Pese a la supuesta imposibilidad constitucional de la candidatura presidencial del ya tres veces presidente
Evo Morales, el Tribunal Electoral Boliviano lo permite. Lo cual ha puesto en duda la división de poderes en
Bolivia.
De ser así, si el jefe de Estado es capaz de pasar por encima de la normativa, qué garantía hay que no se involucre en la elección misma.
Ese temor provocó las protestas alrededor del tribunal el martes 4 de diciembre, día de la resolución. Aunque la manifestación fue compuesta mayormente por jóvenes de la ciudad, agrupaciones de Derechos Humanos, principalmente organizaciones indígenas, recorrieron 144 kilómetros -desde Konani- para manifestar sus reclamos.
Al inicio de la movilización, el día 1 de diciembre, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal, pidió que las diversas organizaciones demuestren unidad al ingresar a las ciudades de El Alto y La Paz.
Asimismo, el dirigente indígena (cuyo cargo en su lengua natal es
jiliri apu mallku del Conamaq orgánico), Cristóbal Huanca, insistió que el pedido principal de la marcha es el respeto al artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que fue ratificado por el voto popular en el referendo de 2016.
No obstante, Morales sostuvo que es su “derecho humano” poder candidatizarse.
Sumado al reclamo para inhabilitar la candidatura de la dupla Morales-García, Huanca pidió la abrogación de la Ley de Organizaciones Políticas, porque sostiene que no representa adecuadamente a los pueblos indígenas en ámbitos electorales.
La marcha integra a diversas fuerzas dentro de las comunidades indígenas, incluso cuenta con el apoyo de entidades como el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade). Dicho comité pidió públicamente al Ministro de Gobierno y al Comandante General de la Policía Nacional que brinden todas las garantías y seguridad a la movilización.
Esta aclaración es necesaria debido a que bajo el gobierno de Morales múltiples marchas y protestas indígenas han sido sofocadas por las fuerzas de seguridad, resultando en muertos y heridos.
De modo que el presidente que llegó al poder icónicamente como el primer mandatario indígena, no cuenta con el respaldo de estas agrupaciones, sino que exigen que no pueda ser reelegido.
Es decir, el reclamo surge desde diversos sectores para que se respete la constitución y el mandatario no pueda tener más poder del que le corresponde, uno que está siendo seriamente cuestionado, ahora que puede candidatirzarse, pese a que la ley lo prohíbe.
Hasta el momento el favorito es su rival, Carlos Mesa, candidato de la alianza Comunidad Ciudadana con 34% a su favor frente a 29 % que votaría por el candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales; según un estudio realizado por Mercados y Muestras.
10% de los votantes respaldan al presidente del Frente de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, quien fue exministro. De estos votantes la mitad (5%) ha anunciado que volcaría su voto para Carlos Mesa en caso que Doria Medina no se candidatie y 1% a Evo Morales.
Además, entran en la contienda el actual gobernador de La Paz, Félix Patzi, del Movimiento Tercer Sistema (MTS) que cuenta con el 2% de la intención de voto. Mientras el ex presidente Jaime Paz Zamora, candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), cuenta con el 4%. También el expresidente, Víctor Hugo Cárdenas y candidato de la Unidad Cívica Solidaridad (UCS), cuenta con el 3% de los votos, según la encuesta.
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