Sindicatos portuarios proyectan salida de 300 trabajadores eventuales de Valparaíso tras protestas
Un total de 35 días se prolongó la paralización de trabajadores portuarios eventuales en Valparaíso a fines del año pasado y que, en su momento cúlmine, llegó a poner en duda la realización de la Fiesta de Año Nuevo.
Mejores condiciones laborales para el sector fue la punta de lanza de un movimiento que puso en jaque a las autoridades del Gobierno, que debieron intervenir directamente para poner fin al conflicto. Lo cierto es que después de dos meses del término de las movilizaciones, la situación de fondo no ha cambiado.
Así lo dieron a conocer los sindicatos que formaron parte de la movilización -de Estibadores, Uniport y Sudemp- a través de un documento denominado "Valparaíso y la crisis del modelo", donde proyectan la salida de 300 trabajadores eventuales si no hay un cambio sustancial en la legislación.
Entre varios puntos críticos, en el escrito -elaborado en base a información de la EPV y Directemar- se remarca la falta de regulación en la emisión de permisos portuarios.
"Esto combinado con la falta de regulación laboral son el `caldo de cultivo` para relaciones laborales inestables, generando fundamentalmente una bolsa de cesantía", advierten.
Se recuerda que la movilización obedeció a una escasez de trabajo ligada a los flujos de la economía internacional, a la modernización, expresada en naves con mayor capacidad; y a una regulación precaria sobre el trabajo eventual por parte del Estado, las empresas y los sindicatos.
"El paro de 35 días intentó revertir la situación antes expuesta, paradójicamente lejos de resolverse, esto se ve agravado por la incapacidad del Gobierno de sostener los acuerdos por las limitaciones constitucionales y políticas presentes en la legislación chilena que regulan el trabajo marítimo en los puertos", enfatiza el diagnóstico.
Los sindicatos señalan que, además de los factores externos ligados a la industria, la incertidumbre surgió a raíz de que se invirtió la proporcionalidad de trabajadores contratados versus los eventuales (80% a 20%), lo que responde, consignan, a una política de amedrentamiento del holding Ultramar (controlador de TPS) tras la movilización, añadiendo que ese cambio no se hizo de manera paulatina ni considerando "la responsabilidad social ni el impacto que tiene en la generación de cesantía".
En esa línea dan cuenta de una reducción en el número de turnos para los eventuales en el Terminal Uno (TPS). El escrito señala que en el 2017 la cantidad de turnos disponibles para los eventuales fue de 99.618 con un promedio de 19 mensuales por trabajador. Ya en el 2018 la cantidad se redujo a 48.724 con una media de 9 mensuales por eventual. Mientras que para este año proyectan 19.924 disponibles con un promedio de 3 turnos al mes.
Esto, agrega el informe, se acentuó con el ingreso de "muchos trabajadores eventuales al terminal" los que estiman en cerca de 100 -reconocen que no han tenido acceso a las nombradas ni a la información oficial por parte del concesionario del T1- con lo cual el número total se elevaría a 539. Asimismo, prevén que el número de nuevos contratados se elevó en 150.
"La realidad es que se privilegiará la redondilla de trabajadores contratados, luego los trabajadores con convenio de provisión de puestos de trabajo y por último los eventuales puros", apunta el documento, agregando que estos últimos quedarían al margen pues sólo contarían con alrededor de un turno mensual.
"Tendremos más de 300 eventuales cesantes y fuera del sector, lo que traerá un problema laboral y social de proporciones a la ciudad y el país", suscriben.
En cuanto a las razones, apuntan que las raíces del problema se incuban a partir "de la modernización de la industria, que ha contemplado un aumento en la automatización de las operaciones, pero además en la transformación abrupta de las relaciones laborales.
Junto con el diagnóstico del problema se consignan varias propuestas: sacar del sector a los trabajadores portuarios que entraron a trabajar durante la movilización, por no tener experiencia, oficio ni antigüedad, y trabajar con los disponibles previos a la movilización.
Además se plantea levantar información de los trabajadores con edad y requisitos disponibles para jubilarse; congelar los cursos para postular al permiso que permite trabajar en los puertos (carnet rojo); e indemnizar a las personas que arbitrariamente han sido y serán desvinculadas del sector, entre otras medidas.
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