(VER DESDE EL MINUTO 12 para "el resumen" y la alusion al trafico de organos)
El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. Esa es la conclusión de un lapidario informe de la PDI que en 2017 investigó 240 hogares de menores. En el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Tan grave como lo anterior es que el informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. CIPER revela ahora los detalles de ese documento.
La muerte de la pequeña Lissette Villa (abril de 2016) conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename). Pero eso no pasó. Un lapidario informe de la PDI –que ha permanecido oculto para la opinión pública por más de siete meses– indica que la pesadilla de los niños que el Estado debe proteger nunca paró: en 2017 la policía registró 2.071 casos de violencia y maltratos graves –incluyendo 310 agresiones de “connotación sexual” – en hogares del Sename.
El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. Y que en un 50% de los hogares a nivel nacional se han verificado abusos sexuales
CIPER accedió a ese informe de 257 páginas. El documento es un resumen de la extensa investigación –contenida en 28 tomos– realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename (entre 2005 y 2016) reportadas tras el deceso de Lissette. El informe está fechado en diciembre de 2018 y, de acuerdo a lo que señala el mismo documento, además de haberse enviado a Emilfork también fue compartido con autoridades de gobierno relacionadas con el Sename, organismo dependiente del Ministerio de Justicia.
Los hallazgos de la investigación son de tal relevancia, dice el mismo informe, “que hicieron necesario dar cuenta de ello a las autoridades de gobierno competente como conocimiento y evidencia útil para la eventual toma de decisiones”.
El diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del informe este martes 2 de julio, dijo a CIPER que es muy difícil que entre las autoridades informadas por la PDI no se encuentre el ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien le pidió la renuncia ante la gravedad de los hechos. También pidió la dimisión del fiscal nacional Jorge Abbott.
A juicio del parlamentario –quien permanentemente ha denunciado los abusos en el Sename– es muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento en diciembre del año pasado, cuando estuvo listo. Esto, porque en esos momentos el Congreso estaba discutiendo un proyecto del gobierno que finalmente aprobó una inyección de recursos de alrededor de $10 mil millones destinada a los hogares de red Sename.
El reporte de la PDI es mucho más completo que el de la ONU. El organismo internacional visitó solo cuatro residencias. El de la policía consideró 240, de un total de 241 que hay en todo el país. Por lo tanto, da cuenta de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias. Por ello, es especialmente grave que la PDI haya constatado que la violación de derechos sistemática se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename. No se trata de una proyección ni de una estimación: es una constatación centro por centro.
El 7 de noviembre de 2017 la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI concurrir a cada uno de los centros dependientes del Sename. Los detectives visitaron 240 residencias, de las 241 que existen (ya sea con administración directa del Sename o gestionadas por instituciones privadas). Solo una se negó a recibirlos. Esta es la investigación más completa que se ha realizado hasta el momento.
El equipo de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. Ante “la posible existencia de hechos constitutivos de delitos no denunciados”, la Fiscalía de Los Lagos distribuyó esa información a las distintas fiscalías regionales para que tomaran cartas en el asunto.
Las conclusiones del informe son lapidarias: “En el 88,3% de las residencias se ha registrado algún tipo de vulneración grave contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes durante su estadía residencial”.
Esa cifra aumenta cuando se analizan solo los centros administrados directamente por el Sename: “A partir de la información levantada y reportada por los mismos encargados de las residencias, es posible afirmar que en el 100% de los centros que administra el Estado, a través del Servicio Nacional de Menores, se han cometido –de manera permanente y sistemática- acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales. En total, se contabilizaron 310 abusos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total). Otro 29% de esos abusos entre pares ocurrieron en centros administrados directamente por el Sename.
Otro antecedente que revela el documento es la cantidad de menores que a la fecha de la investigación se habían fugado de los hogares y que nadie sabe dónde están: 250 niños o adolescentes de 68 centros.
Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”. Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%. Una de las conclusiones de la PDI es que el sistema también ha “normalizado” esta situación.
El desglose de esa afirmación sorprende: 42 centros no tienen un encargado de salud. Y de entre los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario. En 55 centros que sí cuentan con un responsable, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. Y en otros 42 el rol lo ejerce un funcionario que solo tiene cuarto medio.
Fiscal nacional, Jorge Abbott.
Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos. En 159 centros (el 66,3% del total) “
la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”. Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado. Los hogares que tienen a un educador as cargo de esta tarea aumentan a 83,3% cuando se analiza la jornada nocturna.
Una investigación de CIPER de 2016 constató como los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos. La atención psicológica y psiquiátrica que acompaña esa medicación era prácticamente inexistente (vea reportaje
“El uso y abuso de psicofármacos en los hogares del Sename”).
Esta dramática situación se acrecienta, si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “
no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”. Otro 70,8% de los centros no tiene sala de enfermería.
copypasteo resumido, aqui el informe completo:
https://ciperchile.cl/2019/07/02/el...sename-que-permanecio-oculto-desde-diciembre/
Link al informe de la PDI:
https://ciperchile.cl/wp-content/uploads/informe-emilfork4.pdf (
Leer desde la pag 224 para el resumen ejecutivo del informe de la PDI)
