Trabajadores públicos definen estrategia para recuperar derecho de ir a la Justicia por despidos

[de la jara]

Funcionarios estatales evalúan recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en caso de que no se revierta el fallo del Tribunal Constitucional.

Diciembre de 2018 no fue un buen mes para los trabajadores del Estado. Ese mes, el Tribunal Constitucional (TC) emitió un fallo que dejó sin tutela laboral a los trabajadores públicos. ¿Qué significa esto? Que los empleados estatales no podrían recurrir a los tribunales de justicia por despidos arbitrarios, discriminación, violación a la libertad de expresión, entre otras causas, debido a que no se regulan bajo las reglas del Código del Trabajo.

Para justamente revertir este pronunciamiento, el consejero de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Ramón Chanqueo, interpuso en enero un recurso de protección en representación de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales (Asemuch) ante la Corte de Apelaciones. Sin embargo, dicha instancia judicial desestimó dar tramitación a la causa.Pese a todo, el pasado 20 de febrero se volvió a encender una luz de esperanza para los trabajadores fiscales, pues la Corte Suprema sí admitió el citado recurso. Dado esto, ordenó a la Corte de Apelaciones iniciar la tramitación correspondiente.

La estrategia

En el recurso los funcionarios públicos piden dos cosas. La primera de ellas es dejar sin efecto la sentencia de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, dictada por el Tribunal Costitucional; y la segunda, es que se adopten todas aquellas medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr el restablecimiento de la tutela laboral.Sin embargo, la estrategia de los funcionarios públicos no se limita a eso. Según precisó el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, al interior de la Mesa del Sector Público se encuentran evaluando la alternativa de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.“Desde que conocimos el fallo del Tribunal Constitucional, juntamos un equipo de abogados y abogadas para poder evaluar la posibilidad de recurrir a instancias internacionales. Esto es en caso de que esto no se revierta en la justicia acá en Chile, estamos en esas conversaciones. Estamos actuando bajo el amparo de la Mesa del Sector Público, la idea es que pueda ser elaborada una estrategia de recuperar este derecho que afortunadamente años anteriores la Corte Suprema ha señalado que nosotros deberíamos tener y mantener este derecho y acceso a la justicia laboral”, dijo Pérez, agregando que Ana Fullerton y Macarena García son algunas de las abogadas con las que han estado trabajando.Según precisó un conocedor del tema, la decisión de recurrir a una institución internacional está ligada a lo que diga la Corte de Apelaciones respecto al caso, por lo que se esperará dicho pronunciamiento antes de concretar otras medidas.

¿Conflicto de competencias?

Para el abogado y director del grupo Laboral de Albagli Zaliasnik (AZ), Jorge Arredondo, si la justicia entrega un nuevo pronunciamiento, se podría generar un conflicto de competencias con el TC. “Eso no está regulado quién lo resuelve, porque el Senado resuelve conflictos de competencia entre autoridades políticas o administrativas y tribunales de justicia, pero un conflicto entre el TC y tribunales no está resuelto quién lo hace”, advirtió.Desde que el TC entregó el polémico fallo, han ingresado al menos 26 causas de este tipo a la institución, por lo que la Mesa del Sector Público se encuentra monitoreando si la referida instancia mantendrá su postura en otros fallos.

Justicia impidió a firma extender beneficios

Afuera del Palacio de Tribunales, el sindicato de Magotteaux -antes Productos Chilenos de Acero Limitada- celebró ayer el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones que impidió a la empresa extender los beneficios producto de la negociación colectiva a aquellos no sindicalizados."Ya no es posible sostener la licitud de la extensión de beneficios a terceros no integrantes del convenio colectivo cuya fuente sea la decisión unilateral del empleador, sin la aquiescencia del sindicato", sostuvo el tribunal. Al mismo tiempo, recalcó que dicha medida se debe lograr en acuerdo con el sindicato involucrado."Somos nosotros dueños de los beneficios que hemos conquistado históricamente a tráves del movimiento sindical", dijo Roberto Arraño, presidente del sindicato de Magotteaux.Por su parte, el consejero nacional de la CUT, Jorge Murúa, dijo que "la Corte opina de una forma correcta del punto de vista de lo que es la defensa de la titularidad de los sindicatos en materia de extensión de beneficios".En tanto, el director del área laboral en Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría, Jaime Salinas, señaló que "la tesis de la empresa, en este caso, fue que aplicaba la regla de la ultractividad (cuando una ley derogada sigue produciendo efectos) de la extensión de beneficios al vencimiento al contrato colectivo, circunstancia que no tiene asidero y ha sido así rechazado por la autoridad laboral en forma consistente".

https://www.df.cl/noticias/economia...uperar-derecho-de-ir-a/2019-02-26/192743.html

 

[de la jara]

Tras un arduo debate respaldan en general proyecto que incluye a los funcionarios públicos a la tutela laboral

La propuesta interpreta el Código del Trabajo en relación con el ámbito de aplicación del procedimiento al que puede acceder un trabajador que sienta afectados sus derechos fundamentales. Mañana miércoles se votaría el proyecto en particular.

Desprotección de los trabajadores del sector público”; “la norma intenta zanjar un debate”; “las vías manifestadas son de difícil solución a futuro”; “esto generará una nueva responsabilidad fiscal”; “hubo excesos del Tribunal Constitucional”. Estas fueron solo algunas de las diversas opiniones vertidas durante el debate en general del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, relativo al ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral, el que fue aprobado por 31 votos a favory 8 abstenciones.

La iniciativa -que responde a tres mociones refundidas- precisa que el procedimiento de tutela laboral contenido en el Código del Trabajo, beneficia a todos los trabajadores, incluidos los funcionarios de la Administración Pública, del Congreso Nacional, del Poder Judicial, y de las empresas públicas.

Durante la sesión se precisó que “sistemáticamente la Corte Suprema ha comprendido a los trabajadores del sector público en la tutela laboral; sin embargo el Tribunal Constitucional, en diciembre de 2018, dictó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la Municipalidad de San Miguel respecto del inciso tercero del artículo 1° y del artículo 485 del Código del Trabajo, aspecto que fue gravitante en la mayoría de las argumentaciones.

Con todo, el proyecto se votaría en particular, durante la sesión de mañana miércoles 06, pero surgieron voces que dejaron constancia de la necesidad de darle “un tiempo prudente para la presentación de indicaciones”, tal como precisó el Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg.

En la oportunidad hicieron uso de la palabra los senadores Carolina Goic, Iván Moreira, José García Ruminot, Rabindranath Quinteros, José Durana, Carlos Bianchi, Andrés Allamand, Juan Pablo Letelier, José Miguel Insulza, Yasna Provoste, Kenneth Pugh, Ximena Rincón, Francisco Huenchumilla, Alejandro Navarro, Álvaro Elizalde, Luz Ebensperger, Alejandro Guillier, Pedro Araya, Carmen Gloria Aravena, Juan Antonio Coloma, Rodrigo Galilea; además del ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg.

GOIC:

“Está pendiente una reforma más amplia, que tiene que ver con muchos aspectos administrativos, pero lo que hoy estamos discutiendo tiene que ver con garantizar los derechos laborales para los funcionarios públicos, que están consagrados en la Constitución”.

MOREIRA:

“Ha quedado al descubierto la desprotección que tienen nuestros funcionarios públicos con respecto a sus derechos. La protección para trabajadores públicos o privados, debe ser prioridad para cualquier gobierno. (…) Estoy por apoyar, pero tengo que dejar constancia que temo que las vías manifestadas sean de difícil solución a futuro”.

GARCÍA RUMINOT:

“Voto a favor la idea de legislar, pero aquí estamos extendiendo derechos que son propios de trabajadores del sector privado. (…) Esto tiene una implicancia financiera, por lo que solcito que podamos verlo en la Comisión de Hacienda y citar al Director de Presupuestos y saber el costo que representa”.

QUINTEROS:

“Este proyecto surge a partir de un nuevo exceso de una mayoría del Tribunal Constitucional y que afecta a la Corte Suprema (…). Me pregunto cómo es posible que el TC opte por no da protección a las garantías fundamentales de los trabajadores públicos (…) Se ha desvirtuado la función de este Tribunal”.

DUARANA:

“El Tribunal Constitucional no puede conocer materias laborales de funcionarios públicos, puesto que ellos tiene sus propios estatutos. (…) El sector público tendría dos ámbitos de protección, tribunales de justicia y los estatutos, estaríamos frente a funcionarios con garantías constitucionales distintas”.

GARANTÍAS PARA TODOS

BIANCHI:

“El Estado es un mal empleador y esto lo he repetido múltiples veces. En materia legislativa ha sido casi nulo y ha tenido que ser la Corte Suprema la que ha iniciado el proceso que ha significado reconocimientos tan importantes como la indemnización por años de servicios y la tutela laboral para los funcionarios públicos”.

ALLAMAND:

“Este proyecto aspira a dejar establecido categóricamente que los trabajadores del sector público sí tienen derecho a la tutela laboral, pero la forma legislativa en que lo hemos hecho ha sido una norma interpretativa del artículo 485 del Condigo del Trabajo y en consecuencia traspasamos en bloque las instituciones del Código para aplicárselas a los funcionarios públicos y esto trae problemas”.

LETELIER:

“No es que el TC haya hecho interpretación global, sino que fue a un punto. Esta norma intenta zanjar un debate (…). Son derechos que se tienen que garantizar para todos, independiente para quien se trabaja. (…) No puede ser que los trabajadores del sector público sean trabajadores de segunda clase”.

INSULZA:

“No es solamente un fallo, sino que un clima que se ha ido creando en el último año, con la cantidad de gente que ha sido despedida del sector público y que no ha podido hacer uso de la tutela laboral. (…) Mañana veremos si realmente se quiere perfeccionar o limitar los derechos de los trabajadores”.


PROVOSTE:

“No estamos disponibles para que trabajadores públicos sean de segunda categoría. Una situación compleja y arbitraria es lo que dictaminó el TC (…). Hoy entre los elementos que deben estar presentes está el evitar la desprotección para los funcionarios públicos, que se hace evidente de la relación laboral que afecta a sus derechos fundamentales”

SIN ASIMETRÍA

PUGH:

“Valoro el trabajo de los funcionarios públicos, quiero lo mejor para ellos y las asimetrías no son justas. (…) Aquí se busca regular, pero entendido la complejidad del Estado, por ello hay una Contraloría que se preocupa de los procesos. (…) Es importante un plazo de indicaciones para incluir las situaciones particulares”.

RINCÓN:

“Hoy votamos el reconocimiento explícito de los derechos de los funcionarios públicos. Que los trabajadores del sector público tengan los mismos derechos que los del privado. (…) El reciente fallo del TC deja a los funcionarios públicos en total indefensión”.


HUENCHUMILLA:
“Todos los trabajadores queremos tener certezas respecto de nuestros derechos. (…) Aquí hay un problema más de fondo (…) significa que los trabajadores del sector público están viendo que un tribunal dice “a” y el otro “b” (…). Nos encontramos con un problema político”.


NAVARRO:

“El TC quebró el equilibrio (…) y, a través de un fallo, quiere menoscabar los derechos de los trabajadores públicos; ¡derechos que ya están trastocados!. Tenemos una gran deuda con los trabajadores públicos de Chile”.

ELIZALDE:

“El TC, en una intromisión de los espacios de competencia, estableció que estas normas no debían ser aplicadas y esto es lo que ha generado el debate y la necesidad de legislar. (…) Los empleadores del sector público o privado, siempre tienen un límite en el ejercicio de sus facultades y es el repto a las garantías de los trabajadores”.


NOBLEZA EN LA IDEA DE LEGISLAR “


EBENSPERGER:

“Estoy cierta de la nobleza que se esconde detrás de la idea de legislar; sin embargo ello no es suficiente. (…) Como está redactado este proyecto no lo puedo votar a favor, por una sola razón: porque se quiere votar mañana en particular y no se alcanza a mejorar”.

GUILLIER:

“Se han mencionado las consecuencias que puede tener esta reafirmación de derechos, pero éstas no pueden correr en contra del trabajador (… ) Esta interpretación del TC es a todas luces abusiva y excede las facultades (…)”.

ARAYA:

“Esta norma que hoy estamos interpretamos no se refiera a toda la aplicación del Código del Trabajo y en eso la jurisprudencia ha sido clara, si entrega mecanismo eficaces para que los trabajadores puedan ejercer ciertos derechos”.

ARAVENA:

“Es necesario revisar la carrera funcionaria y escuchar para ver cuáles son sus necesidades. (…) Vale la pena hacer un esfuerzo y darnos un tiempo para poder profundizar los temas que han quedado instalados desde lo técnico, desde lo jurídico”.

COLOMA:

“Es claro que este proyecto es más complejo que la brevedad de su articulado (…) Un tema que tal como está creo que no está bien resuelto y como parlamento tenemos que hacer las cosas bien”.

GALILEA:

“Aquí estamos hablando de un procedimiento y a este proyecto eso es lo que le falta resolver (...) Más allá de las buenas intenciones que tengamos todos, la verdad es que la redacción del artículo 489 está orientada absolutamente al trabajador privado y no al trabajador público".

http://www.senado.cl/tras-un-arduo-...e-incluye-a-los/senado/2019-03-05/180553.html

 

[DemonDevil]

Con los funcionarios públicos no !!!





DD

 

[de la jara]

Comisión de Hacienda analizó avances en acuerdo entre el Gobierno y la Anef por caso "despidos"

El grupo parlamentario buscó interiorizarse sobre el nivel de cumplimiento de la circular 21, comprometida en el contexto de la Ley de Reajuste del Sector Público, por medio de la cual se impartieron instructivos del Ejecutivo en torno a la renovación de contratos del personal y que buscaba evitar la desvinculación injustificada de los trabajadores.

Un nuevo informe entregó esta semana ante la Comisión de Hacienda el subsecretario del ramo, Francisco Moreno, respecto del grado de cumplimiento de la circular 21, que definió orientaciones generales para los jefes superiores de servicios sobre el proceso de renovación del personal a contrata, que fue enviada en el marco del proceso de negociación colectiva por el reajuste del sector público.

El presidente de la instancia, diputado Pablo Lorenzini (DC), recordó que la Comisión promovió un acercamiento entre la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) y el Ejecutivo, que permitió conformar una mesa donde pudieron conversar los gremios con el Subsecretario Moreno, quien fuera asignado para representar al Gobierno y coordinar los esfuerzos a nivel central para el efectivo cumplimiento del instructivo.

Indicó que, siguiendo este proceso de cerca, la Comisión constató avances en una primera cita, el 23 de enero, pero que frente a variados puntos pendientes, se programó el encuentro de esta semana que permitió al Subsecretario continuar con su exposición y dar respuesta a los diputados sobre el actual estado del tema.

El diputado Daniel Núñez (PC) lamentó que todavía no se tenga una solución definitiva a la gran cantidad de despidos que se generaron a fines de 2018 y respecto de lo cual se generaron los acuerdos en el contexto de la tramitación de la Ley de Reajuste.

En todo caso, estimó que la reincorporación de una importante cantidad de trabajadores confirma las denuncias que venían haciendo los funcionarios.

"Hasta ahora, el Ministerio de Hacienda, a través del subsecretario, dio cuenta que hay 330 reincorporados a sus labores después que fueron despedidos, lo que evidentemente grafica que fueron despidos injustificados. Pero aún tenemos a cerca de mil 500 casos de trabajadores que, habiendo sido despedidos, no están claros los motivos por los cuales se cursó el despido y, en muchos casos, queda la sensación de que fue un despido injustificado o derechamente un despido producto de una discriminación política", observó.

Justamente, al no quedar conformes con el actual estado de las recontrataciones, los legisladores concordaron una nueva cita con el subsecretario Moreno que permita dar cuenta de los casos pendientes, según adelantó el diputado Lorenzini.

"Quedamos en juntarnos de nuevo el primer lunes de abril, para que nos vuelvan a rendir un informe y esperamos que, a esa altura, prácticamente ya los 300 casos que quedan, que son los más urgentes, sean solucionados y se deje de lado la política", especificó.

El legislador comunicó que también se espera más adelante, con acuerdo con la Anef, concordar un mecanismo que restrinja la discrecionalidad en los despido, de modo que estos no sean injustificados ni por razones políticas.

"Está bien los cargos de confianza, un seremi, un jefe de servicio, pero una persona normal que esta a contrata, que está a honorarios, que hace un trabajo, por que sea de un partido o sea de otro de gobierno o de oposición, debiera mantener su trabajo. Entonces, también vamos a aprovechar de buscar algún tipo de legislación a futuro y que esto no vuelva a repetirse", acotó.

https://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=136346