bub4loff
Manfinfler@
- Registrado
- 2018/10/22
- Mensajes
- 496
Tres expresidentes y los últimos cinco líderes de la Marina podrían prestar declaración por la desaparición de un ciudadano dominicano integrante del MIR en 1973, luego de una solicitud acogida por el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia, el pasado 12 de octubre. Curiosamente, el requerimiento lo solicitó la parte defensora de uno de los exmilitares procesados por este caso, por el delito de secuestro calificado. https://www.biobiochile.cl/noticias...declararian-por-desaparicion-de-mirista.shtml
De manera exclusiva, Radio Bio Bio accedió al extenso escrito de contestación de 217 páginas, mediante el cual -el 10 de octubre pasado- la defensa del capitán de Navío (r) Patricio Villalobos Lobos, exmiembro de la Comandancia de Aviación Naval (Comavnav) solicita esta inédita instancia judicial, con la que espera demostrar la inocencia de su representado en la desaparición del dominicano Juan Andrés Blanco Castillo, ocurrida el 25 de septiembre de 1973, a pocos días del Golpe de Estado.
Dos días después, el magistrado Jaime Arancibia Pinto se pronunció sobre esta acción, respondiendo una por una a las 25 peticiones anexas. Dentro de aquellas, el decimosegundo “otrosí” (como se les denomina en la jerga jurídica) consiste en la inédita solicitud de declaración –por oficio- de los expresidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet; y de los exalmirantes Jorge Arancibia, Miguel Ángel Vergara, Rodolfo Codina, Edmundo González y Enrique Larrañaga. En cuanto a los primeros, deberán contestar un cuestionario de ocho preguntas, el mismo número incluido en la minuta que se les enviará a los exjefes castrenses.
Para entender el motivo, pero también la estrategia de la parte defensora, basta con revisar algunas de las preguntas contenidas dentro de ambos cuestionarios: “¿Existe algún tipo de presupuesto para vestir, alimentar y pagar arriendo de inmuebles fuera de la Armada para mantener encerrado a Blanco Castillo?”, “¿Se ha dado la orden de mantenerlo encerrado durante los últimos 40 años?”, son parte de las consultas incluidas dentro del listado dirigido a los excomandantes en jefe. Asimismo, dentro de las interrogantes para los exmandatarios, se incluyen algunas como “¿Tuvo conocimiento de que el Estado de Chile, mientras usted lo encabezaba, cometía secuestros masivos?” o “¿Usted recibió información de la Subsecretaría o del Ministerio del Interior de que se estaban cometiendo estas violaciones de derechos humanos, y qué hizo para remediarlo?”.
La razón es sencilla, ya que el abogado Javier Gómez, quien encabeza esta defensa, señala que “en este caso la figura del secuestro (artículo 141 del Código Penal) es ficticia, por cuanto esta persona al parecer falleció. Delito de secuestro no hay ninguno, ya que debería entonces haber una persona encerrada contra derecho”. “Aquí no hay nadie que mantenga encerrada a una persona durante 40 años, ni una persona encerrada por esa cantidad de tiempo. Por tanto, quien presume que esta persona está viva es el propio ministro Arancibia, ya que sólo así podría configurarse el delito que se le imputa a mi representado”, añadió.
La desaparición de Blanco Castillo
Según los antecedentes que aparecen en el sitio web del Museo de La Memoria, y en los propios libelos acusatorios presentados tanto por el abogado representante de la familia del ciudadano dominicano fallecido, Nelson Morales, como en la querella puesta por el Ministerio del Interior; Juán Andrés Blanco Castillo de 25 años, militante del MIR, se encontraba en nuestro país estudiando Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile. En esa misma línea, se apunta que provenía de la entonces Universidad Patricio Lumumba de Moscú, plantel que tras la caída de la Unión Soviética y su conversión hacía la actual Federación Rusa, en 1992 dio paso a la actual Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. Blanco fue detenido por personal de la Armada en Villa Alemana, perteneciente a la entonces existente base aeronaval “El Belloto”, el 25 de septiembre de 1973, a pocos días del inicio de la dictadura militar.
Tras su traslado a dicho recinto, lo entregan a la Comandancia de Aviación Naval (Comavnav), siendo interrogado en dichas dependencias y posteriormente llevado hasta el Cuartel de la Policía de Investigaciones en Quilpué. En ambos lugares habría sido sometido a torturas, para que luego de una semana en ese recinto ser sacado a otro punto con dirección desconocida. Seis meses después, según aseguran ambas querellas, su cuerpo fue encontrado en el sector de la curva “M”, en la localidad de Colliguay, pero este se habría perdido luego de ser enviado al Servicio Médico Legal.
Pese a que las acciones legales lo dan por hecho, nunca se pudo acreditar que los restos encontrados en dicho sector rural de Quilpué correspondían al joven dominicano, tal como señala la declaración del 2013 de la ministra en visita Carmen Rivas, quien hacia el primer semestre de 1974 se desempeñaba como jueza (S) del Juzgado de Letras de dicha comuna, señala no haber observado señales de violencia en el cuerpo encontrado. Tampoco hubo un expediente de levantamiento del cuerpo, por lo que según los antecedentes de la querella, el cuerpo habría sido llevado en calidad de “NN” hasta el Servicio Médico Legal de la región de Valparaíso, organismo que el 2012 emitió un informe donde señalan que no existían registros de dicho periodo, debido a un accidente donde se perdió documentación desde sus dependencias.
Ni perdón ni olvido...
