El
Presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el viernes que promulgó una controvertida
ley que instaura multas considerables para castigar a los participantes y organizadores de acciones de protesta en caso de disturbios. “No sólo firmé la ley, sino que estudié el expediente enviado por la Duma” (Cámara Baja del Parlamento ruso), que estima que este texto es comparable a los vigentes en países europeos, declaró Putin. “Al comparar esta ley con la legislación de otros países europeos -Alemania, Italia, España, Gran Bretaña, Francia- nuestra ley no tiene disposiciones que serían más duras que las previstas por las leyes similares en los países mencionados”, agregó.
MULTAS
Las
multas previstas en caso de manifestación no autorizada o en el caso de alteración al orden público durante manifestaciones que recibieron el aval de las autoridades podría llegar hasta los 300.000 rublos (9.300 dólares) para las personas físicas. Para las personas jurídicas -las organizaciones políticas, por ejemplo- la multa puede alcanzar un millón de rublos (más de 31.100 dólares). En caso de que las personas no tengan dinero para pagar la multa podrán conmutarla con 200 horas de trabajo social.
Además, la
ley impide promover una manifestación a quienes durante un año hayan sido expuestos, al menos, 2 veces a procedimientos administrativos por la violación de la misma ley. También
impide a personas con precedentes por delitos contra la seguridad y el orden público promover protestas. La definición de manifestación de masas es tan vaga que, según algunos críticos, podría terminar con cualquier tipo de reunión.
CRÍTICAS
Un
informe de expertos del Consejo Consultivo para los Derechos Humanos ante el Kremlin juzgó no obstante el jueves que esta ley viola el artículo 31 de la Constitución, que garantiza la libertad de manifestar. Ante esto, el
Consejo le había pedido al Mandatario que la vetara. La legislación, que entrará vigor luego de su publicación en la Rossiskaia Gazeta, órgano del Gobierno, que sale mañana, también
fue criticada duramente por la oposición y por los defensores de derechos humanos.
