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Plasta Culiad@
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Presunto sicario de Concón: Las omisiones y negligencias de policías, fiscales y tribunales
El equipo de investigación de Radio Bío-Bío reconstruyó los pasos judiciales y administrativos de los últimos años del ciudadano colombiano Víctor Gutiérrez Londoño (34), alias el “Parce”, conocido públicamente desde el 21 de mayo cuando fue detenido y formalizado por la muerte del empresario Alejandro Correa Correa (60). Según se establece en la indagatoria de la Fiscalía sobre ese hecho, la mañana del lunes 18 de mayo Gutierrez Londoño llegó hasta la casa de Correa en Concón donde disparó dos tiros percutados con un revólver .38. Acción que le quitó la vida a Correa y dejó a otro hombre herido. El crimen, según el ahora imputado, habría sido por encargo.
Sin embargo, Gutiérrez Londoño pudo haber sido expulsado de Chile mucho antes del 18 de mayo del 2020, pero una cadena de errores del sistema en general le permitieron seguir en nuestro país, y por ende, transformarse en un sicario. Aquí revelamos que un año antes del homicidio hubo omisiones de carabineros, fiscales y tribunales que le facilitaron permanecer de forma ilegal, puesto que ninguno lo denunció. En concreto, Víctor Gutiérrez Londoño compareció en tres oportunidades frente a un tribunal sin que ni a fiscales ni a jueces le hubiese parecido al menos extraño que una persona sin residencia, sin pasaporte timbrado y sin ningún dato en el sistema chileno, no registrara en su hoja de vida una denuncia por el delito de ingreso clandestino.
Paralelamente, y por vía administrativa, la Unidad Especializada de Migración de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior rechazaban la solicitud que el mismo Gutiérrez Londoño había cursado para regularizar su estatus migratorio en Chile amparado en los llamados que hizo el 2018 el Presidente Sebastián Piñera para tal fin. El resultado de ese rechazo fue remitido, a través de gobierno interior, a la intendencia de Valparaíso ocho meses antes del asesinato del empresario. De haberse cursado la expulsión en los tiempos requeridos, se habría, posiblemente, evitado esta tragedia.
Víctor Gutiérrez Londoño (34), alias el “Parce”, de nacionalidad colombiana, ingresó a Chile en diciembre de 2015, según los registros que hoy existen en el sistema público. Lo habría hecho a través de un paso clandestino por el norte de nuestro país. Por ahora, se desconoce el trayecto que utilizó para llegar a la región de Valparaíso, instalándose en Quilpué. Hasta ahí una persona desconocida para el sistema migratorio y judicial.
Pero fue el domingo 6 de mayo de 2018 cuando su nombre comenzó a circular en las bases de datos de las policías. Ese día, Gutiérrez Londoño fue detenido en la intersección de la calle Cumming con Esmeralda, en la comuna de Quilpué, portando 19 gramos de cannabis sativa. El hecho quedó registrado en un parte policial realizado por efectivos de la Segunda Comisaría de Carabineros de la comuna, según consta en el expediente de la causa abierta por el ilícito en el tribunal de Quilpué. Detención de la cual no existe registro de que Carabineros haya notificado a la PDI sobre la situación irregular el “Parce”, como dictamina la ley.
Pero la carrera delictual del colombiano continuó. El 11 de octubre del mismo año, Gutiérrez Londoño agredió a S.R.L. con un cuchillo de 20 centímetros en la vía pública, ocasionándole una herida cortopunzante en el brazo derecho de carácter leve. Sumaba así su segunda causa penal en nuestro país, esta vez por homicidio frustrado lo que fue revisado por el juez Milenko Grbic Miranda del Tribunal de Garantía de Quilpué. No obstante, el 14 de enero de 2019, el fiscal Carlos Parra Fuentes, decidió no perseverar el procedimiento por “no haber reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación”, acción que escuchó y resolvió la jueza Paula Millon Lorenz, según consta en la causa. Audiencia en que tampoco se analizó ni mucho menos se pidió una formalización por el delito de ingreso clandestino a nuestro país.
Transcurrido casi un mes del ataque con el cuchillo, el 6 de noviembre de 2018, ingresó nuevamente al Juzgado de Garantía de Quilpué una causa por lesiones menos graves en contra de N. H. M. Con fecha 10 de septiembre de 2019, se emitió una orden de detención hacia Víctor Gutiérrez Londoño. El 29 de octubre, según la causa, la Policía de Investigaciones (PDI) recibió la orden del juzgado para tomar detenido al “Parce”. Pese a la instrucción, la policía civil no pudo encontrar a Gutiérrez en el domicilio registrado. “Se informa al tribunal que no fue posible ubicar al requerido, por cuanto no fue habido en el domicilio señalado por la presente orden”, consta en un documento firmado por el subcomisario de la PDI Francisco Astudillo Godoy.
Carabineros tampoco pudo dar con el paradero de Gutiérrez. En un oficio de la institución se detalla que funcionarios policiales se dirigieron a la dirección registrada en dos oportunidades: el 19 de noviembre y 2 de diciembre del 2019. En ambas ocasiones no fue posible dar con el paradero del colombiano. Uno de los vecinos del lugar, entrevistado por uniformados señaló que, en ese momento, Gutiérrez Londoño “no es persona conocida en el lugar”.
El 19 de diciembre de 2019, el Juzgado de Garantía de Quilpué declaró en “rebeldía” a Víctor Gutiérrez Londoño al no ser ubicado ni por la PDI, ni por Carabineros. El 24 de enero de 2020, desde el mismo tribunal se notificó la orden de detención al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia.
De esta forma, se puede establecer que pese a las detenciones y haber comparecido en varias oportunidades ante distintos jueces, ninguno de los fiscales resolvió formalizarlo por la infracción que podría haber acelerado su expulsión por la vía judicial: delito de ingreso clandestino.
Vía administrativa
En tanto, valiéndose del proceso de regulación extraordinaria que abrió el gobierno del Presidente Sebastián Piñera -y pese a que la justicia lo buscaba- el “Parce” decidió libremente presentarse en las oficinas de extranjería en la región de Valparaíso donde, según consta en los documentos conocidos por Radio Bío-Bío, reconoció que llevaba 3 años viviendo en Chile de forma ilegal. Con ese acto, se inició el proceso de evaluación sobre si aplicaba o no otorgarle algún estatus para su permanencia, donde se le asignó un RUN provisorio mientras se desarrollaba el procedimiento administrativo.
Solicitud que llegó a la Dirección de Extranjería y Migración (DEM) los cuales pidieron a la Policía de Investigaciones la redacción de un informe. Documento que se devolvió en enero del 2019 con el rótulo: “rechazado”. Es decir, la PDI determinó que Gutiérrez Londoño no cumplía con los requisitos para permanecer en Chile.
Documento claro y específico que fue analizado por el Departamento de Extranjería y Migración que dirige Álvaro Bellolio y quienes en septiembre determinaron evacuar el informe final, a través de gobierno interior, a la Intendencia de Valparaíso, en que se ratificaba el informe de la PDI y por ello no quedaba más que ordenar la expulsión. Entonces, ¿por qué no se procedió a firmar el decreto administrativo de expulsión de Víctor Gutiérrez Londoño?
En conversación con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, el jefe del DEM, Álvaro Bellolio, comentó que “nosotros efectivamente enviamos su notificación de rechazo a mediados del 2019 -a través de gobierno interior-. Y adicionalmente, a todos los casos de rechazo, nosotros informamos a las intendencias respectivas”, dice.
Sobre el caso en comento de Gutiérrez Londoño, indicó que “cuando le rechazamos la regularización extraordinaria, la persona tenía esta condena por porte de drogas que era baja; no teníamos la información al momento que hicimos el rechazo sobre el resultado de la causa en el tribunal de Quilpué y lo más importante: no estaba hecha la denuncia por ingreso clandestino, por tanto nosotros tampoco podíamos justamente expulsar por ingreso clandestino”.
Sin embargo, Álvaro Bellolio sostiene “el punto tiene que ver exactamente con la denuncia por ingreso clandestino y ahí hay una discusión más de fondo… porque hoy en día la denuncia tiene que ser presencial, se hace ante la Policía de Investigación, y ahí también se puede mejorar en que cuando esta persona fue a los tribunales, nunca se hizo justamente por las partes… los tribunales no lo pidieron, la Policía de Investigaciones tampoco formalizó esta denuncia por ingreso clandestino”, reafirma con fuerza la autoridad migratoria.
Ante la pregunta: ¿qué falló?, Bellolio responde que deben mejorar las comunicaciones entre las instituciones del Estado. “La lección que tenemos que sacar como Estado es de que efectivamente cuando se generen causas en el Ministerio Público o en el Poder Judicial con extranjeros, establecer un canal de comunicación formal, ojalá automatizado, para que nosotros entreguemos, por ejemplo, los estado de información, el estatus migratorio, y ellos nos puedan entregar los datos de cuál fue el resultado de la causa y también los datos de contacto, porque usualmente el Poder Judicial tiene datos de contacto mucho más actualizados que los nuestros”.
Pero estas razones no son suficientes para la familia de Alejandro Correa, que acusa al Estado de un actuar negligente al no haber expulsado del país al presunto sicario colombiano que, según la fiscalía, mató quien es esposo, padre y tío. En la carta enviada a El Mercurio, por una de sus hijas, Valentina, le atribuye responsabilidad al Estado y hoy es enfática en señalar que “fallaron los protocolos”.
En tanto, consultada la Intendencia de Valparaíso, que dirige Jorge Martínez, sobre qué pasó con la resolución exenta N°190566 que envió el DEM en septiembre del 2019 para su ejecución administrativa, cercanos el intendente explicaron que están revisando los documentos pero que no hubiese servido de no existir la denuncia ante la PDI. Además recordaron que tras la detención el 21 de mayo y la denuncia que ahora sí realizaron los entes respectivos la autoridad regional firmó la expulsión la que se concretará tras terminado el proceso por homicidio.
Finalmente indicar que frente a la cadena de errores, y pese a que el DEM rechazó la solicitud del colombiano, es válido preguntarse, ¿cuántos Gutiérrez Londoño existen en el país con informes migratorios negativos pero siguen transitando libremente por tribunales al no existir una denuncia?
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, confirmó a Radio Bío Bío que están evaluando todo el procedimiento administrativo que se aplicó en el caso de Víctor Gutiérrez Londoño.
El equipo de investigación de Radio Bío-Bío reconstruyó los pasos judiciales y administrativos de los últimos años del ciudadano colombiano Víctor Gutiérrez Londoño (34), alias el “Parce”, conocido públicamente desde el 21 de mayo cuando fue detenido y formalizado por la muerte del empresario Alejandro Correa Correa (60). Según se establece en la indagatoria de la Fiscalía sobre ese hecho, la mañana del lunes 18 de mayo Gutierrez Londoño llegó hasta la casa de Correa en Concón donde disparó dos tiros percutados con un revólver .38. Acción que le quitó la vida a Correa y dejó a otro hombre herido. El crimen, según el ahora imputado, habría sido por encargo.
Sin embargo, Gutiérrez Londoño pudo haber sido expulsado de Chile mucho antes del 18 de mayo del 2020, pero una cadena de errores del sistema en general le permitieron seguir en nuestro país, y por ende, transformarse en un sicario. Aquí revelamos que un año antes del homicidio hubo omisiones de carabineros, fiscales y tribunales que le facilitaron permanecer de forma ilegal, puesto que ninguno lo denunció. En concreto, Víctor Gutiérrez Londoño compareció en tres oportunidades frente a un tribunal sin que ni a fiscales ni a jueces le hubiese parecido al menos extraño que una persona sin residencia, sin pasaporte timbrado y sin ningún dato en el sistema chileno, no registrara en su hoja de vida una denuncia por el delito de ingreso clandestino.
Paralelamente, y por vía administrativa, la Unidad Especializada de Migración de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior rechazaban la solicitud que el mismo Gutiérrez Londoño había cursado para regularizar su estatus migratorio en Chile amparado en los llamados que hizo el 2018 el Presidente Sebastián Piñera para tal fin. El resultado de ese rechazo fue remitido, a través de gobierno interior, a la intendencia de Valparaíso ocho meses antes del asesinato del empresario. De haberse cursado la expulsión en los tiempos requeridos, se habría, posiblemente, evitado esta tragedia.
Víctor Gutiérrez Londoño (34), alias el “Parce”, de nacionalidad colombiana, ingresó a Chile en diciembre de 2015, según los registros que hoy existen en el sistema público. Lo habría hecho a través de un paso clandestino por el norte de nuestro país. Por ahora, se desconoce el trayecto que utilizó para llegar a la región de Valparaíso, instalándose en Quilpué. Hasta ahí una persona desconocida para el sistema migratorio y judicial.
Pero fue el domingo 6 de mayo de 2018 cuando su nombre comenzó a circular en las bases de datos de las policías. Ese día, Gutiérrez Londoño fue detenido en la intersección de la calle Cumming con Esmeralda, en la comuna de Quilpué, portando 19 gramos de cannabis sativa. El hecho quedó registrado en un parte policial realizado por efectivos de la Segunda Comisaría de Carabineros de la comuna, según consta en el expediente de la causa abierta por el ilícito en el tribunal de Quilpué. Detención de la cual no existe registro de que Carabineros haya notificado a la PDI sobre la situación irregular el “Parce”, como dictamina la ley.
Pero la carrera delictual del colombiano continuó. El 11 de octubre del mismo año, Gutiérrez Londoño agredió a S.R.L. con un cuchillo de 20 centímetros en la vía pública, ocasionándole una herida cortopunzante en el brazo derecho de carácter leve. Sumaba así su segunda causa penal en nuestro país, esta vez por homicidio frustrado lo que fue revisado por el juez Milenko Grbic Miranda del Tribunal de Garantía de Quilpué. No obstante, el 14 de enero de 2019, el fiscal Carlos Parra Fuentes, decidió no perseverar el procedimiento por “no haber reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación”, acción que escuchó y resolvió la jueza Paula Millon Lorenz, según consta en la causa. Audiencia en que tampoco se analizó ni mucho menos se pidió una formalización por el delito de ingreso clandestino a nuestro país.
Transcurrido casi un mes del ataque con el cuchillo, el 6 de noviembre de 2018, ingresó nuevamente al Juzgado de Garantía de Quilpué una causa por lesiones menos graves en contra de N. H. M. Con fecha 10 de septiembre de 2019, se emitió una orden de detención hacia Víctor Gutiérrez Londoño. El 29 de octubre, según la causa, la Policía de Investigaciones (PDI) recibió la orden del juzgado para tomar detenido al “Parce”. Pese a la instrucción, la policía civil no pudo encontrar a Gutiérrez en el domicilio registrado. “Se informa al tribunal que no fue posible ubicar al requerido, por cuanto no fue habido en el domicilio señalado por la presente orden”, consta en un documento firmado por el subcomisario de la PDI Francisco Astudillo Godoy.
Carabineros tampoco pudo dar con el paradero de Gutiérrez. En un oficio de la institución se detalla que funcionarios policiales se dirigieron a la dirección registrada en dos oportunidades: el 19 de noviembre y 2 de diciembre del 2019. En ambas ocasiones no fue posible dar con el paradero del colombiano. Uno de los vecinos del lugar, entrevistado por uniformados señaló que, en ese momento, Gutiérrez Londoño “no es persona conocida en el lugar”.
El 19 de diciembre de 2019, el Juzgado de Garantía de Quilpué declaró en “rebeldía” a Víctor Gutiérrez Londoño al no ser ubicado ni por la PDI, ni por Carabineros. El 24 de enero de 2020, desde el mismo tribunal se notificó la orden de detención al Registro Nacional de Prófugos de la Justicia.
De esta forma, se puede establecer que pese a las detenciones y haber comparecido en varias oportunidades ante distintos jueces, ninguno de los fiscales resolvió formalizarlo por la infracción que podría haber acelerado su expulsión por la vía judicial: delito de ingreso clandestino.
Vía administrativa
En tanto, valiéndose del proceso de regulación extraordinaria que abrió el gobierno del Presidente Sebastián Piñera -y pese a que la justicia lo buscaba- el “Parce” decidió libremente presentarse en las oficinas de extranjería en la región de Valparaíso donde, según consta en los documentos conocidos por Radio Bío-Bío, reconoció que llevaba 3 años viviendo en Chile de forma ilegal. Con ese acto, se inició el proceso de evaluación sobre si aplicaba o no otorgarle algún estatus para su permanencia, donde se le asignó un RUN provisorio mientras se desarrollaba el procedimiento administrativo.
Solicitud que llegó a la Dirección de Extranjería y Migración (DEM) los cuales pidieron a la Policía de Investigaciones la redacción de un informe. Documento que se devolvió en enero del 2019 con el rótulo: “rechazado”. Es decir, la PDI determinó que Gutiérrez Londoño no cumplía con los requisitos para permanecer en Chile.
Documento claro y específico que fue analizado por el Departamento de Extranjería y Migración que dirige Álvaro Bellolio y quienes en septiembre determinaron evacuar el informe final, a través de gobierno interior, a la Intendencia de Valparaíso, en que se ratificaba el informe de la PDI y por ello no quedaba más que ordenar la expulsión. Entonces, ¿por qué no se procedió a firmar el decreto administrativo de expulsión de Víctor Gutiérrez Londoño?
En conversación con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, el jefe del DEM, Álvaro Bellolio, comentó que “nosotros efectivamente enviamos su notificación de rechazo a mediados del 2019 -a través de gobierno interior-. Y adicionalmente, a todos los casos de rechazo, nosotros informamos a las intendencias respectivas”, dice.
Sobre el caso en comento de Gutiérrez Londoño, indicó que “cuando le rechazamos la regularización extraordinaria, la persona tenía esta condena por porte de drogas que era baja; no teníamos la información al momento que hicimos el rechazo sobre el resultado de la causa en el tribunal de Quilpué y lo más importante: no estaba hecha la denuncia por ingreso clandestino, por tanto nosotros tampoco podíamos justamente expulsar por ingreso clandestino”.
Sin embargo, Álvaro Bellolio sostiene “el punto tiene que ver exactamente con la denuncia por ingreso clandestino y ahí hay una discusión más de fondo… porque hoy en día la denuncia tiene que ser presencial, se hace ante la Policía de Investigación, y ahí también se puede mejorar en que cuando esta persona fue a los tribunales, nunca se hizo justamente por las partes… los tribunales no lo pidieron, la Policía de Investigaciones tampoco formalizó esta denuncia por ingreso clandestino”, reafirma con fuerza la autoridad migratoria.
Ante la pregunta: ¿qué falló?, Bellolio responde que deben mejorar las comunicaciones entre las instituciones del Estado. “La lección que tenemos que sacar como Estado es de que efectivamente cuando se generen causas en el Ministerio Público o en el Poder Judicial con extranjeros, establecer un canal de comunicación formal, ojalá automatizado, para que nosotros entreguemos, por ejemplo, los estado de información, el estatus migratorio, y ellos nos puedan entregar los datos de cuál fue el resultado de la causa y también los datos de contacto, porque usualmente el Poder Judicial tiene datos de contacto mucho más actualizados que los nuestros”.
Pero estas razones no son suficientes para la familia de Alejandro Correa, que acusa al Estado de un actuar negligente al no haber expulsado del país al presunto sicario colombiano que, según la fiscalía, mató quien es esposo, padre y tío. En la carta enviada a El Mercurio, por una de sus hijas, Valentina, le atribuye responsabilidad al Estado y hoy es enfática en señalar que “fallaron los protocolos”.
En tanto, consultada la Intendencia de Valparaíso, que dirige Jorge Martínez, sobre qué pasó con la resolución exenta N°190566 que envió el DEM en septiembre del 2019 para su ejecución administrativa, cercanos el intendente explicaron que están revisando los documentos pero que no hubiese servido de no existir la denuncia ante la PDI. Además recordaron que tras la detención el 21 de mayo y la denuncia que ahora sí realizaron los entes respectivos la autoridad regional firmó la expulsión la que se concretará tras terminado el proceso por homicidio.
Finalmente indicar que frente a la cadena de errores, y pese a que el DEM rechazó la solicitud del colombiano, es válido preguntarse, ¿cuántos Gutiérrez Londoño existen en el país con informes migratorios negativos pero siguen transitando libremente por tribunales al no existir una denuncia?
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, confirmó a Radio Bío Bío que están evaluando todo el procedimiento administrativo que se aplicó en el caso de Víctor Gutiérrez Londoño.
Presunto sicario de Concón: Las omisiones y negligencias de policías, fiscales y tribunales
Víctor Gutiérrez Londoño (34), alias el “Parce”, de nacionalidad colombiana, ingresó a Chile en diciembre de 2015, según los registros...
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