatable en la resolución de calificación ambiental a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA): la demora es de hasta 600 días, quintuplicando los 120 consignados en la ley.

En el seminario "Inversión, productividad y economía del futuro" -organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare) y la cartera de Economía, el responsable de la Oficina GPS informó de que "hoy en día los proyectos de inversión no se demoran menos de 5 años en tramitarse y los inversionistas muchas veces tienen que hacer más de 1.700 tramites en 20 instituciones gubernamental distintas".

De ahí las palabras del presidente de Chile al presentar la agenda de simplificación regulatoria: "Hemos decidido limpiar, simplificar y achicar la verdadera maraña de normas, regulaciones y disposiciones que afectan prácticamente todos los ámbitos del quehacer humano".

Además, se crea un plan de revisión y derogación, que cada cuatro años debe examinar las leyes vigentes para adecuarlas o para proponer su derogación al Congreso Nacional, y esto con la colaboración de varios ministerios. Finalmente, se propone que al momento de legislar nuevas normativas, los responsables evalúen los impactos económicos, sociales y ambientales, que afecten a una pronta ejecución de las proposiciones recibidas.

https://www.eleconomistaamerica.cl/...celerar-la-inversion-y-el-emprendimiento.html
 
Una completa mierda. Supone que mayor tramitación = menor interés de inversión directa, eso no se condice con el crecimiento de empresas extranjeras que vienen a poner sus oficinas en Chile. Los trámites existen para rendir cuentas de lo que se quiere hacer. Menos trámites = rendir menos cuentas, pero también es un supuesto. Esto podría remediarse con la calidad de los requisitos a satisfacer. "Abrir una mina tiene muchos trámites". ¿De verdad lo son? el criterio OCDE no es un principio racional que debiera gobernar las acciones humanas, al contrario, es sólo una comanda al servicio de intereses comeciales de estos países.

Crean un protocolo para hacer revisión de las leyes que entorpecen el enriquecimiento de unos pocos, para derogar las que definitivamente lo hacen, en lugar de extender el mismo procedimiento a todo orden de materias legales. A estas alturas, ¿deberíamos extrañarnos de que el comercio sea el objetivo primario de este gobierno? Por ejemplo, tenemos una ley, la Ley 20.120, de 2006, cuyos artículos 15 y 16 dan fundación a la Comisión Nacional de Bioética, para la asesoría ética vinculada a la vida a políticos, académicos, investigadores y científicos, como para abrir debate público respecto de estas materias. Es ley desde el gobierno de Lagos, con los apuñalamientos por la espalda de la entonces ministra de salud ¿adivinen quién? Hoy trabaja en Washington defendiendo los DD.HH. La misma que, junto a este presidente, en sus dos mandatos, ambos no han retomado esta cuestión de suma relevancia. La Bioética dejará sin efecto varios ministerios y agendas políticas por considerarlas fuera de debate público. Pero aquí ya me he extendido en otro tema no a lugar "aparentemente".
 
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