Al menos nueve ataques motivados por la orientación sexual o identidad de género de la víctima se han registrado en lo que va de 2019, alertando a las autoridades y organizaciones de la sociedad civil sobre la necesidad de incorporar modificaciones a las políticas de prevención en torno a la violencia contra la comunidad LGBT.
En ese sentido, distintas organizaciones defensoras de la diversidad sexual han planteado una serie de propuestas al Ejecutivo, enfatizando en la creación de una institucionalidad que fortalezca el ámbito educativo en torno a la discriminación, modernizar la tipificación de los crímenes, y profundizar el análisis de estadísticas.
Así lo detalló el vocero del Movilh, Óscar Rementería, de acuerdo a lo planteado en una reunión que sostuvieron con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno sobre posibles modificaciones a la actual Ley Anti Discriminación.
“También propusimos invertir la carga de la prueba, que la persona que es acusada de discriminar, tenga que comprobar o tiene que demonstrar en tribunales que no discriminó” indicó Rementería.
Mientras, desde la Fundación Iguales, la directora de Educación, Isabel Amor, discutió en una reunión con la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, la necesidad de actualizar los datos sobre el tramite judicial de los crímenes discriminatorios en el país.
La Subsecretaría de Prevención del Delito comprometió para el próximo 5 de abril una reunión ampliada, donde se definirán las condiciones para una mesa de trabajo entre distintos organismos del Ejecutivo, el Poder Judicial y la sociedad civil sobre políticas contra la discriminación.
