Un acto administrativo que la consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Javiera Blanco realizó a comienzos de 2016, cuando era ministra de Justicia, hoy la tiene bajo la mirada del Ministerio Público. Así, la Fiscalía Centro Norte investiga a la abogada en calidad de imputada, por haber ordenado la contratación de cuatro personas con cargo a Gendarmería.
El CDE es parte querellante en esta indagatoria, lo que abre un conflicto al interior de la institución. Blanco, de hecho, se encuentra con permiso de dos meses sin goce de sueldo desde el 21 de agosto. Dentro del consejo se habría apoyado la idea de que la abogada se tomara esta licencia mientras se tramitan las causas penales en su contra. Sin embargo, no se conocía con certeza que ella fuera indagada como imputada.
Esta calidad quedó plasmada en un oficio que la fiscal Tania Sironvalle -quien indaga las irregularidades en Gendarmería- envió al persecutor jefe de Puerto Montt, Marcelo Sambuceti. Este último investiga -junto al fiscal regional Marcos Emilfork- la muerte de niños que estaban a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename), incluyendo la arista del programa Ascar.
Esta iniciativa estuvo vigente durante la administración de Blanco y José Antonio Gómez como titulares de Justicia. Lo que se pesquisa es el mal uso de los recursos asociados a este plan, que buscaba mejorar las condiciones de los niños que estaban en los hogares de la red Sename.
En este oficio del 28 de agosto (una semana después que Blanco pidiera el permiso en el CDE), Sironvalle respondió al requerimiento de Sambuceti, quien quería saber en qué estado se encontraba la indagatoria.
La fiscal de Santiago indicó que la investigación estaba vigente, que los delitos indagados son fraude al Fisco, nombramiento ilegal y tráfico de influencias, y que los imputados son Tulio Arce (el exdirector nacional de Gendarmería) y Javiera Blanco Suárez.
Sironvalle también indicó que contaba con los contratos de trabajo y liquidaciones de sueldo de los cuatro trabajadores empleados por Blanco (Roberto González, Juan Cárdenas, Héctor Opazo y Alejandro Pérez Cotapos). Asimismo, Sironvalle explicó que también cuenta con “el notebook Lenovo (…) de propiedad del Ministerio de Justicia y que estaba destinado para el uso personal de la imputada Mónica Javiera Blanco Suárez”.
La fiscal, además, señaló que tiene “el respaldo de los correos electrónicos de la misma imputada mantenidos en el servidor del Ministerio de Justicia, desde el 11 de mayo de 2015 hasta que dejó de desempeñar el cargo de ministra en dicha cartera”.
Origen del caso
En enero de 2016, Blanco envió un oficio a Arce para contratar a estas cuatro personas. Ahí, se indicó que “en necesidad de contar con profesionales en comisión de servicio en el Departamento de Personas Jurídicas, de esta cartera de Estado, a fin de dar cumplimiento a los compromisos laborales establecidos para el año 2016, es que solicito a usted proceder con la contratación de las personas que se detallan, en los grados, estamentos y calidad jurídica que a continuación se indica”.
Así, a estas personas se les asignaron sueldos que iban entre los $ 3,5 millones bruto hasta los $ 4,3 millones bruto. En febrero de 2017 estos funcionarios fueron desvinculados de la institución.
Consultada la Fiscalía Centro Norte de este antecedente, el jefe de asesoría jurídica, Nicolás Calvo, declinó referirse al tema. El abogado explicó que actualmente esta la causa la tramita el fiscal Francisco Ledezma.
La Tercera intentó comunicarse con el CDE sin lograr obtener respuesta. Su abogada, Paula Vial, indicó que “no puedo referirme a filtraciones de documentos que son comunicaciones entre fiscales”.
