El sociólogo Lorenzo Agar afirma que el anteproyecto deja al Estado sin la capacidad de regular y direccionar la migración.
Inclusión.- Según Agar, el creciente flujo de migrantes requiere del Estado una regulación y políticas que eviten desajustes entre la población de migrantes y la de los locales, como ya se ha visto en zonas de Santiago y en el norte.
"Preocupa que se haga una ley que no tenga la capacidad de regular el fenómeno migratorio. Eso es lo central", dice Lorenzo Agar, doctor en Sociología, quien hasta diciembre encabezó la Unidad de Migración del Ministerio de Desarrollo Social.
Desde esa función, este académico de la U. de Chile y de la U. Diego Portales participó en el comité técnico de política migratoria, una instancia interministerial que se encargó de preparar el último instructivo presidencial sobre lineamientos de política migratoria, el cual se dio a conocer en noviembre.
Sin embargo -dice-, en paralelo, en el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior se elaboraba el anteproyecto de ley, en el que se suponía que iban a trabajar como comité. Advierte que no se sabe quiénes lo hicieron, pero que quedó "una mirada asistencialista, de compasividad, influida por las ONG que trabajan en el tema y que no corresponde al Estado".
Luego el texto fue entregado a los ministerios y se les dio un plazo de 30 días para realizar observaciones, mientras que a la par se conformaba un consejo consultivo con organizaciones sociales que opinarán sobre el anteproyecto, previo a su envío.
Agar plantea que la migración no es solo un tema de fronteras, sino que debe analizarse con una perspectiva más amplia y social, y que "esta ley no se hace cargo".
Advierte que hay un atraso de más de dos años en reemplazar la antigua ley que data de 1975. Mientras, el fenómeno sigue creciendo: la cifra de migrantes en Chile ha aumentado 144% entre 2002 y 2014, y según los registros actuales, hoy suman 410.988 personas. En los últimos cinco años se han entregado 23 mil permisos de residencia definitiva por año.
Según Agar, se requiere una prospección que explore "cuáles son las necesidades demográficas de Chile y que aborde aspectos esenciales de las políticas de migración: regulación del volumen, direccionalidad y criterios de selección".
No obstante -añade-, en el anteproyecto de ley "no se observan normas que permitan un ordenamiento por parte del Estado. La actual propuesta sigue dejando la migración, como hasta ahora, a las fuerzas del mercado, y al Estado como un mero administrador del fenómeno".
A su juicio, eso implica que "cualquier persona llega a Chile como turista, y como turista pide una visa temporaria y luego definitiva. O sea, esta ley que se propone no es de puertas abiertas: es sin puertas".
El cambio de una categoría de permiso o visa de turista a otra de larga duración es muy fácil y sin salir del país, añade. "Transitar de un permiso de turista a uno de residente no es posible en países de la OCDE. Este punto es de crucial importancia, pues allí derivará nuestra visión respecto de las posibilidades del Estado en cuanto a la regulación del volumen de migración junto con su especificidad y direccionalidad", enfatiza.
Equiparar ingreso irregular con el regular
Además, hace ver que el artículo del anteproyecto que señala que "la migración irregular no es por sí misma constitutiva de delito" es una norma absurda, pues no se puede equiparar en la ley a quienes están en forma ilegal con los regularizados. Estos últimos son los que deben tener los mismos derechos sociales que la población local, al respetar el ordenamiento jurídico.
Sobre el Servicio Nacional de Migraciones, Agar sugiere abrir el debate respecto de su dependencia del Ministerio del Interior, ya que el ámbito de las migraciones es social, y tal institución tendría que estar sujeta a un ministerio de esa área, que ve la integración de las personas, o si no que sea intersectorial.
Respecto de la creación de un Registro Nacional de Extranjeros, plantea que es oneroso para el país tener registrados todos los movimientos de los inmigrantes. "Es una meta absurda para tener un control. Pero basta con el RUT, y todo se conoce; medidas adicionales parecen un despropósito", sostiene.
El especialista en migraciones critica también que la ley deja en el Estado la responsabilidad de crear lazos culturales con los países de origen, que en su opinión es un tema que corresponde a la sociedad civil. "No hay que producir cosas especiales para los extranjeros, como poner letreros en creole en consultorios de Quilicura, en vez de enseñarles español. Si llegan 20 nacionalidades, ¿qué vamos a hacer? Ellos tienen que acceder a lo mismo que los chilenos".
410.988 es el último dato de población de inmigrantes, según Extranjería. Esto modificó uno anterior, que los cifraba en 477.450.
66,4% de la población migrante vive en Santiago. El 14,9% está en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta.
37,1% es el porcentaje de peruanos en el total de los inmigrantes. Sumaban 177.152 en 2014.
68.096 son los argentinos en Chile y representan el 14,3% de la inmigración.
595% es el aumento de los inmigrantes colombianos en Chile entre 1992 y 2014. Subieron de 1.666 a 28.469.
41.800 son los bolivianos. Crecieron 258% desde 1992.
71,8% de los inmigrantes proviene de Sudamérica.
