La primera se desarrolló en 1994 tras el caso Codelco-Dávila, la segunda en 2003 por el MOP-Gate y Coimas; y la tercera en 2006 luego que estallara el caso Chiledeportes.
El libreto es más o menos el mismo siempre: explota el caso de corrupción, el gobierno respectivo lo encapsula en la justicia, la opinión pública estalla en indignación, y el Presidente de turno conforma una comisión asesora para que proponga nuevas normativas y regulaciones para la acción pública. Ocurrió así en 1994 tras el caso Codelco-Dávila, en 2003 con el MOP-Gate y Coimas, en 2006 con Chiledeportes, y en la actualidad, con los casos Caval y Penta.
El abogado Alex Muñoz Wilson, quien fuera coordinador del Programa de Transparencia y Anticorrupción de la Universidad de Chile, describe en el libro “Transparencia y Probidad Pública, estudios de casos de América Latina” (2008) esta suerte de “modus operandi” que han seguido los distintos gobiernos a la hora de abordar los grandes casos de corrupción que han azotado la política chilena: “La agenda de probidad pública ha estado marcada por dos rasgos característicos: por una parte, avanza al ritmo de los grandes escándalos de corrupción y pierde fuerza cada vez que éstos dejan de atraer la atención de la opinión pública; y, por otra, es abordada desde una perspectiva de modernización del Estado, apuntando a una calidad de la gestión más que a la exigibilidad de derechos fundamentales o de ciertas normas de ética democrática”.
“El Líbero” indagó en el trabajo, la conformación y las conclusiones de las distintas comisiones presidenciales que han trabajado este tipo de temas, encontrando que varios nombres se repiten y que los tópicos en discusión han sido básicamente los mismos.
1994: Comisión Nacional sobre Ética Pública
El 23 de enero de 1994, cuando quedaba un mes y medio para que Patricio Aylwinterminara su gobierno, había salido a la luz pública el caso Codelco, ese en el que el entonces operador de mercados a futuro, Juan Pablo Dávila, desfalcó a la cuprífera en 200 millones de dólares con manejos financieros ilícitos.
El nuevo gobierno debía dar una señal, y apenas tres semanas después de haber llegado a La Moneda, el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, mediante el decreto N° 423 del Ministerio del Interior, creó la Comisión Nacional sobre Ética Pública “como instancia de estudio y elaboración de propuestas de políticas públicas e iniciativas legales que, contribuyendo a perfeccionar la democracia, refuercen los procedimientos e instituciones que cautelan el cumplimiento de los deberes legales y éticos en la actividad pública. Se entiende por actividad pública no sólo aquellas que realiza el personal que forma parte de los órganos de la administración del Estado, sino también la que efectúan los privados y que incida o afecte directamente la transparencia ética de dichos órganos”.
El consejo asesor quedó conformado por 15 personas y tuvo un plazo de 100 días para elaborar un informe.
De acuerdo al libro “Transparencia y Probidad Pública, estudios de casos de América Latina”, “se propuso la adopción de 41 medidas para la generación de condiciones de transparencia e integridad en distintos ámbitos del funcionamiento del Estado. Esta comisión tuvo entre sus virtudes el encarar el problema de la corrupción y la promoción de la transparencia como una política de Estado, haciendo partícipe a distintos sectores políticos con el fin de asegurarle un respaldo transversal. Asimismo, se destacó por tener un marcado sello preventivo ya que no existía en la época una situación de corrupción desatada o generalizada. La iniciativa buscaba anticiparse a los problemas de falta de probidad que podrían producirse en el futuro si no se adoptaban las reformas adecuadas a tiempo”.
Ya en enero de 1995, Frei envió al Congreso un proyecto de ley sobre probidad administrativa aplicable a los órganos de administración del Estado, donde se recogían varias de las recomendaciones de la comisión. Finalmente el mensaje del Presidente se aprobó en diciembre de 1999, a tres meses de terminar su gobierno, y se transformó en la Ley 19.653.
“A partir de la comisión de 1994 se han dictado una infinidad de leyes que tienen que ver con el tema de la probidad y la transparencia… fue el hito de partida de la legislación que hay actualmente. Los secretarios de esa comisión hicieron viajes a España y otros lados para conocer distintas experiencias e hicieron aportes muy valiosos para las conclusiones finales”, recuerda Luis Bates, quien integró la comisión al ser presidente del Consejo de Defensa del Estado.
VER INFOME FINAL DE LA COMISIÓN
2003: Comisión Asesora Presidencial para el Fortalecimiento de los Principios de Transparencia y Probidad Pública
Nació el 16 de enero de 2003 y fue presentada en sociedad el mismo día de la histórica reunión entre el Presidente Ricardo Lagos y Pablo Longueira, esa en la que se dio vuelta la página tras los casos Coimas y MOP-Gate y se decidió avanzar en materias de modernización del Estado.
Esa mañana el Mandatario anunció que la integrarían 13 personas y que el equipo –liderado por Luis Bates, en ese entonces presidente del capítulo chileno de Transparencia Internacional- tenía plazo hasta marzo de ese año para entregar un informe con recomendaciones.
En la ceremonia, Lagos señaló que había que tomar todas las medidas para que casos como el MOP-Gate no se repitieran nunca más. “Si no hacemos lo adecuado, difícilmente tendremos en la actividad pública a los mejores. Hay que corregir ahora y con energía (…). Esta importante comisión la quiero entender como la convicción de que llegado el momento, todos nosotros, como país, seamos capaces de una doble tarea: exigir que los tribunales de justicia hagan su tarea, pero también tomar las medidas indispensables para dar un gran salto y convertir esta crisis en una oportunidad sobre cómo modernizamos el Estado y cómo lo ponemos acorde a las exigencias internacional”, sostuvo ese día.
Sin embargo, la cocina política-técnica operó más rápido que la cocina sólo técnica. El 30 de enero de ese año, apenas 14 días después de la presentación de la comisión, el Presidente Lagos citó a La Moneda a los timoneles de todos los partidos con representación parlamentaria y, en un acto en el salón Montt-Varas, anunció al país que se había sellado un acuerdo entre las colectividades para despachar en el transcurso de 2003 una batería de 49 proyectos sobre reformas del Estado; Transparencia y Probidad; y agenda Pro Crecimiento (VER DOCUMENTO DEL ACUERDO AQUÍ).
En su discurso, Lagos dijo que con el acuerdo “gana Chile y no el gobierno, ni la oposición, sino que la ciudadanía chilena”, agregando que “las campanadas de alerta nos señalaron que los cimientos básicos estaban siendo amenazados” y que con esto “se soluciona la vieja relación entre dinero y política”.
En tanto, el ministro de Interior de la época y uno de los artífices del acuerdo político, José Miguel Insulza, agradeció a los partidos por haber consensuado la agenda.
Según un miembro de la comisión encabezada por Bates, que fue consultado por “El Líbero”, “la comisión técnica no funcionó, porque tenía muy poco poder y no llevaba a ninguna parte. Por esa razón, de forma simultánea se creó una comisión de carácter más político, pero donde también trabajaron técnicos, que tenía mucho más poder de decisión”.
Fuentes que trabajaron en esa comisión paralela señalan que ésta sesionaba entre dos y tres veces por semana en una sala de reuniones en el Ministerio de Interior y que en ella participaban ministros, los presidentes de los partidos de la Concertación y la Alianza, algunos técnicos de centros de estudios, y en ocasiones el propio Lagos. De esos encuentros surgieron las 49 medidas que luego anunciaría el Presidente. “Acá estaban los ministros y presidentes de partido, que son los que hacen los acuerdos en el Congreso. La situación en ese momento era muy delicada para el gobierno y había que hacer una comisión de un súper nivel”, recuerda uno de los participantes.
Pero la comisión técnica también elaboró medidas, las que fueron presentadas el 5 de mayo de 2003.
Consultado por “El Líbero”, Bates recuerda: “La nuestra más que comisión era un grupo de trabajo, muy distinto a lo que se ha hecho ahora. Era un grupo de trabajo para abordar el tema y hacer sugerencias, pero no tuvo en ningún momento el alcance que se le atribuye a la comisión formada ahora por los casos Penta y Caval”.
VER INFORME FINAL DE LA COMISIÓN
2006: Comisión agenda de probidad o “comisión secreta”
El gobierno de Michelle Bachelet recién estaba apagando la crisis política que le generó tener por varios meses a los “pingüinos” protestando en las calles por una reforma educacional, cuando en octubre de 2006 salió a la luz pública el caso Chiledeportes, donde se descubrió que dineros de la entidad eran desviados a campañas políticas de la Concertación. El tema golpeó fuerte a La Moneda, pues surgió la información de que el entonces jefe de gabinete de la Mandataria y hoy ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, habría estado enterado de estos desvíos. La misma acusación recayó sobre Harold Correa, entonces jefe de gabinete del vocero Ricardo Lagos Weber –en el actual gobierno trabajó en el “segundo piso” de Bachelet y ahora es jefe de gabinete de Nicolás Eyzaguirre en Educación- y tuvo que renunciar a su cargo.
El domingo 12 de novi
embre de 2006, tres semanas después de que estallara el caso,Fernando Flores asistió a Tolerancia Cero. El entonces senador acababa de renunciar al PPD y en el programa de Chilevisión soltó una bomba. Dijo que ese día se había reunido con la Presidenta en su residencia para hablar del caso Chiledeportes y que Bachelet le habría dicho “mira, yo he creado una comisión transversal, secreta, que está trabajando en esto y cuando vuelva de la Apec escucha lo que voy a decir”.
Pero la Presidenta no alcanzó a volver de la Apec para hacer el anuncio. Al día siguiente tuvo que salir Lagos Weber a explicar la situación y a revelar los siete nombres que conformaban la comisión “secreta” que tenía por mandato “colaborar en la generación de insumos en materia de transparencia, regulación del lobby, financiamiento de la política y modernización de la gestión pública”.
Dos días después, el ministro de Economía, Alejandro Ferreiro -que había asumido el rol de líder de la comisión- señalaba a la prensa que tenían un plazo de dos semanas para entregar sus propuestas: “Este es un grupo de trabajo que tiene un mandato preciso y un tiempo breve para evacuar un informe sobre la base del cual la Presidenta tomará las decisiones que estime convenientes”.
De acuerdo a una nota de El Mercurio, el 7 de noviembre Bachelet llamó uno por uno a los integrantes de la comisión para pedirles que hicieran el trabajo. Según recuerdan quienes integraron la comisión, se repartieron las tareas entre los miembros y dedicaron las dos semanas casi en exclusiva a afinar 30 propuestas, que finalmente fueron anunciadas por la jefa de Estado el 23 de noviembre, en una ceremonia en el salón Montt-Varas. “Soy hija de servidores públicos y me siento orgullosa de eso. He trabajado con entusiasmo para el Estado de Chile por muchos años, la corrupción me indigna, pero la verdad es que la indignación no basta”, señaló Bachelet en ese momento.
Pero la medida que más causó revuelo fue una que no estaba en el informe y que Bachelet agregó de su cosecha. Esta, prohibía que las personas jurídicas realizaran donaciones a las campañas políticas.
A diferencia de las anteriores comisiones que contaron con el apoyo de la Alianza, en ésta la UDI y RN se restaron. “La oposición ya no estaba para perdonazos debido a que según muchos de sus líderes el acuerdo Insulza-Longueira les había costado la elección presidencial”, señala Alex Muñoz en su libro “Transparencia y Probidad Pública, estudios de casos de América Latina”.
VER INFORME FINAL DE LA COMISIÓN
fuente:http://ellibero.cl/actualidad/de-qu...corrupcion-creadas-por-frei-lagos-y-bachelet/
El libreto es más o menos el mismo siempre: explota el caso de corrupción, el gobierno respectivo lo encapsula en la justicia, la opinión pública estalla en indignación, y el Presidente de turno conforma una comisión asesora para que proponga nuevas normativas y regulaciones para la acción pública. Ocurrió así en 1994 tras el caso Codelco-Dávila, en 2003 con el MOP-Gate y Coimas, en 2006 con Chiledeportes, y en la actualidad, con los casos Caval y Penta.
El abogado Alex Muñoz Wilson, quien fuera coordinador del Programa de Transparencia y Anticorrupción de la Universidad de Chile, describe en el libro “Transparencia y Probidad Pública, estudios de casos de América Latina” (2008) esta suerte de “modus operandi” que han seguido los distintos gobiernos a la hora de abordar los grandes casos de corrupción que han azotado la política chilena: “La agenda de probidad pública ha estado marcada por dos rasgos característicos: por una parte, avanza al ritmo de los grandes escándalos de corrupción y pierde fuerza cada vez que éstos dejan de atraer la atención de la opinión pública; y, por otra, es abordada desde una perspectiva de modernización del Estado, apuntando a una calidad de la gestión más que a la exigibilidad de derechos fundamentales o de ciertas normas de ética democrática”.
“El Líbero” indagó en el trabajo, la conformación y las conclusiones de las distintas comisiones presidenciales que han trabajado este tipo de temas, encontrando que varios nombres se repiten y que los tópicos en discusión han sido básicamente los mismos.
1994: Comisión Nacional sobre Ética Pública
El 23 de enero de 1994, cuando quedaba un mes y medio para que Patricio Aylwinterminara su gobierno, había salido a la luz pública el caso Codelco, ese en el que el entonces operador de mercados a futuro, Juan Pablo Dávila, desfalcó a la cuprífera en 200 millones de dólares con manejos financieros ilícitos.
El nuevo gobierno debía dar una señal, y apenas tres semanas después de haber llegado a La Moneda, el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, mediante el decreto N° 423 del Ministerio del Interior, creó la Comisión Nacional sobre Ética Pública “como instancia de estudio y elaboración de propuestas de políticas públicas e iniciativas legales que, contribuyendo a perfeccionar la democracia, refuercen los procedimientos e instituciones que cautelan el cumplimiento de los deberes legales y éticos en la actividad pública. Se entiende por actividad pública no sólo aquellas que realiza el personal que forma parte de los órganos de la administración del Estado, sino también la que efectúan los privados y que incida o afecte directamente la transparencia ética de dichos órganos”.
El consejo asesor quedó conformado por 15 personas y tuvo un plazo de 100 días para elaborar un informe.
De acuerdo al libro “Transparencia y Probidad Pública, estudios de casos de América Latina”, “se propuso la adopción de 41 medidas para la generación de condiciones de transparencia e integridad en distintos ámbitos del funcionamiento del Estado. Esta comisión tuvo entre sus virtudes el encarar el problema de la corrupción y la promoción de la transparencia como una política de Estado, haciendo partícipe a distintos sectores políticos con el fin de asegurarle un respaldo transversal. Asimismo, se destacó por tener un marcado sello preventivo ya que no existía en la época una situación de corrupción desatada o generalizada. La iniciativa buscaba anticiparse a los problemas de falta de probidad que podrían producirse en el futuro si no se adoptaban las reformas adecuadas a tiempo”.
Ya en enero de 1995, Frei envió al Congreso un proyecto de ley sobre probidad administrativa aplicable a los órganos de administración del Estado, donde se recogían varias de las recomendaciones de la comisión. Finalmente el mensaje del Presidente se aprobó en diciembre de 1999, a tres meses de terminar su gobierno, y se transformó en la Ley 19.653.
“A partir de la comisión de 1994 se han dictado una infinidad de leyes que tienen que ver con el tema de la probidad y la transparencia… fue el hito de partida de la legislación que hay actualmente. Los secretarios de esa comisión hicieron viajes a España y otros lados para conocer distintas experiencias e hicieron aportes muy valiosos para las conclusiones finales”, recuerda Luis Bates, quien integró la comisión al ser presidente del Consejo de Defensa del Estado.
VER INFOME FINAL DE LA COMISIÓN
2003: Comisión Asesora Presidencial para el Fortalecimiento de los Principios de Transparencia y Probidad Pública
Nació el 16 de enero de 2003 y fue presentada en sociedad el mismo día de la histórica reunión entre el Presidente Ricardo Lagos y Pablo Longueira, esa en la que se dio vuelta la página tras los casos Coimas y MOP-Gate y se decidió avanzar en materias de modernización del Estado.
Esa mañana el Mandatario anunció que la integrarían 13 personas y que el equipo –liderado por Luis Bates, en ese entonces presidente del capítulo chileno de Transparencia Internacional- tenía plazo hasta marzo de ese año para entregar un informe con recomendaciones.En la ceremonia, Lagos señaló que había que tomar todas las medidas para que casos como el MOP-Gate no se repitieran nunca más. “Si no hacemos lo adecuado, difícilmente tendremos en la actividad pública a los mejores. Hay que corregir ahora y con energía (…). Esta importante comisión la quiero entender como la convicción de que llegado el momento, todos nosotros, como país, seamos capaces de una doble tarea: exigir que los tribunales de justicia hagan su tarea, pero también tomar las medidas indispensables para dar un gran salto y convertir esta crisis en una oportunidad sobre cómo modernizamos el Estado y cómo lo ponemos acorde a las exigencias internacional”, sostuvo ese día.
Sin embargo, la cocina política-técnica operó más rápido que la cocina sólo técnica. El 30 de enero de ese año, apenas 14 días después de la presentación de la comisión, el Presidente Lagos citó a La Moneda a los timoneles de todos los partidos con representación parlamentaria y, en un acto en el salón Montt-Varas, anunció al país que se había sellado un acuerdo entre las colectividades para despachar en el transcurso de 2003 una batería de 49 proyectos sobre reformas del Estado; Transparencia y Probidad; y agenda Pro Crecimiento (VER DOCUMENTO DEL ACUERDO AQUÍ).
En su discurso, Lagos dijo que con el acuerdo “gana Chile y no el gobierno, ni la oposición, sino que la ciudadanía chilena”, agregando que “las campanadas de alerta nos señalaron que los cimientos básicos estaban siendo amenazados” y que con esto “se soluciona la vieja relación entre dinero y política”.
En tanto, el ministro de Interior de la época y uno de los artífices del acuerdo político, José Miguel Insulza, agradeció a los partidos por haber consensuado la agenda.
Según un miembro de la comisión encabezada por Bates, que fue consultado por “El Líbero”, “la comisión técnica no funcionó, porque tenía muy poco poder y no llevaba a ninguna parte. Por esa razón, de forma simultánea se creó una comisión de carácter más político, pero donde también trabajaron técnicos, que tenía mucho más poder de decisión”.
Fuentes que trabajaron en esa comisión paralela señalan que ésta sesionaba entre dos y tres veces por semana en una sala de reuniones en el Ministerio de Interior y que en ella participaban ministros, los presidentes de los partidos de la Concertación y la Alianza, algunos técnicos de centros de estudios, y en ocasiones el propio Lagos. De esos encuentros surgieron las 49 medidas que luego anunciaría el Presidente. “Acá estaban los ministros y presidentes de partido, que son los que hacen los acuerdos en el Congreso. La situación en ese momento era muy delicada para el gobierno y había que hacer una comisión de un súper nivel”, recuerda uno de los participantes.Pero la comisión técnica también elaboró medidas, las que fueron presentadas el 5 de mayo de 2003.
Consultado por “El Líbero”, Bates recuerda: “La nuestra más que comisión era un grupo de trabajo, muy distinto a lo que se ha hecho ahora. Era un grupo de trabajo para abordar el tema y hacer sugerencias, pero no tuvo en ningún momento el alcance que se le atribuye a la comisión formada ahora por los casos Penta y Caval”.
VER INFORME FINAL DE LA COMISIÓN
2006: Comisión agenda de probidad o “comisión secreta”
El gobierno de Michelle Bachelet recién estaba apagando la crisis política que le generó tener por varios meses a los “pingüinos” protestando en las calles por una reforma educacional, cuando en octubre de 2006 salió a la luz pública el caso Chiledeportes, donde se descubrió que dineros de la entidad eran desviados a campañas políticas de la Concertación. El tema golpeó fuerte a La Moneda, pues surgió la información de que el entonces jefe de gabinete de la Mandataria y hoy ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, habría estado enterado de estos desvíos. La misma acusación recayó sobre Harold Correa, entonces jefe de gabinete del vocero Ricardo Lagos Weber –en el actual gobierno trabajó en el “segundo piso” de Bachelet y ahora es jefe de gabinete de Nicolás Eyzaguirre en Educación- y tuvo que renunciar a su cargo.
El domingo 12 de novi
embre de 2006, tres semanas después de que estallara el caso,Fernando Flores asistió a Tolerancia Cero. El entonces senador acababa de renunciar al PPD y en el programa de Chilevisión soltó una bomba. Dijo que ese día se había reunido con la Presidenta en su residencia para hablar del caso Chiledeportes y que Bachelet le habría dicho “mira, yo he creado una comisión transversal, secreta, que está trabajando en esto y cuando vuelva de la Apec escucha lo que voy a decir”.Pero la Presidenta no alcanzó a volver de la Apec para hacer el anuncio. Al día siguiente tuvo que salir Lagos Weber a explicar la situación y a revelar los siete nombres que conformaban la comisión “secreta” que tenía por mandato “colaborar en la generación de insumos en materia de transparencia, regulación del lobby, financiamiento de la política y modernización de la gestión pública”.
Dos días después, el ministro de Economía, Alejandro Ferreiro -que había asumido el rol de líder de la comisión- señalaba a la prensa que tenían un plazo de dos semanas para entregar sus propuestas: “Este es un grupo de trabajo que tiene un mandato preciso y un tiempo breve para evacuar un informe sobre la base del cual la Presidenta tomará las decisiones que estime convenientes”.De acuerdo a una nota de El Mercurio, el 7 de noviembre Bachelet llamó uno por uno a los integrantes de la comisión para pedirles que hicieran el trabajo. Según recuerdan quienes integraron la comisión, se repartieron las tareas entre los miembros y dedicaron las dos semanas casi en exclusiva a afinar 30 propuestas, que finalmente fueron anunciadas por la jefa de Estado el 23 de noviembre, en una ceremonia en el salón Montt-Varas. “Soy hija de servidores públicos y me siento orgullosa de eso. He trabajado con entusiasmo para el Estado de Chile por muchos años, la corrupción me indigna, pero la verdad es que la indignación no basta”, señaló Bachelet en ese momento.
Pero la medida que más causó revuelo fue una que no estaba en el informe y que Bachelet agregó de su cosecha. Esta, prohibía que las personas jurídicas realizaran donaciones a las campañas políticas.
A diferencia de las anteriores comisiones que contaron con el apoyo de la Alianza, en ésta la UDI y RN se restaron. “La oposición ya no estaba para perdonazos debido a que según muchos de sus líderes el acuerdo Insulza-Longueira les había costado la elección presidencial”, señala Alex Muñoz en su libro “Transparencia y Probidad Pública, estudios de casos de América Latina”.
VER INFORME FINAL DE LA COMISIÓN
fuente:http://ellibero.cl/actualidad/de-qu...corrupcion-creadas-por-frei-lagos-y-bachelet/
