Policeman es un detective de investigaciones de la zona central de santiago ademas el debio hacer mil weas antes pero nadien le tomo en cuenta , ahora chicos se modifico la ley intelectual y ademas estan los retenes durante el dia trabajando con actuarios y ademas con juzgados directos para la pirateria si antes salian los pacos ahora van salir los ratis si no creen solo deben la nueva ley intelectual que salio este dia 15 eso nomas ...
Los tratados de libre comercio que tiene Chile con otros países constituyen una razón inmediata para asegurarse de que la protección de los derechos de propiedad intelectual está de acuerdo con los estándares internacionales. El otro motivo, de más largo plazo, es el hecho que el desarrollo del país podría estar en juego.
Software, DVDs, baterías, libros, relojes, bolsos de manos, son sólo algunos de los productos que se encuentran a la venta en las veredas de las ciudades chilenas. Se trata de falsificaciones y son una de las razones por las cuales Chile fue incluido, el año pasado, por la Oficina del Representante Comercial de EEUU (en inglés Office of the U.S. Trade Representative - USTR)., en su lista de observación prioritaria “Especial 301”, listado de países vigilados por incumplir su obligación de brindar una adecuada protección a los derechos de propiedad intelectual.
Para un país que está más acostumbrado a ser elogiado como un modelo económico, ésta es una situación inconfortable. Y, según Rodrigo Velasco, socio de Alessandri y Cía., una firma de abogados de Santiago, sin duda el problema es serio. Sostiene que Chile sirve como una especie de vía habilitada, a través de la cual, muchos de los productos que ingresan ilegalmente al país, no finalizan su recorrido sólo en Santiago, sino también en La Paz, Buenos Aires y aún más allá de esas fronteras.
Históricamente, el origen de este problema no se ha debido tanto a la ley en sí, sino que a su cumplimiento. Por ejemplo, para embargar un cargamento de productos falsificados, la policía o los funcionarios aduaneros necesitaban tener una orden judicial, emanada de un juez o de un tribunal del crimen. Pero los abogados dicen que los jueces de los tribunales del crimen, a menudo tienen una muy escasa comprensión de los derechos de propiedad intelectual, un área que tiende a ser relegada a materias de estudio opcionales en las facultades de derecho de las universidades chilenas.
“Y los jueces requieren de exámenes de laboratorio que prueben que los productos fueron falsificados, con anterioridad a la emisión de su orden judicial, lo que demoraría en dos o más meses el poder requisar dichos productos, y, para aquel entonces, lo más probable es que la mercadería ya hubiese desaparecido, ya sea porque fue vendida o movilizada a otro país”, argumenta Velasco.
Nuevas normas aprobadas recientemente, en este sentido, han mejorado un poco esta situación. En la actualidad los productos pueden ser embargados de inmediato, si ellos han sido visiblemente falsificados.
Pero eso sólo opera con copias de mala calidad y los falsificadores están pasando a ser cada vez más sofisticados. “Tuvimos un lote de pilas Duracell, que estaban tan bien fabricadas que las tuvimos que remitir a la sede de la compañía en Boston par efectuar la evaluación”, recuerda Velasco.
Y el embargo de los bienes no es lo mismo que capturar a los falsificadores, señala Alfredo Piquer, presidente de Asociación Chilena de Compañías de Información Tecnológica (ACTI). “En nuestra área, es fácil probar el uso de productos pirateados, pero no a quien cometió la piratería”, manifiesta.
No obstante, una serie de modificaciones a la Ley de Propiedad Industrial chilena fueron promulgadas en Marzo, incrementando la protección de las patentes y marcas comerciales. Según Eleazar Bravo, Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, que es responsable de la administración de patentes y marcas comerciales, éstas y otras medidas harán que Chile esté en línea con las normas establecidas por el Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre los Aspectos de Negociación Relacionados con los Derechos de Propiedad Intelectual (en inglés Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS).
Siendo más hábiles
“Si Chile desea crecer nuevamente al 7%, necesitamos progresar en esta área”, señala Bravo. Nuevas ciencias, tales como la biotecnología, significan que aún en áreas ‘antiguas’ de la economía, tales como la minería del cobre y la producción de frutas, se necesitará tener acceso a nuevas tecnologías para permanecer competitivas.
Pero de acuerdo con Gabriela Paiva, vicepresidenta de la Asociación de Inventores Chilenos, en Chile no se está haciendo lo necesario para apoyar la innovación. Sólo unos pocos miles de patentes se registran anualmente en Chile, un número insignificante en comparación con las más de 400.000 patentes de invención que se registran en un país como Japón, y nuestra cifra aún es baja para los estándares latinoamericanos.
El problema no sólo es legal, sino que tiene que ver con la Universidad y la cultura comercial, dice Joaquín Cordua, gerente de la división de capital humano de la Fundación Chile, un instituto de transferencia de tecnología con sede en Santiago. Según Cordua, son escasos los investigadores de las universidades chilenas que están sintonizados de manera adecuada con la ley de patentes, como para permitir la explotación comercial de sus descubrimientos.
“A pesar de que gran parte de la investigación podría conducir a una aplicación práctica, a menudo ellos no toman en cuenta las restricciones que implican los derechos de propiedad intelectual existentes”, manifiesta. En lugar de ello, las universidades del país ponen un mayor énfasis en la publicación de documentos en boletines científicos, algo que hacen de manera regular”.
Pero la cantidad de patentes que brota de la investigación permanece siendo extremadamente baja. En un esfuerzo para mejorar esta situación, actualmente la Fundación Chile está trabajando con científicos chilenos del área de investigación, otorgándoles subsidios para investigar de qué manera sus trabajos pueden ser patentados, así como también, poniéndolos en contacto con compañías que podrían poner en práctica sus investigaciones.
Sin embargo, Cordúa dice que el problema no está confinado sólo a las universidades e institutos de investigación. Pese a las palabras elogiosas de los líderes comerciales acerca del valor de la tecnología y del desarrollo de una economía basada sobre conocimientos, la mayoría de las compañías chilenas aún no colocan suficiente énfasis en la investigación, ni menos en mantenerse al corriente de las nuevas tecnologías que están siendo desarrolladas en otros lugares.
Cordua se lamenta expresando que a “Chile aún le falta experiencia en el área de propiedad intelectual”. Agrega que el hecho de no tomar con la debida seriedad el tema de las patentes y de la propiedad intelectual, puede acarrear graves consecuencias, señalando el ejemplo de los productores de fruta chilenos, que tuvieron problemas al reproducir una nueva variedad de vides californianas, con anterioridad a la expiración de su período de exclusividad, dando paso a la ira de su creador.
Alineándose
Los críticos acerca del desempeño de Chile en material de propiedad intelectual, señalan que la reforma de la Ley de Propiedad Industrial entró en vigencia cinco años después de que Chile resolviera seguir las normas del TRIPS. Y, según Ricardo Sateler, un socio del Estudio de Abogados de Santiago, Peralto Toro y Sateler, la mayoría de las economías industrializadas del mundo están promoviendo actualmente normas “TRIPS-plus”.
Más aún, los recientes tratados comerciales chilenos incluyen obligaciones para cumplir estos altos estándares, en plazos acordados, por los próximos cinco años. Y esto es clave para la inserción internacional que ha ayudado a impulsar el reciente crecimiento chileno. “Necesitamos estar alineados con la comunidad global; no podemos jugar con reglas que no son aceptadas universalmente”, sostiene Alfredo Piquer de ACTI.
Pero la propiedad intelectual no es sólo una cuestión para complacer a los socios comerciales de Chile, sino que también es una prueba clave de la capacidad del país para aprovechar al máximo sus tratados comerciales con las economías desarrolladas, expresa Michael Grasty, Presidente de AmCham. “La propiedad intelectual es como una tabla de armonía; es un nivel debe ser alcanzado si se quiere ser considerado un país serio”, señala.
La protección de los derechos de propiedad intelectual también tiene un importante componente de ley y orden, expresa el Embajador de EE.UU. en Chile, Craig A. Kelly. Se estima que el comercio internacional de productos pirateados es equivalente a los USD 500 billones por año y que, minuto a minuto, se va incrementando y se sabe que también tiene nexos documentados con otras formas del crimen organizado, explica Kelly.
El alto diplomático precisa que las autoridades chilenas, desde el Presidente Lagos hacia abajo, están de acuerdo en la necesidad de mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual. Pero, al igual que en cualquier otro país, la forma en que esto debe hacerse, es el asunto más complejo.
Sin duda, algunos expertos sostienen que lo que Chile necesita realmente, es una institución independiente que administre los derechos de propiedad intelectual. Según Velasco, el Gobierno chileno aún mira las patentes como una fuente de ingresos, en vez de verlo como dinero que debería ser invertido para crear un servicio de patentes más eficiente.
El modelo preferido de Velasco sería el del Instituto Nacional para la Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOP), de Perú, un organismo autónomo formado a inicios de los ’90, que combina tanto roles administrativos como de aplicación de la ley.
Hoy en día, se está preparando una plantilla para un Instituto Chileno de Propiedad Intelectual, con financiamiento autónomo y facultades para actuar independientemente, manifiesta Eleazar Bravo. Pero aún falta por lo menos tres años para el establecimiento de este organismo.
Asimismo, también ha sido criticada la nueva ley chilena de propiedad intelectual, al fracasar en solucionar la confusión relativa a las autoridades que deben aprobar los nuevos productos farmacéuticos. Para comercializar drogas en Chile, una compañía debe solicitar tanto la aprobación relativa a la seguridad y eficacia de la droga, de parte del Instituto de Salud Pública (ISP) y para obtener una patente debe acudir al Departamento de Propiedad Industrial (DPI) del Ministerio de Economía.
Pero una vez que la autorización del ISP es otorgada, un producto puede ser copiado rápidamente, con anterioridad a la obtención de la patente, acortando de esta forma, el exclusivo período de patente de las compañías farmacéuticas. La creación de un organismo similar a la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos (U.S. Food and Drug Administration), que tiene facultades únicas para aprobar nuevos productos farmacéuticos, no está en las previsiones de Chile, pero las compañías farmacéuticas están presionando al Gobierno para alinear los dos procesos en orden a proteger los nuevos descubrimientos.
Tuercas y Pernos
En la actualidad, los tribunales Chilenos están trabajando en contra de un retraso de dos a tres años que se da en las apelaciones relativas a la protección de patentes. Consecuentemente, los procesos legales pueden durar de cuatro a cinco años.
Para la parte agraviada, éste es un tiempo perdido en el mercado y para el período de su patente. No es sorprendente que muchas compañías prefieran recomprar la patente o marca comercial, en vez de perder años en los tribunales y esto crea un círculo vicioso que incentiva aún más la piratería, señala Rodrigo Velasco.
“Aún cuando el resultado final del juicio fuese favorable -y Chile es un país donde el régimen de derecho es muy fuerte- el tiempo perdido es muy perjudicial para las compañías involucradas”, indica el Embajador Kelly. Pero ésta es un área en la cual la nueva ley promete algunas mejoras importantes, expresa Velasco.
Hasta ahora, Chile solo tenía una sola corte de apelaciones para casos de patentes, y sus tres jueces especializados atendían solamente tres días a la semana. Bajo la nueva ley, existirán tres cortes y diez jueces y esto debería, por lo menos, ser suficiente para eliminar el retraso.
Asimismo, la ley reforzará el Departamento de Propiedad Industrial, que forma parte del Ministerio de Economía. La cantidad de peritos en patentes ya se ha incrementado desde 9 a 21 y el Departamento está invirtiendo en capacitación relativa a la nueva ley, no sólo para su personal propio, sino también para los jueces, servicios de aduanas y para el sector privado.
Pero el mejorar los derechos de propiedad intelectual, no solo se refiere simplemente a un asunto para defender los intereses de las compañías. El verdadero desafío es adaptar la protección de los derechos de propiedad intelectual a la tarea de potenciar la innovación. Y esto es crucial si Chile va a diversificar su crecimiento dirigido hacia la exportación, con el incremento en puestos de trabajo e la inversión que ello implicaría.
Piratas Callejeros
Las veredas chilenas son testigos de una boyante industria de falsificación, que copia una amplia variedad de productos, que van desde softwares hasta los últimos libros bestsellers. Bajo presión de las compañías de los medios de comunicación, tanto locales como extranjeros, el Gobierno Chileno se ha comprometido a controlar severamente este comercio ilegal.
La nueva legislación doblará las multas máximas por la venta de productos pirateados, hasta la suma de USD 50.000. Pero los críticos expresan que estas medidas no son suficientes. “En veinticinco años de ejercicio como abogado, jamás he visto que ninguna persona acusada de vender productos falsificados, pague la multa”, asevera Rodrigo Velasco de Alessandri y Cía.
El gobierno también ha prometido una nueva ley contra la piratería. Pero desde su ingreso al Congreso hace dieciocho meses, y con bombos y platillos, las medidas contenidas en el proyecto de ley han sido diluidas hasta tal punto, que los líderes de la industria publicitaria solicitaron su retiro del gobierno.
Pero los abogados están de acuerdo en que el combatir la piratería de libros y de música, va más allá de contar con leyes estrictas el. Muchos Chilenos están acostumbrados a pagar bastante menos por las últimas cintas de video que venden en la calle, que lo que les costaría en una tienda.
Y las nuevas tecnologías tales como la de Internet y la de grabación digital, hacen aún más fácil acceder en forma gratuita a los materiales. Una investigación efectuada el año pasado por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, (International Federation of the Phonographic Industry (IFPI)), estimó que el 55% de los chilenos habían comprado música copiada ilegalmente durante el transcurso de los últimos seis meses.
Ricardo Sateler, de Peralta Toro y Sateler, describe esto como un problema cultural, más que uno de tipo legal. Los precios relativamente altos de libros y música en Chile, los dejan fuera del alcance de muchos hogares de menores recursos. “Chile se ha desarrollado rápidamente porque fuimos capaces de enseñarle a la gente el valor del derecho a la propiedad, y esta misma lección, debemos actualmente expandirla sobre el valor de las ideas”, manifiesta éste.
Cualquier tipo de cambio cultural es posible, manifiesta Michael Grasty, Presidente de AmCham. Hace cinco años atrás, muchas compañías chilenas usaban en sus computadores, softwares copiados ilegalmente, mientras que en la actualidad, muy pocas utilizarían dichos materiales. Y después de todo, la investigación de IFPI también mostró que el 82% de los chilenos consideraban un delito comprar música pirateada
La Ley de Propiedad Industrial chilena fue modificada en Marzo volviendose a modificar este 15 de este presente mes , incrementando la protección de las patentes y marcas comerciales.
Bueno chicos es pa que se hagan una idea es pa que decirles que la mina de oro ya se acabo vendales conocidos perder pc no tiene gracia alguna y menos que te congelen la scuentas