RosrachachST
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Un informe da cuenta de la revisión de más de $ 13 mil millones en licitaciones en Gendarmería entre 2010 y 2015. El documento cuestiona la preferencia que tendrían tres empresas en la adjudicación de los proyectos, critica la falta de controles y alerta de desorden en el área de infraestructura. La nueva dirección de la institución ordenó la paralización de todos los proyectos para hacer una revisión exhaustiva de costos y planificación. En paralelo, a Contraloría han comenzado a llegar las denuncias.
La cárcel de Buin fue construida en 1891 para combatir, por esos años, el hacinamiento penitenciario en la Región Metropolitana. Tras el terremoto del 27 de febrero de 2010, la infraestructura del recinto quedó tan dañada, que los reos fueron reubicados. La ahora ex cárcel de Buin se ha convertido en un set de televisión que es supervisado por personal de Gendarmería, que ahora está a cargo de vigilar las producciones audiovisuales. Las series Prófugos, Secretos en el Jardín y la actual teleserie Preciosas, de Canal 13, se han grabado ahí. Este recinto forma parte de los seis centros penitenciarios denunciados -en forma reservada- ante la Contraloría en los últimos meses por supuesto mal uso.
La razón es que cualquier edificio de la institución que no es utilizado para los fines por los cuales fue construido y que irrogue gasto debe pasar lo más rápido posible a manos del Ministerio de Bienes Nacionales.
En medio de la polémica por los abultados pagos en pensiones, las indagatorias del Ministerio Público y la desvinculación de 123 funcionarios por el uso abusivo de liencias médicas, que hoy amenazan a la ministra Javiera Blanco con una acusación constitucional -que será presentada el martes 16 por diputados de la oposición-, las sospechas por eventuales irregularidades en múltiples gastos en el área de infraestructura de la institución se han convertido en un secreto a voces en la institución.
Una serie de denuncias por este tema -con reserva de identidad- han llegado en los últimos meses hasta la Contraloría. El organismo, encabezado por Jorge Bermúdez, comenzó a recabar todos los antecedentes sobre el área infraestructura de Gendarmería, abriendo así otro flanco en la crisis del servicio dependiente del Ministerio de Justicia.
Licitaciones millonarias
A fines del año pasado, un documento de 30 páginas llegó al escritorio del entonces director de Gendarmería, Tulio Arce. Entre septiembre y diciembre de 2015, el área de administración y finanzas revisó todos los procesos de licitación de las obras de infraestructura de la institución entre los años 2010 y 2015.
El alto gasto del área y las más de 60 licitaciones que quedaron desiertas durante ese período encendieron las alarmas de una crisis de gestión que hasta hace poco estaba en segundo plano.
Entre las observaciones del informe se cuestionan aspectos como las “reiteradas modificaciones por retraso en la ejecución de las obras” y se evidenció “la falta de orden y duplicidad de los documentos” que hacía casi imposible la fiscalización de las adquisiciones. En varios casos pesquisados no existía toda la información requerida por la dirección de finanzas.
La auditoría, sin embargo, detectó una situación aún más grave. El documento detecta la “atomización” de las empresas que se adjudican los procesos de licitación. Esto, porque la investigación concluye que durante el período de análisis se repiten tres empresas en la adjudicación de la mayor parte de los proyectos de infraestructura: AMV Ingeniería y Mantención S.A., la empresa Rodolfo Molina Hermosilla y la Constructora Balmaceda. En el período, juntas sumaron 87 contratos, por más de $ 13 mil millones.
En 2013, la empresa AMV consiguió el 83% del total de las licitaciones, que equivalieron a cerca de $ 2.450 millones. En tanto, la empresa Rodolfo Molina es destacada en la revisión como uno de los contratistas que se adjudica la mayor cantidad de proyectos en 2012, con 12 licitaciones, que equivalen a más de $ 1.750 millones.
Ambos proveedores, incluso, llegaron a la Contraloría en reclamo por multas en su contra por el retraso en algunos de los proyectos. El cambio en los plazos de construcción es otra de las observaciones detectadas en la auditoría. Las empresas argumentaron que la demora era atribuible a la mala planificación ejecutada por el organismo. El desorden en esa área de Gendarmería fue otro de los problemas detectados en la revisión.
Debido al gran volumen de contratos adjudicados a las mismas empresas, y al registro del alto nivel de retraso en varias de las obras, el texto afirma que “se debe considerar al momento de evaluar y adjudicar varios contratos a una empresa la capacidad económica instalada que posee para dar respuesta a la ejecución de obras en forma simultánea”.
Un ejemplo que detecta el informe preparado por el área de administración y finanzas es que una de las tres empresas mencionadas consiguió 16 licitaciones en un mes, entre octubre y noviembre de 2011.
Consultada por Reportajes, la empresa AMV aseguró que en el caso de las obras que han registrado retrasos, es Gendarmería la institución responsable de un mal cálculo del tiempo estimado para proyectos que se realizan con población penal presente y que no consideraron las “contingencias” que pudieran retrasar los trabajos. Es por ello que han reclamado frente a algunas multas en su contra ante Contraloría.
En tanto, a pesar de insistentes llamados y al envío de mails, la empresa del coronel en retiro Rodolfo Molina Hermosilla no pudo ser contactada por este medio.
Según pudo constatar Reportajes con una serie de fuentes ligadas al organismo, el informe fue desestimado por las autoridades de la entidad. Sin embargo, una de las primeras decisiones del nuevo director, Jaime Rojas (PPD) -que reemplazó a mediados de julio en el cargo al renunciado ex director Tulio Arce- fue detener por el momento todos los proyectos y licitaciones provenientes del área infraestructura. Uno de los elementos para tomar esta determinación fue este informe.
Más allá de detectar posibles irregularidades, la idea del nuevo director es ordenar internamente ese ítem al interior de la institución penitenciaria.
La ministra de Justicia, Javiera Blanco, está al tanto de la decisión de Rojas y su equipo.
Denuncias en Contraloría
En las últimas semanas, Contraloría tomó contacto en forma privada con la Dirección Nacional de Gendarmería y con el Ministerio de Justicia, debido a la serie de denuncias que han llegado hasta el organismo fiscalizador.
Lo anterior, porque los ojos no sólo están puestos sobre las licitaciones de la institución. Al órgano fiscalizador han llegado una serie de denuncias por supuestas irregularidades en la mantención de algunos recintos que pertenecen a Gendarmería.
Tal como la ex cárcel de Buin, al menos cinco unidades penales se encuentran con gendarmes, pero sin población penal. Algunas tienen problemas de infraestructura, pero otras, como el Centro de Educación y Trabajo de Aysén, llamado “CET Nueva Vida”, siguen abiertas, aunque mantienen una instrucción de cierre que data de 2014. El edificio está emplazado en un terreno que tiene más de dos mil hectáreas y donde el traslado es por vía marítima.
En una de las denuncias ingresadas en mayo pasado -donde se adjunta el detalle de los antecedentes- se sostiene que del presupuesto de la Región Metropolitana, que en un principio estaba destinado al mejoramiento de infraestructura en las unidades penales, se han utilizado recursos en beneficio exclusivo de oficiales. El caso más polémico es la renovación de una piscina para el uso de oficiales de Gendarmería que se está construyendo cerca de la cárcel de mujeres de San Joaquín. El proyecto, que actualmente está en obra, según el documento transgrede el objetivo original para el cual debían ser destinados esos dineros, que era la mejora de condiciones de los centros penitenciarios de Santiago.
Otra iniciativa cuestionada es el plan por más de $ 500 millones que mejoraría la infraestructura en la Escuela de Oficiales de Gendarmería.
Con todo, los primeros resultados de las indagatorias que realiza la Contraloría General y la revisión interna que llevan las autoridades de Gendarmería debieran estar listos durante septiembre.
http://www.latercera.com/noticia/na...la-auditoria-que-complica-a-gendarmeria.shtml
Estamos hasta el loly, perrito
La cárcel de Buin fue construida en 1891 para combatir, por esos años, el hacinamiento penitenciario en la Región Metropolitana. Tras el terremoto del 27 de febrero de 2010, la infraestructura del recinto quedó tan dañada, que los reos fueron reubicados. La ahora ex cárcel de Buin se ha convertido en un set de televisión que es supervisado por personal de Gendarmería, que ahora está a cargo de vigilar las producciones audiovisuales. Las series Prófugos, Secretos en el Jardín y la actual teleserie Preciosas, de Canal 13, se han grabado ahí. Este recinto forma parte de los seis centros penitenciarios denunciados -en forma reservada- ante la Contraloría en los últimos meses por supuesto mal uso.
La razón es que cualquier edificio de la institución que no es utilizado para los fines por los cuales fue construido y que irrogue gasto debe pasar lo más rápido posible a manos del Ministerio de Bienes Nacionales.
En medio de la polémica por los abultados pagos en pensiones, las indagatorias del Ministerio Público y la desvinculación de 123 funcionarios por el uso abusivo de liencias médicas, que hoy amenazan a la ministra Javiera Blanco con una acusación constitucional -que será presentada el martes 16 por diputados de la oposición-, las sospechas por eventuales irregularidades en múltiples gastos en el área de infraestructura de la institución se han convertido en un secreto a voces en la institución.
Una serie de denuncias por este tema -con reserva de identidad- han llegado en los últimos meses hasta la Contraloría. El organismo, encabezado por Jorge Bermúdez, comenzó a recabar todos los antecedentes sobre el área infraestructura de Gendarmería, abriendo así otro flanco en la crisis del servicio dependiente del Ministerio de Justicia.
Licitaciones millonarias
A fines del año pasado, un documento de 30 páginas llegó al escritorio del entonces director de Gendarmería, Tulio Arce. Entre septiembre y diciembre de 2015, el área de administración y finanzas revisó todos los procesos de licitación de las obras de infraestructura de la institución entre los años 2010 y 2015.
El alto gasto del área y las más de 60 licitaciones que quedaron desiertas durante ese período encendieron las alarmas de una crisis de gestión que hasta hace poco estaba en segundo plano.
Entre las observaciones del informe se cuestionan aspectos como las “reiteradas modificaciones por retraso en la ejecución de las obras” y se evidenció “la falta de orden y duplicidad de los documentos” que hacía casi imposible la fiscalización de las adquisiciones. En varios casos pesquisados no existía toda la información requerida por la dirección de finanzas.
La auditoría, sin embargo, detectó una situación aún más grave. El documento detecta la “atomización” de las empresas que se adjudican los procesos de licitación. Esto, porque la investigación concluye que durante el período de análisis se repiten tres empresas en la adjudicación de la mayor parte de los proyectos de infraestructura: AMV Ingeniería y Mantención S.A., la empresa Rodolfo Molina Hermosilla y la Constructora Balmaceda. En el período, juntas sumaron 87 contratos, por más de $ 13 mil millones.
En 2013, la empresa AMV consiguió el 83% del total de las licitaciones, que equivalieron a cerca de $ 2.450 millones. En tanto, la empresa Rodolfo Molina es destacada en la revisión como uno de los contratistas que se adjudica la mayor cantidad de proyectos en 2012, con 12 licitaciones, que equivalen a más de $ 1.750 millones.
Ambos proveedores, incluso, llegaron a la Contraloría en reclamo por multas en su contra por el retraso en algunos de los proyectos. El cambio en los plazos de construcción es otra de las observaciones detectadas en la auditoría. Las empresas argumentaron que la demora era atribuible a la mala planificación ejecutada por el organismo. El desorden en esa área de Gendarmería fue otro de los problemas detectados en la revisión.
Debido al gran volumen de contratos adjudicados a las mismas empresas, y al registro del alto nivel de retraso en varias de las obras, el texto afirma que “se debe considerar al momento de evaluar y adjudicar varios contratos a una empresa la capacidad económica instalada que posee para dar respuesta a la ejecución de obras en forma simultánea”.
Un ejemplo que detecta el informe preparado por el área de administración y finanzas es que una de las tres empresas mencionadas consiguió 16 licitaciones en un mes, entre octubre y noviembre de 2011.
Consultada por Reportajes, la empresa AMV aseguró que en el caso de las obras que han registrado retrasos, es Gendarmería la institución responsable de un mal cálculo del tiempo estimado para proyectos que se realizan con población penal presente y que no consideraron las “contingencias” que pudieran retrasar los trabajos. Es por ello que han reclamado frente a algunas multas en su contra ante Contraloría.
En tanto, a pesar de insistentes llamados y al envío de mails, la empresa del coronel en retiro Rodolfo Molina Hermosilla no pudo ser contactada por este medio.
Según pudo constatar Reportajes con una serie de fuentes ligadas al organismo, el informe fue desestimado por las autoridades de la entidad. Sin embargo, una de las primeras decisiones del nuevo director, Jaime Rojas (PPD) -que reemplazó a mediados de julio en el cargo al renunciado ex director Tulio Arce- fue detener por el momento todos los proyectos y licitaciones provenientes del área infraestructura. Uno de los elementos para tomar esta determinación fue este informe.
Más allá de detectar posibles irregularidades, la idea del nuevo director es ordenar internamente ese ítem al interior de la institución penitenciaria.
La ministra de Justicia, Javiera Blanco, está al tanto de la decisión de Rojas y su equipo.
Denuncias en Contraloría
En las últimas semanas, Contraloría tomó contacto en forma privada con la Dirección Nacional de Gendarmería y con el Ministerio de Justicia, debido a la serie de denuncias que han llegado hasta el organismo fiscalizador.
Lo anterior, porque los ojos no sólo están puestos sobre las licitaciones de la institución. Al órgano fiscalizador han llegado una serie de denuncias por supuestas irregularidades en la mantención de algunos recintos que pertenecen a Gendarmería.
Tal como la ex cárcel de Buin, al menos cinco unidades penales se encuentran con gendarmes, pero sin población penal. Algunas tienen problemas de infraestructura, pero otras, como el Centro de Educación y Trabajo de Aysén, llamado “CET Nueva Vida”, siguen abiertas, aunque mantienen una instrucción de cierre que data de 2014. El edificio está emplazado en un terreno que tiene más de dos mil hectáreas y donde el traslado es por vía marítima.
En una de las denuncias ingresadas en mayo pasado -donde se adjunta el detalle de los antecedentes- se sostiene que del presupuesto de la Región Metropolitana, que en un principio estaba destinado al mejoramiento de infraestructura en las unidades penales, se han utilizado recursos en beneficio exclusivo de oficiales. El caso más polémico es la renovación de una piscina para el uso de oficiales de Gendarmería que se está construyendo cerca de la cárcel de mujeres de San Joaquín. El proyecto, que actualmente está en obra, según el documento transgrede el objetivo original para el cual debían ser destinados esos dineros, que era la mejora de condiciones de los centros penitenciarios de Santiago.
Otra iniciativa cuestionada es el plan por más de $ 500 millones que mejoraría la infraestructura en la Escuela de Oficiales de Gendarmería.
Con todo, los primeros resultados de las indagatorias que realiza la Contraloría General y la revisión interna que llevan las autoridades de Gendarmería debieran estar listos durante septiembre.
http://www.latercera.com/noticia/na...la-auditoria-que-complica-a-gendarmeria.shtml
Estamos hasta el loly, perrito
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