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El Decreto Ley 211 de diciembre de 1973 fijó la normativa sobre libre competencia, y en su artículo 1 y 2 consideraba punibles —como delito— las adulteraciones de precios,estableciendo penas de cárcel para casos de colusión. Sin embargo, el Presidente Ricardo Lagos en 2003 derogó dichos artículos en el marco de la Reforma Penal dejando sólo penas monetarias.
Es por eso que hoy,los actores involucrados en la colusión del confort —o en cualquier otra— sólo pueden ser multados. Tras el escándalo, desde La Moneda buscan enmendar la reforma de la Concertación poniendo suma urgencia al proyecto de leyque repone la prisión para el delito de colusión, tal como lo estableció el gobierno de facto del general Augusto Pinochet Ugarte.
FOTO: PABLO VERA LISPERGUER/AGENCIAUNO
Tras el escándalo generado por el acuerdo que mantuvo CMPC y SCA para establecer altos precios durante más de 10 años en productos como el papel higiénico, toallas y pañuelos desechables, servilletas, entre otros productos “tissue”, los partidos de la Nueva Mayoría solicitaron al gobierno poner suma urgencia alproyecto de ley anticolusión(boletín 9950-03), presentado en marzo de 2015 y que busca devolver las penas de cárcel al decreto Ley 211 de Augusto Pinochet que flexibilizó Ricardo Lagos.
Eldecreto original, emitido por la junta de gobierno —interesado en instaurar un régimen de libre competencia, donde la colusión es inaceptable—, establecía que“quien ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que tienda a impedir la libre competencia (…) será penado conpresidio menor en cualquiera de sus grados”, recogiendo la normativa que en 1959 —gobierno de Jorge Alessandri— ya penaba con cárcel el delito de colusión. En los tiempos de Alessandri, este tipo de delitos tenían una multa de hasta 150 sueldos vitales anuales, lo que en la actualidad correspondería a $58 millones, y además incluía agravantes en el caso de incidir en artículos o servicios de primera necesidad.
ElDL 211 fue reformado en 2003 mediante la ley 19.911, a través de la cual el entonces Presidente Ricardo Lagos, opta por despenalizar la colusión y cambiar la cárcel por multas. Con la creación del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE), se pasa de un sistema de persecución penal de los delitos económicos hacia uno de carácter administrativo. De esta forma,quien incurra en conductas de colusión arriesgan multas hasta por una suma equivalente a treinta mil unidades tributarias anuales—lo que podría alcanzar los $17.500.000.000 (diecisiete mil quinientos millones de pesos).
El DL 211 fue reformado en 2003 mediante la ley 19.911, a través de la cual el otrora Presidente Lagos opta por despenalizar la colusión y cambiar la cárcel por multas
Cabe destacar quepara la fijación de la multa se considera el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción,la gravedad de la conducta, la calidad de reincidente del infractory, para los efectos de disminuir la multa, la colaboración que éste haya prestado a la Fiscalía antes o durante la investigación.
El proyecto empujado por Bachelet, y que se encuentra en su primer trámite legislativo en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, busca:
La Fiscalia Nacional Económica informó de oficio el inicio de la investigación al denominado “Cartel del Confort” en diciembre de 2014. Para abril de 2015 se anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que buscaba endurecer las multas y penas a las que arriesgan empresas participes de acuerdos en contra de la libre competencia y determinación de precios. Así, durante marzo de 2015, CMPC decidió autodenunciarse y aportar antecedentes a la investigación, a cambio de eximirse de multas. Meses después la Fiscalía Nacional Económica accedió. Hace 3 semanas SCA decidió autodenunciarse y aspirar a una rebaja en la multa que pudiera solicitar la Fiscalía al Tribunal de la Libre Competencia. La Fiscalía accedió.
Es así como la Fiscalía solicitó una multa de $10.367 millones de pesos para SCA, equivalente a 20.000 Unidades Tributarias Anuales. Para CMPC $0 pesos. Tanto para CMPC como SCA se solicitó ser condenados al pago de las costas de la causa.
http://www.eldemocrata.cl/noticias/el-giro-pinochetista-de-bachelet-penar-con-carcel-la-colusion/
Es por eso que hoy,los actores involucrados en la colusión del confort —o en cualquier otra— sólo pueden ser multados. Tras el escándalo, desde La Moneda buscan enmendar la reforma de la Concertación poniendo suma urgencia al proyecto de leyque repone la prisión para el delito de colusión, tal como lo estableció el gobierno de facto del general Augusto Pinochet Ugarte.
FOTO: PABLO VERA LISPERGUER/AGENCIAUNO
Tras el escándalo generado por el acuerdo que mantuvo CMPC y SCA para establecer altos precios durante más de 10 años en productos como el papel higiénico, toallas y pañuelos desechables, servilletas, entre otros productos “tissue”, los partidos de la Nueva Mayoría solicitaron al gobierno poner suma urgencia alproyecto de ley anticolusión(boletín 9950-03), presentado en marzo de 2015 y que busca devolver las penas de cárcel al decreto Ley 211 de Augusto Pinochet que flexibilizó Ricardo Lagos.
Eldecreto original, emitido por la junta de gobierno —interesado en instaurar un régimen de libre competencia, donde la colusión es inaceptable—, establecía que“quien ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que tienda a impedir la libre competencia (…) será penado conpresidio menor en cualquiera de sus grados”, recogiendo la normativa que en 1959 —gobierno de Jorge Alessandri— ya penaba con cárcel el delito de colusión. En los tiempos de Alessandri, este tipo de delitos tenían una multa de hasta 150 sueldos vitales anuales, lo que en la actualidad correspondería a $58 millones, y además incluía agravantes en el caso de incidir en artículos o servicios de primera necesidad.
ElDL 211 fue reformado en 2003 mediante la ley 19.911, a través de la cual el entonces Presidente Ricardo Lagos, opta por despenalizar la colusión y cambiar la cárcel por multas. Con la creación del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE), se pasa de un sistema de persecución penal de los delitos económicos hacia uno de carácter administrativo. De esta forma,quien incurra en conductas de colusión arriesgan multas hasta por una suma equivalente a treinta mil unidades tributarias anuales—lo que podría alcanzar los $17.500.000.000 (diecisiete mil quinientos millones de pesos).
El DL 211 fue reformado en 2003 mediante la ley 19.911, a través de la cual el otrora Presidente Lagos opta por despenalizar la colusión y cambiar la cárcel por multas
Cabe destacar quepara la fijación de la multa se considera el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción,la gravedad de la conducta, la calidad de reincidente del infractory, para los efectos de disminuir la multa, la colaboración que éste haya prestado a la Fiscalía antes o durante la investigación.
El proyecto empujado por Bachelet, y que se encuentra en su primer trámite legislativo en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, busca:
- Compatibilizar el sistema administrativo y penal
- Aumenta las multas hasta un 30% de las ventas correspondientes al período de la infracción
- Otorga más facultades a la Fiscalía Nacional Económica (FNE)
- Establece normas para la defensa de la libre competencia
- Fija penas de reclusión menor en su grado mínimo, que van desde 5 años y 1 día a 10 años, dando un giro desde la política de las multas hacia la política punitiva instaurada inicialmente por el gobierno de Augusto Pinochet.
La Fiscalia Nacional Económica informó de oficio el inicio de la investigación al denominado “Cartel del Confort” en diciembre de 2014. Para abril de 2015 se anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que buscaba endurecer las multas y penas a las que arriesgan empresas participes de acuerdos en contra de la libre competencia y determinación de precios. Así, durante marzo de 2015, CMPC decidió autodenunciarse y aportar antecedentes a la investigación, a cambio de eximirse de multas. Meses después la Fiscalía Nacional Económica accedió. Hace 3 semanas SCA decidió autodenunciarse y aspirar a una rebaja en la multa que pudiera solicitar la Fiscalía al Tribunal de la Libre Competencia. La Fiscalía accedió.
Es así como la Fiscalía solicitó una multa de $10.367 millones de pesos para SCA, equivalente a 20.000 Unidades Tributarias Anuales. Para CMPC $0 pesos. Tanto para CMPC como SCA se solicitó ser condenados al pago de las costas de la causa.
http://www.eldemocrata.cl/noticias/el-giro-pinochetista-de-bachelet-penar-con-carcel-la-colusion/
wolfpack
irán a declarar 2 veces con suerte, y desde la casa. Eso será lo más cerca que estén de tribunales.
Si esta vieja siempre ha defendido el modelo del tata.
