ANI: LEGADO DE MARCELO SCHILLING (P.S), SI EL PARTIDO DE BACHELET
Inéditos episodios tiene esta agencia, que sepultó a “La Oficina” y a la Dispi, los dos polémicos ensayos del concertacionismo en el área de la inteligencia.
Crónica publicada por la periodista Nelly Yáñez, en el diario “El Mercurio”.
No se nota, pero hay cámaras dispuestas en puntos estratégicos. El número 115 de Tenderini es uno de los edificios con mayor resguardo del casco antiguo de Santiago. Tanto, que si un transeúnte merodea la zona o toma fotografías, lo más probable es que alguien, vestido de terno y corbata, se le acerque con amabilidad para preguntarle si necesita ayuda.
No hay letreros ni nada que lo identifique, pero en ese grisáceo edificio de 11 pisos -a seis cuadras de La Moneda- funciona la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), que acaba de cumplir cinco años de operación. Sepultó a sus predecesoras, “La Oficina” y la Dispi, los dos polémicos ensayos del concertacionismo en esta área.
La “inteligencia de Lagos”, como se la bautizó en su momento, ha enfrentado una bulliciosa funa en 2005, cuando se les caratuló de “sapos”; un atentado explosivo en su propia fachada por parte de un grupo anarquista en enero de 2006 y hasta la filtración por error a internet de los nombres de sus agentes por algunos minutos.
Entre las críticas está el no adelantarse a los conflictos. Y, en los aciertos -la mayoría, dicen, está bajo timbres “reservados”- está el no haber tenido jamás una acusación por corrupción ni por transgresiones a los derechos humanos. Le alaban también haber implementado un sistema de chequeo de antecedentes para impedir errores en la nominación de funcionarios de alto rango y evitar así casos como el de Loreto Ditzel, en ChileDeportes, que en 2007 alcanzó a estar sólo unas horas en el cargo por su vinculación al caso Spiniak.
Ingresar al mundo de la ANI no es fácil. La seguridad es extrema. Dos puertas polarizadas se deben traspasar para acceder al hall del primer piso, donde la guardia de Carabineros de civil chequea los antecedentes previa presentación del carnet.
Ningún visitante se puede desplazar a voluntad por el edificio. Un escolta lo acompaña al lugar donde va; lo espera, sin importar cuánto demore, y lo custodia de regreso. Los traslados sólo se hacen por ascensor. No por las escaleras, aunque éstas cuentan en cada piso con cámaras y pesadas puertas metálicas de seguridad.
Los funcionarios, a su vez, sólo pueden acceder con un marcador biométrico, de huella digital.
El edificio perteneció a un banco y fue adquirido vía leasing justo cuando estaba expirando la Dispi y surgiendo la ANI. El pago anual alcanza a 258 millones de pesos de los 4 mil 295 millones asignados a la agencia para este año, presupuesto que es uno de los más bajos de la región.
Un máximo de 130 funcionarios conforman la planta, que nada tiene que ver con el estereotipo del agente de lentes oscuros. La mayoría son ingenieros, sociólogos, abogados, periodistas, licenciados en historia, antropólogos, analistas en Defensa, finanzas, seguridad, inteligencia y ciencias políticas. Manejan un par de idiomas y algunos saben hasta cuatro.
A los ingenieros y técnicos de computación los llaman los “chicos buenos” o los “anti- hackers “. No sólo impiden ataques al sistema, sino que han creado programas propios para evitar ser observados. Han dotado además al servicio de métodos únicos para encriptar mensajes e impedir así que un receptor no deseado los lea.
No tienen militancia política. Están obligados a renunciar a ella antes de ingresar a la agencia; a someterse a un exhaustivo chequeo de datos personales y a juramentar reserva. Tampoco pueden tener cuentas en facebook ni similares, por seguridad.
Por ley sus nombres no se pueden dar a conocer. No obstante, quedaron al descubierto en agosto de 2007 por error, y se “ventilaron” en la web de la Contraloría.
El personal no tiene autorización para realizar “operaciones”. Pero, con permiso judicial, la ANI puede interceptar teléfonos, usar micrófonos espías, hacer grabaciones audiovisuales, intervenir la correspondencia, los sistemas informáticos y de comunicaciones, y obtener antecedentes bancarios, siempre que se trate de materias relacionadas con terrorismo, crimen organizado y contrainteligencia.
Las peticiones son estrictamente reservadas, según tribunales.
No envían personal a las zonas de conflicto -como la Araucanía-, aunque en la agencia se admite que existen delegados permanentes en cada región que monitorean los procesos. De plano se descarta que algunos de sus miembros hayan integrado el staff de la Presidenta Bachelet en terreno, para conocer a quiénes están detrás de algunas manifestaciones, entre ellas, las de los deudores hipotecarios.
Se hace ver que los conflictos domésticos no son de la incumbencia de ese servicio, sino que sólo aquellos que ponen en riesgo la seguridad del Estado.
No hay mezcla entre las divisiones. Las cinco que existen -inteligencia, conformada por violencia política, crimen organizado y terrorismo internacional; análisis estratégico, contrainteligencia, administración y finanzas e informática- funcionan en pisos distintos y sus habitantes poco se conocen entre sí. No pasa lo mismo en cada unidad, pues -como trabajan en cubículos individuales o colectivos- la relación es más estrecha.
No hay casino. La mayoría almuerza en los restaurantes cercanos o se lleva colación. Por seguridad, tampoco hay máquinas dispensadoras de café o de bebidas.
Sólo algunos elementos decorativos rompen la formalidad, entre ellos, una treintena de gatos de colores de una funcionaria y algunas plantas.
Dos salas de reuniones están en el piso 11. Ahí sesiona el comité de inteligencia, integrado aparte de la ANI, por los servicios de las FF.AA., los dos policiales y el de la Defensa.
Las dependencias del director están en el piso 10. Un escritorio, un sillón, un par de sitiales y un mueble con libros (todos en tonos café) conforman la oficina. Destaca una fotografía de la Presidenta Bachelet; otra de Villalobos con el Papa Juan Pablo II, cuando era abogado de la Vicaría de la Solidaridad, y otras de los ex presidentes Ricardo Lagos y Eduardo Frei.
En los comandos presidenciales todavía no hay nombres para suceder a Villalobos -hombre de confianza de Lagos y de Michelle Bachelet-, aunque admiten que es un cargo tan clave, que deberá definirse junto al gabinete que debutará el 11 de marzo de 2010.
Un director atípico
No se ajusta al perfil de un director de Inteligencia. Gustavo Villalobos (62 recién cumplidos), abogado de la Universidad de Chile y ex militante del Partido Socialista -en la ANI no puede tener militancia-, fue integrante del comité Pro Paz creado por el cardenal Raúl Silva Henríquez; jefe del Departamento Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad y participante de la Comisión Rettig.
No tiene guardaespaldas ni usa balizas. Es hijo de un ingeniero de la Armada, militó en la Democracia Cristiana, participó en la creación del Mapu y se alineó luego con el grupo de Enrique Correa, cuando el movimiento se dividió.
A la Dispi llegó desde Interior, cuando era jefe de gabinete del ministro Carlos Figueroa, bajo la administración de Eduardo Frei. No obstante, fue uno de los “sepultureros” de esa orgánica, pues participó en la redacción del “proyecto ANI” y luego fue nominado director por el Presidente Ricardo Lagos, cargo en el que fue ratificado por la Presidenta Bachelet. Villalobos acaba de cumplir cinco años, de los seis que permite la ley, en la dirección de la Agencia Nacional de Inteligencia.
Los cuestionamientos desde la Cámara
Los juicios más agudos en contra de la ANI provienen justamente de la comisión encargada de fiscalizarla, la de Control de los Sistemas de Inteligencia en Chile. La culpan de falta de “alertas tempranas” en episodios como el sorpresivo ingreso a Chile del ex Presidente Alberto Fujimori y en los nexos de las FARC con comuneros mapuches. Más una serie de casos, como la magnitud de la revolución pingüina y los sucesos para los 11 de septiembre, que -según se defiende la ANI- tienen que ver con la política doméstica, no con la seguridad del país.
Sólo este año, Gustavo Villalobos ha sido citado en seis oportunidades a la comisión, en las que ha entregado un informe de cada caso. Pero no hay conformidad.
El más drástico es el diputado DC Renán Fuentealba, para quien “el sistema de inteligencia en Chile prácticamente no existe; está absolutamente fragmentado en diversas instituciones”. No comparte el diagnóstico su socio de coalición, el PPD Patricio Hales, pues hace ver que a la ANI se la responsabiliza de temas que competen a las policías y que “es un orgullo para Chile contar con una agencia que no es citada por casos de corrupción ni por vulneraciones a los derechos humanos”.
En la Alianza también hay críticas. El presidente de la comisión Jorge Ulloa (UDI) sentencia que los informes son genéricos y que en esas condiciones no pueden fiscalizar, lo que es avalado por Mario Bertolino de RN, quien asegura que ha estado a punto de renunciar por esa razón y porque, de verdad, tiene dudas sobre la eficacia de esa institución.
Ven a la ANI como un equipo de “cibernautas”, que miran a Chile desde la cordillera de los Andes hacia adentro.
Frente a estos cargos, en la misma agencia se sostiene que el sistema de inteligencia chileno está conformado además por las tres ramas de las Fuerzas Armadas, por la Defensa y las policías, con lo que se cubre todo el espectro.
Los hitos
18 abril 1991:
Patricio Aylwin crea por decreto, el 363, el Consejo Coordinador de Seguridad Pública, más conocido como “La Oficina”. Y lo hace inmediatamente después del asesinato del senador UDI Jaime Guzmán y de una serie de asaltos bancarios, especialmente de grupos de izquierda. Una parte de este consejo funcionó en unas oficinas de calle Huérfanos 856, de ahí su nombre. Sus directores fueron Mario Fernández, Jorge Burgos y Marcelo Schilling y apuntó a desbaratar al FPMR y al Grupo Lautaro. Fue acusada de infiltrar y pagar por delaciones. Su mayor error fue un traslado ilegal de armas en San Bernardo.
30 abril 1993:
Patricio Aylwin crea por ley, la 19.212, la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (Dispi), encabezada en distintos tiempos por Isidro Solís, Mario Papi y Gustavo Villalobos. Funcionó en Zenteno 234. Su mayor error fue el escape de miembros del FPMR desde la Cárcel de Alta Seguridad en 1996. En sus éxitos se adjudica la detención de Guillermo Ossandón, líder del Mapu-Lautaro, hoy fallecido.
4 octubre 2004:
Ricardo Lagos crea la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) por ley, la 19.974, y nomina a Gustavo Villalobos como director. Su centro es la inteligencia estratégica, no la seguridad pública. De hecho, la Dispi elaboraba los índices delictuales, que hoy elabora Interior. Con éxito rinde la prueba de la reunión de la APEC en Santiago, en la que participó George W. Bush. Se le cuestiona su falta de anticipación a los conflictos, entre ellos, el ingreso del ex Presidente Alberto Fujimori, el 6 de noviembre de 2005, y el no haber dado a conocer los nexos de las FARC en la Araucanía.
Fuente: diario “El Mercurio” 2009.
