Previo a denuncia de Pérez, desde Sernageomin ya habían criticado polémica contratación de Bermúdez

[de la jara]

A través de una carta emitida en octubre de 2017, la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Geología y Minería (Afuser) criticó que la entonces jefa jurídica de la entidad, Doris Roa, hubiese sido contratada por Jorge Bermúdez como fiscal de la Contraloría.

Según la denuncia ingresada a fines de abril de 2019 por la subcontralora Dorothy Pérez, subalterna de Bermúdez, Roa sería parte de un grupo de 330 funcionarios quienes vieron abultadas sus rentas con asignaciones especiales

Tales bonos tuvieron un costo $322 millones para el Fisco, dineros que no fueron reintegrados a las arcas públicas tras la resolución del informe final de auditoría N° 516 de 2017.

En la misiva, Afuser acusó que Roa, en 2014, todavía en Sernageomin, se había autoasignado sobrepagos que alcazaban los $400 mil mensuales.

Sumado a ello, Afuser también lamentó que Roa haya llegado al ente contralor pese a que en su gestión tuvo tratos prepotentes, hirientes y desconsiderados con compañeros de trabajo, especialmente alguien que no era de su círculo.

“Por lo expuesto, no puede provocar más que decepción y estupor que la antiguamente respetada Contraloría General hoy se involucre en el rescate de esta abogada que, a nuestro juicio, ha tenido un desempeño nefasto en el Sernageomin”, rezó el escrito.

A través de la denuncia, Pérez busca que tanto Bermúdez como sus asesores más cercanos sean investigados por los presuntos delitos de tráfico de influencias, fraude al Fisco y prevaricación.

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La teleserie de la Contraloría
2018 fue un mal año en la relación entre Bermúdez y Pérez. El lunes 20 de agosto, el primero le pidió la renuncia a la segunda.

Lo que siguió fue, por decir lo menos, una teleserie. El titular del órgano fiscalizador ya no quería trabajar con su subalterna en base a una pérdida de confianza total.

Aquello por la presunta responsabilidad que ésta tuvo en el multimillonario megafraude al interior de Carabineros, cuando fue la segunda al mando de la División de Auditoría Administrativa de la Contraloría General de la República, entre 2010 y 2014 (aunque posteriormente se confirmaría su rol sólo como testigo en el caso).

Tras ello, Bermúdez la sacó por la vía administrativa de la institución e incluso asignó un reemplazo, pero el escándalo fue a parar a la Corte Suprema, con dimes y diretes cruzados.

Al final, Bermúdez sufrió una ácida derrota: el máximo tribunal determinó que la destitución había sido ilegal, con lo que se ratificó el fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Santiago a favor de Pérez, del 16 de octubre.

Tras su regreso, sólo para realizar funciones de subrogación y de jueza de cuentas, Bermúdez dijo que todos los días pensaba en renunciar.

En tanto, Dorothy Pérez finalmente quedó sólo en función de testigo en el caso del fraude al interior de Carabineros.
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